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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Miguel Tellado · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«También la semana pasada decíamos por qué esta ley es una anomalía en esta legislatura: porque es la primera vez en esta legislatura que una gran votación en esta Cámara parte de un acuerdo entre los grupos mayoritarios y genera grandes recelos entre los grupos radicales y minoritarios. Lo normal en estos últimos años ha sido y sigue siendo que primero el Gobierno llegue a acuerdos con los radicales y luego trate de hacérselos tragar a la mayoría. Eso es lo que ha pasado, señora Leal, en todos estos meses. (Aplausos). Y así se gestaron los grandes éxitos del sanchismo, como la ley del solo sí es sí, la ley de memoria pactada con Bildu, la ley de vivienda, la reforma de los delitos de sedición y malversación o la ley de amnistía. Ese es el legado del Gobierno de Sánchez, medidas a la carta para los radicales lanzadas al debate público para tensionar al máximo a la sociedad española pretendiendo sacar beneficios electorales de la polarización. Lo que hoy se vota aquí es, gracias al PP, todo lo contrario, y por eso molesta tanto y por eso molesta donde molesta. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!).»
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Francisco Javier Ortega Smith-Molina · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«El segundo eje es el de la ideología de género, aceptar la imposición de la ideología de género con el principio básico de discriminación del hombre frente a la mujer, aceptando todas las imposiciones del lobby LGTBI y de los lobbies abortistas y proeutanasia. El tercer eje del acuerdo es la manipulación histórica y el control informativo, es decir, todas aquellas leyes llamadas de memoria histórica, que son de mentira histórica, así como la compra de los medios de comunicación a través de los presupuestos públicos. El cuarto eje es la colonización de todas las instituciones, da igual si es la radiotelevisión, el Tribunal de Cuentas, el CIS, las comisiones nacionales o el Banco de España; da lo mismo. El quinto eje de este acuerdo es la injerencia política en la justicia, especialmente en el Tribunal Constitucional, con la entrada de los magistrados correspondientes en el reparto y, ahora, y es lo que nos toca, el control del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado como paso previo a los nombramientos políticos de las altas magistraturas en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las audiencias provinciales. (Aplausos).»
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Ione Belarra · Podemos ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Miren, hoy en día, si eres una ecologista que tira zumo de remolacha en el Congreso, si eres una persona de izquierdas en Euskadi o en Navarra, si eres un independentista o eres de Podemos, te puede perseguir la justicia, como nos ha ocurrido a nosotros. Pero el objetivo no somos nosotros y nosotras, el objetivo es frenar la transformación social, frenar el avance en derechos por la vía de machacar a quienes promueven ese cambio social. Así que, claro que sí, no hay nada que ayude más a que la gente tenga vidas buenas en este país que combatir la guerra judicial en un momento político, en un momento histórico en el que las transformaciones sociales no se frenan con tanques, sino con [golpismo judicial] 1. Quizás uno de los mejores ejemplos de esto es Irene Montero, la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país. Cuando se desplegó... (Risas.-Rumores). Es de lo que estamos hablando hoy precisamente. Cuando se desplegó la ofensiva judicial contra la ley del solo sí es sí, que era la mayor conquista institucional del feminismo de la última década, se desacreditó públicamente a Irene. Se dijo que la ley tenía un error y, finalmente, el Partido Socialista rompió la mayoría plurinacional y democrática y pactó con el PP la vuelta atrás en el Código Penal. Pero el objetivo no era Irene, el objetivo era un disciplinamiento colectivo a las feministas y a todas las que queremos cambiar las cosas.»
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Víctor Javier Ruiz de Diego · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Las reformas que busca implementar el Gobierno con el presente proyecto pretenden que la ciudadanía sienta que la justicia es suya y que la propia Administración de Justicia es un servicio público eficiente y de calidad. Estamos, por tanto, ante una oportunidad que debemos aprovechar para abordar los déficits estructurales y situar al servicio público de justicia en los más altos estándares de calidad, que es lo que nos reclama el ciudadano, que, por cierto, es el estatus que usted no ha nombrado: cuando ha citado a abogados, a procuradores, etcétera, no ha citado a la ciudadanía entre los destinatarios de la justicia. (Aplausos). Y es en este momento y en defensa del voto contrario a la enmienda a la totalidad cuando quisiera destacar la importante reforma que se realiza utilizando los medios adecuados para fortalecer la capacidad negociadora y el arreglo de las partes. Debemos poner los medios adecuados para que los tribunales sean el punto final del conflicto y no la única principal vía para resolverlos. Debemos dar voz a la ciudadanía para que se sientan protagonistas en la gestión de sus controversias. Y, por supuesto, es precisa más negociación y menos litigios, porque nos hará más fuertes y eficaces.»
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Víctor Javier Ruiz de Diego · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Ahora me gustaría dirigirme a la proponente de la enmienda a la totalidad. Tras la lectura de su enmienda podemos extraer las siguientes conclusiones, que, incluso, podrían convertirse en preguntas al Grupo Popular. ¿Consideran conveniente una nueva organización de la Administración de Justicia, sí o no? ¿Consideran que el modelo tradicional de juzgado unipersonal ha quedado obsoleto, sí o no? ¿Consideran que debe actuarse frente a la falta de especialización de los juzgados, sí o no? ¿Consideran conveniente actuar frente a la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado, sí o no? ¿Consideran conveniente ofrecer a la ciudadanía una justicia más próxima y sostenible, sí o no? (Aplausos). En el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos la actuación del Grupo Popular frente a una iniciativa legislativa imprescindible, como han dicho algunos de mis compañeros del servicio público de justicia, cuya frase -me gustaría reseñarlo- no aparece en la enmienda a la totalidad. Señorías del Grupo Popular, no esperábamos menos de ustedes. Una enmienda a la totalidad, y no sorprende... (La señora Moro Almaraz pronuncia palabras que no se perciben). Yo fui a un colegio público y me enseñaron educación, señoría (la señora Moro Almaraz: Estoy contestando); me enseñaron educación. (Aplausos). Como decía, no esperábamos menos de usted, pero lo que nos sorprende es que la enmienda a la totalidad venga sin texto alternativo. Si tantos documentos tenían aquí, ¿por qué no tenían un texto alternativo a lo que proponía el Gobierno? (Aplausos). Es una nueva muestra de su curiosa actuación parlamentaria y una imagen clara de lo que la derecha supone en la política española en la actualidad. Ustedes se encuentran muy a gusto en la confrontación permanente, en una continuada estrategia del ruido, con la que tratan de acallar los avances sociales de los gobiernos progresistas. Frente a eso, la voluntad política se demuestra gobernando, y el Gobierno y el Grupo Socialista están, precisamente, para impulsar, con el máximo consenso político con las fuerzas políticas que así lo quieran, un magnífico documento, que es el que nos ha venido del Consejo de Gobierno.»
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Víctor Javier Ruiz de Diego · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidenta, muchas gracias. Buenos días, señorías. El señor ministro no está -estará atendiendo a alguna llamada-, pero le doy las gracias por su presencia. Como es evidente, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la enmienda a la totalidad que se nos presenta, y por dos básicas razones. En primer lugar, porque se trata de un texto que ya había sido trabajado en la anterior legislatura y que alcanzó un amplio consenso, como digo, en el anterior mandato. Y, en segundo lugar, porque el servicio público de justicia, ese que echamos de menos en la enmienda a la totalidad, está demandado mejoras. Señorías, el Gobierno está decidido a llevar a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas -así lo dijo nuestro ministro de Presidencia- y, por ello, se están implementando leyes, medios materiales y humanos y recursos económicos. Y el proyecto de ley orgánica se orienta a la consecución de un marco normativo que soporte un servicio público de justicia de calidad, que, además, está vinculado al componente 11.R2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero es que, además, si analizamos los aspectos más relevantes que con esta reforma se pretenden llevar a cabo, se crean los tribunales de instancia, que sustituirán a los juzgados unipersonales; se establecerán las oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de instancia, y, por supuesto, se sustituyen los antiguos juzgados de paz, pero no para suprimirlos, sino para crear modernas oficinas de justicia en cada uno de nuestros municipios. En definitiva, es una reforma importante, puesto que se pasará de los 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial existente en nuestro país, una medida que permite dar respuesta rápida y pertinente, con las máximas garantías, a aquellos litigios que, como último recurso, deben ser resueltos en nuestros tribunales.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«A todo ello se añade una curiosa interpretación en la transposición de la Directiva europea 2020/1828. No se trata tan solo de la perpetuación del obiter dicta abordado en resoluciones judiciales de manera tangencial para corroborar o ilustrar decisiones, todo ello consecuencia de la mala praxis legislativa, sino que, como argumento de peso sobre el error constante de la defectuosa técnica legislativa a la que nos tienen acostumbrados, se produce una vulneración de los derechos del ius in officium de los parlamentarios, de todas vuestras señorías, y el legítimo derecho como mandato a ejercer el cargo público representativo con las funciones inherentes al mismo. Esta forma de legislar, a través, como es el caso, de leyes ómnibus asimiladas a las leyes de acompañamiento y las conocidas como leyes escoba o macedonia, como decía el diputado de Junts, que tienen el reproche constitucional, supone una evidente vulneración del conocido derecho de enmienda y participación de los parlamentarios en el proceso legislativo, aunque, innegablemente, se esté también controlando un defecto de técnica legislativa, tal como se denuncia.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo a vueltas con las formas y la importancia de las mismas en todos los ámbitos de la vida, mucho más, obviamente, en el ámbito jurídico y en la técnica legislativa que nos ocupa. Permítanme vuestras señorías y todos aquellos que nos escuchan, a modo de ejemplo, recordar aquella anécdota sucedida a don Pío Baroja y Nessi, como saben, reputado escritor de la Generación del 98, conocido por su anticlericalismo y partidario del alzamiento nacional contra los desmanes de la Segunda República. Se dice que, tras volver de París y en su casa, en Vera de Bidasoa, debía soportar al atardecer, habida cuenta de su anticlericalismo, como he dicho, algunas serenatas de buenos carlistas de la zona que en alguna ocasión entendió como amenazas. Hete aquí que, convocado en Salamanca para unirse a los académicos que prestarían fidelidad a Franco, en el momento de formalizar dicha lealtad se tuvo con él la siguiente deferencia. Habida cuenta de sus conocidas preferencias, se le preguntó: Usted, don Pío, ¿jura o promete? Vuestras señorías, conocedores de la importancia de las formas, saben muy bien de la diferencia entre jurar y prometer. Pues bien, don Pío, que no quería comprometer públicamente sus creencias, con cierto temor a los boinas rojas e intentando no caer en el ardid, respondió con sutil elegancia: Yo, lo que sea costumbre. En definitiva, Pío Baroja, como no, era muy consciente en aquel momento de la importancia de las formas, de la forma, y es que la forma es el fondo también.»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En SUMAR entendemos irresponsable la presentación de esta enmienda a la totalidad, pero sin duda es congruente con un PP sin rumbo, que solo se preocupa por la justicia como algo que controlar y manejar a su favor y no como lo que debemos garantizar que sea: un servicio público actual, moderno, objetivo y eficaz para todas y todos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Sí, señorías del PP, ustedes son partidarios de sobresaturar la justicia y generar costes innecesarios para la ciudadanía y el erario, y no lo pueden negar porque sus actos hablan por ustedes. ¿Les sonarán los medios autónomos de solución de conflictos de trabajo? Son sistemas -ya se lo explico por si no les suena- para la solución negociada de conflictos laborales cuya existencia se fundamenta en el artículo 37.2 de la Constitución española y en los artículos 6.3 y 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Actualmente, en nuestro ordenamiento es manifiesta la universalización del recurso a estos procedimientos gestionados por órganos con origen en acuerdos interprofesionales, acuerdos entre sindicatos y asociaciones empresariales de delimitación territorial: el ASAC, en el ámbito estatal supraautonómico; el AGA, en Galicia; el PRECO, en Euskadi; TAMIB, en Baleares; SASEC, en Asturias; SERCLA, en Andalucía; Tribunal Laboral de Conciliación, Mediación y Arbitraje, en Cataluña; el TAL valenciano, y un larguísimo etcétera. Los datos estadísticos publicados por los servicios estatal y autonómicos evidencian los numerosos efectos positivos de su actividad: millones de horas de trabajo no perdidas por haber alcanzado una solución antes de iniciarse una huelga; la consecución de acuerdos de difícil alcance que han beneficiado a millones de personas trabajadoras y contribuido sobremanera a una gestión eficaz de las empresas, y, en definitiva, la rápida solución de conflictos sobre derechos con un efecto colateral importantísimo: la descongestión de la Administración de Justicia.»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«El Grupo Popular, que hoy plantea una enmienda a la totalidad que parece querer perpetuar el bloqueo de la justicia y dilatar la aprobación de reformas que son más que necesarias, parece no tener en consideración el retraso que acumula ya esta ley, que viene de la pasada legislatura, ni la dificultad que entraña su desarrollo. Además, como sabe el PP, tenemos fondos europeos comprometidos con este tipo de normas de eficiencia y no podemos correr el riesgo de perderlas. Quizá al Partido Popular le dé igual. Ya sabemos de su poca querencia por los servicios públicos, porque el servicio de justicia, señorías del PP también es, sí, un servicio público. Pasan ustedes del bloqueo institucional al bloqueo organizativo. No parece muy acertada, ni mucho menos respetuosa con la ciudadanía la posición que están manteniendo. Anteayer se despertaron diciendo ser un partido de Estado; hoy traen una enmienda a la totalidad que solo consigue dilatar la tramitación de una norma necesaria para nuestro país, y mañana quién sabe con qué nos sorprenderán. Tampoco estamos extrañadas en SUMAR, esto es sencillamente una muestra más de su absoluta pérdida de rumbo. (Aplausos).»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Muchas gracias, presidenta. En SUMAR compartimos con el Gobierno que este proyecto supone un paso decisivo para la modernización del servicio público de justicia para pasar de un modelo arcaico a un modelo contemporáneo. Votaremos, obviamente, en contra de su enmienda a la totalidad, señorías del PP. Se pasará de 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales, lo que incidirá en la mejora de la eficiencia del servicio público de justicia, en igualar la carga de trabajo entre los tribunales y en unificar criterios procesales. Además, se crean -ya lo ha dicho el ministro- nuevas oficinas de justicia en los municipios más pequeños y zonas rurales, que permitirán a la ciudadanía realizar trámites procesales desde su localidad sin tener que ir al tribunal de instancia, consiguiendo que sea la justicia la que se acerque a las personas que la necesitan. Valoramos también positivamente la creación de un procedimiento único para la protección y defensa de consumidores y usuarios, de tal forma que los consumidores y consumidoras no tengan que ir a los tribunales ni de manera individual ni plural, evitando así los macroprocedimientos.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Dicho esto, nos preocupa el ámbito de los consumidores y usuarios; nos preocupa porque conviene recordar en esta Cámara que la competencia vuelve a ser exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, más allá del rompimiento del modelo que de alguna manera llevaban y que ofrece dudas realmente sobre la idoneidad de plantearlo en este proyecto de ley, nos preocupa también que no se ha trabajado suficientemente con el Gobierno de Cataluña y que afecte a algunas de las competencias posibles que se estén ejerciendo en este momento. Dos aspectos más, alguno de los cuales ya he avanzado. No pararemos con la enmienda de consecución de vinculación de las tasas judiciales en el turno de oficio y la retribución de los abogados del turno de oficio, porque se ha de resolver esta situación. Otro elemento vinculado a la justicia que todos olvidamos, pero que quiero poner encima de la mesa -la eficiencia en la justicia-, también tiene que ver con sus funcionarios. La estabilización de interinos que se ha producido en las administraciones públicas ha fallado estrepitosamente en la Administración de Justicia, y hablo desde mi territorio, donde si se nos hubiera dejado hacer como cuerpo de la Generalitat de Catalunya, que no lo es, ya lo tendríamos resuelto. En cambio, desde el Estado no se está previendo ninguna de las necesidades que tiene este territorio.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, ministro; buenos días de nuevo, señorías. El Grupo Parlamentario Popular presenta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Es un proyecto que, ciertamente, como dicen los populares, es un auténtico cajón de sastre donde se recogen una serie de materias que en la anterior legislatura -lo han dicho varios de los ponentes que me han precedido- se trataron en tres proyectos diferentes. Para nosotros esto no es ninguna sorpresa, es la extensión de los decretos ley ómnibus o macedonia, como les llamamos nosotros, a los que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno y que tantas veces hemos dicho que, muy a menudo, nos dificulta su debate y también su posicionamiento. Ministro, sin ningún entusiasmo se lo digo: Quizá tendríamos que valorar si tiene razón de ser esta totalidad. Lo veremos. En relación con todo lo que se regula en este proyecto, que no es poco, nosotros, como siempre, tenemos una prioridad: Cataluña; en este caso, concretamente, la defensa de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de justicia y en el cumplimiento del estatuto. Es una prioridad a pesar de que el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, hay que recordarlo, no ha sido aprobado por el Parlamento de nuestro país y tampoco por esta Cámara ni por el Senado ni tampoco refrendado por los ciudadanos de Cataluña. Es una prioridad, a pesar de su redacción actual, la del Estatuto de Cataluña, que es el resultado de la indebida intromisión mediante la sentencia 31/2010 de un Tribunal Constitucional politizado y falto de legitimidad. Es una prioridad. A pesar de sus enormes faltas y a pesar de todo esto, el estatuto es una norma vigente que reconoce una serie de competencias que nosotros hoy estamos aquí para defender, y en este proyecto, Junts per Cataluña, sin descuidar ninguno de los otros temas legislados, pondremos todo el hierro en la defensa de los juzgados de paz. En la legislatura anterior Junts per Cataluña se quedó sola en la defensa de los juzgados de paz ante la voluntad del Estado de suprimirlos con las leyes de eficiencia en el ámbito de la justicia de aquel momento y con la connivencia entonces del Gobierno de la Generalitat. En Cataluña los juzgados de paz son un instrumento de justicia y de proximidad muy enredado en el país, que han demostrado a lo largo de su historia su vocación de servicio público, utilidad y eficacia en la resolución de los conflictos. Pero no solo eso, los juzgados de paz son, por encima de todo, órganos pertenecientes al Poder Judicial, a los que les corresponde ejercer las funciones de la llamada justicia de proximidad recogida en el artículo 108 del Estatut de Catalunya.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«A l'anterior legislatura, Junts per Catalunya es va quedar sola en la defensa dels jutjats de pau davant la voluntat de l'Estat de suprimir-los amb les lleis d'eficiència en l'àmbit de la justícia d'aquell moment i la connivència, llavors, del Govern de la Generalitat. A Catalunya, els jutjats de pau són un instrument de justícia de proximitat molt arrelat al país i que han demostrat, al llarg de la seva història, la seva vocació de servei públic, d'utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. Però no només això. Els jutjats de pau són, per sobre de tot, òrgans pertanyents al poder judicial, als quals els correspon exercir les funcions de l'anomenada justícia de proximitat, recollida a l'article 108 de l'Estatut de Catalunya. Miri, ministre, nosaltres no volem la seva estructura, ni la del segle XIX ni la del segle XXI. Junts per Catalunya volem la nostra estructura. Volem la que es mereix l'actual Catalunya. Per això mateix, nosaltres volem preservar aquesta competència i estendre la justícia de proximitat, la justícia de pau, arreu del nostre país, arreu de Catalunya. I aquest és el nostre principal objectiu: un objectiu que ja els avanço que guiarà tots els nostres posicionaments en la tramitació d'aquesta iniciativa legislativa i que condicionarà els set vots de Junts per Catalunya. De moment, res més i moltes gràcies.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Gràcies, presidenta. Bon dia de nou, ministre. Bon dia de nou, senyories. El grup popular presenta esmena a la totalitat d'aquest projecte de llei orgànica de mesures en matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia i d'accions col·lectives per a la protecció i defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris. És un projecte que, certament, i com diuen els populars, és un veritable calaix de sastre on s'hi recullen un seguit de matèries que, en l'anterior legislatura, ho han dit varis dels ponents que m'han precedit, van ser tractades en tres projectes diferents. Per nosaltres això no és cap sorpresa. És l'extensió dels decrets lleis òmnibus, o 'macedònia', com els anomenem nosaltres, a què ja ens té acostumats aquest Govern, i que tantes vegades hem criticat perquè, certament, sovint en dificulta no només el seu debat, sinó també el posicionament. Ministre, sense cap entusiasme li dic que potser ens caldrà valorar si té raó de ser, aquesta totalitat. Ho veurem. En relació a tot el que es regula en aquest projecte, que no és poc, nosaltres, com sempre, tenim una prioritat: Catalunya. En aquest cas, concretament, la defensa de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de justícia i en el compliment de l'Estatut. Una prioritat, ho és, malgrat que l'actual Estatut d'Autonomia de Catalunya, val la pena recordar-ho, no ha estat aprovat pel Parlament del nostre país ni tampoc per aquesta cambra ni pel Senat, ni tampoc referendada pels ciutadans de Catalunya. Una prioritat malgrat la seva redacció actual, la de l'Estatut de Catalunya, és el resultat de la indeguda intromissió mitjançant la sentència 31/2010 d'un Tribunal Constitucional polititzat i mancat de legitimitat. Una prioritat malgrat les seves enormes mancances, perquè, malgrat tot això, l'Estatut és, com els deia, una norma vigent que reconeix una sèrie de competències que nosaltres avui som aquí per defensar. I en aquest projecte, Junts per Catalunya, sense descuidar cap dels altres temes legislats, posarem tot el ferro en la defensa dels jutjats de pau.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«El segundo eje de esta norma es una apuesta decidida por lo que llamamos los medios de solución alternativos al conflicto; es decir, la mediación, el arbitraje, esas medidas alternativas que, desde el ejercicio de la abogacía, pueden hacer y mucho por descongestionar los tribunales y los juzgados de nuestro país. Vamos a intentar que se solucionen más pleitos en la vía no jurisdiccional; que los conflictos que tienen las partes se puedan solucionar en el ámbito mercantil, en el ámbito civil y en el social, que ya sucede con mucha probabilidad y con mucha intensidad. Vamos a fomentar esas medidas para solucionar conflictos entre partes. Con ello creo que, por un lado, podremos agilizar la justicia en el sentido de evitar la sobrecarga de trabajo de jueces y tribunales y, por otro lado, hacer la justicia más rápida, más ágil y cercana para todos los ciudadanos que tengan alguna controversia. El tercer eje importante es el paso que damos en la protección y en la defensa de los consumidores y usuarios de nuestro país. Por ejemplo, en este proyecto de ley se establece un procedimiento único para abordar las demandas colectivas. Es decir, resumiendo de manera muy sucinta, es un proyecto de ley muy amplio, que ustedes conocen, y lo hago para poner en valor la profunda transformación que este proyecto de ley va a suponer. También es un compromiso con la Comisión Europea, así como un compromiso de nuestro país, de España, con la reforma de nuestro servicio público de justicia. Esta norma es fundamental y completa esa estructura que aprobamos con el Real Decreto Ley 6/2013.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Los tres ejes fundamentales de esta norma son: primero, una reforma organizativa de nuestra justicia para llevarla al siglo XXI; para que pasemos de una estructura que es del siglo XIX al siglo XXI. Se crean los tribunales de instancia, de tal manera que, en una única organización, en cada partido judicial, habrá un tribunal que permita mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas, en la carga de trabajo y también en la creación de secciones especializadas en lo mercantil, en familia o en violencia de género, que puedan hacer su trabajo con mayor celeridad. Se crean las oficinas de justicia en los municipios, que sustituirán a los juzgados de paz, para convertirlos en puntos de cercanía de la justicia a los ciudadanos de nuestro país; de tal manera que vivir en un municipio pequeño o en una zona despoblada de nuestro país, no perjudique los derechos de los justiciables cuando tienen que acudir al servicio público de la justicia. Creamos un nuevo modelo de oficina judicial que estará adscrito a cada tribunal de instancia, de tal manera que pretendemos ahorrar costes y facilitar la labor de los funcionarios que tienen que trabajar en estas oficinas judiciales, que podrán hacerlo con mayor flexibilidad.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Por eso, como continuación a ese Real Decreto Ley 6/2023, que suponía la trasposición a nuestro derecho de la Ley de Eficiencia Procesal y de la Ley de Eficiencia Digital, hoy traemos este proyecto de ley de reforma de nuestra justicia, para dotarla con una estructura orgánica que sea eficaz, que se adapte al siglo XXI, que sea rápida, que sea ágil y que pueda permitir mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas. Es un proceso de reforma que ya se inició en la legislatura anterior, que se denominaba Proceso de eficiencia organizativa del servicio público de la justicia. De hecho, se hizo un trabajo muy fructífero y muy intenso por parte de los distintos grupos parlamentarios, que dio lugar a multitud de enmiendas que ya fueron aprobadas en ponencia en la legislatura anterior. Es voluntad Gobierno que todas esas enmiendas que ya se pactaron, se negociaron y se acordaron en la legislatura anterior, se puedan incorporar al proyecto de ley que hoy presentamos para defenderla de la enmienda a la totalidad presentada.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Buenos días, señorías. Tomo la palabra ante ustedes para defender el Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores frente a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Quiero decirles que esta norma es fundamental en el proyecto que tiene este Gobierno para la justicia. Queremos impulsar -me lo habrán escuchado más veces- la mayor transformación de la justicia en décadas, y queremos hacerla a través de estas reformas legislativas, que son imprescindibles. Queremos una justicia que sea ágil, que sea digital, que funcione y que sea útil para los principales destinatarios de la justicia, que no son otros que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y, además, queremos hacer una reforma integral de la Administración de Justicia, que nos permita pasar de una estructura del siglo XIX a tener una justicia con una estructura del siglo XXI. Ya hemos dado pasos en esta dirección. Ya se aprobó y se convalidó por esta Cámara el Real Decreto Ley 6/2023, que potencia, por ejemplo, todos los trámites, todas las vistas telemáticas; impulsa la Carpeta Justicia para hacer posible que cualquier profesional o cualquier ciudadano, desde su casa o desde su despacho, pueda acceder a todos los procedimientos en los que sea parte o en los que esté asesorando a un cliente. También se introduce en la ley -ya está en vigor, es el Decreto Ley 6/2023- la posibilidad de procesos de robotización y de utilización de inteligencia artificial para algunos procesos que son repetitivos y que consumen mucho tiempo a los funcionarios y funcionarias, y que, sin embargo, no aportan un valor añadido, y así se pueda hacer a través de las máquinas.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Es una ley útil, es una ley pionera en Europa, es una ley que garantiza un derecho fundamental, el 24 de la Constitución; es una ley positiva para los colegios de abogados, desde luego, que van a tener mayor seguridad jurídica en el ejercicio de sus competencias. Es una ley positiva para los abogados y abogadas de este país, porque van a tener más garantías también para ejercer su profesión. Y es una ley útil, sobre todo -y esto es lo esencial-, para los ciudadanos, que van a tener la tutela del derecho fundamental a la defensa más garantizada gracias a esta ley. Desde el punto de vista de la justicia, es una ley que también supone un avance en la transformación, en la que estamos trabajando, de nuestro servicio público de la justicia y, por si faltaba poco, también es un hito con la Comisión Europea y, por tanto, también traerá fondos europeos para la transformación de nuestro servicio público de la justicia. Por todo ello -señora presidenta, termino ya-, gracias a todos los que hoy harán posible que esta ley sea aprobada por el Congreso, continúe su tramitación parlamentaria y pronto vea la luz en el Boletín Oficial del Estado. Gracias. (Aplausos).»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, señora presidenta. Quiero tomar la palabra para agradecer a todas las personas que van a hacer posible que hoy esta ley se apruebe en el Congreso de los Diputados y vaya camino del Senado y continúe su tramitación parlamentaria. Agradezco, desde luego, a la sociedad civil encabezada aquí por el Consejo General de la Abogacía Española, por los colegios de abogados, que tanto han trabajado para que esta norma sea una realidad, incluso en sus congresos, aportando textos y aportando lo que hoy verá la luz con esta Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. Agradezco también a los grupos parlamentarios, creo que ha sido un trabajo en la Comisión muy fructífero, donde la mayor parte de los grupos parlamentarios han colaborado y han trabajado. Y tengo que decirles que la ley sale mejor de lo que entró; es decir, que el trabajo que hacen los grupos parlamentarios y que hace este Congreso se ha visto cumplido. Y también agradezco a esos funcionarios, a esos servidores públicos anónimos que también han puesto su granito de arena para que hoy esta ley vaya, previsiblemente, a ver la luz.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Quedan cuestiones importantes por desarrollar que han quedado al margen de esta ley. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sacado a consulta jurídica el anteproyecto de ley de Justicia Pública Gratuita, cuya intención es reformar para dotar de una mejora del servicio y, sobre todo, para actualizar los baremos. No obstante, hemos recogido en esta ley el derecho de asistencia jurídica gratuita de personas físicas, de microempresas en el ámbito concursal y en el orden penal para las personas jurídicas. (Rumores). Respecto al tema de la mutualidad de la abogacía y la procura, el Gobierno desde el Ministerio de Inclusión está trabajando para buscar una solución a esta reivindicación justa de parte del colectivo que demanda una pasarela al RETA. Y no quiero finalizar la intervención sin agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones, así como a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista que me han acompañado en la Ponencia. Señorías, trabajemos juntos para que España siga avanzando. Trabajemos juntos para una España donde todos los futuros sean posibles, para aquellos que buscan justicia, para aquellos que buscan igualdad, para las generaciones venideras que merecen un horizonte de oportunidades que será fruto del trabajo y el esfuerzo que hoy sembramos.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Desde la perspectiva de la Abogacía, se recoge la exigencia de la titulación y colegiación, y se introduce la referencia a los profesionales que actúan por cuenta ajena. Se ha reforzado el secreto en las comunicaciones entre profesionales a efectos probatorios, se ha introducido la posibilidad de la dirección letrada de solicitar el habeas corpus, protege la libertad de expresión y la independencia profesional, y regula especialmente los deberes deontológicos y el derecho a la conciliación laboral de los y las profesionales. Respecto a las costas procesales, en caso de condena a costas o jura de cuentas, regula la facultad de los colegios de la Abogacía para publicar criterios orientativos. Igualmente, desde el punto de vista de las instituciones, recoge a los colegios de la Abogacía y a los consejos como entidades supervisoras, sancionadoras y responsables de la capacitación y de la formación de los profesionales. Como ya manifestó el ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Parlamento, las acciones que el Gobierno quiere llevar a cabo tienen un marcado impulso reformista, que necesita de grandes consensos, no solo de esta Cámara, sino de la sociedad y de todos los sectores jurídicos. Y uno de los compromisos en materia de justicia de mi partido siempre ha sido la ampliación de derechos y libertades y la mejora continua de las instituciones. (Aplausos). Y esta ley es una muestra de ello. A lo largo de la tramitación, se han presentado 146 enmiendas, la mayoría han sido aprobadas. Se han aprobado 29 transaccionales, que han sido también aprobadas por la mayoría de los grupos políticos, y se ha introducido una disposición adicional para la rehabilitación de los guardias civiles expulsados por defender el derecho de asociación y sindicación en la Guardia Civil.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas. No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Y nos dicen que cuesta dinero. ¿De verdad la bancada de la derecha nos dice que el problema de esto es que cuesta dinero? Se me ocurren varias formas de no vaciar las arcas públicas, como han hecho ustedes, y que no sea necesario dejarnos sin la capacidad de intervenir en los tribunales en nuestro idioma. Por consiguiente, en un día como hoy, en el que deseo o espero o quiero abrazar a mi secretaria general en persona muy pronto, después de seis años de exilio (aplausos), que aprobemos una ley por el derecho a la defensa es, como poco, irónico, porque tenía que haber llegado mucho antes. Porque nos decían que esto era un Estado democrático de derecho y social, y todos sabemos que esto no es así. Permítanme decir que nosotros estamos aquí para reformar el Estado. Déjenme decir también que, como hemos dicho muchas veces, sí vamos a acompañar la transformación del Estado, porque somos demócratas en todos los lugares, y permítame decir que esto avanza con la intención de democratizar este Estado demófobo.»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Y, desde un punto de vista totalmente contrario, el derecho de defensa no es absoluto, es un derecho relativo y cede si hay un interés político en su vulneración. Y así, con el relato de 'desmontando bulos' se permite el fiscal general del Estado -nada más y nada menos- vulnerar el derecho de defensa de un ciudadano haciendo públicos el contenido de correos electrónicos entre profesionales del derecho -abogado defensor y fiscal- al hilo de una posible conformidad. El artículo 23 del Estatuto General de la Abogacía Española impone la confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales de la abogacía y los artículos 62 y 73 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contemplan como falta grave y muy grave la revelación por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función; sería una causa de cese inmediato del fiscal general del Estado al amparo del artículo 31 de dicho estatuto. (Aplausos). Pero qué temor va a tener si quien ha de apreciar esta causa es quien presumiblemente le dio la orden de relevarlo. ¿En qué lugar, señorías, queda entonces el derecho de defensa de ese ciudadano? ¿El derecho a no declarar contra sí mismo? ¿El derecho a no confesarse culpable? Léanse el artículo 24 de la Constitución. Así no respetan el derecho de defensa ni en un caso ni en el otro. El contenido del derecho de defensa debe ser igual para todos los ciudadanos. Vuelven ustedes a vulnerar, una vez más, el principio de igualdad, artículos 14, 1 y 9 de la Constitución; léanselos también. Muchas gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Junto con estas enmiendas vetadas, sobre las que ni siquiera hemos podido debatir, mantenemos otras que redundan también en la mejora de la actividad de la abogacía. Son, principalmente, las relativas a obtener el amparo por parte del respectivo colegio de la abogacía en caso de perturbación de la profesión con actuaciones públicas o privadas que menoscaben ese derecho de defensa; las de lucha contra el intrusismo profesional, tipificándolo como infracción grave y adoptando medidas para su denuncia, y las que facilitan una mayor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, garantizando la suspensión de señalamientos en casos de enfermedades, fallecimiento de un familiar o circunstancias excepcionales. Les invitamos a apoyar estas enmiendas aquí. En cualquier caso, será en el Senado donde se introduzcan las enmiendas necesarias para que salga una mejor ley del derecho de defensa, y esa será la postura de nuestro grupo. Frente a esto, ¿qué innovación nos traen ustedes? Introducen como cesión a sus socios, como viene siendo habitual, el uso de las distintas lenguas en todo el territorio. Respetando la pluralidad lingüística de nuestro Estado y garantizando que no se produzca indefensión, como ya se hace en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no podemos elevar este derecho a usar cada una de las lenguas en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales hasta convertirlo en un gasto totalmente desproporcionado en traductores de todas las actuaciones judiciales. Suficientemente ilustrativo debiera ser lo que pasa en este Congreso y el elevado coste que esto supone. Seamos prácticos, no carguemos con más tareas a la Administración de Justicia ni agravemos el retraso ya existente en los procedimientos. (Aplausos).»
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María José Rodríguez de Millán Parro · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Gracias, presidente. Hoy nos encontramos en la antesala de la rendición del Poder Judicial en España ante el gobernante más totalitario de nuestra historia. (Rumores). ¿Es este un acuerdo bueno para el Partido Popular? Sí, aunque lo que han hecho no ha sido exponer, más bien ha sido excusarse. ¿Es un acuerdo bueno para el Partido Socialista? Sí. ¿Es un acuerdo bueno para la justicia? Evidentemente, no. En contra de lo que vende el Partido Popular como un logro -aunque ni veinticuatro horas tardase el Partido Socialista en salir a reírse de este mismo acuerdo diciendo que no era vinculante-, aquí no hay ninguna despolitización del Poder Judicial; con lo cual, les agradeceríamos a los dos que dejasen de tomarle el pelo a la gente. (Aplausos). El Partido Popular no ha doblegado nada ni el Partido Socialista se ha avenido a razones, que lo que hace con los jueces es publicar su DNI. Señorías, aquí lo que ha habido ha sido un reparto de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (aplausos), diez para el Partido Socialista y diez para el Partido Popular. Ustedes han pactado nombres, y así se suscribe la premisa de que la justicia te tratará de una manera o de otra, en función del carné del partido político que lleves, y de eso es de lo que va el debate hoy. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con las sentencias de los ERE fraudulentos en Andalucía. El Partido Socialista se permite el lujo, con todo el descaro, de ordenar al Tribunal Constitucional que anule las sentencias a sus compañeros socialistas condenados por haber llevado a cabo el mayor fraude de la historia de Europa (aplausos), para decirnos que los 680 millones de euros defraudados a todos los parados andaluces fue una ensoñación y no existió nunca (muestra un recorte de prensa), para decirnos que la señora Magdalena Álvarez y los señores Griñán, Chaves, Viera y Zarrías -señora Montero, atienda, que usted estaba en la Junta de Andalucía- eran hermanitas de la Cruz (aplausos), porque encima les van a indemnizar -¿y quién indemniza los parados andaluces?-, y que las sentencias condenatorias son un ataque orquestado de la ultraderecha. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«La renovación del Consejo es inaplazable, pero es más importante abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia. Medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; evitar el frecuente secuestro del Consejo, algo habitual con el Partido Popular; reformar las competencias del Consejo ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de justicia, y acabar con la guerra jurídica, con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la fiscalía, habilitando la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces -como a cualquier profesional de este país- y reparando públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones que solo generan titulares, pero nunca llegan ni a juicio ni a condena. (Aplausos). No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una PL con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»