Archivo
Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
8.626 declaraciones · página 232 de 288
-
María Jesús Montero Cuadrado Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda· PSOE ·
Congreso · Pleno¿Piensa el Gobierno que se puede gobernar sin apoyo parlamentario?
«Muchas gracias, señora presidenta. Señora Belarra, es obvio que entre su fuerza política y la nuestra hay discrepancias, pero también es obvio que tenemos que entendernos para ser capaces de articular políticas públicas que mejoren el bienestar de la mayoría de este país, y creo que estamos en condiciones de ponernos de acuerdo en las leyes particulares, porque le recuerdo que este Gobierno ha traído diecisiete leyes y que todas han salido adelante a lo largo de este año escaso que llevamos de legislatura. El resto de las votaciones tienen que ver con...»
-
María Jesús Montero Cuadrado Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda· PSOE ·
Congreso · Pleno¿Piensa el Gobierno que se puede gobernar sin apoyo parlamentario?
«Muchas gracias, señora presidenta. Señora Belarra, yo creo que su grupo político se tiene que unir a la mayoría social de este Parlamento, a la que representa a la gran mayoría de los ciudadanos. De hecho, todas las leyes que hemos traído las hemos pactado con su grupo político. Hemos tenido diálogo y hemos conseguido llegar a acuerdos, a pesar de que en determinadas materias podamos tener discrepancias. Las diecisiete leyes que están en este momento en tramitación son muy importantes para mejorar la vida de la gente. Y, por supuesto, seguiremos hablando para traer los presupuestos, seguiremos hablando para seguir teniendo en las políticas públicas, en la intervención pública, el frente en el que este Parlamento se dibuja y se mira para poder ser un referente para todos los ciudadanos. Yo le invito, señora Belarra, como siempre, a permanecer en ese diálogo, en ese acuerdo, teniendo en cuenta sus exigencias, pero sabiendo también que este Gobierno y la mayoría de este Parlamento hacen ni más ni menos algo tan importante como preservar el bienestar de todos los ciudadanos frente a la amenaza que supone la derecha con la ultraderecha con sus políticas liberales y con su política exterior, que no reconoce ni siquiera las situaciones bélicas en otras partes del mundo. Señoría, estoy convencida de que nos vamos a entender y en ese camino vamos a seguir.»
-
María Jesús Montero Cuadrado Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda· PSOE ·
Congreso · Pleno¿Cree la Vicepresidenta Primera que gobernar es resistir?
«Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, gobernar, para este Ejecutivo, es mejorar la vida de la mayoría social de este país (aplausos.-Rumores), impulsar el crecimiento económico -les recuerdo, el doble de la Unión Europea-, crear empleo, reducir la precariedad y blindar los servicios públicos que ustedes privatizan. (Aplausos).»
-
Patricia Blanquer Alcaraz · PSOE ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación...
«Por tanto, no tiene sentido su moción. Piden, además, que el Gobierno explique, cuando ya lo hace. La AIReF a quien denunció ante la Audiencia Nacional por obstaculizar el control de las cuentas públicas fue a Montoro, no a Montero. Además, el ministro de Economía se ofreció a comparecer antes de enviar el plan fiscal y son sus gobiernos autonómicos los que no dan explicaciones creíbles. ¿Por qué Moreno Bonilla devuelve 119 millones en fondos para escuelas de 0 a 3 años a la vez que reclama medidas de conciliación? (Aplausos). ¿Por qué hay comunidades que han boicoteado el acceso a 500 millones de euros destinados a fomentar el autoconsumo eléctrico? ¿Por qué Mazón reclama más financiación autonómica y ha permitido que sus diputados valencianos votaran en contra de más financiación en el Congreso? (Aplausos). Y, para terminar, señora presidenta, yo me pregunto: ¿qué utilidad puede tener para la ciudadanía un Partido Popular obcecado en generar inestabilidad, en fabricar problemas y en no participar en las soluciones? Ya se lo digo yo: Ninguna, tan inútil como su moción. Votaremos en contra. (Aplausos).»
-
Patricia Blanquer Alcaraz · PSOE ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación...
«Porque, miren, en la interpelación de la semana pasada del Partido Popular al Gobierno, dejaron ver lo que son: unos agoreros. No han entendido que la puesta en valor de los indicadores económicos no es triunfalismo, es poner en valor la capacidad de superación y resiliencia de nuestro país y es reconocer que la política económica del Gobierno de España está funcionando. Nos hemos recuperado de la crisis sobrevenida en menos tiempo. Estamos creciendo y generando empleo por encima de la media europea. Las políticas del Partido Popular fracasaron en la crisis anterior y ustedes no son una alternativa viable, porque, pese a priorizar el ajuste presupuestario en la etapa 2012-2018, no lograron alcanzar nunca el objetivo del 3 % de déficit, incumplieron todos los años el objetivo de déficit pactado con Bruselas y la deuda pública aumentó más que con el actual Gobierno, y ello sin pasar entonces por la mayor pandemia en cien años, una guerra en suelo europeo y hasta un volcán. (Aplausos). El Gobierno de Pedro Sánchez ha sabido mejorar la financiación, impulsar medidas de protección y de transformación del modelo productivo, mientras el Partido Popular ha intentado bloquearlas demostrando también lo que no son: ni son alternativa de gobierno, ni una oposición con responsabilidad de Estado. (Aplausos). Así que, señorías, esta moción carece de eficacia resolutiva y parece una mala broma. Piden un plan que se sustenta en una senda que no tienen interés de votar. Piden que el Gobierno transfiera fondos a las comunidades cuando ya lo hace a través de diversos instrumentos de participación y cogobernanza. La Administración General del Estado está siendo más ágil en ejecución de los fondos que las comunidades autónomas. La Administración General del Estado, un 60,3 %; las comunidades autónomas, un 56,7 %.»
-
Carlos Martín Urriza · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación...
«Permítanme que les apunte algunos datos, por si no son conscientes de los mismos: que hoy tenemos un ratio de deuda pública 2,6 puntos inferior al de hace una semana. Les señalo que ahora el ratio de deuda es aproximadamente el mismo que tenían ustedes, señorías del Partido Popular, en 2014, eso sí, sin pandemia de por medio. (Aplausos). Les recuerdo a ustedes, los buenos gestores, que entre 2011 y 2014 aumentaron la deuda pública en casi 35 puntos del PIB al tiempo que subían el IRPF y el IVA, mientras que este Gobierno de coalición, desde 2018 y a pesar de la pandemia, solo ha crecido la deuda pública en 5,4 puntos. No es de extrañar que ustedes quisieran haber mandado este plan fiscal hace una semana, antes de que el INE por fin empezara a mostrar el país que verdaderamente tenemos, antes de que todos los organismos nacionales e internacionales revisaran al alza las previsiones de crecimiento, incluso la CEOE, que prevé un crecimiento para este año del PIB del 2,7 %. La contabilidad nacional, señorías, no ha terminado de resolver sus carencias en la estimación de las macromagnitudes, de cuyos problemas técnicos advertimos desde SUMAR desde la primera intervención que hice yo en esta Cámara. Ahora nos están empezando a dar la razón, aunque hemos tenido que esperar un tiempo innecesariamente largo y las repercusiones han sido muy negativas y muy importantes. Muchas gracias. (Aplausos).»
-
Carlos Martín Urriza · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación...
«Se pide un debate sobre el plan fiscal cuando el Grupo Popular nunca lo permitió cuando gobernaba con mayoría absoluta y presentaba sus planes de estabilidad o los planes presupuestarios con profundos recortes antisociales. El PP no tiene ninguna intención de discutir, de confrontar ideas. Si fuera así, estaríamos de acuerdo en hacerlo, porque no me negará, señor Conde, que es un poco de disonancia cognitiva que, por un lado, ustedes quieran discutir este plan fiscal y, por otro lado, estén votando en contra de la senda de déficit y deuda pública que precisamente es el input básico de ese plan fiscal. El plan fiscal que está elaborando el Gobierno ahora amplía hoy sus márgenes gracias a la nueva revisión del PIB que el INE acaba de hacer el pasado 18 de septiembre. Hoy el país es bastante diferente a lo que nos contaban las estadísticas hace tan solo una semana. No es de extrañar que ustedes quieran seguir hablando de aquel otro país, pero ese país ya no existe; ya no existe el país que tanto había tardado en recuperarse de la pandemia, resulta que con las nuevas estimaciones el país había salido del hoyo año y medio antes de lo que nos habían contado hasta ahora. ¿Qué hubiera dicho su líder en campaña si hubiéramos dispuesto de esos datos en el momento adecuado? Resulta que en el país de hoy hay 150 000 personas más ocupadas de lo que nos decían, que esas personas eran un 6 % más productivas de lo que eran hace una semana, que hay más salarios de los que nos estaban contando, aunque no era difícil saberlo porque todos los meses a todos nos retienen una parte de nuestro salario y la Agencia Tributaria ya estaba señalando que la actividad funcionaba mucho mejor de lo que decía el INE. ¿Qué políticas habríamos podido hacer si el déficit público hubiese sido el que es ahora y no el de entonces? ¿En qué podríamos haber gastado esos miles de millones de euros adicionales que por las malas estimaciones no existían hace tan solo una semana? ¿Cuánto de más nos ha costado en intereses un ratio de la deuda pública sobre el PIB precisamente por esas malas estimaciones?»
-
Carlos Martín Urriza · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación...
«Discutimos la moción del Partido Popular referida a la obligación del Gobierno de haber presentado un plan fiscal estructural hace una semana y sobre cuándo va a someterlo a la validación del Congreso de los Diputados. Es un tema muy importante que, desgraciadamente, el texto de la moción no trata con la adecuada seriedad, aunque tengo que reconocer que el señor Conde en esta tribuna ha elevado el nivel sobre el texto presentado en la moción. Esta falta de seriedad en la moción, en el texto de la moción, se refleja en que insta al Gobierno, por ejemplo, a que traslade 18 000 millones a las comunidades autónomas procedentes de los fondos europeos, algo que nada tiene que ver con el tema que tratamos. Esto, además, lo dice el Partido Popular, que muchas de las comunidades autónomas que gestiona van a tener que devolver fondos europeos por no haber sido capaces de gestionarlos. (Aplausos). Lo dice y lo plantea el mismo Grupo Popular que ha votado en contra de la senda de déficit y deuda pública, impidiendo la mejora de la financiación de esas mismas comunidades autónomas. Lo dicho, poca seriedad y mucha confusión en ese texto de la moción presentada.»
-
Jacobo González-Robatto Perote · Vox ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación...
«También, con estos fondos podríamos fomentar una energía nuclear, pues es urgente frenar el desmantelamiento de nuestras plantas nucleares e invertir para garantizar nuestra seguridad energética. Además, esto vendría de la mano de una política de reindustrialización que revitalizaría sin duda nuestro sector energético. Además, podríamos solucionar la crisis hídrica: en lugar de volar presas podríamos evitar seguir dependiendo de las lluvias para asegurar el agua que necesitan nuestra agricultura y nuestra ganadería. Podríamos ejecutar proyectos de infraestructura hidráulica que aseguren el abastecimiento de agua a nuestros agricultores y ganaderos, tan abandonados por estos gobiernos. O podríamos aumentar la vivienda pública, pues es necesario incrementar el parque de vivienda pública en régimen de propiedad o alquiler con opción a compra para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno. Esta no es solo una cuestión de justicia social, sino también de sentido común económico. En conclusión, señorías, y ya termino, presidenta, lo que España necesita en estos momentos es un plan fiscal y económico serio, basado en la responsabilidad y en la inversión inteligente. Los 18 000 millones de euros de los fondos deberían estar al servicio de los españoles y no de intereses políticos de gobierno. Se podría invertir en dependencia, en energía nuclear, en soluciones hídricas y en vivienda pública, pues esto no solo mejoraría la vida de los ciudadanos, sino que también contribuiría a la estabilidad del crecimiento económico a largo plazo. Señorías del Partido Popular, lo que no podemos hacer cuando vemos que una casa está ardiendo es estar peleándonos por llevarnos nuestros muebles a casa, en lugar de tapar el fuego. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
-
Jacobo González-Robatto Perote · Vox ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explique si va a cumplir la obligación...
«Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Debemos ambicionar los mejores carismas. Así dijo San Pablo a los corintios, y hoy sigue siendo una lección vigente en nuestro contexto social y político. Hay muchos carismas o políticas que generan oportunidades y otras que desperdician los recursos. El Gobierno actual tiene 18 000 millones de euros asignados por la Comisión Europea a través de los fondos Next Generation; sin embargo, estos fondos no han sido ejecutados, y aquí radica uno de los problemas más graves de la gestión actual. Para que se hagan a la idea, estamos hablando de un volumen de dinero igual a la mitad del presupuesto de Andalucía. Tiene potencial como para transformar la economía de un país, generar empleo y mejorar los servicios públicos, pero su ineficaz gestión condena a España a la parálisis. Recordemos que estos fondos tampoco son regalos, como parecen pensar el actual Gobierno y el Partido Popular, sino que deberán ser devueltos, ya sea por cada Estado miembro o por la Unión Europea en su conjunto. Lo que está claro es que implican una mayor carga impositiva para todos y, si no se gestionan correctamente, no solo estaremos desperdiciando una oportunidad, sino que estaremos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.»
-
Carlos Flores Juberías · Vox ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre cuál es la política de colaboración del Gobierno con...
«3. Expulsar de forma inmediata con destino a su país de origen -o aquel del cual provengan- de todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a nuestro territorio. 4. Expulsar de forma inmediata a aquellos inmigrantes, regular o irregularmente asentados en España, que hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen, y aquellos que hubiesen cometido delitos graves, no bien hayan saldado sus cuentas con la justicia española. 5. Eliminar las ayudas públicas a las ONG, a las asociaciones o a cualesquiera otras entidades que, bajo la apariencia de dedicarse a la cooperación al desarrollo, se dediquen a promover o a ayudar a la inmigración ilegal, y la coordinación de estas políticas con las del resto de los países europeos. Si mucho me apuran, aun iría incluso un paso más allá: revisar con seriedad y sin prejuicios los acuerdos suscritos con aquellas ONG supuestamente creadas para brindar acogida a los refugiados o a los inmigrantes más necesitados y que han acabado convirtiéndose en simples agencias de colocación amarradas a la ubre de lo público y atornilladas a la estrategia de determinados partidos. (Aplausos). Se lo diré más claro: aquellas ONG que, como alguna de mi comunidad, resultan nutrirse en un 97 % del presupuesto público y resultan destinar el 70 % de su presupuesto a sus propios gastos de personal. Una ONG que se nutre en un 97 % del presupuesto público, ¿es una organización no gubernamental? Una organización no gubernamental que destina el 70 % de sus gastos a pagar a su propio personal, ¿es una organización humanitaria? A mí no me cuadran las cuentas. (Aplausos).»
-
Inés Granollers · ERC ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la paralización definitiva de la privatización de las torres de control de...
«Otra de las consecuencias negativas del proceso de liberalización aplicado hasta ahora se aprecia también en la disminución de las garantías referentes a las condiciones laborales del personal controlador, sometidos a una fuerte presión laboral que no casa bien con la seguridad aérea. Nos preocupa la propuesta de privatización de la torre de control del aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma. Se trata de una iniciativa que perjudica los intereses estratégicos de las Islas Baleares, así como a sus servicios públicos. En estos momentos, la torre de control de Palma es de las menos equipadas y donde más déficit de personal hay de todo el Estado. Por tanto, las medidas anunciadas no serán eficaces económicamente. Solo van a contribuir a consolidar la tendencia centralizadora y destructiva de los servicios públicos para beneficiar claramente los intereses privados. Tenemos que frenar esa deriva liberalizadora, que no se basa en ningún fundamento técnico, económico ni social. Esta decisión política la tomó el Gobierno sin informar al Congreso de los Diputados y sin la participación del resto de las administraciones públicas. No es buena para los trabajadores y las trabajadoras del sector, no es útil para la ciudadanía que utiliza este medio de transporte y tampoco es necesaria desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del servicio. Por eso, daremos apoyo a esta iniciativa. Gracias. (Aplausos).»
-
Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la paralización definitiva de la privatización de las torres de control de...
«La situación en las Baleares también es preocupante. La situación de la torre de control ha empeorado. Mallorca tiene una plantilla infradotada en dotación de personal y una posición intolerable. Menorca tiene una torre obsoleta desde hace quince años, sin un proyecto en remota, inadecuado para una isla estratégica y con tanto movimiento, actualmente, por suerte, paralizado. SUMAR cree necesaria la recuperación de las torres de control de Canarias, ahora en manos privadas; también de las de Coruña, Vigo, Cuatro Vientos, Sabadell, Ibiza, Sevilla, Jerez, Alicante y Valencia. Acabo, presidenta. También es prioritario revertir la edad de jubilación, inédita en los entornos europeos. Tenemos una plantilla muy envejecida trabajando a turnos hasta los sesenta y cinco años. El control de vuelos no es seguro para la operatividad y pone en jaque la seguridad nacional. Mi grupo siempre está por sumar en lo público y en lo social. Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).»
-
Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la paralización definitiva de la privatización de las torres de control de...
«Gracias, presidenta. En los años noventa, un Gobierno de derechas del Reino Unido privatizó el ferrocarril. Tras años de accidentes y mal servicio, un Gobierno de izquierdas lo volvió a nacionalizar. No me equivoco de islas. La derecha privatiza y enriquece al compañero de pupitre. Cuando entra lo público en servicios esenciales siempre es más eficiente que la gestión privada. (Aplausos). Somos la excepción española, tenemos privatizados sectores que otros países de nuestro entorno han preservado con una fuerte presencia pública, como son la energía, las telecomunicaciones o la banca. En España, no. En estos temas nunca escuchamos protestar a los patriotas de la banderita y del golpe en el pecho a lo Tarzán. Poderoso caballero es don dinero. Recientemente nos hemos ilusionado con las declaraciones del presidente de Correos, que decía, al igual que el programa electoral de SUMAR, que la Caja Postal debía volver. (Aplausos). Estamos preocupados por Talgo, por MasOrange o por los movimientos del Gobierno italiano en Enel y sus derivadas en Endesa, todas amenazadas por intervenciones externas; en cambio, ADIF da vía libre a los operadores privados en la red de alta velocidad en España cuando en España ha de pagar con retrasos la reciprocidad con Francia. Somos más papistas que el Papa.»
-
Carlos Gil Santiago · PP ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
«En pocas semanas hará dos años desde que este Congreso aprobó por unanimidad el fondo de compensación para las víctimas del amianto. En esa ley se establecía un plazo de tres meses para la entrada en vigor de un reglamento que la desarrollara y que permitiera a los afectados solicitar y acceder a las ayudas que la ley reconoce. Sumamos ya más de veintitrés meses desde entonces y seguimos sin noticias de ese reglamento, de la misma forma que los afectados siguen sin poder acceder a sus ayudas. Ni las víctimas ni sus familias, que también son víctimas, merecen ese ninguneo al que se les somete desde el ministerio, dejando sus derechos siempre para mañana. (Aplausos). Ya en febrero de este año la ministra Saiz reiteraba su compromiso para publicar este reglamento a la mayor brevedad. Hace ya de eso más de medio año -seis meses: dos veces tres, dos veces el plazo que marcaba la ley- y el reglamento sigue sin ver la luz. No tardaron ni un mes en poder traer a este Congreso y aprobar una ley de amnistía que no tenía más explicación razonable. Es imposible entender que en dos años no hayan sido capaces de plasmar negro sobre blanco el procedimiento para que los afectados del amianto puedan acceder a sus indemnizaciones. El motivo es claro: en aquel momento hablábamos de su acceso al Gobierno y en este caso hablamos de personas. Tenemos claro cuáles son siempre sus preferencias. Si entonces por siete votos lo hicieron, más aún deberían hacerlo por los muchos miles de ciudadanos que siguen pendientes de este reglamento para solicitar aquello que por ley les corresponde.»
-
Emilio Jesús Del Valle Rodríguez · Vox ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
«Pues bien, al parecer, el Grupo Socialista no ha estado lo suficientemente vigilante, como anunciaba su portavoz hace casi dos años y medio, pues las indemnizaciones no han llegado a sus beneficiarios por el bloqueo del Gobierno socialcomunista. Es cierto que se inició el procedimiento y se empezó a tramitar un proyecto de real decreto en junio de 2023, con varios meses de retraso, pero tras la finalización del plazo de información pública y la aportación de alegaciones, no llegó a aprobarse por el Consejo de Ministros. Una vez más, queda claro que este Gobierno está más ocupado en resolver los escándalos de corrupción que salpican al entorno del aprendiz de tirano Sánchez, en controlar todas las instituciones y poderes del Estado y en amordazar a los medios de comunicación no afines al régimen que en dar respuesta ágil y eficaz a los problemas reales de los ciudadanos. (Aplausos). Señorías, mi grupo parlamentario votará a favor de esta proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que, de una vez, apruebe este reglamento, considere las alegaciones presentadas, que mi grupo asume plenamente, y adopte las medidas presupuestarias necesarias. Finalizo ya, señor presidente. Solo quiero decirles una cosa: gracias a Dios, este Gobierno tiene los días contados. Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
-
Emilio Jesús Del Valle Rodríguez · Vox ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
«Gracias, señor presidente, con su venia. Permítanme, en primer lugar, mandar un saludo a los representantes de las víctimas y a los afectados por todo lo derivado del amianto. Hoy nos acompañan aquí y les envío un saludo. Quiero que sepan que cuentan con todo el apoyo y reconocimiento del Grupo Parlamentario VOX. (Aplausos). Señorías, como ya se ha indicado, el articulado de la Ley 21/2022, de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con competencia legislativa plena en sesión de 13 de julio de 2022. Si bien su fecha de entrada en vigor quedó fijada a los veinte días de publicación en el Boletín Oficial del Estado, la disposición adicional única difirió la puesta en funcionamiento y el inicio de actividades del fondo hasta que se publicara el correspondiente reglamento, que debería dictarse en el plazo máximo de tres meses. Pues bien, la fecha límite era 19 de enero de 2023, estamos a 24 de septiembre de 2024 y el Gobierno no ha hecho los deberes. Este Gobierno, presidido por el autócrata Sánchez, una vez más, sigue riéndose de los afectados y víctimas del amianto, que llevan años esperando una reparación.»
-
Agustín Santos Maraver · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
«Si las enfermedades producidas por el amianto son una tortura, el proceso de reclamación de sus víctimas es un calvario, porque se ven obligados a demostrar que sus fibrosis pulmonares, cánceres de pulmón, pleura, laringe o mesoteliomas lo son por exposición al amianto treinta o cuarenta años atrás. Sin ello, las empresas y tampoco las mutuas las reconocen como enfermedad laboral, a pesar de la falta de medidas preventivas, como el registro de los trabajadores expuestos al amianto. Y se acaba produciendo un registro a la baja, que no representa en toda su magnitud epidemiológica la incidencia alarmante de estas enfermedades laborales. La situación es todavía más injusta para quienes enfermaron en el entorno familiar como resultado de la contaminación ambiental o laboral sin pruebas de la exposición, quedando sin derecho a prestaciones de enfermedad profesional ni indemnización. Cuando le diagnosticaron al filósofo Jesús Mosteirín el mesotelioma que acabaría con su vida, se hizo la siguiente pregunta: ¿pero yo cuándo estuve en contacto con el amianto? Una parte importante, por no decir todo, del fibrocemento instalado tiene caducada su vida útil y hay que desinstalarlo con todas las precauciones debidas, porque es un peligro para la salud pública general, como se ha puesto de manifiesto en colegios, trenes y en el propio metro. Es importante acreditar la capacidad real de llevar a cabo esta tarea de las empresas de desamiantado para terminar de una vez por todas con una epidemia contra la que se empezó a advertir ya a comienzos del siglo pasado. Como también es importante trasponer la Directiva 2023/2668 del Parlamento Europeo y la del Consejo de 22 de noviembre de 2023, cuyo límite de trasposición es el 25 de diciembre de 2025. Como señala el informe del Ministerio de Trabajo sobre la PNL que hoy discutimos, hay que tomar en serio esta trasposición; y, sobre todo, anuncia una campaña específica de la Inspección de Trabajo sobre el amianto a lo largo de 2025.»
-
Jordi Salvador i Duch · ERC ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
«Tras años de lucha por parte de las víctimas, sindicatos y grupos parlamentarios, conseguimos la aprobación de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, una ley que contó con el apoyo unánime en esta Cámara. ¿Pero de qué sirve una ley sin su reglamento, sin un reglamento que la haga efectiva? ¿De qué sirven las promesas si luego no se cumplen? Señoras y señores diputados, han transcurrido muchos días desde que la ley concedió un plazo para aprobar su reglamento, algo que ha ignorado el Gobierno; igual que se han ignorado las alegaciones presentadas por víctimas y sindicatos. Es un Gobierno que prefiere mirar hacia otro lado mientras miles de personas siguen sufriendo las consecuencias del amianto. Y no nos equivoquemos, no estamos hablando de un plazo flexible u orientativo, la propia ley aprobada en esta Cámara establecía claramente un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario -ocurre lo mismo que con la auditoría de las pensiones, que se hacen, pero luego no se cumplen-; tres meses que finalizaron en febrero de 2023, hace demasiado tiempo, y cada día que transcurre sin que el Gobierno actúe, más víctimas del amianto ven vulnerados sus derechos, personas que tras sufrir en primera persona la negligencia de las empresas, que antepusieron los beneficios económicos a su salud, ahora se enfrentan a la indiferencia de los poderes públicos, de modo que son doblemente victimizadas: sin justicia, sin reparación y muchas veces, tristemente, sin tiempo.»
-
Jordi Salvador i Duch · ERC ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
«I no podem oblidar els 42 de Cerdanyola, que posen de manifest la gravetat d'aquesta problemàtica a casa nostra, mentre el Govern central fa cas omís dels problemes, incompliments i, fins i tot, directives europees, com la que obliga a elaborar censos de l'amiant. Haig de tirar una mica cap a casa meva, la Generalitat de Catalunya, en mans d'Esquerra Republicana. Vull agrair a la consellera aquí present, Teresa Jordà, que ella sí que s'ha dedicat en cos i ànima a treure l'amiant de la nostra societat. També vull agrair, especialment, l'excel·lent feina i empatia d'Isaac Peraire, el director general de l'Agència catalana de Residus, que és pioner en aquest sentit a l'Estat; i m'agrada dir-ho, m'agrada dir-ho perquè quan es fa la feina ben feta, cal dir-ho, que també ha sigut un lluitador incansable per la causa de les víctimes de l'amiant, malgrat l'insuficient finançament que disposa Catalunya. Però no n'hi ha prou amb bones intencions. El Govern de l'Estat no pot continuar incomplint les seves obligacions, ignorant directives europees i lleis estatals, com la que obliga els ajuntaments a elaborar un cens d'amiant abans de l'abril de 2023. On està aquest cens? On estan els recursos per fer-ho possible? On està el compromís real amb la salut dels ciutadans? Perquè sabem que aquest no és només un problema del passat, sinó que pot esdevenir una greu crisi de salut pública en el futur si no actuem amb contundència.»
-
Noemí Santana Perera · Podemos ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.
«Por lo tanto, consideramos que ya es hora de que el Gobierno se ponga manos a la obra, que ya es hora de que se exija al Gobierno la reparación a estas víctimas, pero también a las empresas que fueron causantes de esta situación, y, por supuesto, tomar medidas que se pueden adoptar ya, como es la retirada del amianto de todos los sitios, públicos y privados...»
-
Beatriz Álvarez Fanjul · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de...
«Pero, tranquilos, que, como siempre, está el Partido Popular, tendiendo la mano para enmendar sus errores. Por eso ya tenemos registrada una proposición de ley para corregirlo. No obstante, al Partido Socialista le gustan más las chapuzas que aceptar la mano tendida del Partido Popular. No se dan cuenta de que ya da igual, que es lo mismo PSOE que Podemos, Podemos que PSOE, que se han mimetizado tanto en sus políticas que siempre acaban haciendo lo mismo: desproteger a las mujeres, revictimizar a las víctimas y proteger a los delincuentes. ¡Ah!, claro, y enriquecerse, por supuesto. ¿O es que no quieren hablar de cómo la exdirectora del Instituto de las Mujeres se enriqueció con las adjudicaciones a su propia sociedad de la gestión de los puntos violeta? (Aplausos). Ayer, además, amanecíamos con la noticia de que, a pesar de su cese, en el pasado mes de julio todavía seguía recibiendo contratos públicos en ayuntamientos gobernados por el PSOE. (El señor Tellado Filgueira: ¡Qué asco!). ¿Tienen algo que decir sobre eso, señorías del PSOE, o van a guardar silencio también? Sí, señorías, esta es la política de igualdad de este Gobierno y de sus socios.»
-
Lídia Guinart Moreno · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de...
«Para la evaluación del pacto contamos con un informe remitido por el Ministerio de Igualdad que señala como cumplidas o en proceso la práctica totalidad de las medidas aprobadas en 2017. La proposición de ley que hoy debatimos para su admisión a trámite recoge alguna de las escasas medidas de ese informe que se señalan como pendientes de cumplimiento y se centra en modificaciones legislativas relativas a ciertos aspectos de la LOGILS. Lamento decirles que, tanto desde un punto de vista de técnica legislativa como respecto al contenido, observamos muchas deficiencias en esta propuesta, en algunos casos porque apuntan a modificaciones que ya están aprobadas o bien están en tramitación, como se les ha dicho ya por parte de otros grupos. Es el caso de la propuesta de modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para añadir una nueva competencia en materia de violencia sexual a los juzgados de violencia sobre la mujer o de la ampliación de competencias de la Fiscalía de Sala del ámbito. Esa previsión normativa ya se está considerando en la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Es decir, su proposición de ley, señora Belarra, no parece tener en cuenta la modificación organizativa que plantea este proyecto de ley que he citado.»
-
María de la Cabeza Ruiz Solás · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de...
«Ustedes no quieren reconocer las verdaderas causas de los problemas que nos acechan y por eso es imposible que los resuelvan. Por eso siguen ahondando con su proposición en la desigualdad que supone el que haya una justicia diferente para hombres y para mujeres, y por eso creen que por dificultar la aplicación del atenuante de reparación del daño ya compensan a las mujeres que han sufrido violencia por la rebaja de penas y por las excarcelación temprana de los cientos de violadores que provocó su maltrecha ley. (Aplausos). Señora Belarra, usted ha tenido el privilegio de formar parte del Gobierno de España. Usted ha tenido la oportunidad de hacer muchas cosas por las mujeres de este país y, sin embargo, estamos bastante peor de lo que estábamos cuando ustedes llegaron al poder, especialmente en protección contra la violencia sexual. En 2023, se produjeron 21 825 delitos sexuales, el 42 % de ellos contra menores, un 14,2 % más, señora Belarra. Estos son los datos de los delitos sexuales que se cometen en nuestro país. Sus leyes no sirven. Estos datos, señorías, son una auténtica vergüenza tanto para el Ministerio del Interior, como para el Ministerio de Igualdad, que ha resultado ser absolutamente inservible. Ha sido inservible para los intereses de las mujeres en general y, sin embargo, muy servible para los intereses de algunas mujeres en particular, como, por ejemplo, para la exdirectora del Instituto de la Mujer, Isabel García, que facturó 250 000 euros por la adjudicación de 64 contratos públicos en ayuntamientos del PSOE para gestionar puntos violeta y que, por cierto, señorías, sigue obteniendo a día de hoy subvenciones del PSOE a través de su empresa de consultoría e igualdad. (Aplausos). En esto sí son ustedes -hay que reconocerlo-, los de la izquierda y la ultraizquierda, verdaderos especialistas, en hacer caja con el sufrimiento de la gente.»
-
Rafael Antonio Hernando Fraile · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de...
«Señorías, padecemos un Gobierno con pulsiones autocráticas que busca disimular su debilidad parlamentaria asaltando instituciones, y eso lo hace, señor Legarda, con el apoyo de su grupo: Televisión Española, el CIS, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Abogacía del Estado, el Congreso del Estado, el INE, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMC, Indra, Telefónica, el Banco de España, los medios de comunicación con la publicidad institucional y las ayudas a la digitalización. Y todo mientras ustedes miran para otro lado o sencillamente le apoyan. Además, señorías, la iniciativa no pretende un control judicial parlamentario del Gobierno. Un juez de instrucción, según su propuesta, podría autorizar el pinchazo de unos teléfonos, pero si lo hace el CNI necesitaría tres del Supremo. Esto no tiene mucho sentido. Al revés, yo creo que lo que ustedes pretenden es maniatar al centro de inteligencia y restarle eficacia, y eso sería grave para un país como España, que ha sido, es y será víctima de guerras híbridas que buscan debilitar nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra Constitución e, incluso, nuestra unidad como nación.»
-
Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de...
«La realidad es que España se ha dedicado a espiar y a perseguir a los que ha considerado enemigos políticos, entre los cuales, están los independentistas políticos, es decir, algunos diputados de esta Cámara, entornos, familias, entornos periodísticos ilegales. Y aquí es donde quería ir a parar, un caso de acoso por tierra, mar y aire que ha sufrido el abogado Gonzalo Boye. Todas las cloacas del Estado, todas, lo han señalado como enemigo público que hay que abatir: las cloacas azules de la Policía, las cloacas verdes de la Guardia Civil, las cloacas marrones del CNI y también las cloacas negras de las togas de la Fiscalía. El CNI espió al abogado del presidente Puigdemont, el señor Boye, no por motivos de seguridad de Estado, sino por motivos estrictamente políticos, por motivos de quién era a quién defendía, el presidente Puigdemont, y todavía más, el CNI espió al señor Boye para descubrir las estrategias de defensa del expresidente en el exilio, es decir, un atentado contra un derecho básico del Estado de derecho: el derecho a la defensa.»
-
Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de...
«La inteligencia tiene como finalidad la seguridad del Estado, no tiene un cheque en blanco para dedicarse a intereses espurios, como la persecución del adversario político. Como todo poder político, tiene que quedar sujeto al principio de legalidad propio del Estado de derecho. La seguridad nunca puede ser una excusa para saltarse el ordenamiento jurídico y la prohibición de la arbitrariedad. Precisamente la responsabilidad política y el control judicial de los servicios de inteligencia es lo que exige el Estado de derecho europeo. Me remito al informe de la Comisión de Venecia de 2015 sobre la supervisión democrática de las agencias de inteligencia y también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que la injerencia del Estado en los derechos del individuo tiene que quedar sujeta a los principios de legalidad y proporcionalidad, sobre todo cuando se trata de la intervención de dispositivos informáticos, y siempre con el control previo y posterior judicial para constatar que no se han producido violaciones ni actuaciones desproporcionadas. Pero vayamos al elefante que tenemos en la habitación en este debate. En 2022, como ustedes saben, estalló el escándalo del espionaje masivo al independentismo catalán con el programa espía Pegasus por parte del Gobierno Sánchez, Bolaños y Robles, el famoso catalangate. La revista The New Yorker -aquella revistilla que la ministra Robles despreció diciendo que no conocía, no sabía cuáles eran las fuentes utilizadas para denunciar el independentismo catalán- publicó un informe con el título: Catalangate, la operación de espionaje masivo contra los catalanes, Pegasus. También, un informe, Citizen Lab, destapó el escándalo de ciberespionaje, con sesenta y cinco políticos, periodistas, abogados que vieron sus derechos a la intimidad, al secreto de la comunicación y a la defensa directamente vulnerados por la actuación del Gobierno español, no por motivos de seguridad, sino por motivos estrictamente políticos. ¿Y qué hizo el Gobierno de Sánchez? En primer lugar, el Gobierno Sánchez, Bolaños y Robles negó la realidad, negó las pruebas, desacreditó a Citizen Lab e incluso desacreditó a The New Yorker. En España no se espía.»
-
Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de...
«La realitat és que a Espanya, el CNI s'ha dedicat a espiar i perseguir a qui ha considerat enemics polítics, als líders independentistes catalans, entre els quals, com deia abans, alguns dels diputats d'aquestes Cambres, entorns, família, entorns periodístics i entorns legals. I aquí volia anar. Voldria posar de relleu un cas: l'assetjament per terra, mar i aire que ha patit l'advocat Gonzalo Boye. Totes les clavegueres de l'Estat, totes, l'han marcat com a enemic públic a batre. Les clavegueres blaves de la Policia, les clavegueres verdes de la Guàrdia Civil, les clavegueres marrons del CNI i també les clavegueres negres de les togues de la Fiscalia. El CNI va espiar l'advocat del president Puigdemont, el senyor Boye, no per motius de seguretat de l'Estat, sinó per motius estrictament polítics, per motius de qui era a qui estava defensant, que és el president Puigdemont. I encara més, el CNI va espiar el senyor Boye per descobrir les estratègies de defensa legal del president a l'exili, és a dir, un atemptat frontal contra un dret bàsic en tot Estat de dret: el dret a la defensa.»
-
Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de...
«Però anem a l'elefant a l'habitació d'aquest debat. Com tots vostès saben, l'any 2022 va esclatar l'escàndol de l'espionatge massiu a l'independentisme català amb el programa espia Pegasus per part del Govern Sánchez, Bolaños i Robles, el famós Catalangate. La revista The New Yorker -aquella revisteta que la ministra Robles va menysprear dient que no coneixia, que quines eren les fonts utilitzades per la denúncia que fèiem des de l'independentisme català- va publicar un informe amb el títol: 'Catalangate, l'operació d'espionatge massiu contra els catalans amb Pegasus i Candiru'. Un informe elaborat pel laboratori Citizen Lab, que va destapar el cas més gran de ciberespionatge que es coneix. Seixanta-cinc polítics independentistes, periodistes i advocats van veure els seus drets a la intimitat, al secret de les comunicacions i a la defensa vulnerats directament per l'actuació del Govern espanyol. No per motius de seguretat, sinó per motius estrictament polítics. I què va fer el Govern Sánchez? En primer lloc, el Govern Sánchez, Bolaños, Robles va negar la realitat, va negar les proves, va desacreditar Citizen Lab i, fins i tot, va desacreditar The New Yorker. En España no se espía.»
-
Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de...
«Bona tarda, presidenta, senyories. El CNI és una institució clau de l'Estat i també és una institució totalment aliena a l'Estat de dret europeu. La iniciativa del PNB és un avenç en aquest sentit, perquè, en primer lloc, es proposa aclarir la responsabilitat política de les actuacions del CNI imputant-la directament al president del Govern i millorant el control parlamentari per la via de les comissions de control i de secrets oficials. En segon lloc, reforma el control judicial del CNI. El control previ passaria a ser exercit per tres magistrats en lloc d'un de sol, que decidirien per mutu acord, encarregats d'autoritzar, aquests magistrats, i establir les condicions de les actuacions. També s'afegeix un control judicial ex post al qual el CNI haurà de reportar les actuacions realitzades. Anunciem ja d'entrada el nostre suport a la presa en consideració i agraïm al Partit Nacionalista Basc la persistència en l'empresa de sotmetre tots els espais de l'Estat, especialment aquells racons més foscos de l'Estat, al control democràtic. La intel·ligència té com a finalitat la seguretat de l'Estat, no té carta blanca per dedicar-se a interessos espuris, com la persecució de l'adversari polític. Com tot poder públic, ha d'estar subjecte al principi de legalitat propi de l'Estat de dret. La seguretat no pot ser mai una excusa per saltar-se l'ordenament jurídic i la interdicció de l'arbitrarietat. Precisament, la responsabilitat política i el control judicial dels serveis d'intel·ligència és el que exigeix l'Estat de dret europeu. Em remeto a l'informe de la Comissió de Venècia de 2015 sobre la supervisió democràtica per part de les agències d'intel·ligència i també em remeto a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que estableix que la ingerència de la intel·ligència dels Estats en els drets de l'individu ha d'estar sotmès als principis de legalitat i proporcionalitat, molt especialment quan es tracta de la intervenció de dispositius informàtics, i sempre amb el control previ i posterior judicial per constatar que no s'han produït violacions ni actuacions desproporcionades.»