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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
8.167 declaraciones · página 217 de 273
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A pesar de todo, creemos que los avances son suficientes, especialmente en materia lingüística -recuerdo también a la bancada socialista que, tarde o temprano, tendremos que entrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que se incluyan las lenguas oficiales como requisito y no como mérito para el acceso a los puestos en Cataluña, Euskadi, Galicia-; decía que esto pone la primera piedra para la efectividad de los derechos. Permítanme terminar con un tema que nos preocupa enormemente; es una enmienda que no se ha retirado y que no nos podemos mostrar a favor, nos vamos a abstener; y nos preocupa por cómo ha entrado. Es la que tiene que ver con el traspaso respecto a las jubilaciones del sistema mutualista al RETA de abogados y procuradores. En este escaño, ya dijimos que estábamos absolutamente a favor de que se garantice una jubilación y unas prestaciones dignas. Visto el sistema y el contenido de esta ley, entendíamos que no era el lugar para ponerlo. Además, fue la traslación de una PNL, es decir, de una proposición no de ley. Les pido al Gobierno, por la parte que le corresponda al ministerio, y al Ministerio de Asuntos Sociales también, que nos pongamos a trabajar ya, de una vez por todas; porque esta vez no nos vamos a posicionar a favor, pero a partir de ahora lo haremos; y si conviene, entregaremos una propuesta escrita. Pero no podemos esperar más, porque cada mes que pasa es un abogado, una abogada, un procurador, una procuradora, que ve sus derechos laborales, que había tenido, pues absolutamente conculcados. Entonces, cuál es el Estado que deja a estas personas en la más absoluta miseria. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Y nos dicen que cuesta dinero. ¿De verdad la bancada de la derecha nos dice que el problema de esto es que cuesta dinero? Se me ocurren varias formas de no vaciar las arcas públicas, como han hecho ustedes, y que no sea necesario dejarnos sin la capacidad de intervenir en los tribunales en nuestro idioma. Por consiguiente, en un día como hoy, en el que deseo o espero o quiero abrazar a mi secretaria general en persona muy pronto, después de seis años de exilio (aplausos), que aprobemos una ley por el derecho a la defensa es, como poco, irónico, porque tenía que haber llegado mucho antes. Porque nos decían que esto era un Estado democrático de derecho y social, y todos sabemos que esto no es así. Permítanme decir que nosotros estamos aquí para reformar el Estado. Déjenme decir también que, como hemos dicho muchas veces, sí vamos a acompañar la transformación del Estado, porque somos demócratas en todos los lugares, y permítame decir que esto avanza con la intención de democratizar este Estado demófobo.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Els demano al Govern, per la part que li toca al ministeri, per la part que li toca el Ministeri d'Assumptes Socials, també, que ens posem a treballar ja d'una vegada. Perquè aquesta vegada no ens hi posicionarem a favor, però, a partir d'ara, ho farem. I si convé els hi entrarem una proposta escrita, però no podem esperar més, perquè cada mes que passa és un advocat o una advocada o un procurador o una procurador que veu els seus drets laborals, que havia tingut, absolutament conculcats. I quin és l'Estat que deixa aquesta gent en la més absoluta misèria? Moltes gràcies. Buenos días, diputadas y diputados. Buenos días, presidenta. Gracias. Que se tenga que presentar a estas alturas una ley orgánica para garantizar el derecho de defensa explica muchas de las cosas que han pasado en este Estado, por mucho que sea una ley que hace como de cueva de muchas otras leyes y que, a través de la defensa procesal y demás, supongo que se irá desarrollando. Porque, ¿saben ustedes qué sucede? Sucede que la convicción generalizada en Cataluña es que, según qué ciudadanas y ciudadanos, no teníamos derecho a defensa: no te puedes expresar en tu idioma, no puedes recibir las comunicaciones en tu idioma, cuando vas a Madrid -¡hombre, solo faltaría!-, habla la lengua del imperio... Da igual, da igual si todos tus derechos como ciudadano son conculcados o dejan de serlo. Por tanto, cuando llegó este proyecto de ley, evidentemente introdujimos enmiendas a favor de las personas con capacidad, a favor de los menores y de la definición de lo que entendíamos como menores en esta ley, y evidentemente introdujimos también una batería de enmiendas a favor de la profesión de abogados y procuradores. Claro, pero había un elemento fundamental en todo esto. Nos pasamos la vida escuchando que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero al final no es cierto, por mucho que nos quieran considerar españoles. Por ello, agradezco el esfuerzo del compañero Cervera y de la compañera Mercè Perea -y lo ha dicho hace un momento el compañero Cervera- para llegar a dotar a toda la ciudadanía de la posibilidad de acudir a los tribunales de todo el Estado en su propio idioma.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Per tant, en un dia com avui, en què puc tenir o desitjo o espero o vull abraçar la meva secretària general en persona molt properament, després de sis anys d'exili, que aprovem una ley por el derecho a la defensa és, com a mínim, irònic, perquè havia de ser-hi molt abans. Perquè ens deien que això era un estat democràtic, de dret i social. I tots sabem que no és així. Deixin-me dir que nosaltres no estem aquí per reformar l'Estat. Deixin-me dir, també, que moltes vegades hem dit que sí que acompanyarem la transformació de l'Estat, perquè som demòcrates a tot arreu. I deixin-me dir que això avança amb la intenció de democratitzar aquest estat demòfob. Hi ha dues esmenes que no hi ha hagut manera que ens les compressin. Aquestes sí que valien diners. Vostès saben que va haver-hi un gran debat quan es van imposar les taxes per l'accés als tribunals i que aquestes taxes eren finalistes. Des del Govern de la Generalitat, s'ha demanat per activa i per passiva que les taxes percebudes a Catalunya fossin destinades a la remuneració digna del torn d'ofici, perquè som perfectament conscients que els advocats i advocades que es dediquen al torn d'ofici estan mal remunerats, estan poc reconeguts i tenen poc suport per la seva feina, que és essencial en la garantia de la defensa de tota la ciutadania. No hi ha hagut manera.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Defender el catalán es legislar a favor del catalán, pero ante todo es utilizarlo siempre, siendo el altavoz de prestigio de nuestra lengua. Esta es la actitud ante los que les preocupa más que en el Tribunal Supremo se pueda llegar a hablar catalán o alguna de las lenguas cooficiales del Estado, que la arbitrariedad del juez Llarena o la parcialidad del juez Marchena. Señores del PP, esto sí cuesta dinero y, más a corto plazo que a largo plazo, espero que también algún disgusto. Pero esto es España; mientras el ministro apedaza la justicia para proteger derechos como este derecho de defensa, se pacta el Consejo General del Poder Judicial con aquellos que se han pasado los derechos por el forro y solo los quieren para ellos y cuando les conviene. Como les decía, hoy, como ayer, en el Reino de España, absoluta normalidad. Gracias.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Mirin, defensar el català és legislar a favor del català. Però, sobretot, és utilitzar-lo sempre, sent un altaveu de prestigi de la nostra llengua. Aquesta és l'actitud davant dels que els preocupa més que, en el Tribunal Suprem, s'hi pugui arribar a parlar català, o alguna de les llengües cooficials de l'Estat, que no l'arbitrarietat del jutge Llarena o la parcialitat del jutge Marchena. Senyors del PP, això sí que costa diners i, més a la curta que a la llarga, espero que també algun disgust. Però això és Espanya. Mentre el ministre apedaça la justícia per protegir drets, com aquest dret de defensa, es pacta el Consell del Poder Judicial amb aquells que s'han passat els drets per l'engonal i només els volen per ells i quan els convé. El que els deia: avui, com ahir, en el reino de España, absoluta normalitat. Gràcies. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, ministro. Hoy llega a este Pleno el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y lo hace después de diversas reuniones de Ponencia y unas cuantas más con el Grupo Socialista, en nuestro caso, que nos han servido para incorporar o transaccionar, en el dictamen emitido por la Comisión que tenemos a debate, la práctica totalidad de nuestras enmiendas. Así, de las quince enmiendas presentadas, todas han quedado recogidas en mayor o menor medida, salvo dos vinculadas a la asistencia jurídica gratuita, que han sido vetadas por el Gobierno porque tenían afectación presupuestaria. Saben ustedes que esta ley, entre otras cosas, tiene por objeto, importante para nosotros, dar a conocer a las personas físicas y jurídicas las garantías que les corresponden como titulares del derecho de defensa, y lo hace estableciendo el libre acceso a los tribunales de justicia, garantizando un proceso sin dilaciones indebidas y asegurando la protección en procedimientos penales. Precisamente porque estos derechos amparan a toda la población, buena parte de nuestras enmiendas tenían por objetivo garantizar la accesibilidad de todas las personas a estos derechos, también de aquellas que conviven con una discapacidad. Así, en el periodo de Ponencia se ha incorporado el uso de sistemas alternativos como, por ejemplo, el braille, la lectura fácil, los pictogramas, el lenguaje de signos, los intérpretes o cualquier otro tipo de sistema de comunicación o de dispositivo necesario para, como decíamos, garantizar la accesibilidad de todas las personas al derecho de defensa, también las de la tercera edad y menores. Esto, sumado a otras mejoras gracias a la incorporación de enmiendas y transaccionales de la práctica totalidad de los grupos de la Cámara, ha hecho que, a pesar de la falta de ambición del proyecto, que ya se ha manifestado y han manifestado algunos portavoces que me han precedido, la iniciativa haya alcanzado un amplio apoyo que, sin duda, habría sido más significativo si no fuera por la alergia de la derecha extrema a la diversidad, en este caso a la diversidad de las lenguas de este Estado. Lenguas como el catalán que, con las transaccionales de dos de nuestras enmiendas, una de Esquerra y otra del BNG, y la labor compartida con las diputadas Mercè Perea y Pilar Vallugera, dan un paso adelante, incorporando a la ley el derecho a utilizar en los procesos ante todos los órganos con jurisdicción en todo el Estado cualquiera de las lenguas oficiales de las nacionalidades donde se resida o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, y también a recibir en cualquiera de estas lenguas las comunicaciones que se hayan producido.»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Y, desde un punto de vista totalmente contrario, el derecho de defensa no es absoluto, es un derecho relativo y cede si hay un interés político en su vulneración. Y así, con el relato de 'desmontando bulos' se permite el fiscal general del Estado -nada más y nada menos- vulnerar el derecho de defensa de un ciudadano haciendo públicos el contenido de correos electrónicos entre profesionales del derecho -abogado defensor y fiscal- al hilo de una posible conformidad. El artículo 23 del Estatuto General de la Abogacía Española impone la confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales de la abogacía y los artículos 62 y 73 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contemplan como falta grave y muy grave la revelación por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función; sería una causa de cese inmediato del fiscal general del Estado al amparo del artículo 31 de dicho estatuto. (Aplausos). Pero qué temor va a tener si quien ha de apreciar esta causa es quien presumiblemente le dio la orden de relevarlo. ¿En qué lugar, señorías, queda entonces el derecho de defensa de ese ciudadano? ¿El derecho a no declarar contra sí mismo? ¿El derecho a no confesarse culpable? Léanse el artículo 24 de la Constitución. Así no respetan el derecho de defensa ni en un caso ni en el otro. El contenido del derecho de defensa debe ser igual para todos los ciudadanos. Vuelven ustedes a vulnerar, una vez más, el principio de igualdad, artículos 14, 1 y 9 de la Constitución; léanselos también. Muchas gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Finalmente, señorías del Partido Socialista, señores del Gobierno, ¡qué paradoja! No entendemos cómo nos traen ustedes, precisamente en este momento, esta iniciativa. Los españoles no sabemos qué es para ustedes el derecho de defensa, nos tienen desconcertados porque, según el día o la persona de cuya defensa se trate, tiene un contenido u otro. Así, tenemos dos opciones totalmente opuestas. Una es un derecho de defensa absoluto, que convierte la presunción de inocencia de una persona en una presunción iuris et de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario. Ese derecho de defensa se transforma así en un acto de fe: créanme, es inocente, sin mayores explicaciones. Convierte a esa persona en alguien totalmente inmune e irresponsable y, en consecuencia, deriva también en un derecho al ataque. Si un juez, cumpliendo con su obligación, investiga e instruye un procedimiento para esclarecer hechos denunciados presuntamente delictivos y verificar si hay o no actuación delictiva por parte de esa persona inmune y responsable, el derecho a la defensa se transforma en un ataque al juez. Está permitido que todo el Gobierno, ministro de Justicia a la cabeza, ataque a dicho juez. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Junto con estas enmiendas vetadas, sobre las que ni siquiera hemos podido debatir, mantenemos otras que redundan también en la mejora de la actividad de la abogacía. Son, principalmente, las relativas a obtener el amparo por parte del respectivo colegio de la abogacía en caso de perturbación de la profesión con actuaciones públicas o privadas que menoscaben ese derecho de defensa; las de lucha contra el intrusismo profesional, tipificándolo como infracción grave y adoptando medidas para su denuncia, y las que facilitan una mayor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, garantizando la suspensión de señalamientos en casos de enfermedades, fallecimiento de un familiar o circunstancias excepcionales. Les invitamos a apoyar estas enmiendas aquí. En cualquier caso, será en el Senado donde se introduzcan las enmiendas necesarias para que salga una mejor ley del derecho de defensa, y esa será la postura de nuestro grupo. Frente a esto, ¿qué innovación nos traen ustedes? Introducen como cesión a sus socios, como viene siendo habitual, el uso de las distintas lenguas en todo el territorio. Respetando la pluralidad lingüística de nuestro Estado y garantizando que no se produzca indefensión, como ya se hace en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no podemos elevar este derecho a usar cada una de las lenguas en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales hasta convertirlo en un gasto totalmente desproporcionado en traductores de todas las actuaciones judiciales. Suficientemente ilustrativo debiera ser lo que pasa en este Congreso y el elevado coste que esto supone. Seamos prácticos, no carguemos con más tareas a la Administración de Justicia ni agravemos el retraso ya existente en los procedimientos. (Aplausos).»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. El derecho de defensa es uno de los derechos fundamentales en un Estado democrático y, como tal, reviste la protección máxima en nuestra Constitución, principalmente en el artículo 24. Al traer ustedes este proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa pareciera que iba a haber una regulación sistemática de este derecho desarrollando su contenido y reforzando sus garantías, más allá de lo que ya existía tanto en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o en leyes como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Lejos de esta expectativa, queda el texto presentado. Sin embargo, desde mi grupo hemos tratado de mejorarlo con la presentación de distintas enmiendas y abanderando algunas de las transaccionales que aportan importantes mejoras. Y es que, señorías, somos un partido de Estado, nuestro compromiso es con los ciudadanos, con el Estado de derecho y con la democracia y, en este caso, obviamente, con el derecho de defensa. Como decía, algunas de las enmiendas transaccionales que apoyamos son las relativas a la mayor accesibilidad de las personas con discapacidad, cumpliendo con nuestro compromiso y más allá de la reforma del artículo 49 de la Constitución, o las relativas a un mayor reconocimiento del servicio prestado en el turno de oficio, o la aprobación de criterios orientativos por parte de los colegios para la estimación de costas. Pero ustedes, señores del Gobierno, nos han vetado enmiendas que recogen legítimas reivindicaciones de la abogacía, como son la actualización anual de los importes del turno de oficio, la regulación de la defensa de oficio respecto de las personas jurídicas y la repercusión por parte del Estado del coste de la defensa de oficio prestada cuando finalmente no se concede ese derecho al solicitante de la asistencia jurídica gratuita. Y es que no olvidemos que los profesionales de la abogacía son el medio fundamental para hacer real y efectivo este derecho de defensa de los ciudadanos, así que démosles, entonces, todas las facilidades y herramientas para desempeñar mejor su trabajo. Ustedes han sido cicateros con ellos. Aquí tenemos, en su representación, a la presidenta del Consejo General de la Abogacía y a los distintos decanos, a quienes no podemos sino transmitir nuestro reconocimiento por la labor que estos profesionales desarrollan. (Aplausos).»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Sí. Por último, si ustedes están tan preocupados por el derecho a la defensa y los derechos fundamentales, lo que deberían haber hecho es abordar de una vez por todas la regulación del amparo ordinario, artículo 53. 2 de la Constitución, y no seguir después de cuarenta y cinco años, por su desidia, la de su partido y la del Partido Popular, con el amparo constitucional exclusivamente, que es subsidiario en el mandato del constituyente. Esto es lo que deberían haber hecho, y no abocar al justiciable a la inexistencia de un amparo desde el concepto de la especial transcendencia constitucional introducido en la ley de reforma de la Ley Orgánica de 2007, que da lugar a la inadmisión de más del 90 % de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Hay otros ejemplos de iniciativas legislativas que podríamos poner, como la ley de memoria histórica. Se viola el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de información y la libertad de cátedra, por no hablar del derecho a la libertad religiosa. Porque, según sabemos, es un propósito resuelto del Gobierno expulsar a la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, que es un monasterio autónomo y que canónicamente solamente obedece la autoridad de su abad. Ustedes piensan expulsarlos. ¿Me puede decir si para usted esto no es lesivo para el derecho a la libertad religiosa de una comunidad religiosa? Porque si no, ya me contará usted lo que entiende por derecho a la libertad religiosa y, por cierto, lo que entiende usted por principio de laicidad, porque si resulta que el Estado, siendo laico, va a tener un gobierno que decide quién está o no está en un monasterio y qué comunidad religiosa lo tiene que habitar, entonces, mire usted, apague y vámonos. Todas sus iniciativas en materia de derechos fundamentales o han sido lesivas de estos o son siempre iniciativas que encubren acciones ideológicas e ideologizadas, revestidas, por lo tanto, siempre de un manto de falsedad y de ignorancia absoluta en materia jurídica. Se lo he dicho a usted muchas veces: usted, de derecho, sabe muy poco y cada una de sus actuaciones ilustra crecientemente este grado de ignorancia.»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«No se resuelve satisfactoriamente tampoco el problema de los haberes pasivos, léase pensiones de jubilación de abogados y procuradores mutualistas. Esta es una petición sobre la que estos colegios profesionales han insistido mucho -y creemos que con razón- y todavía hay alguna enmienda viva sobre este particular. Se añade una regulación parcial e innecesaria de los colegios profesionales. Bien, pero también están regulados en otra ley. No sé en qué incrementa esto lo qué sería un valor legislativo que constituya una novedad relevante en nuestro ordenamiento. Mire, el Gobierno -tampoco el Partido Popular- no se caracteriza por su apoyo a los derechos fundamentales. Las violaciones de tales derechos por parte de las iniciativas del Gobierno son constantes; son constantes. Sí, sí, no me mire con esa cara de asombro. Usted sigue sin dar aquí, y tampoco el presidente del Gobierno, una explicación acerca de por qué se declararon inconstitucionales dos decretos del estado de alarma, ¡ninguna!, y ninguna es ninguna; todavía se la debe usted a esta Cámara. Si eso no es una violación de derechos fundamentales, pues no sé lo que entiende usted por violación de derechos fundamentales.»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Ya están también regulados los anhelos orientativos de los colegios profesionales, al menos en materia de costas. No hay más que leer las leyes procesales, pero sé que los colegios de abogados han mostrado un gran interés en este punto y en que haya una regulación más pormenorizada y, acaso, más tuitiva también de lo que puedan ser sus retribuciones en concepto de honorario, y nos parece razonable que sea así. La ley contiene también una reiteración, la enésima, del derecho del justiciable a la comunicación en cualquier lengua cooficial. Esto está reconocido en las leyes desde hace muchos años, lo que presenta perfiles discutibles, como usted puede saber; por ejemplo, resoluciones judiciales en lenguas distintas del castellano cuando la justicia -iba a decir la injusticia, por impartirse en esa lengua- se imparte para todos los españoles, sean nacionales o extranjeros; luego el juez, que resuelve en una lengua que no es el castellano, no investiga previamente si el justiciable es conocedor del catalán o del vascuence, no lo investiga ni tiene por qué; pero es evidente que el justiciable no resulta debidamente tutelado en su condición de tal cuando la magistratura le notifica resoluciones en una lengua desconocida para él. Por no hablar de los extranjeros, claro, que cuando vean esto pensarán que han llegado o están en un país de locos; ¡de locos!»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias. Bien, claro es que, a este defecto de aportación sustantiva al texto respecto de lo ya vigente se añade, cómo no, la perspectiva de género. A mí me gustaría saber qué significa la perspectiva de género, aprovechando que está aquí el señor ministro. Señor ministro, ¿qué significa la perspectiva de género en el derecho a la defensa? Sí, usted sonríe, probablemente porque no sabe ni lo que quiere decir este texto. (Aplausos). Pero, vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Que las mujeres o los sujetos LGTBI tienen derecho a una defensa mejor de la que podamos tener los varones? ¿Significa esto? ¿Quiere usted decir eso? ¿O quiere usted decir que -no lo sé- los abogados de mujeres e individuos LGTBI tienen que ser abogados mejores que los abogados que defiendan a los varones? (Rumores). Mire, vamos a ver, usted es una persona muy poco seria, como ha acreditado ya muchas veces, pero ya es una cosa un poco del género bufo que usted introduzca estas bobadas en un texto como este. Nos parece interesante, sin embargo, que se disponga que los investigados en las diligencias del Ministerio Fiscal sean asistidos de letrado. La experiencia nos dice que, efectivamente, en este ámbito, la práctica ha dejado que desear bastante en no pocas ocasiones. Esto sería algo a favor de este texto y a favor de la iniciativa. No acabamos de entender, por el contrario, en qué consiste la regulación de la asistencia jurídica gratuita, que no deja de ser hueca. No se provee ninguna necesidad del turno de oficio de letrados y procuradores, algunos de ellos mal o nunca retribuidos, como constantemente ponen de manifiesto y así lo saben las autoridades. Supongo que usted también, pero a lo mejor estaba ocupado con la perspectiva de género y no se ha enterado. Se dice en la ley: 'se regulará'. Bueno, regulada ya está. Claro, si la ley consiste en decir que luego va a haber otra regulación, entonces, lo que nos preguntamos es para qué sirve esta ley sobre este punto. Probablemente, para nada. Por lo demás, insisto, la asistencia jurídica gratuita ya es un derecho reconocido en nuestras leyes.»
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José María Sánchez García · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Con la venia. Estamos en presencia del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa; proyecto, quizá, no de todo punto necesario, toda vez que el texto remitido por el Gobierno a las Cortes, al Congreso, consiste en positivizar como norma lo que sería un precipitado de jurisprudencia constitucional y de tribunales internacionales, principalmente la Corte Europea de Derechos Humanos, en materia de derecho a la defensa, cuando no se trata de una mera reiteración de particulares ya regulados en leyes vigentes en nuestro ordenamiento. Es decir, no vemos... (Rumores). Perdón, señora presidenta, a mí me molesta sobremanera que estos señores estén hablando. Entonces, o les llama usted la atención, o tendré que decírselo yo.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«En esa ley hay avances: lenguaje inclusivo, mejoras en la defensa de personas con discapacidad en igualdad de condiciones, se introducen también las lenguas cooficiales o la accesibilidad universal. Nuestras enmiendas han ido justamente dirigidas a mejorar la situación de las profesionales de la abogacía y el derecho de defensa del justiciable, en el sentido de favorecer la conciliación -como decía antes- tanto personal como familiar de los y las profesionales de la abogacía o también para que en el internamiento forzoso de personas por razones de salud mental -igual que se trata la privación de libertad- deba reconocerse la asistencia preceptiva y no facultativa de abogado o abogada en defensa de sus derechos. También hemos mantenido -y así lo dijimos en la Comisión- la enmienda para remediar la precaria situación que vive gran parte del colectivo de profesionales de la abogacía y de la procura, quienes, atrapados y atrapadas en la ya extinta Mutualidad de la Abogacía y también ante la pasividad institucional corporativa de la abogacía, ven gravemente mermadas sus condiciones de jubilación o su acceso a prestaciones por enfermedad e incapacidad. Lo hacemos porque el Ministerio de Justicia no nos ha garantizado que esta anomalía vaya a resolverse en un corto plazo. Es un gran problema y, por eso, hemos dejado viva esta enmienda y pedimos el voto del resto de los grupos de esta Cámara. Nuestro voto a esta ley va a ser favorable, a la espera también de que se traigan todas esas reformas que se habían anunciado por el Ministerio de Justicia. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, presidenta. Señorías, ministro, esta ley supone un avance en el reconocimiento del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva y se enmarca en los artículos 17 y 24 de nuestra Constitución. La defensa es una función propia de los abogados y de las abogadas y así resulta de nuestra Constitución y también de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que garantiza este derecho fundamental. Esta ley no radica solamente en la protección de los derechos de los abogados y de las abogadas, sino de la ciudadanía, con especial énfasis en quienes carecen de recursos para litigar; es un derecho que afecta a toda la ciudadanía, porque de él depende el ejercicio del resto de los derechos fundamentales ante nuestros tribunales de Justicia. Hay que decir también que a esta ley le falta ambición. Llevamos mucho tiempo trabajando en ella, pero hay temas que no se han abordado. Por ejemplo, derechos laborales de la abogacía, la conciliación, especialmente en las mujeres, que tenemos enormes dificultades para ejercer la profesión y conciliar o ser madres. Ese es un tema del que hemos hablado y que hemos discutido y debatido en cada despacho en los que hemos estado y con cada una de las autónomas que conozco. Eso no se ha abordado en profundidad y tiene que abordarse en algún momento. También las condiciones de la asistencia jurídica gratuita y, cómo no, las futuras pensiones de los y las mutualistas tanto de la abogacía como de la procura. El ministro de Justicia anunció que va a haber próximas iniciativas legislativa para abordar estas cuestiones. Solo esperamos, señor ministro, que no sea un anuncio más y que esto llegue a buen puerto.»
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María José Rodríguez de Millán Parro · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Lo crucial del Partido Popular no es que traicione a los españoles, a los que sacan a la calle a protestar contra el Gobierno, mientras que a sus espaldas se dedicaban a negociar con él, en lo que ha terminado siendo, según ustedes, el inicio de una amistad. Lo peor es que el Partido Popular ya constituye la otra pata de un sistema que opera contra la igualdad de los españoles y de reparto de las cuotas de poder, donde el PSOE miente más descaradamente y el Partido Popular se camufla jugando al despiste. El día de mañana no podrán esgrimir que ustedes han sido víctimas de nada porque, a diferencia de sus votantes, que no confían en Sánchez, ustedes han decidido participar deliberadamente de este reparto en las cuotas de poder de la justicia. Y la situación es aún más grave por el hecho de que el acuerdo entre este Partido Popular y el PSOE haya tenido que ser tutelado por la Comisión Europea, como si España fuera un Estado fallido. Vergüenza les debería dar someterse al tutelaje de un tercero. (Aplausos). Señorías del Partido Popular, cuando más débil estaba el Gobierno de Sánchez, cercado por la corrupción, luchando por sobrevivir cada siete días a base de decretos cuya aprobación depende de sus socios separatistas, ustedes han salido al rescate para facilitarles el acuerdo más importante al que podía llegar el Gobierno. ¿Cómo vamos a denunciar ante Europa que estamos en manos de una autócrata, que se está agrediendo el Estado de derecho, que se está atacando a los jueces y a la prensa libre si le legitiman en Bruselas pactando con el Partido Socialista y en España repartiéndose los jueces? (Aplausos). ¿Cómo lo vamos a hacer? Partido Socialista y Partido Popular han normalizado que se hable de jueces progresistas y jueces conservadores, y, cuando la justicia lleva apellidos, deja de ser justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país. Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años. Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Gracias, presidente. Señorías, hoy la buena noticia es que, tras cinco años de bloqueo, el Partido Popular va a liberar de su secuestro a un Consejo General del Poder Judicial deslegitimado e inoperante; y la mala noticia es que en España desde los tribunales se practica la guerra jurídica contra cualquiera que sea considerado enemigo por las derechas. Y esto es lo que hoy discutimos: hay seis sindicalistas de La Suiza condenados a tres años y medio de cárcel (aplausos) y seis jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a casi cinco años, en ambos casos por manifestarse. Y el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar en la puerta de su casa durante un año a una familia con tres menores. A la vez, se reabre la causa contra Mónica Oltra porque algo tendrá que haber, a pesar de que en dos años de investigación no se ha encontrado ni un solo delito. (Aplausos). Y hoy conocemos la solución de una clara agresión homófoba el Día del Orgullo del año 2019.»
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Gabriel Rufián · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Es decir, la razón de Estado es una gran mentira, como también es una mentira-y entiendo que es goloso, la frase es golosa- aquello que todo el mundo dice de. hombre, claro, que los jueces elijan a los jueces. Suena muy bien, suena fantástico, la gente dice: claro, así los políticos no mangonean. Pero es que, señorías -y lo digo sobre todo para la gente que nos está escuchando-, en democracia, si es una democracia plena, todos los poderes deben estar sujetos a la soberanía popular: el Legislativo, el Ejecutivo y, evidentemente, también el Judicial. Para que lo entienda todo el mundo, el Consejo General del Poder Judicial no es un cónclave papal y el presidente, el que sea, del Consejo General Poder Judicial no es el papa. No se pueden juntar unos cuantos jueces -diez para ti y diez para mí- para elegir quién les presidirá sin tener absolutamente nada en cuenta y, evidentemente, no se pueden elegir entre ellos. Es una trampa y ustedes lo saben. Otra trampa: no politicemos la justicia. Hombre, señorías, algunos jueces vienen politizados de casa y no es necesariamente malo. Hay jueces muy dignos en este país que han demostrado una gran dignidad a través de una ideología decente a favor de los derechos humanos. Pero, por ejemplo, GarcíaCastellón salvó a Cospedal de la Kitchen (rumores), a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó las causas contra el rey, aún no sabe quién es M. Rajoy, dijo que Marta Rovira había hecho el terrorismo por una manifestación y hace canutazos para el telediario de Televisión Española. (Una señora diputada: ¿Y?). ¿Y? Una diputada del Partido Popular ha dicho: ¿Y? ¿Y si fuera de izquierdas, le daría igual? (Rumores). ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que no, yo creo que no. Así que el único problema que hay en este país es cuando los jueces no son suyos, ese es el único problema, sí, y lo saben perfectamente. (Aplausos).»
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Míriam Nogueras · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Por muchos discursitos y cartas que hagan los socialistas, por mucho que intenten vendernos -que la gente se lo cree- que viene el lobo, que, si no me votas a mí, viene él y que paremos a la derecha, la realidad es que los socialistas regalan al Partido Popular las decisiones importantes. Cuando gobierna el PSOE, acaba decidiendo igualmente el PP, acaba decidiendo igualmente la derecha española. Ya dicen que lo que más se parece a un político español de derechas es un político español de izquierdas. Continúa, pues, la farsa de la democracia española y no se trata de que se acabe la fiesta; se trata de que se acabe la farsa y aquí nadie ha tenido las narices de plantar cara y llegar hasta el final, quizás porque han visto lo que les pasa a aquellos que sí lo intentan. Si hablan de democratizar la justicia, hagan ustedes reformas reales, pero dejen de montar numeritos; creen mecanismos de protección contra 'Marchenas', 'Llarenas' o 'Aguirres'; prohíban las puertas giratorias; deroguen la Audiencia Nacional, que es lo mismo que era el tribunal del orden público; incluyan a los jueces en la ley del jurado. ¿Están dispuestos a hacer esto? No lo están, no se atreven, no habrá regeneración democrática. España no será una democracia hasta que no se acabe con la mafia judicial.»
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Míriam Nogueras · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Senyors i senyores, tots aquí estem jugant les nostres cartes i nosaltres coneixem perfectament les seves. El que estan fent vostès, el que estan fent a la cúpula judicial, era del tot previsible. Recordin, però, que el poble de Catalunya és imparable i un poble imparable que té al cap la idea d'un país just, decent i lliure, aquí, al reino, no hi cap. No sé si serà demà o serà demà passat, però arribarem fins al final. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. Gracias, presidente. Con este pacto entre la derecha y la izquierda españolas, después de una gesticulación exagerada por parte de los dos partidos, no se regenera nada. Se perpetúa un sistema de puertas giratorias, de la judicatura a la política y de la política a la judicatura; se mantiene la ultraderecha judicial, controlando lo que debería ser un poder imparcial independiente. Sigue la putrefacción de la justicia española y se evidencia, una vez más, el fracaso de la transición. Hoy en España se mantiene una monarquía heredera del franquismo que orienta la acción de la justicia con sus discursos políticos. Se mantienen unos jueces justicieros constituidos en una mafia y todos ellos, por mucho que prevariquen, acaban siempre protegidos por los capos. Y, por acción u omisión, también protegidos por todos ustedes, por los partidos políticos españoles, que presentan el pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial, donde nada cambia. Antes de que el señor Sánchez anuncie medidas de regeneración democrática, es la prueba de que todo lo que nos puedan presentar el día 17 será papel mojado. Gracias a este acuerdo que los socialistas han cerrado con la derecha Popular los jueces de la cúpula seguirán haciendo y deshaciendo al margen de las leyes; jueces que seguirán haciendo política en lugar de justicia, sabiendo que nadie los llamará nunca al orden, porque ellos no han de rendir cuentas a nadie; ustedes les permiten actuar impunemente.»
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Ione Belarra · Podemos ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Sin embargo, la derecha judicial ha demostrado estos días que tenía otros planes. Solo cuatro días después del acuerdo -cuatro días- hemos sabido que el juez de la supuesta trama rusa del procés tomaba decisiones judiciales con el único objetivo de tumbar al Gobierno; que la jueza Pérez Fuentes ha absuelto al organizador del acoso continuado contra Irene Montero y Pablo Iglesias, y, como colofón, nos hemos enterado el mismo 1 de julio que los jueces Pablo Llarena y Marchena han retorcido la ley de amnistía para que no se aplique a los líderes independentistas Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, subvirtiendo de manera muy profunda la voluntad expresa y clara de este Congreso. Creo que no hace falta hacer un croquis para entender lo que está pasando, que la derecha judicial ha querido demostrar que manda más que este Congreso y que manda más que los representantes legítimamente elegidos. Señor Bolaños, yo creo que ustedes pensaban que, con esta rendición, con esta renuncia a transformar, la derecha iba a parar, pero eso nunca es verdad. La derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo, y eso es lo que demuestran estos cuatro días. Así que ahí va nuestra propuesta para hoy, señorías del Grupo Socialista. Rompan el acuerdo con el Partido Popular, rompan el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial y renueven este Consejo con la mayoría democrática. Aprueben una ley de medios que acabe de una vez por todas con la corrupción periodística. Además, este acuerdo viene a legitimar la guerra sucia judicial que se ha hecho contra Podemos, sí, pero también contra los partidos independentistas, también contra las sindicalistas de La Suiza, a las que acaban de condenar a prisión, y también ahora contra la familia del presidente.»
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Patxi López · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Y la cuarta cuestión que quiero destacar es que este acuerdo ha abierto un resquicio para el entendimiento. Ya sé que, según algunas intervenciones, como digo, parece que se avergüenzan de él, pero es que hasta hoy esta era una puerta cerrada por la derecha. Sinceramente, esperamos que por ese resquicio puedan entrar otros entendimientos. El presidente del Gobierno ha hablado en varias ocasiones de ello. ¿Por qué no un acuerdo para renovar el pacto de Estado contra la violencia de género? (Aplausos). Estamos viendo, de manera insoportable, asesinatos machistas cada semana -esta última ha sido especialmente terrible-, asesinatos de mujeres y de sus hijos que no pueden caer en el vacío de nuestras conciencias. La cuestión es: ¿acordamos la renovación del pacto de Estado o prefieren seguir en la marcha atrás a la que les obligan sus socios? ¿Llamamos a las cosas por su nombre, violencia machista, y las combatimos o intentamos jugar a diluir esa violencia hablando de violencia intrafamiliar? Es así de simple. ¿O por qué no un acuerdo para reformar la ley de extranjería para dar una solución humanitaria y solidaria a la presión migratoria que están sufriendo algunos de nuestros territorios y, sobre todo, para dar respuesta a la terrible situación que están viviendo cientos de niños, de menores, que no pueden ser tratados como mercancía barata? (Aplausos). ¿Van a escuchar la voz de alarma o el grito desesperado de sus compañeros de Canarias o van a mirar hacia otro lado para que no se les enfade el socio? Porque, miren, la solidaridad no es una palabra hueca, es una actuación política decidida. Así que, déjense de teorías de la conspiración; nadie suelta a menores en los centros de las ciudades. Déjense de ocurrencias. ¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿De verdad eso? ¿Lo siguiente qué va a ser? ¿Bombardear los cayucos? No hace falta que vaya a ver a Von der Leyen para esto, basta con que llamen a los presidentes autonómicos del PP para que acepten y asuman el acogimiento de los menores que están hoy en Canarias. Así de simple. (Aplausos).»
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Patxi López · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«El tercer asunto que da importancia al acuerdo es que con él objetivamos las condiciones para acceder al órgano de gobierno de los jueces y, por lo tanto, clarificamos una cuestión que ha estado permanentemente sujeta a la crítica interesada y a la manipulación. Lo estamos viendo en los últimos días con algún que otro caso. Si los nombres los ponía o los pone el Partido Popular, perfecto; eran y son personas magníficas que van a dar lustre a la institución judicial. Si los nombres provienen del Partido Socialista y del partido progresista, catástrofe, vamos al asalto de las instituciones para degradarlas y ponerlas a nuestro servicio. Estamos acostumbrados a esa doble vara de medir, pero ¿saben lo que nunca hacemos los socialistas? Los socialistas, cuando no nos gusta algo, cuando no nos gusta una sentencia, un auto, una decisión de un tribunal o de un organismo público, podemos criticar esa decisión, podemos criticar la sentencia, porque en democracia todo está abierto a la crítica, estaría bueno, pero lo que nunca hacemos -nunca hacemos- es jugar a deslegitimar a quien la produce. (Aplausos). Deslegitimar, socavar y desprestigiar a nuestras instituciones cada vez que dicen algo que no nos gusta es atacar directamente los cimientos sobre los que se asienta el sistema democrático en nuestro país. Hace dos días, como les gustó alguna decisión sobre la ley de amnistía, el Estado de derecho funcionaba perfectamente y era garante de las libertades y de la igualdad de todos los españoles. Al día siguiente, como el Tribunal Constitucional, en el caso de los ERE, dijo que hacer leyes no puede ser un delito -algo que todos los que estamos aquí y que hacemos leyes deberíamos aplaudir como lo más lógico y lo más razonable del mundo-, los socialistas nos estábamos cargando el Estado de derecho. (Aplausos).»