Archivo
Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
4.116 declaraciones · página 25 de 138
-
Etna Estrems Fayos · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la...
«Más allá de todos estos datos, se hace evidente que el verdadero problema de la vivienda es que depende del modelo especulativo. Se ha dejado de considerar que sea un derecho para convertirla en un activo financiero. Esto tiene responsables y consecuencias muy concretas en la vida de la gente, y les doy dos ejemplos. Recientemente, en Madrid, donde gobierna la señora Ayuso, Mariano, un jubilado de 60 años, ha sido expulsado de su casa después de haber vivido en ella toda la vida, desde su nacimiento. El desahucio se ejecutó con un despliegue de ocho furgones policiales y cientos de efectivos de bomberos y del SAMUR, y todo porque la congregación religiosa propietaria del inmueble decidió subirle la cuota, una cuota que él no podía asumir. Esta es la cara más cruel del sistema que protege la propiedad especulativa por encima de la dignidad de las personas. ¿De verdad ustedes piensan que Mariano es un delincuente? ¿De verdad? Este modelo especulativo también se perpetúa por la falta de ambición política de quienes no se atreven a plantar cara a los especuladores. El Partido Socialista habla mucho de vivienda, pero, con demasiada frecuencia, vemos que no pasa a los hechos. Recientemente, hemos sabido de otro ejemplo, el de Trinidad Cruzado, de Cornellá, de 56 años, que paga 600 euros por el piso y ha empezado a sufrir problemas cuando la propiedad ha pasado a un gestor de fincas. Detrás de cada expediente inmobiliario hay personas que ven cómo se rompe su seguridad, su estabilidad y su proyecto de vida, y es aquí donde la política tiene que decidir de qué lado está. Por eso, mientras ustedes debaten sobre cortarles suministros a Mariano o a Trinidad y evitar empadronamientos de personas vulnerables, nosotros seguiremos trabajando para combatir la especulación y defender el derecho a una vivienda asequible para todos. Ese es el verdadero problema. Muchas gracias. (Aplausos).»
-
Etna Estrems Fayos · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la...
«Però, més enllà de totes aquestes dades, es fa evident que el veritable problema de lhabitatge és que depèn del model especulatiu, que s'ha deixat de considerar l'habitatge com un dret per convertirlo en un actiu financer. Un model que té responsables, com vostès, i que té conseqüències molt concretes sobre la vida de la gent. I posaré dos exemples. Recentment, en Mariano, a Madrid, on governa la senyora Ayuso, un jubilat de 60 anys, ha estat expulsat de casa seva després d'haverhi viscut tota la vida, des del seu naixement. El desnonament es va executar al cinquè intent, amb un desplegament desproporcionat de vuit furgons policials, gairebé un centenar d'agents, bombers i efectius del Samur. I tot perquè la congregació religiosa propietària de l'immoble va decidir apujarli la quota, una quota que ell no podia assumir. Aquesta és la cara més cruel del sistema, que protegeix la propietat especulativa per sobre de la dignitat de les persones. De veritat, vostès pensen que en Mariano és un delinqüent? De veritat? Aquest model especulatiu també es perpetua per la manca d'ambició política d'aquells que no s'atreveixen a plantar cara als especuladors. El Partit Socialista parla molt d'habitatge, però massa sovint ens trobem que no passa als fets. Recentment, hem conegut un altre exemple dramàtic, el de la Trinidad Cruzado, veïna de Cornellà, una dona de 56 anys que viu sola en un pis pel qual paga 600 euros, i que ha començat a patir problemes quan la gestió de l'habitatge ha passat a mans d'un administrador de finques. Darrere de cada operació immobiliària, de cada expedient immobiliari, hi ha persones que veuen trencada la seva seguretat, la seva estabilitat i el seu projecte de vida. I és aquí on la política ha de decidir en quin costat està. Per això, mentre vostès debaten sobre tallarli els subministraments a en Mariano o la Trinidad, i evitar empadronaments de persones vulnerables, nosaltres continuarem treballant per combatre l'especulació i garantir el dret a l'accés a un habitatge assequible per a tothom, que aquest és el veritable problema.»
-
Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la...
«En cualquier caso, en Junts creemos que el debate debería centrarse en lo importante, a saber: garantizar que el titular legítimo pueda recuperar la posesión de forma rápida y efectiva. El problema no es quién está legitimado para actuar, sino que el sistema sigue siendo demasiado lento, y lo más sorprendente es que, mientras hoy debatimos esta iniciativa, la propuesta de Junts sigue bloqueada en un cajón del Gobierno socialista y de sus socios. Llevan más de un año bloqueando una reforma técnica, moderada y útil, pero después algunos vendrán aquí a dar lecciones de sensibilidad social. Miren, sensibilidad social también es defender a las familias trabajadoras que conviven durante años con okupaciones conflictivas. Sensibilidad social también es proteger a los mayores que ven cómo se degrada su comunidad y no saben cómo solucionarlo. Sensibilidad social también es impedir que las mafias hagan negocio con la vulnerabilidad y evitar que algunos hagan negocio también con la desesperación de muchos propietarios que ven constantemente sus derechos limitados. Y sensibilidad social también es dejar de hacer demagogia cada vez que alguien plantea abordar este problema con sentido común.»
-
Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la...
«En tot cas, Junts creiem que el debat s'hauria de centrar en allò que és important: garantir que el titular legítim pugui recuperar la possessió de forma ràpida i efectiva. Perquè el problema no és qui està legitimat per actuar. El problema és que el sistema continua sent massa lent, i el més sorprenent és que, mentre avui debatem aquesta iniciativa, la proposta de Junts continua bloquejada en un calaix del Govern socialista i els seus socis. Més d'un any. Més d'un any bloquejant una reforma tècnica moderada i útil. Però després alguns vindran aquí a donar lliçons de sensibilitat social. Miri, sensibilitat social també és defensar les famílies treballadores que conviuen durant anys amb okupacions, les que siguin conflictives. Sensibilitat social també és protegir la gent gran que veu degradada la seva comunitat i no sap com solucionarho. Sensibilitat social també és impedir que les màfies facin negoci amb la vulnerabilitat i evitar que alguns facin negoci també amb la desesperació de molts propietaris que veuen constantment els seus drets limitats. I sensibilitat social també és deixar de fer demagògia cada vegada que algú planteja abordar aquest problema amb sentit comú.»
-
Agustín Santos Maraver · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«En cualquier caso, ¿lo importante qué es? Lo importante es que vamos por 73 000 muertos en Gaza, que hay 180 000 heridos, que tenemos 1300 muertos en el sur del Líbano y que los muertos se multiplican en Gaza desde el inicio de la tregua en octubre. De eso es de lo que estamos discutiendo, no de las miserias -miserias- con las que nos han venido aquí. Todos los miércoles dedicamos la sesión de control del Gobierno a discutir sobre corrupción. Llevamos dos años y pico de legislatura discutiendo sobre este mismo tema sin esperar a que haya sentencias judiciales y sin respetar los procedimientos judiciales en curso, nos parezcan lo que nos parezcan. ¿Y hoy no podíamos dedicar una sesión a discutir sobre todos estos asesinatos, sobre todos los problemas de Oriente Medio y cómo podemos contribuir a parar toda esta barbarie? No. Es evidente que ha molestado mucho a un sector de sus señorías romper sus vacaciones de mayo. Las tenían suficientemente ganadas. Señor ministro, de nuevo, los fiscales de la Audiencia Nacional, el señor Núñez y la señora Delgado, tienen que tomar cartas en este asunto y ampliar la causa abierta en diciembre de 2025. España debe promover una iniciativa con los once países firmantes de la Convención para acudir a la Corte Penal Internacional con los testimonios de tortura que se han producido en ese barco, el Nahshon, especialmente preparado para actuar en aguas internacionales y violar los derechos internacionales. Tenemos -esperamos que el PSOE lo haga así- que apoyar la reforma de la ley del comercio de armas, que nos permita cerrar de una vez por todas nuestras conexiones con las patentes israelís que utilizamos para este tema. Y necesitamos revisar por qué no recibimos información de Frontex, de Estados Unidos y de la base de Rota del sistema de información naval al que, de alguna forma, estamos dando apoyo y sustento. Deberíamos beneficiarnos de esa información.»
-
Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«Y, en este contexto, este Pleno no es proporcional, no lo es si se compara con otras vulneraciones graves que no han merecido ni la mitad de nuestra atención, no lo es si se construye sobre una mirada parcial del conflicto y no lo es si se convierte en un instrumento de posicionamiento político y de consumo partidista, en lugar de en una herramienta útil para aportar soluciones. El derecho internacional no es un relato, es un marco que obliga. Cuando se aplica de forma selectiva se debilita, y cuando se debilita se hace más difícil exigir responsabilidades a nadie. Y como muchos de los que están aquí hoy lo pretenden aplicar de forma selectiva, lo han debilitado, y como se ha debilitado muy difícilmente podrá actuar como un límite efectivo ante abusos y vulneraciones. En Junts per Catalunya mantenemos una posición clara de defensa de los derechos humanos sin excepciones, del derecho a la autodeterminación de todos los pueblo,- no solo de algunos-, de aplicación del derecho internacional con coherencia y de rechazo a cualquier instrumentalización de los conflictos, porque lo que está en juego no es solo este caso, es la credibilidad y la operabilidad del sistema internacional en todo su conjunto. Muchas gracias.»
-
Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«Todo es mucho más complejo de lo que a menudo se presenta en este debate. Nosotros no entraremos en lecturas de blancos y negros porque hay muchos grises, aunque esto sea menos cómodo políticamente. Y también rechazamos la expansión de los nuevos asentamientos en Cisjordania porque vulneran el derecho internacional, efectivamente, y además también hacen que aún sea más complejo avanzar hacia una solución de paz. El problema de fondo no es lo que se dice hoy aquí, es lo que no se dice. El derecho internacional no puede depender de un contexto concreto ni de la presión mediática ni de la conveniencia política. Dos detenidos merecen toda la atención y toda la exigencia. Y es correcto que sea así, pero, entonces, hay que hacerse otra pregunta: ¿cuántos detenidos hacen falta para que actúen con la misma contundencia en otros lugares del mundo? Porque hace años que más de un millón de uigures han sido sometidos a detenciones arbitrarias, internamientos masivos, vigilancia extrema, trabajos forzados, torturas y persecución cultural. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, expertos de Naciones Unidas y diversos informes independientes hace años ya que denuncian posibles crímenes contra la humanidad en Xinjiang. No estamos hablando de acusaciones vagas, estamos hablando de campos de internamiento, de desapariciones y asimilación forzada documentada por organismos internacionales. Y no es solo el caso de los uigures, también en el Tíbet hay denuncias cada vez más graves sobre represión cultural, lingüística y religiosa. Hace solo unas semanas, Human Rights Watch advertía de que el Gobierno chino está acelerando la asimilación forzada de los niños tibetanos a través de su sistema educativo. El mandarín se está imponiendo como lengua obligatoria en las escuelas infantiles, mientras se reduce progresivamente el uso del tibetano. Según esos informes, hay niños tibetanos que dejan de hablar su lengua materna, incluso con sus familias, después de pasar por el sistema educativo chino. Se denuncia adoctrinamiento ideológico desde la infancia y un proceso sistemático que está orientado a diluir cualquier identidad, diferenciada bajo un modelo nacional único impuesto por el Partido Comunista de China. Y, ante esto, ¿qué hace el Gobierno español? Cabría esperar, oyéndolos hoy, que activarían toda la potencia de su Estado, todas las herramientas de un Parlamento, toda la acción diplomática que tienen a su alcance para denunciar, condenar, bloquear, embargar, ¿no? Pues no. Lo que ha decidido hacer el Gobierno español es intensificar las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con China: cumbres bilaterales continuas, visitas del presidente Sánchez y de sus ministros, declaraciones de cooperación estratégica, fotografía tras fotografía. Y es legítimo preguntarse si en alguna de esas reuniones ha habido la misma contundencia que hoy vamos a escuchar aquí, porque la defensa de los derechos humanos parece ser muy exigente para algunos y muy poco para otros. Señor ministro, ¿sabría usted responderme cuál es el motivo de esta diferencia?»
-
Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«I en aquest context, aquest ple no és proporcional. No ho és si es compara amb altres vulneracions greus que no han merescut ni la meitat d'atenció. No ho és si es construeix una mirada parcial del conflicte. I no ho és si es converteix en un instrument de posicionament polític i de consum partidista, en lloc d'una eina útil per adoptar solucions. El dret internacional no és un relat, és un marc que obliga i quan s'aplica de forma selectiva es debilita i quan es debilita es fa més difícil exigir responsabilitats a ningú. I com que molts dels que són avui aquí el pretenen aplicar de manera selectiva, l'han debilitat. I com que s'ha debilitat molt, difícilment podrà actuar com un límit efectiu davant d'abusos i vulneracions. Junts per Catalunya mantenim una posició clara: defensa dels drets humans sense excepcions i del dret de l'autodeterminació de tots els pobles, no només d'alguns. Aplicació del dret internacional amb coherència i el rebuig a qualsevol instrumentalització dels conflictes. Perquè el que està en joc no és només aquest cas, és la credibilitat i l'operativitat del sistema internacional en tot el seu conjunt.»
-
Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«Tot és molt més complex del que sovint es presenta en aquest debat. I nosaltres no entrarem en lectures de blancs i negres perquè hi ha molts grisos, encara que això avui sigui menys còmode políticament. I també rebutgem l'expansió dels nous assentaments a Cisjordània perquè això vulnera efectivament el dret internacional i alhora fa encara molt més complex avançar cap a una solució de pau. El problema de fons no és què es diu avui aquí, el dret internacional no pot dependre d'un context concret ni de la pressió mediàtica ni de la conveniència política. Dos detinguts mereixen tota l'atenció i tota l'exigència, i és correcte que sigui així. Però aleshores cal ferse una altra pregunta: quants detinguts fan falta perquè actuïn amb la mateixa contundència en altres llocs del món? Perquè fa anys que més d'un milió d'usuaris han estat sotmesos a detencions arbitràries, internaments massius, vigilància extrema i treball forçat, tortures, persecució cultural. Organitzacions com Human Rights Watch, Amnistia Internacional, experts de Nacions Unides i diversos informes independents. Fa anys que denuncien possibles crims contra la humanitat a Xinjiang. No estem parlant d'acusacions vagues. Estem parlant de camps d'internament, desaparicions i assimilació forçada documentada per organismes internacionals. I no és només el cas dels uigurs. També el Tibet. Hi ha denúncies cada vegada més greus sobre repressió cultural, lingüística i religiosa. Fa només unes setmanes, Human Rights Watch advertia que el govern xinès està accelerant l'assimilació forçada dels infants tibetans a través del seu sistema educatiu. El mandarí s'està imposant com a llengua obligatòria a les escoles infantils mentre es redueix progressivament l'ús del tibetà. Segons aquests informes, nens tibetans deixen de parlar la seva llengua materna, fins i tot amb les seves famílies, després de passar pel sistema educatiu xinès. Es denuncia adoctrinament ideològic des de la infància i un procés sistemàtic orientat a diluir qualsevol identitat diferenciada sota un model nacional únic imposat pel Partit Comunista Xinès. I davant d'això, què fa el Govern espanyol? Hom, sentintlos avui, esperaria que activaria tota la potència del seu Estat, totes les eines del Parlament, tota l'acció diplomàtica al seu abast per denunciar, condemnar, bloquejar, embargar. Doncs no. El que ha decidit fer el Govern espanyol és intensificar les relacions polítiques, diplomàtiques i comercials amb la Xina. Cimeres bilaterals. Contínues visites del president Sánchez i dels seus ministres, declaracions de cooperació estratègica, fotografia rere fotografia. I és legítim preguntarse si en alguna d'aquestes reunions hi ha hagut la mateixa contundència que avui escoltarem aquí, per què la defensa dels drets humans sembla molt exigent per a alguns i molt poc per a altres? Senyor ministre, vostè em sabria respondre quin és el motiu d'aquesta diferència?»
-
Agustín Santos Maraver · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«Es importante tomar una decisión sobre esto. Es importante tomar una decisión sobre el embargo de armas y ver las cláusulas de excepción que había y traer aquí y discutir la ley de reforma del comercio de armas. Es importante seguir insistiendo en que se viola el artículo 2 del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel. Y es importante también preguntarse qué vamos a hacer en relación con la defensa de las aguas internacionales, porque no se puede estar pidiendo libertad de paso en Ormuz y permitiendo actos de piratería en el Mediterráneo oriental; no se puede estar defendiendo la flota atunera en el Índico y permitir que haya piratas en el Mediterráneo oriental. (Aplausos). Como se trata de un problema de acumular fuerzas, de ampliar las coaliciones, de hacer que la sociedad civil pueda encontrar un camino para desarrollar su solidaridad, primero, tenemos que dar las gracias a Adalah, al sistema jurídico de defensa palestino en Israel, que es el que ha defendido a Saif y a Thiago. Es importante que nuestra Fiscalía incorpore a la causa abierta por Izquierda Unida en diciembre de 2025 los testimonios de los españoles que han sido torturados -y ahí están las fotos que han corrido por Internet-, y es importante que la Corte Penal Internacional reciba esos testimonios y que los once Estados que firmaron la declaración de condena vayan a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia y abran una causa contra los delitos de violación del derecho internacional a los que nos hemos referido y sobre los que no hay la menor duda. (Aplausos). Efectivamente, lo que nos estamos jugando es mucho, y no es solamente tener una política exterior independiente, lo que nos estamos jugando son nuestras libertades en el propio sistema internacional.»
-
Carlos Flores Juberías · Vox ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«Porque ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo aquí? Se lo explicaré en una sola frase, señor ministro: tapar las muchas vergüenzas de este Gobierno, aun al precio de agotar la escasa paciencia de este Congreso. (Rumores). Usted ha entrado en este hemiciclo, señor ministro, con el gesto severo del abnegado servidor público que cumple escrupulosamente su deber. Los representantes del pueblo español -y pido perdón a las señoras Micó y Aizpurua y a los señores Rego y Rufián por incluirles sin su permiso en esta categoría- reclaman su presencia y usted abandona cuanto tiene entre manos para acudir, solícito, a su llamada. El 29 de abril las fuerzas israelíes abordan las embarcaciones de la flotilla. El 30, jueves, las izquierdas reunidas solicitan su comparecencia. El 4 de mayo, lunes, esta es calificada por la Mesa. Y aquí estamos el 7, jueves, escuchando sus explicaciones. Un día hábil entre solicitud y calificación. Siete días naturales entre hechos y explicaciones. Un prodigio de eficacia, del que desafortunadamente no disfrutan igual los pacientes que aguardan semanas para tener una cita con su médico, los ciudadanos que esperan meses para resolver un trámite administrativo o los interinos que aguardan durante años a consolidar sus puestos de trabajo. Un prodigio de eficiencia, del que de hecho tampoco disfrutamos los diputados que no tenemos la fortuna de integrar la mayoría parlamentaria ni que su sueldo dependa de nuestro humor. Señor ministro, la última vez que usted se dignó a comparecer ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el pasado 9 de abril, el orden del día comprendía tres solicitudes de comparecencia del Grupo VOX y otras tres del Grupo Popular, la más antigua de ellas llevaba diez meses, la más reciente de ellas llevaba dos meses esperando que se dignase a contestarlas, y no las contestó. Un prodigio de eficiencia, en fin, digno de mejor causa. Aunque no sea exactamente su negociado, permítame que le recuerde que solo el pasado 23 de marzo el Grupo Socialista del Congreso demandó e impuso una nueva prórroga para la tramitación parlamentaria de 128 iniciativas, 50 proyectos de ley de su Gobierno y 28 proposiciones de ley, 43 de ellas procedentes del Senado, por su incapacidad, bien para conformar una mayoría, bien para encajar deportivamente una derrota. Las medidas contra la okupación ilegal acumulaban ya en esa fecha -actualice usted el dato, que yo soy de letras- 80 aplazamientos; la ley de familias, 79; la que contempla la universalidad del Sistema Nacional de Salud, 67; la del cine, 63; la ley de industria, 47; la de protección de los consumidores, 41; y la que promueve la rebaja de la presión fiscal a pymes y autónomos, 25 aplazamientos. (Rumores). Y déjeme que le recuerde que el Tribunal Constitucional les acaba de tirar de las orejas precisamente por ese motivo.»
-
Carlos Javier Floriano Corrales · PP ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular queremos que nuestras primeras palabras dejen claro dos asuntos que conviene no confundir. El primero es la defensa de los ciudadanos españoles en el exterior y el segundo es el uso partidista, interesado y oportunista que este Gobierno hace de esa defensa, y la intervención del señor ministro hoy no ha dejado ningún lugar a dudas. (Aplausos). Empiezo por lo esencial. Todo ciudadano español, sin excepción, merece la protección de su país; siempre, en cualquier lugar del mundo, con independencia de sus ideas o de las circunstancias en las que se encuentre, y eso incluye al ciudadano español que se encuentra en este momento en Israel. Por tanto, exigimos que el Gobierno actúe con diligencia, que garantice la asistencia consular, que vele por sus derechos y que trabaje para resolver esta situación cuanto antes. Pero, dicho esto, señorías, lo que hoy debatimos no es solo la actuación exterior, sino la credibilidad de este Gobierno cuando decide actuar y cuando decide no actuar. ¿Dónde ha estado su comparecencia en el caso de los dos españoles que se encuentran injustamente encarcelados en Guinea Ecuatorial en condiciones de incomunicación inhumana? (Aplausos.-El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!). Es una situación denunciada por el Parlamento Europeo y que llevó a que la madre de uno de ellos se pusiera en huelga de hambre el 15 de abril, quince meses después de su detención, hasta ayer que, curiosamente, usted -ayer, curiosamente usted- se dignó a recibirla. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!). Más claro, señor ministro, ¿por qué no ha comparecido para explicar las acciones de la brutal situación que padecen Javier Marañón y David Rodríguez? ¿No son tan españoles como el caso por el que usted comparece hoy? ¿Son de peor condición y no merecen esta respuesta institucional? ¿Qué explicación puede dar a esta situación diferente? Según explicó el otro día en televisión, el cónsul de Tel Aviv ha ido todos los días a visitar a Saif y a interesarse por el reconocimiento médico que se realiza a diario. ¿Está haciendo lo mismo con Javier y David? Ya le digo yo que no. El otro día pedía pruebas al Gobierno israelí del delito que se le acusa o la liberación de Saif. ¿Por qué no ha hecho lo mismo en el caso de estos dos ciudadanos españoles? Difícil de explicar. (Una señora diputada: ¡Muy bien!). Pero este no es un caso aislado. ¿Dónde está la urgencia, la contundencia y una convocatoria extraordinaria del Congreso cuando ciudadanos españoles han sido detenidos en Venezuela? (Aplausos). Les recuerdo el caso de José María Basoa o de Andrés Martínez, que estuvieron más de cuatrocientos días en una de las peores prisiones del sistema penitenciario venezolano. Podemos referirnos también al caso de Rocío San Miguel o del periodista canario Miguel Moreno, encerrados en circunstancias similares. Pero en ninguno de estos casos ha habido convocatoria de sesiones extraordinarias en el Congreso ni comparecencias monográficas. ¿Por qué no hay comparecencias con urgencia cuando los ciudadanos españoles eran detenidos en Venezuela, en Cuba, en Guinea Ecuatorial o en Iran y todo se lleva con -abro comillas, porque son sus palabras- 'gestiones diplomáticas discretas de las que conviene, Carlos, ni hablar ni preguntar públicamente', y hoy no hay ningún problema? (El señor Pérez López: ¡Anda!-Aplausos). Hoy no hay ningún problema. Hoy se comparece aquí públicamente, se dan ruedas de prensa, no hay ningún problema.»
-
José Manuel Albares Bueno Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación· PSOE ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«La actual crisis en Oriente Próximo, incluida la situación en el Líbano, no debe desviar la atención internacional de Gaza y Cisjordania también. Defendemos el papel central e insustituible de Naciones Unidas y de UNRWA en la respuesta humanitaria y condenamos cualquier medida que limite su mandato. En paralelo, tenemos que avanzar en la única solución política viable. El Gobierno de España seguirá defendiendo que el fin del conflicto exige definir un horizonte político, y este pasa necesariamente por la implementación de la solución de los dos Estados. Señorías, ningún Gobierno del mundo -ayer me lo recordaba Francesca Albanese en la reunión que tuve con ella- ha hecho más por Palestina que el actual Gobierno de España y vamos a seguir acompañando a la Autoridad Palestina y al pueblo palestino en su camino hacia la paz. (Aplausos). España va a seguir actuando como un actor comprometido, coherente y activo en defensa del multilateralismo, del sistema humanitario internacional y de una solución política al conflicto basada en la solución de los dos Estados. En este camino, el apoyo a la Autoridad Palestina es clave para garantizar un gobierno reforzado y legítimo, un gobierno que asuma sus plenas responsabilidades en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este, y que contribuya a implementar el plan de paz.»
-
José Manuel Albares Bueno Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación· PSOE ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia urgente del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ante el...
«Gracias, presidenta. Señorías, el asunto de esta comparecencia no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la terrible situación en Oriente Medio y en un contexto global que nos exige y nos exigirá respuestas. Estamos ante la mayor crisis del orden mundial de este siglo. La guerra en Irán, la violencia en Oriente Medio, en Palestina, en Líbano, se suman a la guerra de agresión rusa a Ucrania y a la violencia sin fin en Sudán. No son acontecimientos aislados, están conectados, y marcan el cuestionamiento de todo el sistema legal e institucional internacional, de las prácticas y los valores que dan sentido a ese sistema de paz y cooperación que llamamos el orden internacional. Y lo que se está decidiendo en estos mismos momentos en los que vamos a debatir es si queremos el orden de la paz o el caos de la guerra, la ley o el abuso, el diálogo o el enfrentamiento permanente y sin tregua. Por eso España no ha dudado ante esta situación, no lo han hecho nuestros ciudadanos y no lo hace la política exterior humanista de España. Hemos actuado con coherencia y con voz e identidad propia, no por oposición a nadie, sino por aquello en lo que creemos, porque son los valores de la inmensa mayoría de la sociedad española. Nuestra política exterior en estos momentos es reflejo y expresión de los mejores valores de nuestra sociedad, valores como la solidaridad, la defensa de la vida y la libertad o el compromiso humanista. En un mundo en el que el caos de la violencia y la guerra no conocen fronteras, el rechazo del caos y la guerra se expresa también en nuestra acción más allá de las fronteras. Ese es el compromiso de nuestra sociedad y ese es también el compromiso de la política exterior de España.»
-
Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«Señora Franco González -que ni está para escucharme-, el derecho al aborto no está garantizado. (Protestas.-Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso señalando hacia los escaños situados en la zona alta del hemiciclo, a la derecha de la tribuna de oradores: ¡Sí! ¡Sí está!). No está... (La señora Franco González: ¡Aquí! ¡Estoy aquí!). De acuerdo. Antes estaba sentada en otro escaño (señalando hacia la parte central se los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Bien, pues escuche lo que le tengo que decir: el derecho al aborto no está garantizado en España. (Rumores.-La señora Franco González: ¡No es así!). Ya que está, escuche: No está garantizado. Incluso cuando es legal, persisten barreras al derecho al aborto en nuestro país; barreras administrativas, barreras por el origen, por los papeles -por tenerlos o no-, barreras territoriales. Y de esto saben mucho; pensemos en Andalucía. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Sí, Ceuta y Melilla!). Su partido no solo ha destrozado la sanidad. (Protestas). En Andalucía, de casi 20 000 interrupciones voluntarias del embarazo, solo 41 se hacen en hospitales públicos. (Aplausos). Y hay algo que duele aún más, señoría. Sí, en Jaén ya no hablamos de derivaciones; en Jaén es imposible abortar. (Protestas). Y eso tiene un nombre, se llama vulneración de derechos. Ese es su modelo, lo saben ustedes: romper el sistema público por dentro para que los derechos dependan de otras cosas, del dinero, de los enchufes... Ustedes nunca han querido evitar los abortos. ¡No quieren eso! Han querido decidir quién puede abortar sin problemas y quién tiene que sufrir acoso por ello. (Aplausos). Sí, acoso en las puertas de las clínicas.»
-
Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«Señorías, este debate va de avanzar en derechos, va de ampliar la democracia. Por eso, señorías del Partido Popular, no hagan trampas, no pretendan reducirlo a una discusión técnica, que, además, no se sostiene y que corresponde, en todo caso -en todo caso, señorías-, a otro momento procesal. Hablan ustedes de fraude constitucional, y lo hacen sin rigor. Se lo resumo. El Tribunal Constitucional ya ha establecido con claridad que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se articula sobre tres pilares: la dignidad, la integridad física y moral y la protección de la salud, artículos 10, 15 y 43 de la Constitución. Esta es la arquitectura constitucional de este derecho. No es uno, son tres. En nuestro sistema, la protección de un derecho no depende únicamente de su ubicación formal, sino de su contenido material y de su vinculación con estos valores superiores. Por eso, incorporar el derecho en el artículo 43 es constitucionalmente válido y jurídicamente coherente; además, evita algo que ustedes parecen querer reabrir, de la mano con VOX: el falso marco de colisión permanente con el derecho a la vida. No estamos ante un conflicto de derechos, señorías, estamos ante el reconocimiento del derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir libremente sobre su propio cuerpo.»
-
Silvia Franco González · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«Además, ya lo he dicho, su reforma es innecesaria. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado en nuestro país, dejen de meter miedo a las mujeres. Lo que ustedes traen aquí es un triple fraude: un fraude a la Constitución, un fraude a las mujeres y un fraude a los españoles. Banalizan nuestras instituciones, nuestro sistema de reforma constitucional. Creen que la Constitución es una ley ordinaria que se puede cambiar así, sin más. Saben, además, que traen un texto que no va a salir adelante, porque en la Comisión de Igualdad, cuando la señora ministra presentó el anteproyecto, ya varios grupos políticos nada sospechosos de ser reaccionarios le dijeron que no iban a aprobar ese proyecto de ley. (El señor De los Santos González: Esquerra, Bildu y PNV.-La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben). Sí se lo dijeron, léase usted el Diario de Sesiones y verá cómo se lo dijeron. (Rumores.-Aplausos). Saben de sobra que esta reforma constitucional no va a salir adelante. Y eso es un fraude también. ¡Es un fraude! Díganme dónde tienen los 210 votos y qué van a hacer cuando no salga. ¿Rasgarse las vestiduras? ¿A qué juegan? Está claro: a desviar la atención de sus problemas y a confrontar. Es lo único que pretenden, lo único que les mueve, su muro. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben). No hay más. No hay más.»
-
Silvia Franco González · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«Además, ustedes confunden deliberadamente derecho y prestación. Supongo que para ganar algún titular. Yo no sé si ustedes son conscientes de que esto puede resultar engañoso para muchas mujeres. ¿De verdad les importa la protección de las mujeres? ¿De verdad les importa? España ha caído hasta el puesto veintisiete entre los mejores países para ser mujer: violencia sexual en aumento, violencia digital que no decrece, brecha salarial persistente. Hemos sufrido las consecuencias de leyes con una técnica legislativa pésima. Ahí está la ley del solo sí es sí y ahí sigue la mal llamada ley trans, cuyos efectos indeseables se niegan a revisar porque nunca han sido feministas de verdad. Nunca. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos). Esto es un fraude a todas las mujeres. Segundo criterio: la existencia de una demanda social sólida y un problema reconocido. No se cumple, señora ministra, no se cumple. El Tribunal Constitucional ya ha avalado la Ley Orgánica 2/2010, ha constitucionalizado el sistema de plazos. No es necesario abrir la Constitución para esto. No es necesario. No hay una urgencia jurídica. Ustedes ni siquiera lo llevaban en su programa electoral. El último barómetro del CIS del señor Tezanos, que no es reaccionario, ni siquiera incluía esta cuestión entre las principales preocupaciones ni de los españoles ni de las españolas. La demanda social consistente existía cuando reformamos el artículo 49 de la Constitución. Ahí sí existía esa demanda social consistente. Aquí no. Aquí la única demanda consistente que hay es la de un Gobierno que intenta desplazar el foco de sus escándalos, de su corrupción y de su agenda judicial. Esa es la única demanda sólida que motiva esta reforma. (Aplausos).»
-
Silvia Franco González · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«La dimensión sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en este país no está en riesgo. No está en riesgo. Los poderes públicos ya tienen la obligación de garantizar todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud de acuerdo con los criterios de universalidad, gratuidad e igualdad. Dentro de ellos está la interrupción voluntaria del embarazo, como reconoce la Ley Orgánica 2/2010. Esa dimensión sanitaria no está en riesgo. Toda mujer española que se tenga que enfrentar a esa terrible decisión, a esa complicada decisión de interrumpir su embarazo, sabe que tiene al sistema sanitario público, que la va a atender y acompañar. Lo saben, sí. (Varias señoras y señores diputados: ¡Sí!-Aplausos). Y si hubiera algún desajuste, la solución no es esta reforma constitucional. Esta reforma constitucional no aporta nada. Lo que hacen es repetir, incluir un simple inciso, un simple apartado, el cuarto, que recoge lo mismo que incluye el apartado 2 de ese artículo 43. Su reforma es un brindis al sol que no ofrece ninguna garantía práctica nueva. Es un mero brindis al sol.»
-
Silvia Franco González · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«Ustedes hablan de que blindan un derecho en la Constitución. Mienten, no blindan nada -ya se lo he dicho-, no blindan nada, no recogen ningún derecho sustantivo porque no reforman el artículo 15, que es donde la jurisprudencia constitucional ha anclado este debate. Una materia, además, que es derecho fundamental y que está sujeta a la reserva de ley orgánica. Lo que hacen ustedes es residenciarlo en el artículo 43, un principio rector; un principio rector. Fíjense lo que ocurre con el derecho a la vivienda, que no es exigible directamente en los tribunales, que no tiene recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional y, además, su efectividad depende del desarrollo que haga de él una ley ordinaria. Repito, ley ordinaria. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Lo que están haciendo en el sistema de fuentes es una degradación de la reserva de ley orgánica. (Aplausos). Es decir, no están blindando nada, están degradando y están creando un trampantojo no ideológico, sino un trampantojo jurídico de consecuencias imprevisibles. ¿Y quién va a pagar esas consecuencias? Como en el resto de sus chapuzas legislativas, ¿las van a pagar las mujeres? ¿Las van a pagar las mujeres? (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos).»
-
Silvia Franco González · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«Veamos por qué. Primero, el equilibrio constitucional. La reforma que ustedes nos traen altera completamente el título I y, además, desnaturaliza el título X, que establece el sistema de reforma. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, hace gestos negativos). Sí, señora ministra, sí. Ustedes, en lugar de abordar la reforma en el artículo 15 como derecho fundamental (la señora ministra de Igualdad, Redondo García: En absoluto. No es así), lo que hacen es trasladar o desplazar de manera artificial al artículo 43, a un principio rector, esta cuestión. (Aplausos.-La señora ministra de Igualdad, Redondo García: En absoluto. No. En absoluto). Sí lo hacen, sí. Y no lo hacen por coherencia, sino por conveniencia. Si se tocara el ámbito del artículo 15, ustedes deberían acudir al procedimiento de revisión reforzado del artículo 168, que implica mayorías parlamentarias, disolución de las Cortes, convocatoria de nuevas elecciones y referéndum. Encajándolo en el artículo 43, cogemos el atajo del 167, que implica unas mayorías menos cualificadas y, por supuesto, no disolución de las Cortes. Ya se ha dicho aquí: ustedes expresamente justifican la elección por una mayor sencillez y celeridad, por la viabilidad política del acuerdo -¿qué acuerdo?- y por evitar interferir en el calendario de las Cortes. ¡Viva la democracia! Es mera oportunidad política, oportunismo político. (Aplausos). El procedimiento deja de ser la consecuencia del contenido y pasa a ser su causa. Señorías, este es el paradigma del fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil. Un fraude autoconfirmado, como les ha dicho expresamente uno de los padres de la Constitución y miembro nato del Consejo de Estado, el señor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Así que cada vez que vayan ustedes a la Sala Constitucional y miren su retrato recuerden que van a ser ustedes responsables de cometer un fraude a la Constitución, un fraude autoconfirmado. (Aplausos). Alterar el equilibrio interno de la Constitución, si aceptamos esta operación de fraude constitucional que ustedes pretenden llevar a cabo, supone desvirtuar la función de garantía que el título X otorga a nuestra Constitución; supone romper la lógica reforzada de la protección de nuestros derechos fundamentales, y supone abrir la puerta a que en un futuro otra mayoría hipotética coja una materia sensible y la desplace también artificialmente hacia otro lugar de la Constitución para poner en riesgo o cuestionar valores, instituciones y derechos fundamentales de nuestro sistema constitucional. Sí, están abriendo la puerta a eso. (Aplausos). Esto supone un fraude constitucional con mayúsculas. La Constitución se puede adaptar, pero no se puede forzar; se puede perfeccionar, pero no se pueden burlar los sistemas de garantía que establece.»
-
Joaquín Robles López · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«No debería reformarse la Constitución de tal forma que se vulneren, sin decirlo, derechos claramente preferentes cuya infracción supone la destrucción del sistema de derechos fundamentales que debe ser respetado, o cuando menos, como decíamos, atrévanse a tramitarlo por el procedimiento del artículo 168. Sin embargo, en la exposición de motivos se vincula el derecho al aborto con el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Ahora resulta que abortar es una cosa saludable. Recomiéndeles a las mujeres que aborten cada mes, porque es muy saludable. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Claro, es tremendo. Se ordena a los poderes públicos organizar la sanidad y fomentar la educación sanitaria y el deporte, esto es lo que dice el artículo 43. La innecesaria especificación de una determinada práctica médica, ya incluida bajo la norma general de proteger la salud, no tiene más alcance que si propusiera usted incluir en este artículo el derecho constitucional a ser operado de apendicitis. (Aplausos). Es decir, una cosa ridícula e innecesaria, si evacuamos el interés puramente electoralista de esta pretendida reforma. Ridícula porque es absurdo especificar cualesquiera prácticas sanitarias incluidas en el enunciado general e innecesaria porque nada cambia la realidad a la que se pretende supuestamente blindar con esta chapuza. Pero, en rigor, ustedes quieren incardinar en la Constitución esta especificación para otros efectos prácticos que tienen mucho más que ver, como hemos dicho, con la propaganda sectaria y con la ideología que con la protección real de un supuesto derecho. Con esta reforma constitucional, dicen, España avanza en su necesaria protección frente a dinámicas regresivas. En román paladino, tratan de restringir la futura posibilidad de que se legisle en un sentido ético, moral y político distinto, deslegitimando constitucionalmente dicho sentido, y, de paso, poner una espada de Damocles sobre los médicos a quienes su conciencia moral les impele a no realizar este tipo de prácticas. (Aplausos). Esto es absolutamente contrario al valor superior del pluralismo político reconocido en el punto 1.1 de la Constitución. La pregunta, ya en un terreno puramente práctico, es la siguiente: ¿Y esta modificación del artículo 43, en el improbable supuesto de que contara con tres quintos de los votos de esta Cámara, comporta alguna ventaja para las mujeres? ¿O lo que busca el Gobierno más bien es otra cosa? A nuestro juicio, esta modificación nada añade a la protección de las mujeres. Es un Gobierno que acorta la condena de violadores, devolviéndolos a las calles; que permite la llegada masiva de individuos procedentes de culturas que denigran a la mujer considerándola inferior al varón, a quienes luego regulariza sin mayor problema con nuestra oposición. Por cierto, un diputado del PSOE de la Asamblea regional de Madrid ha dicho que hay que partirle la cara a quienes se opongan a las regularizaciones masivas. Pues mire, aquí le espero picando el mortero, como dicen en mi tierra. (Risas.-Aplausos). Y si no se atreven, ahí tienen a sus amigos de Bildu, que son más proclives a este tipo de actuaciones. Un Gobierno que tiene por aliadas a teocracias en donde a las mujeres se las oculta en cárceles de tela, en calidad de ciudadanos de segunda. Un Gobierno formado por partidos que no han osado mostrar ni un mínimo de empatía con la lucha de estas mujeres por sus derechos civiles inexistentes en estas teocracias. Un Gobierno que fomenta la extensión en nuestra patria de costumbres contrarias a nuestro ordenamiento jurídico y especialmente incompatibles con su impostado feminismo, como el burka, la poligamia, el matrimonio infantil, etcétera, aberraciones que ya se producen en nuestro país. Un Gobierno que perjudica a los españoles, mujeres y hombres por igual, cuando les margina a la hora de ser atendidos en la sanidad pública o en el acceso a ayudas sociales, que ha destrozado la educación pública, convirtiéndola en una institución caduca, meramente asistencial, en donde, además de la viscosa ideología socialdemócrata, difunde unos contenidos elegidos por la comisión islámica o por el Gobierno de Marruecos. (Aplausos). Lo único que les falta a ustedes es poner en la enseñanza pública una asignatura cuyos contenidos sean determinados por sus aliados de Hamás. Es una vergüenza. Un Gobierno que defiende estas cosas no puede ser un aliado de las mujeres españolas, por muchos artículos de la Constitución que pretenda reformar. (Aplausos). Y solo puede perseguir un fin con esta reforma: ocultar su ineficacia y su escandalosa corrupción; colocar un trampantojo ideológico a la triste realidad que los españoles perciben cotidianamente cuando tienen que ir al médico o cuando necesitan ayuda de las instituciones; desviar la atención y practicar lo único que a este Gobierno parece dársele bien, que es la ocultación y la demagogia, aunque para tal fin tenga que violentar el procedimiento legal incurriendo en contradicciones insalvables y colando de matute una reforma que cuestiona un derecho fundamental protegido por la Constitución.»
-
Ana María del Carmen Redondo García Ministra de Igualdad· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«Señorías, el reconocimiento de la libertad de las mujeres a ejercer su maternidad no nace en esta reforma, por supuesto, pues es heredera de la lucha del movimiento feminista, de la perseverancia de generaciones de mujeres que defendieron su libertad en contextos en los que ni siquiera estaba reconocida, de quienes abrieron camino cuando no había caminos, de quienes los consolidaron cuando aún eran frágiles y de quienes los defienden cuando se intentan retrocesos. Esta misma semana se homenajeaba aquí cerca a Carlota Bustelo, diputada en esta Cámara durante las Cortes Constituyentes. Desde esta misma tribuna, en el año 1978, ella defendió la legalidad de los anticonceptivos. Lo hizo en un momento en el que hablar de estos derechos suponía cuestionar inercias profundamente arraigadas, en el que la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo ni siquiera formaba parte del debate público, y en el que dar ese paso exigía convicción profunda, claridad y determinación política. Carlota representa hoy a una generación de mujeres que entendió que la libertad no podía construirse dejando fuera el cuerpo de las mujeres, y que la libertad y la dignidad de la mitad de la población merecía la pena. (Aplausos). Aquel impulso no fue un gesto aislado, sino parte de un proceso más amplio de apertura democrática y de reconocimiento de libertades que hasta entonces habían sido negadas a las mujeres. Permitió empezar a situar los derechos sexuales y reproductivos en el lugar que les correspondía, dentro de nuestro sistema de derechos, dentro de nuestra calidad democrática. Su valentía no solo fue admirable, sino que también fue determinante para abrir una senda de libertad que hoy seguimos recorriendo. Como ella, muchas mujeres sostuvieron la conquista de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país con su compromiso y, en muchas ocasiones también, con un enorme coste personal. Fueron mujeres que se organizaron, que alzaron la voz cuando no era fácil y que defendieron la libertad frente al estigma. Gracias a ellas, hoy podemos hablar de nuestro derecho a decidir sobre nosotras mismas, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros proyectos de vida; también del derecho a interrumpir voluntariamente nuestro embarazo como una expresión irrenunciable de autonomía, de dignidad y de igualdad. Este recorrido tiene hitos claros, desde la ley de 1985 hasta la ley de 2010, pasando por la última reforma de 2023, pero también -y más importante- tiene una dimensión social que va de las calles a las instituciones, de la movilización cívica a la acción legislativa, y desde el tren de la libertad hasta esta tribuna. En ese tren de la libertad, miles de mujeres y hombres llegados de todas partes fueron indispensables para el avance. Alzaron fuertemente su voz para gritar que ni un paso atrás en nuestros derechos. Fueron un latido compartido, una memoria viva de quienes habían luchado antes y una promesa hacia quienes vendrían después. Aquel movimiento llevaba consigo convicción, coraje y una certeza profunda de que los derechos de las mujeres no se negocian, no se recortan y no se someten a retrocesos, porque cada conquista lleva detrás una historia de lucha y cada intento de retroceso encontrará siempre una respuesta colectiva. (Aplausos). Señorías, en cada momento se han producido avances adaptados a las necesidades de una sociedad en permanente transformación. Esta es una apuesta de todas y de todos por la igualdad y la libertad.»
-
Ana María del Carmen Redondo García Ministra de Igualdad· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«La interrupción voluntaria del embarazo, en no pocas ocasiones, es también la consecuencia de situaciones que podrían haberse evitado. Sí, podrían haberse evitado con más información, con más recursos y también con más y mejor educación sexual. Y es ahí, señorías, donde este debate exige honestidad, exige rigor, exige altura de miras. Si de verdad el objetivo es reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, no basta con enunciarlo; es imprescindible actuar sobre sus causas. La respuesta no puede ser la restricción del derecho, sino la prevención. Una prevención que pasa necesariamente por la educación en igualdad entre mujeres y hombres, por el acceso a una información veraz y por una educación afectivosexual rigurosa. Solo así se reducen los embarazos no deseados. Si de verdad queremos menos abortos, el camino es claro: más educación, más igualdad y más prevención. (Aplausos). La educación afectivosexual, señorías, no es ideología. Una amplia mayoría de la ciudadanía respalda el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que evidencia que no estamos ante una cuestión controvertida en términos sociales, sino ante un derecho plenamente asumido y normalizado en nuestra convivencia democrática. Cuando existe un consenso social tan amplio y sostenido en el tiempo, la política tiene la responsabilidad de acompañar esa realidad, de traducirla en garantías efectivas y de reforzar su protección jurídica, asegurando que su ejercicio no pueda ser condicionado por factores externos o desigualdades territoriales. Así ha sucedido en países de nuestro entorno, como Francia o Luxemburgo, donde recientes reformas constitucionales han incorporado la garantía del derecho a esta interrupción voluntaria del embarazo en los propios textos fundamentales, en sus constituciones. Las reformas han contado con un respaldo parlamentario extraordinariamente amplio, que ha trascendido las divisiones políticas y ha cosechado apoyos de espacios ideológicos tradicionalmente contrarios a este derecho. En Luxemburgo, la reforma constitucional se ha aprobado con una amplia mayoría desde un enfoque jurídico y sanitario, como una garantía frente a posibles retrocesos. Y lo relevante no es solo el resultado, sino cómo se ha producido, sin una estrategia de bloqueo por parte de la derecha, que ha participado en todo momento en el debate con matices, pero sin convertirlo en un asunto de confrontación partidista. Lo mismo ha sucedido, señorías, en Francia: incluso posiciones políticas muy alejadas han entendido que hay debates que una democracia madura debe poder desplegar. Porque hay derechos que, una vez reconocidos y asumidos socialmente, deben situarse fuera de la confrontación partidista y pasar a formar parte del consenso básico que sostiene el sistema democrático. Fíjense, en ese contexto, incluso representantes de la derecha francesa han señalado que, más allá de sus posiciones de fondo, la constitucionalización responde a la necesidad de proteger el marco jurídico vigente frente a eventuales posibles retrocesos y de ofrecer una garantía adicional de estabilidad y de seguridad para las mujeres. La misma Marine Le Pen manifestó que no iba a oponerse a la inclusión del derecho en la Constitución, en la medida en que no alteraba la legislación existente, situando así el debate en el terreno de la protección jurídica y no en el del conflicto. Señorías, ese posicionamiento ilustra una idea que me parece especialmente relevante: incluso quienes no han sido impulsores de este derecho pueden reconocer que su protección forma parte de la consolidación democrática. Eso es precisamente lo que hoy les planteamos: demos una oportunidad al diálogo, veamos la conveniencia de incorporar a la Constitución el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de equidad y de seguridad sanitaria en todo el territorio, para todas las mujeres.»
-
Ana María del Carmen Redondo García Ministra de Igualdad· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española.
«La libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad no está en cuestión en nuestro país, afortunadamente. Se trata de un derecho plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico y expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional en repetida jurisprudencia y, más concretamente, en la Sentencia 44/2023, donde se deja claro que la dimensión de libertad, la dimensión individual del derecho de las mujeres, está reconocida en nuestra Constitución y conectada íntimamente con la dignidad de la persona humana, con el libre desarrollo de su personalidad y, en definitiva, con la integridad física y moral que reconocen los artículos 10, 14 y 15 de la Constitución. La dimensión de libertad del derecho, por lo tanto, no está en riesgo, pero sí lo está el ejercicio real y efectivo de la interrupción voluntaria del embarazo. La libertad no está en duda -repito-, pero ¿de qué sirve si no podemos ejercerla en condiciones de seguridad, de igualdad y de plenitud en todo el territorio? Señorías, los datos más recientes nos dicen que esa igualdad no se respeta en España. En 2024, casi el 80 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en clínicas privadas y con diferencias territoriales muy sustantivas. En cuatro comunidades autónomas -Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra- el 75 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en la sanidad pública. Mientras que en once regiones y en las ciudades autónomas el porcentaje no llegó ni siquiera al 10 %. Por ejemplo, en Cataluña se alcanzó un 55 %, pero sorprenden las cifras particularmente bajas, por ejemplo, de Andalucía -un 0,2 %- o de la Comunidad de Madrid -un 0,4 %-, donde su presidenta, además, directamente manda a las mujeres a abortar a otro lado. Es más, señorías, lamentablemente, hoy hay mujeres españolas que siguen siendo obligadas a salir de nuestro país para poder interrumpir su embarazo. Según los datos del hospital público de Bruselas, en 2024 se practicaron allí cuarenta y cuatro abortos a mujeres españolas, y aproximadamente el 44 % de las que viajaron a esa ciudad proceden, curiosamente, de la misma comunidad autónoma. Hablamos de embarazos de más de veintidós semanas, con anomalías fetales graves, en los que la ley española permite la interrupción, pero que en la práctica dependen del aval de comités clínicos que, no en pocas ocasiones, rechazan estas solicitudes. Son mujeres que, queriendo ser madres, se ven en la durísima situación de tener que abortar por inviabilidad del nasciturus. De hecho, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, en torno a un 40 % de estos casos son denegados en la sanidad pública de algunas comunidades, dejando a estas mujeres simplemente sin alternativa. Los responsables médicos de dicho hospital dicen que hay solicitudes de mujeres españolas que no han podido ejercer su derecho en su propio sistema sanitario y que no tienen más remedio que buscar amparo en otros países donde puedan ser convenientemente atendidas. No, no estamos hablando de los años cuarenta, cincuenta o sesenta del siglo pasado; es hoy, en España, con una democracia asentada, con un sistema público de salud que es la joya de nuestra corona todavía. Señorías, ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho. (Aplausos). Por eso, la reforma que proponemos es imprescindible para garantizar la libertad a la interrupción voluntaria del embarazo de una manera real y efectiva en todo el territorio y con los medios y prestaciones necesarios para garantizarlo. No se equivoquen, no cuestionamos el papel de las clínicas acreditadas, que han sostenido durante años una prestación que no siempre ha estado garantizada en el sistema público; muy al contrario, es justo reconocer que en muchos casos no solo han acompañado, sino que han protagonizado la lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en este país, pero su compromiso con las mujeres tiene que ser complementario al que ofrece la cartera de servicios de la sanidad pública. Un Estado social y democrático de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda; mujeres con derechos plenos y mujeres solicitantes de atención sanitaria en otros países; mujeres que superan esta situación en su domicilio, con su familia, y mujeres que la afrontan lejos de casa.»
-
Celso Luis Delgado Arce · PP ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.
«Y termino, señora presidenta. Dentro de un mes, el día 31 de mayo, se van a cumplir ocho años desde que yo, en ese escaño, escuchaba como, aquí, en esta tribuna, don José Luis Ábalos, hombre fuerte del Partido Socialista -luego ministro de Fomento-, defendía la moción de censura. Hoy está en el Tribunal Supremo y creo que prestará declaración como imputado. Decía, entre otras cosas, que estábamos ante un auténtico sistema de corrupción institucional que afectaba gravemente a la credibilidad de la Presidencia del Gobierno y a la propia dignidad de nuestra democracia. Decía que los españoles no podían tolerar esta indecencia, esta corrupción como algo normal, que no podíamos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. Señorías, estas palabras, que fueron dichas por esa persona, son, creo yo, honestamente, la descripción de lo que está siendo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en estos ocho últimos años, y esto es sencillamente intolerable. Esperamos que la justicia, en la que el Partido Popular sí que cree -en la independencia del Poder Judicial, en la independencia del Tribunal Supremo-, ponga fin a este desgobierno, a este descontrol, a este desmadre -dicho castizamente- que estamos viviendo en este país. Muchas gracias. (Aplausos).»
-
Carina Mejías Sánchez · Vox ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.
«Y, si hablamos del transporte marítimo, no estamos muy lejos de lo mismo: más ayudas puntuales, más dispersión, más improvisación. Pero aquí no se tiene una visión global del sistema logístico del país, señor ministro. Ayer se refería uno de mis compañeros a la competencia entre puertos como consecuencia, precisamente, también de la rebaja de los hidrocarburos y de la menor carga impositiva de otros puertos cercanos, que hacen una competencia desleal y directa a nuestros puertos. Eso hay que abordarlo, y hay que abordarlo desde una visión global del sistema logístico español. Pero hay algo más preocupante todavía, y es que España necesita estabilidad, seguridad jurídica y planificación. No puede seguir funcionando a golpe de decreto, hurtando debates parlamentarios, sancionando tarde en cada crisis y trasladando los problemas sin resolverlos. Porque, al final, señor ministro, quienes pagan son siempre los mismos: en este caso, los transportistas, cuando no son las empresas. Y, en última instancia, siempre pagan los ciudadanos. Los ciudadanos son las auténticas víctimas de esta gestión negligente y de esta gestión corrupta del Gobierno de Pedro Sánchez.»
-
Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.
«Gracias, presidenta. Buenos días. El precio de los carburantes se ha disparado; una subida vertiginosa al vaivén de las ocurrencias criminales y especulativas del presidente de los Estados Unidos, que golpea a un sector estratégico de nuestro país, porque el transporte de mercancías por carretera mueve el 95 % de todo lo que consumimos. El texto que hoy debatimos es la respuesta de este Gobierno de coalición a esa sacudida; una respuesta en dos tiempos. En primer lugar, medidas coyunturales, de choque, para amortiguar el golpe inmediato con ayudas directas y temporales para sufragar el precio de los productos energéticos tanto para las empresas que se benefician de la devolución del gasóleo profesional como para las que no. Y un detalle que saludamos con mucha alegría: se ha incluido expresamente a los taxis adaptados, los eurotaxis. También se amplía la cobertura al transporte marítimo de carga entre la Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Sabemos que la herida es muy profunda. Por eso, este real decreto ley aborda, en segundo lugar, reformas estructurales, y aquí está el corazón de la norma: la modificación de la ley del contrato de transporte terrestre. ¿Qué busca? Acabar con una injusticia que el sector arrastra desde hace décadas. Cuando el combustible se dispara, el transportista autónomo, la pequeña empresa asume el sobrecoste. Este decreto blinda la revisión del precio en función del combustible, la hace obligatoria y la exige desglosada en factura y, ahora -para que quede claro que va en serio-, introduce sanciones. La nueva fórmula de revisión incorpora una variable importante, dinámica y automática; es seguridad jurídica, es previsibilidad, es justicia para un sector que es columna vertebral de nuestra economía. Y no nos podemos olvidar del ferrocarril. Hemos de recordar que solo el 4 % de las mercancías se mueve por nuestras vías, muy lejos del 10 % previsto para el 2030. La norma articula un sistema de ayudas directas, con un crédito de más de 3 millones de euros para compensar el sobrecoste de los operadores ferroviarios.»
-
Inés Granollers · ERC ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.
«Señorías, el segundo elemento que ponemos sobre la mesa es estructural: la prohibición de trabajar por debajo de los costes. Ya en el año 2022 se aprobó la ley de la cadena del transporte, una norma necesaria que pretendía proteger al escalón más débil, que es el transportista efectivo. Pero hoy sabemos que esa regulación es incompleta y que deja todavía algunos elementos fuera. No podemos permitir que la prohibición de trabajar a pérdidas sea solo parcial. Ahora mismo hay diferencias entre costes pagados y costes reales que son del 60 %. Hay que aplicarse a todos los contratos sin excepciones porque, si no, las grandes plataformas ya se van a ocupar de que esto no suceda ni de subir esos precios. Estamos manteniendo un sistema donde muchos transportistas siguen asumiendo costes que después no pueden repercutir y eso no es justo. Tercer punto, las ayudas. El real decreto incorpora medidas importantes, sí, sí, estamos de acuerdo, pero el sector sigue pidiendo una cosa muy clara: ayudas directas que sean suficientes y efectivas porque la subida del combustible ha sido inmediata y brutal, hasta un 30 % en cuestión de días. Estallaba el conflicto y al día siguiente esta subida ya era efectiva. De la misma manera, las medidas han llegado tarde y en muchos casos -como le decía- todavía no se han cobrado. Y ahora no estamos hablando de privilegios, sino de supervivencia de un sector.»
-
Inés Granollers · ERC ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.
«Senyories, el segon element que posem sobre la taula és estructural: la prohibició de treballar per sota de costos. Ja l'any 2022 es va aprovar l'anomenada Llei de la Cadena del Transport, una norma necessària que pretenia protegir l'escaló més feble, que és el transportista efectiu. Però avui sabem que aquesta regulació és incomplerta i que deixa encara contractes fora. No podem permetre que la prohibició de treballar a pèrdues sigui només parcial. Ara mateix hi ha diferències entre costos pagats i costos reals del 60 %. Ha d'aplicarse a tots els contractes, sense excepcions. Perquè si no, doncs les grans plataformes no s'ocupen de que això no passi ni de pujar aquests preus. Estem mantenint un sistema en que molts transportistes continuen assumint costos que després no poden repercutir, i això no és just. Tercer punt, les ajudes. El decret incorpora mesures importants, sí, hi estem d'acord, però el sector continua reclamant una cosa molt clara: ajudes directes, suficients i efectives, perquè la pujada del combustible ha estat immediata i brutal, fins a un 30 % en qüestió de dies. Esclatava el conflicte i l'endemà aquesta pujada ja era efectiva. Tanmateix, les mesures han arribat tard i, en molts casos, tal com li deia, encara no s'han cobrat. I no parlem ara mateix de privilegis, sinó que parlem de supervivència d'un sector.»