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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Marta Lois González · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«¿Saben ustedes que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, el 80 % de las personas que se benefician del subsidio de desempleo no lo agotan? La gente trabajadora de nuestro país necesita esta ayuda pública y confianza para volver a encontrar trabajo. Con este decreto, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno responden también a las obligaciones contraídas con la Unión Europea, pero demostrando que sí que hay alternativas y diciendo que no al marco de los recortes, diciendo que sí a la defensa y a la ampliación de los derechos. Como decía hace un momento, esto no es nuevo. Esta es una apuesta continuada en el tiempo por mayores niveles de protección y derechos. Es una constante de la coalición de este Gobierno. Es el compromiso del Ministerio de Trabajo, es el compromiso de SUMAR. Las políticas de empleo que más empleo han creado en España son las que se han implementado desde este Gobierno de coalición. Son las políticas de la protección social, son las políticas de la subida del salario mínimo, son las políticas de la mejora del subsidio por desempleo. Estas políticas son la vanguardia en Europa. En los últimos cinco años, el salario mínimo ha aumentado casi un 50 % y va a seguir subiendo. (Aplausos). No es una promesa, es un hecho; no son palabras, son hechos, y lo vamos a ver una vez más en breve.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Pero, señorías, no solo ampliamos los colectivos que tendrán derecho a este subsidio, sino que ampliamos la cuantía del subsidio por desempleo, que se incrementa hasta los 570 euros en nuestro país, pasando de los 480 euros al mes. Por otra parte, se simplifica notablemente la gestión de los subsidios en lo referido a la solicitud, al nacimiento y la dinámica de los mismos. Entre ellos, y muy importante, es que eliminamos aquella penalización que obligaba a las personas desempleadas a estar un mes desprotegidas para poder acceder al subsidio. Una vez más, acabamos con la lógica de la estigmatización de aquellas personas que, queriendo trabajar, no podían hacerlo. No tenía sentido que las penalizáramos teniendo que estar un mes sin ninguna protección social. Se amplía a seis meses el plazo de solicitud, lo que permite optar durante ese periodo por la búsqueda de empleo sin necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios. Suprimimos en la mayoría de los subsidios el doble requisito de carencia de rentas, las propias y las de la unidad familiar, para el reconocimiento de los subsidios, de modo que se consideran las rentas propias del solicitante o bien las rentas de la unidad familiar. Además, tanto el requisito de rentas como el de responsabilidades familiares se acreditará mediante una declaración responsable, estos días tan en boga, verificándose estos datos con posterioridad. El reconocimiento inicial y sus prórrogas no será mensual, como hasta ahora. ¿Recuerdan ustedes lo que suponía para un parado o una parada tener que renovar mensualmente, pasar por la oficina de desempleo como una especie de castigo? Pues esto también desaparece en el real decreto que tenemos hoy (aplausos), por supuesto mejorando los derechos de los desempleados, pero permítanme también decirles que eliminando cargas burocráticas a los servicios públicos, a la Función pública de nuestro país.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«En segundo lugar, el grueso del real decreto ley se dedica, como venía diciéndoles, a la mejora sin precedentes del nivel asistencial de protección por desempleo. Lo resumiré en pocas palabras: protegemos a más gente con más intensidad y de forma más eficaz y sencilla. Déjenme que les desgrane las principales medidas que, por, cierto, se suman a avances muy significativos y que gracias a la mayoría de esta Cámara ya hemos consolidado, como es, por ejemplo, la protección pública por desempleo de las trabajadoras del hogar o de los artistas en nuestro sistema público de desempleo. Ahora, señorías, damos un paso más, incorporamos al nivel asistencial de desempleo y de forma novedosa a los jóvenes menores de 45 años sin responsabilidades familiares. Hacemos lo mismo con los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarias, poniendo remedio a una exclusión injustificada y que ha tardado más de una década en cumplirse. Incorporamos -esto es muy importante- a las personas trabajadoras -voy a hablar en femenino-, a las mujeres trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, poniendo fin a una situación injusta en la que había que ver cómo las mujeres, las trabajadoras marroquíes, venían diariamente a trabajar a España, cotizaban por el desempleo, pero eran excluidas de la protección del desempleo en nuestro país. Esto también lo vamos a aprobar hoy.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Voy a resumir de manera sucinta el contenido de este real decreto. Este real decreto avanza de manera crucial en los derechos de conciliación de las personas trabajadoras al reconocer de forma incondicional, como debe de ser un verdadero derecho subjetivo, la acumulación del permiso de lactancia. Ya saben sus señorías que ya no será necesario depender de la negociación colectiva para que todas las personas trabajadoras, incluidas las que no están cubiertas por los convenios colectivos, puedan disfrutar de la acumulación de este permiso. Este permiso va a permitir que tengamos hoy hasta un máximo de veintiocho días de permiso por lactancia. Es un gran avance para que los cuidados no reposen sobre la incertidumbre y la angustia por la falta de tiempo, avance que también se extiende al empleo público con la modificación del artículo 47 del EBEP, que ahora incluye de manera expresa fórmulas flexibles de empleo que permitirán el ejercicio efectivo del derecho a la conciliación de los y las empleadas públicas que ejerzan los cuidados.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«En todo caso, hemos de reconocer que esto no es suficiente. El desempleo no es un problema personal ni individual de las personas desempleadas, ni mucho menos es su responsabilidad; es un problema social que deriva de la estructura económica y productiva de nuestra sociedad contemporánea. Combatir el desempleo pasa por el impulso de la actividad económica y por un nuevo modelo productivo, que ha de ser verde, digital y con el trabajo decente en el centro; sobre todo, debe dirigirse al establecimiento de una política industrial que ponga los recursos públicos y privados al servicio de la creación de más empleo, más riqueza y, lo más importante, su mejor distribución en nuestro país. Convendrán conmigo en que la consecución de una sociedad de pleno empleo -que, por tanto, garantice el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 40- debe ser el objetivo de nuestro país en los próximos años y requiere de un importante conjunto de medidas estructurales y estructuradas, públicas y privadas, económicas, productivas, educativas y sociales, que van mucho más allá de la cuantía de las prestaciones por desempleo.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Permítanme hablarles de algunos lugares comunes, de algunos mantras. El primero: dicen las señorías y los think tanks económicos de la ortodoxia neoliberal en nuestro país que las prestaciones y los subsidios por desempleo desincentivan la búsqueda del empleo. ¿Me quieren decir ustedes que en mi comarca la gente está en paro porque les gusta? También dicen esos mantras y lugares comunes que las personas desempleadas tienen serios problemas de empleabilidad. Y también dicen esos lugares comunes y esos mantras que el Estado gasta demasiado -y de esto les gusta hablar a algunas personas en nuestro país- en políticas pasivas -hablan de políticas pasivas cuando se refieren a las prestaciones públicas por desempleo- y que, además, deberíamos dedicar más recursos públicos a las denominadas políticas activas de empleo. En definitiva, estos tópicos, señorías, consisten en una única cosa: culpabilizar del problema del desempleo, que es de la sociedad española, a las propias personas desempleadas o a un sistema de protección social que -dicen algunos- es excesivamente generoso. (Aplausos). Permítame, presidenta, hacer algún tipo de consideración a este respecto. En primer lugar, señorías, les rogaría que técnicamente nos expresásemos bien, porque es una enorme incorrección técnica hablar de políticas pasivas de empleo cuando ustedes se refieren a las prestaciones públicas por desempleo e, insisto, en contraposición permanente al concepto de políticas activas de empleo. Señorías, la protección por desempleo no es una política de empleo. Dickens lo entendió muy bien, señorías, y el informe Beveridge, más. La protección por desempleo no es una política de empleo, es un derecho constitucional reconocido en el artículo 41 y, por cierto, no tiene ni la misma función ni obedece competencial o financieramente a los mismos criterios de la política pública de empleo de un país. (Rumores.-Pausa).»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Ahora, señorías, corresponde que hagamos lo mismo con el nivel asistencial de las prestaciones por desempleo, los conocidos como subsidios. Por ello, en el real decreto ley que hoy se somete a convalidación acometemos una profunda reforma, que tiene por objeto de manera singular, en primer lugar, la simplificación tanto administrativa como de la propia estructura del sistema, pero también abordamos la mejora sustancial de los subsidios por desempleo tanto en sus cuantías -de las que vamos a hablar- como de los colectivos afectados por ellas. Todo ello, como conocen sus señorías, en el marco de la reforma 10 del denominado Componente 23, remitido a la Comisión Europea. Pero, señorías, como les decía, la protección por desempleo sigue estando en la diana de las posiciones neoliberales en su más amplia concepción y sigue alimentando con ocasión de esta reforma -lo habrán visto estos meses- todo tipo de opiniones, comentarios, artículos doctrinales, todo tipo de elementos que tienen que ver con el cuestionamiento de la protección pública por desempleo y, además, se acompaña de un debate que ha estado plagado de confusiones y -permítanme decirles- de medias verdades y algunas mentiras flagrantes. Recuerden ustedes que hay algún think tank que nos dice que estamos incentivando que la gente esté en desempleo. Esta es la lógica del debate en el que nos encontramos hoy en día. Permítanme decirles, señorías, que son los mantras de siempre y algunos otros mantras o lugares comunes que son más modernos, pero que invocan el tiempo de Dickens. Alguna modernidad de lo que ustedes plantean evoca los tiempos de Dickens y, por eso, esta reforma va en la dirección contraria.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Vamos a hacer memoria. Recuerden ustedes el decretazo del año 2002 del Gobierno presidido por el señor Aznar. Por cierto, señorías del Partido Popular, este decretazo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque penalizaba nada más y nada menos que las condiciones de mantenimiento de las prestaciones por desempleo, promovía la desaparición del PER y también la desaparición de ciertos subsidios asistenciales. También ha sucedido más recientemente, señorías del Partido Popular, en el año 2012, con la crisis financiera, en la que ustedes no solamente abarataron y facilitaron los despidos, alcanzando una cifra récord de parados en nuestro país, sino que el Partido Popular modificó la protección social por desempleo para dificultar el acceso a la misma, para excluir colectivos y, sobre todo, para reducir drásticamente las cuantías de las prestaciones contributivas -recuérdenlo, señorías-, llegando a recortar 25 puntos la protección social en nuestro país. Justamente cuando más y más gente lo necesitaba, el Partido Popular hizo una reforma que violentaba abiertamente el espíritu y el mandato constitucional en su artículo 41, una reforma que, como saben ya ustedes, afortunadamente ha sido revertida por este Gobierno de coalición. Y, fíjense -recuérdenlo ustedes-, en la pasada Ley de Presupuestos Generales del Estado hemos derogado aquel recorte que ustedes incorporaron en el que redujeron la base reguladora para el cómputo de la prestación pública por desempleo del 60 al 50 %. Hoy, los parados españoles perciben 100 euros más gracias a la eliminación de este recorte. (Aplausos).»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«En tercer lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos sociales ha supuesto un gran paso en la construcción y la consolidación de los propios sistemas democráticos, pues tales derechos fortalecen el principio de ciudadanía, independientemente de la fortuna de cada una de las personas. Por cierto, señorías, no está de más recordar en este momento que el reconocimiento constitucional de tales derechos y el establecimiento de un Estado social y de derecho que homologara España al resto de los países de nuestro entorno se demoró en nuestro país, lamentablemente, durante cuatro largas décadas como consecuencia de un golpe de Estado y una posterior dictadura. Pues bien, entre dichos derechos sociales ha ocupado y ocupa un papel particular la protección por desempleo. Es el instrumento imprescindible para luchar contra la pobreza y la desigualdad, pero es también una exigencia democrática. Por eso, señorías, no solamente hay que mantenerlo, sino que tenemos la obligación de mejorarlo paulatinamente. Como les he dicho, el artículo 41 señala que los poderes públicos tienen que garantizar la asistencia y las prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de desempleo. El cumplimiento de este mandato se aplicó inmediata y decididamente -lo recordarán ustedes- con la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo, que establece en España por primera vez un verdadero sistema de protección social en nuestro país. La protección por desempleo ha sido desde entonces objeto de numerosas reformas, como ha pasado con las reformas laborales, y me van a permitir que les diga que esas sucesivas reformas generalmente se han dirigido, primero -y escuchemos bien-, al endurecimiento del acceso y la reducción de la protección social en el nivel contributivo y, por otra parte, a la ampliación de manera aluvional y desordenada de los supuestos y los colectivos destinatarios de los subsidios del nivel asistencial con prestaciones mínimas. Por otro lado, no puede ocultarse el hecho de que la protección pública por desempleo ha estado desde su propio nacimiento amenazada y en la permanente diana de las políticas neoliberales en nuestro país, entre las que han destacado particularmente, señorías, las que han desplegado los gobiernos del Partido Popular.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«El reconocimiento constitucional de los derechos sociales supone y supuso, en primer lugar, una reacción y un antídoto contra la pobreza y la desocupación, que estuvieron en la base del gran malestar social de los primeros años del siglo pasado. Estos influyeron tan negativamente en las crisis que desembocaron justamente en las dos terribles guerras mundiales. La incertidumbre e inseguridad derivadas de la pobreza y el paro debían ser eliminadas por instrumentos públicos y universales de protección, en definitiva de Seguridad Social. En segundo lugar, se configura como una cuestión de justicia social. La reconstrucción de Europa tras las dos grandes guerras requería de esfuerzos de la ciudadanía y debería también comportar, como saben ustedes, el reconocimiento de nuevos derechos sociales, entre ellos, la salud, la educación y, por supuesto, la protección social. Como se decía en la Gran Bretaña del 45, y cito literalmente, 'si hemos sido capaces de trabajar juntos y orientar los recursos y la economía del país para ganar la guerra al nazismo, ahora hay que trabajar juntos y orientar los recursos y la economía del país para ganar la guerra a la injusticia, la pobreza y la desigualdad'. (Aplausos).»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Gracias, presidenta. Decía que la doctrina del Tribunal Constitucional ha reiterado en nuestro país que la Seguridad Social constituye una función del Estado. Dice más, el artículo 41 impone a los poderes públicos la obligación de mantener un sistema de carácter público que proteja frente a situaciones de necesidad con un conjunto de prestaciones -y aquí la clave- que sean suficientes. Es una obligación que supone el correlativo derecho de la ciudadanía a obtener tales prestaciones mínimas. Y, a pesar del importante papel de la ley en la definición de los contenidos concretos de dichos derechos, el Estado -insisto- ha de mantener unos niveles adecuados de protección para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales. Este precepto, por otro lado, no puede ser interpretado aisladamente ni desconectado de sus antecedentes. El artículo 41 de nuestro texto constitucional bebe de las fuentes del mejor constitucionalismo, de aquella, por ejemplo, que incorporó un reconocimiento amplio y expreso de los derechos sociales, y, como saben sus señorías, arranca en la Constitución de Weimar, del año 1919, continúa con la Constitución republicana del año 1931 y hoy se consagra en el conjunto del denominado constitucionalismo social. Es una tradición constitucional que incorporó plenamente los ideales Beveridge, de cuyo informe hoy se cumplen ochentaiún años, cuando -recuerden ustedes- se reivindicaba la necesidad de un sistema de protección social público universal que atendiese las situaciones de necesidad de la ciudadanía; ideas sobre las que a partir del año 1945 se comienzan a edificar en Europa los denominados Estados del bienestar, que, como pueden conocer ustedes, se ilustra bien, por ejemplo, en una gran película, El espíritu del 45.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Señorías, buenos días. Feliz año. Comparezco ante esta tribuna del Congreso de los Diputados en el Senado para exponer el contenido del Real Decreto ley 7/2023, por el que se acomete la simplificación y la mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, así como completar la transposición de la Directiva 2019/1158, de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. En estos tiempos -permítanme decirles- de constitucionalismo impostado, voy a comenzar esta intervención leyendo, literalmente, el artículo 41 del texto constitucional. Dice así, señorías del Partido Popular: 'Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente -dice este precepto- en caso de desempleo.' Este artículo, señorías, se ocupa ni más ni menos que de la Seguridad Social, la columna vertebral de la protección social de nuestro país y, de manera singular, de la protección pública por el desempleo. Y aunque se encuadra en el capítulo de los principios rectores económicos de nuestro país, no se trata de una referencia programática, genérica o sin contenido. Muy al contrario, el Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada en nuestro país... (Rumores).»
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Pedro Luis Huguet Tous · PP ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Les voy a explicar la verdad -porque el ministro muchas veces miente- del compromiso 11 de la reforma 2 que presentaron ante la Unión Europea, que, incluso aprobando este real decreto, no lo cumple. Se lo leeré, Dice: El compromiso es, a 31 de diciembre de 2022, la ley de eficiencia procesal a fin de acortar la duración de los procedimientos -no está hecha, ahora han traspasado una pequeña parte aquí que no acorta ningún procedimiento-; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de asignar la dirección judicial de la instrucción a los fiscales -¿dónde está?-; la ley de eficiencia digital, que es lo único que han traspasado aquí, y la ley de eficiencia organizativa del servicio público, que no la han podido traspasar porque es orgánica y necesitan que sea el Parlamento el que la apruebe. Por lo tanto, nos están trayendo aquí un real decreto ley que, incluso aprobándolo, no da cumplimiento al compromiso 11, al que ustedes se comprometieron con la Unión Europea. Así pues, estamos aquí ante una nueva chapuza jurídica.»
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José Luis Aceves Galindo · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Y ya la del millón: ¿No comparten la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad en la Administración pública? ¿Hasta este límite han llegado, el de no compartir este avance? ¿No comparten que el Instituto Nacional de la Administración Pública se convierta en una herramienta más eficaz para la selección del personal y sea una agencia de empleo público? ¿Hasta ese límite llegan, hasta ese límite antisistema e irresponsable? Realmente, se lo tienen que hacer mirar. Termino con los dos últimos libros, que no por ser los últimos son menos importantes, y pregunto: ¿De verdad, cuando salgan de aquí y vayan a sus provincias, van a decir que se oponen a que la Ley de régimen local de nuestro país cambie el sistema y que el empadronamiento sea efectivo y que hoy, cuando es digitalmente posible, sea automático? ¿Hasta ese nivel de posicionarse en contra llegan, cuando es algo demandado por la ciudadanía, por todos los españoles? Antes decía algún interviniente que a quién afectaba. Sin duda, afectan a todos los españoles estas medidas del padrón municipal, con datos obligatorios y la gestión colaborativa de los municipios de más de 20 000 habitantes. Por eso, ¿algún partido político que vaya a votar hoy en contra va a decir luego que defiende el municipalismo, que defiende el medio rural, que defiende los municipios menores cuando se está poniendo en marcha un sistema de gestión colaborativa para los de menos de 20 000 habitantes? Señorías, se les cae el discurso a quienes no apoyan este real decreto, se les cae porque es incoherente en todos los sentidos.»
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José Luis Aceves Galindo · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Gracias, presidenta. ¿Cuántas veces ha defendido en el Congreso de los Diputados el Partido Popular el estatuto del directivo público profesional? ¿Y hoy van a votar en contra? ¿Hoy se van a dirigir a todos ellos, cuando durante mucho tiempo ustedes les dijeron que les iban a apoyar, y van a votar en contra? Realmente, no son coherentes. Y vuelvo a repetir que se convierten en un partido antisistema, porque van en contra de los intereses de los colectivos a los que dicen defender, y es todo lo contrario. Así que, díganme a quién defienden. Si no defienden los intereses de lo público, si no defienden los intereses de colectivos que durante mucho tiempo decían que venían a defender, ¿a quién defienden ustedes en el sector público? Señorías, los socialistas defendemos la atracción del talento, defendemos retener perfiles destacados y reforzar la profesionalización de la Administración pública. Y yo les digo también: ¿Es que no comparten los cambios en la oferta de empleo público para que sea más ágil en nuestro país? ¿Es que no comparten ejecutarla en un tiempo tasado a fin de que sea más fácil para los opositores? ¿Es que no comparten los concursos unitarios, abiertos y permanentes para el personal de la Administración pública? Entonces, ¿qué comparten? ¿Cuál es su modelo, señorías? No tienen modelo para lo público en nuestro país, ningún modelo, y eso queda reflejado con su oposición. (Aplausos).»
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José Luis Aceves Galindo · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Respecto al segundo libro, Función pública, tema del que soy portavoz, señorías, yo veo que al Partido Popular siempre le ha molestado lo público; siempre le molesta y siempre intenta atacarlo desde cualquier perspectiva, para ir en contra de los intereses públicos. Y yo les digo hoy: Lo primero desde mi grupo siempre, apoyo y afecto a los 2,7 millones de empleados públicos de nuestro país, a los más de medio millón de empleados públicos de la Administración General del Estado, que es de lo que van estas medidas. Pero, claro, después del acuerdo con los sindicatos del sector, que llevó a la consideración de la llegada de un proyecto de ley en la pasada legislatura de Función pública de la Administración del Estado y de donde provienen estas medidas, yo pregunto, señorías: ¿No comparten que en nuestro país el diálogo social funciona, que el diálogo social sirve para avanzar y que en este caso esto viene de la mano del acuerdo del diálogo social? ¿También niegan incluso eso en nuestro país las señorías de la derecha? La verdad es que resulta increíble. Yo les pregunto: ¿No comparten la transparencia y la agilidad en los procesos selectivos? ¿No comparten la evaluación del desempeño? (Continúan los rumores). ¿Cuántas veces el Partido Popular trajo al Congreso que había que tener en nuestro país un estatuto...»
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José Luis Aceves Galindo · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Yo les digo claramente: Vamos a hablar de cada uno de estos libros. Y en cuanto al primero, señorías, este Real Decreto ley incluye el mayor avance en transformación digital de la historia de la justicia en nuestro país, lo que se traducirá, fundamentalmente, en un mejor servicio público a la ciudadanía. Además, adapta la realidad judicial española al marco tecnológico y digital. Y yo les pregunto, señorías de la derecha: ¿Niegan el objetivo de adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual? ¿No están de acuerdo con la eficiencia procesal? ¿No están de acuerdo con ser más ágiles y hacer frente al incremento de la litigiosidad? ¿Rechazan el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos? ¿Se oponen a la Carpeta Justicia? ¿Rechazan el expediente judicial electrónico, que incluye todos los documentos importantes y las actuaciones que cada procedimiento judicial tiene en paralelo? ¿No comparten el expediente electrónico entre órganos judiciales y otros órganos de la Administración? Señorías, centrémonos, de eso estamos hablando, de modernizar, de ser más eficaces, de ser más eficientes, de dar un buen servicio a la ciudadanía desde este Parlamento haciendo política útil al apoyar lo que va a ser mejor para la gente. Además, señorías de la derecha, cuando uno niega que el avance supone un buen recorrido para la ciudadanía se convierte en un partido antisistema, en un partido y unos diputados que van contra los intereses de la ciudadanía. Así que, señorías, creo que ahí es donde deberíamos centrar el debate. (Continúan los rumores).»
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José Luis Aceves Galindo · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Gracias, presidenta. Señorías, buenos días y feliz año a todos y a todas. En este debate, en el que el Real Decreto Ley 6/2023 viene a colación con cuatro asuntos, con cuatro libros muy importantes para nuestro país, como es el primero, relativo al servicio público de justicia; el segundo, sobre régimen de la Función pública; el tercero, régimen local, y el último, mecenazgo, señorías, lo primero que tenemos que hacer hoy es hablar claro y con propiedad desde este hemiciclo del Senado pero en un pleno del Congreso. Señorías, yo les pregunto: Cuando todos somos elegidos por los ciudadanos para formar parte de este hemiciclo, ¿qué venimos a hacer: política útil o a ponernos en contra de los intereses de los ciudadanos? Yo, al menos, cuando me he presentado a unas listas, siempre he decidido hacer política útil para ayudar a los ciudadanos de nuestro país. (Aplausos). Siempre lo he tenido claro. Y yo les pregunto, señorías, ¿les importa que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de nuestro país continúe por la senda de ayudar a los ciudadanos? ¿Les preocupa la llegada de los 10 000 millones de euros del cuarto desembolso? ¿Les preocupa hacer política que llegue a los ciudadanos desde mañana mismo, o no les preocupa? ¿O les da exactamente igual y lo único que intenten es hacer desgaste al Gobierno, desgaste del presidente, sin ningún otro criterio y finalidad? (Rumores).»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Uno de los problemas fundamentales tiene nombre, y se llama infrafinanciación. Hasta que no alcancemos el 33 % de participación de los tributos del Estado para las entidades locales no podremos hablar de suficiencia financiera de las entidades locales. Emplazamos a los señores del Partido Socialista a ese debate. A nuestro entender, aunque vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley, este puede ser mejorado a través de su tramitación como proyecto de ley, y aquí nos encontrarán para todo lo que signifique avances en derechos y en la mejora de los servicios públicos. Muchas gracias a los que me han atendido. (Aplausos).»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Esto entronca con el siguiente bloque, el que contiene la Ley de Función pública. En la motivación ustedes repiten que hay que culminar un proyecto de Administración del siglo XXI, y es loable y es un objetivo compartido. Pero no será una Administración moderna si las empleadas públicas no tienen el derecho a la negociación colectiva, y hoy este decreto ley demuestra que no lo tienen. En la motivación también hablan de que vamos a tener un sistema de Función pública coherente y completo. A lo de coherente yo no les pongo pega, los sindicatos sí se la están poniendo porque no han negociado las normas de Función pública. Pero lo de completo sí se lo discuto, porque queda mucho que hacer en esta materia, y esperamos que en esta legislatura se puedan dar debates serios sobre qué Función pública queremos en el futuro. Porque no se puede hablar de Administración del siglo XXI mientras haya colectivos de empleadas públicas precarizadas, como las auxiliares de ayuda a domicilio, o colectivos injustamente tratados como los CCAE, y no sigo nombrando más, porque la lista de colectivos pendientes de solución podría ser eterna. Por eso no habrá un sistema de Función pública coherente y completo hasta que la precariedad y las situaciones discriminatorias no sean desterradas de nuestra Administración pública. Respecto a las medidas de las entidades locales, diré que son concretas y algunas inciden en la garantía de prestación de servicios públicos, pero este decreto no va a resolver los problemas estructurales que tiene nuestra Administración local.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Gracias. Pero, ¿saben algo? Nosotras sí sabemos lo que es la responsabilidad y por eso hoy vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley. Pero eso no quiere decir que no tengamos ciertas críticas, porque siempre todo es mejorable. La primera es acerca de la forma de aprobación mediante decreto ley. No les podemos aceptar determinadas justificaciones que vienen en la documentación, como, por ejemplo, que la aprobación de decretos leyes para cumplir en plazo determinadas obligaciones sea ya una costumbre. Esta figura legislativa es excepcional y no la pueden convertir en habitual. La Administración de Justicia de este país ciertamente necesita muchas inversiones y mucho talento para modernizarla, no solo por la mejora de los servicios públicos, sino por la mejora de las condiciones de todo el personal que trabaja al servicio de la Administración o se relaciona profesionalmente con ella. De algunas de las modificaciones que vamos a convalidar surgen muchas incógnitas, lo mismo que tampoco han conseguido mitigar la conflictividad laboral que vive desde hace un tiempo la Administración de Justicia. Nosotras queremos que sea una Administración sin papeles y moderna, pero con diálogo y con participación de quien tiene que garantizar la calidad del servicio, que son las empleadas públicas, pero también con la participación de las diputadas de esta Cámara o de los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia, y eso solo podrá ocurrir si este decreto ley, una vez convalidado, se tramita como proyecto de ley y se abre la posibilidad de mejorarlo con la aportación de las enmiendas que quedaron en el camino tras la disolución de las Cámaras.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«... que dicen que no pueden votar el decreto ley porque la modificación de un artículo y lo que dice la modificación ya es práctica común en los tribunales. A nosotros, no nos parece suficiente motivo para perder 10 000 millones de euros, que beneficiarán, sobre todo, a las comunidades autónomas. Desde aquí les quiero pedir que hoy voten a favor. En la tramitación como proyecto de ley les apoyaremos en aquello que consideren que puede ser mejorable. (Aplausos). Por otro lado, el señor Feijóo dice que, de acuerdo con sus barones, no van a salvar a Pedro Sánchez, como si esto se tratara de un juego de niños, olvidando que todos esos fondos que se perderían si no se convalida el decreto a quien tienen que salvar no es al presidente del Gobierno, sino a la mayoría social de este país, la que no vive de rentas, la que necesita trabajar, la que necesita empleo y necesita una reindustrialización y un cambio de modelo productivo en este país. (Aplausos). Hoy, señores del Partido Popular, tienen una oportunidad de oro para que comprobemos que han entendido lo que significa ser un partido de Estado que practica una oposición responsable, porque ya nos tienen acostumbrados a que no les preocupe la mayoría social de este país. Y les voy a poner un ejemplo, que es una falta de responsabilidad enorme, además de discriminatoria, y aporofóbica. Yo soy diputada por la circunscripción de Sevilla y en la capital la alcaldía es del Partido Popular. Pues esta semana pasada se hizo viral porque en la cabalgata ha salido un empresario sevillano como Rey Mago, blackface, y vestido de torero, con faldas y sin montera. Ha generado muchísimos chascarrillos. ¿Pero saben qué se esconde detrás de los chistes y de los memes? Pues que las niñas y los niños del Polígono Sur, el barrio más desfavorecido, ignorado y olvidado de toda España, que tiene 5816 euros de renta per cápita, tuvo la Cabalgata de Reyes el 2 de enero, no el 6, como el resto de distritos; y adujeron como motivo que no podían cubrir determinados servicios. En lugar de preocuparse por quienes más atención y servicios públicos necesitan, el alcalde de Sevilla y su equipo discriminan a la infancia más vulnerable de la ciudad de Sevilla y de España. Y este hecho tan grave queda opacado con la salida triunfal, como Rey Mago, de un empresario sevillano con la cara pintada de negro, vestido de torero y que aprovecha la cabalgata para repartir propaganda de su negocio. Este es el ejercicio de responsabilidad que sabe hacer el Partido Popular con los más vulnerables de este país. (Rumores).»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Muy buenos días. Hoy venimos a convalidar un decreto ley, el 6/2023, conocido en la prensa como ómnibus por la variedad de temas que recoge. En este decreto ley, con el objetivo declarado de adaptar el derecho a la tutela judicial efectiva de las nuevas realidades, se recogen un buen número de modificaciones y 259 millones de euros de presupuesto para modernizar y agilizar la Administración de Justicia. Este es un buen paso, pero nos resulta insuficiente para poder satisfacer las reclamaciones de las trabajadoras de la Administración de Justicia y nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar sus salarios, especialmente en la escala de servicios generales. También contiene la Ley de Función Pública, que decayó en la anterior legislatura al disolverse las Cortes y convocarse elecciones. Igualmente, modificaciones de la ley de bases y también completa la legislación del Estatuto del Artista. ¿Y cuál es la principal motivación para traer a convalidar tal cantidad de normas y tan variadas en un solo decreto ley? Pues que todas las normas incluidas en este decreto, supuestamente, garantizan el cumplimiento de los objetivos y los hitos comprometidos en el plan de recuperación. Eso permitirá acceder al cuarto pago, que tiene un montante de 10 000 millones de euros. Si dicho decreto no se consolida, nuestro país perdería 10 000 millones de euros para dedicar a la reindustrialización estratégica de este país. Y hay grupos que han anunciado que votarán en contra, como Junts, que diuen que no poden votar el decret llei perquè la modificació d'un article i el que diu la modificació ja és pràctica comú als tribunals. A nosaltres no ens sembla prou motiu per perdre 10 000 milions d'euros que beneficiaran, sobretot, les comunitats autònomes. Des d'aquí els vull demanar que avui votin a favor i a la tramitació com a projecte de llei els donarem suport en allò que vostès considerin que pot ser millorable.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Por otra parte -lo ha dicho hace un momento el compañero Rego-, mucha digitalización, mucha legislación, pero si no ponemos fondo no servirá para nada. Los juzgados están colapsados, las competencias en materia de recursos humanos y materiales son de las comunidades autónomas y hemos de hablar de cómo se articula esto. Lo tramitaremos como proyecto de ley, pero para nosotros es imprescindible el requisito de que se pueda tramitar en catalán, tanto digitalmente, como requisito para que el acceso a la carrera de jueces y de trabajadores al servicio de la Administración de Justicia permita que la ciudadanía de mi país pueda ir a los tribunales y hablar en su propio idioma, sin que sea un obstáculo para la obtención de este servicio público que es la Administración de Justicia. Acabo. Lo tramitaremos como proyecto de ley, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que hay en este decreto ley. Lo que hay es voluntad de hablar, pactando un espacio que afecta a toda la ciudadanía, también a la de Cataluña, y ya hicimos el posicionamiento público que era favorable a esta tramitación, enfatizando que en cosas como la Ley 7/1985 de la Administración local, es evidente que tiene que haber un diálogo con todas las administraciones. Agradezco la atención de los diputados. Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«I acabo. Tramitarem com a projecte de llei, la qual cosa no vol dir que necessàriament estiguem d'acord amb el que hi ha en aquest decret llei. El que sí que hi ha és la voluntat de parlar-ne. És la voluntat d'acabar pactant un espai que beneficiï, efectivament, tota la ciutadania, també la de Catalunya i, per tant, ja vam fer el posicionament públic que era favorable a aquesta tramitació, fent èmfasi que en coses com la Llei 7/1985 de l'administració local és evident que ha d'haver-hi un diàleg amb totes les administracions. Agraeixo l'atenció dels diputats, no així la del ministre. Moltes gràcies. Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Aprovecho para decirles en catalán feliz año por primera vez, y que sea más ligero que el pasado. Seré breve y, lamentablemente, reiterativa. Esto es así porque todos los grupos que en su momento apoyamos la investidura hemos dicho, por activa y por pasiva, que el sistema de legislación a través de reales decretos leyes no nos convence. Es cierto que, en este caso, les doy el beneficio de pensar que existe la habilitación para que sea urgente necesidad. A pesar de eso, no hace falta, ministro, exponerlo todo en un mismo real decreto, porque es cierto que la disparidad de contenidos hace muy difícil el posicionamiento solo de uno de ellos y lleva en sí mismo el resto. Por tanto, al Gobierno se le pide, por favor, que sean conscientes de que los grupos parlamentarios no estamos a su servicio. Intentamos dar apoyo. A raíz de esto, hay que decir que se ha pedido la tramitación como proyecto de ley, que es lo que explica en parte que demos apoyo a esta convalidación. Es así por varios motivos. Entre ellos, porque no es cierto que toda la tramitación que contiene este real decreto se acabara en la anterior. Sí que lo es para determinadas normas, pero, por ejemplo, en Función pública decayó la legislatura en el momento que estábamos en el trámite de enmiendas y no se ha hecho un debate. Afecta básicamente a la Administración pública estatal, puede que no nos competa, pero es parte de la legislación que afecta a la Administración local y queremos hablar de los habilitados estatales en los ayuntamientos, secretarios e interventores. Les hemos dicho varias veces que queremos que la situación vuelva antes de la modificación.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«I arran d'això, convé dir que s'ha demanat la tramitació com a projecte de llei, que és el que explica, en part, que donem suport a aquesta convalidació. I això és així per diverses raons. Entre elles, perquè no és cert que tota la tramitació del que conté aquest reial decret s'hagués acabat la passada legislatura. Sí que ho és per a determinades normes però, per exemple, en funció pública va decaure la legislatura en el moment en què estàvem en el tràmit d'esmenes i, per tant, no s'ha fet un debat. Cert que afecta bàsicament l'administració pública estatal i, per tant, diríem que a nosaltres no ens competeix. Però és cert també que és part de la legislació que afecta l'administració local, i volem parlar dels habilitats estatals als ajuntaments, secretaris i interventors. Ja els ho hem dit diverses vegades. Volem que la situació retorni a la anterioritat de la modificació feta per l'LRSAL. Per una altra banda, ho ha esmentat fa un moment el company Néstor Rego, i això és així. Molta digitalització, molta legislació, però si no hi posem fons no servirà absolutament per a res. Els jutjats estan completament col·lapsats. Les competències en matèria de recursos humans i materials són de les comunitats autònomes que ho tenen transferit i, per tant, hem de parlar de com s'articula això. Ho tramitarem com a projecte de llei, però vostès saben que per a nosaltres és imprescindible el requisit que es pugui tramitar en català, tant digitalment com com a requisit, perquè l'accés a la carrera de jutges i de treballadors al servei de l'administració de justícia permeti que la ciutadania del meu país pugui anar als tribunals i parlar en el seu propi idioma sense que sigui un obstacle per a l'obtenció d'aquest bé públic, d'aquest servei públic que és l'administració de justícia.»
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Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Respecto al contenido de este decreto, más allá de que vayamos a votar a favor, quiero hacer algunas consideraciones sobre algunos elementos y cuestiones. En relación con la Administración de Justicia, si la justicia es lenta, no es justicia, lo hemos dicho muchas veces las abogadas y los abogados. Por eso, durante la legislatura venimos trabajando en tres leyes para el desarrollo organizativo, procesal y digital de la justicia, de la transformación digital de la justicia, pero es imprescindible para ese desarrollo que, como han pedido de manera insistente los sindicatos, se mantenga el diálogo con los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia. Sobre la polémica por la incorporación de esa directiva europea, como hemos hecho otras tantas veces, entendemos que paralizar una causa judicial cuando un magistrado plantea una cuestión prejudicial en el Tribunal de la Unión Europea, ya se hace. Por lo tanto, esa polémica no la entendemos y no entendemos tampoco que afecte de manera directa a la amnistía. En relación con la Función pública, hemos venido defendiendo que la Función pública no puede contemplarse como una gestión neoliberal de recursos humanos orientados exclusivamente a la mejora de la productividad o penalizaciones a trabajadores y trabajadoras. En este decreto se tocan cuestiones que han sido espinosas en la última legislatura y nos da la sensación, y eso nos alegra, de que ahora se pretende matizar o mejorar lo ya trabajado. Eso sí, tiene una forma poco clara o definida, y se plantea, por ejemplo, una mayor agilidad -eso sí nos parece importante- de los procesos de selección y su modernización, y se incluyen algunas correcciones con respecto al desempeño, que fue lo que más rechazo causó para sindicatos y trabajadores en estos últimos tiempos. Voy a ir terminando. Respecto a la Administración local, queremos destacar ese elemento positivo de eliminar las trabas burocráticas para llevar a cabo el empadronamiento, que permita agilizar ese trámite de forma directa, y se solventan los perjuicios que se han venido dando a muchos administrados que tienen que trasladarse a trabajar, a estudiar...»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«El libro tercero del decreto ley regula las medidas en materia de Administración local, encaminadas básicamente a acelerar e implementar todos los servicios digitales en las pequeñas administraciones locales. Se apoyará a estos pequeños municipios en la prestación de estos servicios para que se puedan adaptar a las tecnologías actuales. Por ejemplo, se actualizará y se mejorará el modelo de padrón municipal de habitantes, de tal manera que se actualizará en tiempo real, es decir, el mismo día se podrá modificar el empadronamiento de una persona y tendrá reflejo inmediato en el padrón municipal de habitantes. Este real decreto supone también una apuesta por la gestión colaborativa en los servicios con los municipios pequeños, con los de menos de 20 000 habitantes, garantizando la calidad de los servicios tanto si alguien vive en municipios con menos habitantes como si vive en grandes ciudades. Por último, impulsa la participación ciudadana, en colaboración con otras administraciones, para ayudar a las entidades locales más pequeñas, obligando a que las entidades locales habiliten un portal de Internet para que puedan elaborar planes y mecanismos digitales para que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios públicos locales.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«El libro segundo, señorías, trata de la reforma de la función pública, su régimen jurídico y los instrumentos de gestión del empleo público. Forma parte también del componente undécimo del plan de recuperación. Son iniciativas que ya se contemplaban en el Estatuto Básico del Empleado Público que, como recuerdan ustedes, se aprobó en el año 2007, pero algunos aspectos necesitaban todavía una norma que pudiera desarrollarlos. Por ejemplo, este libro segundo del decreto ley del que pedimos su convalidación regula la planificación estratégica en materia de recursos humanos de las administraciones públicas, vinculado a una planificación no solo plurianual de la Administración General del Estado. Se regula también la evaluación del desempeño, vinculándola al complemento salarial y a provisiones de puestos para mejorar la productividad de los empleados y la calidad de los servicios públicos. También se establece un nuevo modelo de carrera horizontal, de tal manera que se puede progresar en tramos sin cambiar de puesto de trabajo para los funcionarios y empleados públicos, y se regula la figura del directivo público empresarial, subdirectores y asimilados, regulando sus funciones, los requisitos para su nombramiento y también para su evaluación.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Les doy cuenta de manera muy sucinta de cuál es el contenido del real decreto ley. Saben ustedes que tiene cuatro libros: el primero sobre justicia; el segundo sobre función pública; el tercero sobre régimen local y el cuarto sobre mecenazgo. Sobre el primero de ellos, transformación de la justicia, se regula en el libro primero, da cumplimiento al componente undécimo del plan de recuperación y básicamente contiene dos normas que estaban en tramitación parlamentaria en la legislatura anterior: la ley de medidas de eficiencia digital y, en parte, también la ley de eficiencia procesal. Estas normas persiguen un objetivo muy claro, que es conseguir una justicia más moderna, más ágil, más digital y mucho más cercana a la ciudadanía. Se introducen reformas dirigidas a adaptar el servicio público de la justicia al marco tecnológico y digital actual. Pretendemos consolidar el derecho de los ciudadanos y de los profesionales a relacionarse por medios electrónicos con la justicia, como ya sucede en la Administración General del Estado y en otras administraciones territoriales. Esto incluye, por ejemplo, la celebración preferente de vistas a través de vías telemáticas, la creación de la carpeta justicia para que ciudadanos y profesionales puedan, de manera muy sencilla y fácil, consultar los expedientes judiciales y realizar trámites a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, y también el impulso al expediente judicial electrónico que reúne todos los documentos y todas las actuaciones que se incluyen en un procedimiento judicial. Fortalecemos, esto es importante también, la interoperabilidad entre operadores jurídicos, es decir, no solo entre administraciones de justicia y no solo entre juzgados, sino también entre otros operadores como registros, notarios, etcétera, que permitirá que ahora gestiones, que podían durar meses, se puedan hacer en horas, porque se van a hacer de manera digital. También hemos incluido, como les decía al principio, medidas de eficiencia procesal dirigidas a simplificar y facilitar procedimientos, por supuesto sin afectar ninguna garantía procesal ni ningún derecho de las partes.»