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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Las islas Canarias son el 1,5 % del territorio nacional y en él reside menos del 5 % de la población, pero tutela aproximadamente a 5200 niños y adolescentes, y Ceuta acoge a 400 menores más. Es decir, mientras que el 98,5 % del territorio nacional acoge a 5000 menores, en el 1,5 % -Ceuta y Canarias- se acoge a 5600. Esta situación se habría corregido con la reforma de la ley de extranjería, pero lo han impedido los destructivos intereses políticos del Partido Popular y de VOX (aplausos), en alianza en esta ocasión con los independentistas de Junts. Cuanto peor para Canarias y Ceuta, mejor para los intereses del Partido Popular. Y vaya por delante el agradecimiento de este grupo parlamentario, de SUMAR, a los gobiernos de Canarias y Ceuta, a los presidentes Clavijo y Vivas, por su sensatez, por su empatía con las niñas y niños desprotegidos y por el respeto a los derechos humanos que han mostrado. Nuestro reconocimiento a las sociedades canaria y caballa por la solidaridad con la que han recibido a más de la mitad de los niños que llegan a España.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Señores y señoras del Grupo Popular, España formará parte de la comunidad de naciones civilizadas mientras respetemos las normas y convenios de derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas. Somos la frontera de Europa con el Magreb y el Sahel, que es una región sumida en conflictos graves. Que en lo que va de año hayan llegado a Canarias 20 000 personas huyendo de estos conflictos no es ninguna emergencia migratoria para un país de 48 millones de habitantes, máxime cuando buena parte de los refugiados que llegan continúa en tránsito a otros países de la Unión Europea. A la vista de la situación en sus países y de lo poco que hacemos para garantizar el desarrollo y la estabilidad política en esta región vecina, lo raro es que no lleguen más miles de personas buscando un futuro digno para sus hijos. Pero sí que es una emergencia para Canarias o Ceuta si el Partido Popular los condena a hacer frente en solitario a la acogida de miles de niños y de niñas que huyen solos o que han visto cómo morían sus padres por el camino.»
INECita «48 millones» · Población residente, 1 jul 2024: 48.821.936 personasFuente ↗
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia. La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos). Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales. Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país. Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoComunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,...
«Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España -en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023- y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos. La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial. Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas -exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE- van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio. Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Por eso, la lucha por los derechos laborales y sindicales de los y las guardias civiles fue impulsada en los años 80 por guardias y por sus familias. Diez años después de concluida la Dictadura, guardias civiles con profundas convicciones democráticas, la mayoría de ellos hijos del cuerpo, eran perseguidos por reclamar los derechos sindicales que ya tenían los demás cuerpos de seguridad del Estado. La naciente democracia solo tenía obligaciones para los y las guardias civiles, pero no reconocía sus derechos. En mayo de 1986, ya legalizado el Sindicato Unificado de Policía, se celebra en clandestinidad el primer congreso del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (aplausos), nacido de las movilizaciones de guardias y sus familiares en 1976, pidiendo incorporarse a la Seguridad Social, una reivindicación bastante lógica y sensata. El Sindicato Unificado de la Guardia Civil contó con el apoyo de los sindicatos policiales, de Comisiones Obreras, de UGT, y también de partidos como el Centro Democrático y Social, el Partido Comunista de España o Izquierda Unida (aplausos); a través de diputados de este Congreso, como Antonio Romero o Willy Meyer, a los que hay que reconocer. El reconocimiento del derecho de asociación profesional no se produjo hasta la Ley Orgánica 12/2007, veintiún años después de constituirse el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. En estos años, los y las guardias civiles mantuvieron una valiente lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales. Cuatro de estos héroes de la democracia, los guardias José Carlos Piñero González y Manuel Linde Falero -este, desgraciadamente, ya fallecido-, el cabo primero Manuel Rosa Recuerda y el sargento José Morata Gargallo fueron perseguidos, represaliados y expulsados del cuerpo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas. No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos -ya lo dijimos- que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Gracias, presidente. Señorías, hoy la buena noticia es que, tras cinco años de bloqueo, el Partido Popular va a liberar de su secuestro a un Consejo General del Poder Judicial deslegitimado e inoperante; y la mala noticia es que en España desde los tribunales se practica la guerra jurídica contra cualquiera que sea considerado enemigo por las derechas. Y esto es lo que hoy discutimos: hay seis sindicalistas de La Suiza condenados a tres años y medio de cárcel (aplausos) y seis jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a casi cinco años, en ambos casos por manifestarse. Y el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar en la puerta de su casa durante un año a una familia con tres menores. A la vez, se reabre la causa contra Mónica Oltra porque algo tendrá que haber, a pesar de que en dos años de investigación no se ha encontrado ni un solo delito. (Aplausos). Y hoy conocemos la solución de una clara agresión homófoba el Día del Orgullo del año 2019.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación en el Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales; en cambio, han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan. No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2/2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy cuando ustedes tenían más de seiscientos dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción. Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia. En el año 2022 un escaso 38 % de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena; ahora, tan solo un 3 %. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud público; por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas también gestionados por gobiernos del Partido Popular. Más de un 70 % de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia, un 50 % opina que es poco satisfactoria y el 20 % cree que no es nada satisfactoria. Esto son las consecuencias del bloqueo del Partido Popular desde hace más de cinco años a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy veinticinco vacantes en sus salas, un 31 % de su plantilla.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«En todo caso, nuestra objeción es que este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas. Es un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance de los discursos de las derechas. Lo vimos ya la semana pasada en este Pleno con el debate de endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto; una reforma que consideraba algo habitual o masivo una situación que no lo es, que es un problema reducido y limitado: pero, además, para solucionar este problema, se proponían sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas. Es decir, estos discursos que aceptan el populismo punitivo, que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha. Insisto: España tiene una tasa de criminalidad muy baja con respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se quiera poner como ejemplo. A su vez, somos uno de los países más seguros del mundo y, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países de Europa con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos que tiene Alemania por millón de habitantes, o un 25 % más que Italia, y esto nos tiene que hacer reflexionar.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones. Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios. A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«¿Pero el problema cuál es? -y acabo-: la población penitenciaria. Ahí sí tenemos un grave problema. España tiene el mismo número de reclusos que Alemania o Italia, solo que Alemania tiene 40 millones de habitantes más que los españoles e Italia 15 millones más. No se solucionan las cosas metiendo a la gente en la cárcel, se solucionan creando empleo, poniendo en marcha programas de atención social. (Rumores). Sí señor, ya sé que ustedes desconocen cualquier solución que no sea el látigo, pero con sus políticas lo que hicieron fue incrementar la delincuencia. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«Mire, con la reforma que ustedes hicieron en el 2015 no bajaron los índices de criminalidad, eso es cierto, subieron; sin embargo, los delitos contra el patrimonio y los hurtos se han reducido, según los datos de Eurostat y del Ministerio de Interior, en este primer trimestre de este año un 2,3 % y un 4 % los hurtos, estando en vigor la reforma que hizo este Gobierno en el año 2022. Crear preocupación social desproporcionada sobre problemas que no son de la dimensión que ustedes dicen, que obviamente existen, lo que hace es que luego ascienda el voto a la ultraderecha en Europa. Eso es lo que están ustedes provocando con este tipo de propuestas sumamente desproporcionas e irresponsables. Y decía usted: Son los problemas que preocupan a la gente. Mire, yo tengo aquí los problemas que preocupan a la gente según los actuales datos estadísticos. Y le digo una cosa, en abril del 2024, según el CIS, los principales problemas de la gente eran la crisis económica, el paro y la corrupción. La inseguridad ciudadana o la delincuencia estaba en el puesto veintiuno. (Aplausos). ¿Cómo que ese es el problema que preocupa a la gente? La realidad es que te vas a la calle a comprar el pan y no te okupan la casa; ni te okupan la casa ni vuelves sin la cartera y sin haber podido comprar el pan (risas.-Aplausos), porque ni esto está lleno de carteristas ni a todo el mundo le van quitando la casa. En España, les guste o no, tenemos la mitad o un 75 % menos de criminalidad que en Alemania o en el Reino Unido, según las estadísticas europeas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Lo que debilita el Estado de derecho son interferencias permanentes. Por ejemplo, debilita el Estado de derecho el acoso a sedes de partidos políticos por todo tipo de ultras que desprecian la Constitución. Debilitan el Estado de derecho las resoluciones del Consejo sobre leyes inexistentes, por aquello de 'el que pueda hacer, que haga', aunque se politice y degrade la institución; debilita el Estado de derecho la difusión en los cuarteles de cartas que utilizan la ley de amnistía como excusa para pedir un golpe de Estado para socorrer España; debilita el Estado de derecho que las autoridades judiciales de Almería, Córdoba o de Sevilla, entre otras, convoquen manifestaciones de jueces y fiscales con toga, abandonando su obligación de neutralidad política. Señores del Grupo Popular, Europa se enfrenta a un evidente riesgo de guerra generalizado por primera vez en ochenta años. En vez de preocuparse por este riesgo de guerra y combatirlo, se dedican a deslegitimar las instituciones democráticas. (Aplausos). En España, la principal amenaza al Estado de derecho y a la convivencia constitucional es un Partido Popular, una derecha dispuesta a acabar con la democracia con tal de gobernar. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«No son las políticas del Gobierno, sino los ataques a la democracia por la derecha española las que afectan a la fortaleza del Estado de derecho y a la convivencia constitucional. Nuestra desgracia es que, a diferencia de otros países de Europa donde la derecha ha condenado el horror del fascismo, en España la derecha no ha roto vínculos con su pasado de apoyo y participación en la dictadura. La derecha española nunca luchó por la democracia y, salvo cuando es el PP el que está en el Gobierno, no respeta la democracia. Desde que se constituyó el Gobierno de coalición en el año 2019, la derecha se ha acostumbrado a romper las reglas del juego democrático. Hoy, 9 de abril, es el aniversario de la cuarta legalización del Partido Comunista de España (aplausos), tres veces ilegalizado por las derechas en cien años y, por cierto, destinatarios de una amnistía que dio origen a esta democracia. Hemos peleado por la democracia durante cuarenta años de dictadura. Nos hemos sacrificado y cedido para que la derecha aceptara la Constitución, Constitución que nos parece insuficiente desde que la derecha empezó a aplicar las políticas neoliberales que tanto dolor han traído a los pueblos de Europa. Pero respetamos la Constitución y la cumplimos, mientras que luchamos para ampliar sus contenidos y derechos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Buenas tardes, presidenta. Señorías, este debate es un déjà vu, el bucle estéril en el que el Grupo Popular ha metido a nuestra democracia desde que Aznar les ordenó desestabilizar. Ya saben, el que pueda hacer, que haga. Otra vez el Grupo Popular trae el debate sobre la ley de amnistía, ahora utilizando el último informe de la Comisión de Venecia, comisión que no es más que una mesa de expertos que aconsejan y opinan sobre cuestiones constitucionales. El Grupo Popular deforma el contenido del informe e intoxica a la opinión pública, mientras convierte al Senado en su herramienta de propaganda de la que no prescindirán hasta que finalice el actual periodo electoral con las elecciones europeas. Todo a costa de desestabilizar y bloquear las instituciones, y de enfrentar y preocupar a los y las españolas. El PP no asume su fracaso ante la Comisión de Venecia, que afirmó que la ley de amnistía es acorde con la legalidad europea y no requiere realizar reforma constitucional alguna. Por eso no existe requerimiento alguno de órgano ejecutivo o tribunal europeo amonestando a España a cuenta de esa ley. Con gran inocencia, eso sí, la Comisión de Venecia presupone que el Partido Popular es un partido respetuoso con la institucionalidad constitucional y por ello afirma que sería recomendable que hubiera reformas en España para dotar a la norma de mayor consenso. Compartimos esa recomendación, pero España comprueba a diario que es un estéril esfuerzo intentar consenso alguno con el Partido Popular cuando no gobierna.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«La abogacía y la procura son la excepción a la integración en la Seguridad Social que se ha hecho con diversas mutualidades: religiosos y religiosas católicas, los funcionarios de la Administración local integrados en el régimen general, notarios integrados en el RETA, y también se trabaja ahora para la inclusión en la Seguridad Social de religiosos de la Iglesia ortodoxa rumana en España. Estas integraciones se deben a que las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de trabajadores autónomos han hecho dejación de la función que la ley les atribuía. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener los mismos derechos que los religiosos o los notarios. (Aplausos). Abogados y procuradores se han visto atrapados, cuando no engañados, en un sistema que debería ser de previsión social, pero que se transformó en compañía de seguros y fondos de inversión. La ocultación de información y la publicidad engañosa indujeron a la permanencia en estas mutualidades. Estudios del Consejo General de la Abogacía Española desde 2005 ya recomendaban a la abogacía que se diera de alta en el RETA por la desprotección en caso de optar por el régimen de la mutualidad y estas recomendaciones fueron ocultadas e ignoradas tanto por el Consejo de la Abogacía como por los colegios de abogados de más peso, instituciones que, por cierto, forman parte de los órganos de la mutualidad. Las decisiones tomadas en esas condiciones están viciadas, son nulas. No es aceptable decir que los mutualistas tuvieron la posibilidad de optar por el traspaso a la Seguridad Social. El Colegio de Abogados de Madrid, el mayor de España, determinante en la mutualidad, se ha desentendido de garantizar una jubilación digna a sus colegiados, pero sí se dedica, a modo de justicia gratuita, a la defensa de la corrupta pareja de la señora Ayuso. Abogacía y procura han dicho basta ante este fraude que los está condenando a una jubilación de exclusión social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«Presidente, señorías, en España hay 150 000 profesionales de la abogacía y diez mil de la procura, y tributan un tipo medio de IRPF del 28 %, un esfuerzo fiscal bastante más alto que el de bancos o grandes empresas. Sus retribuciones medias son aproximadamente de 30 000 euros anuales. Considerando los ingresos desmesurados por el ejercicio de la abogacía que están concentrados en los grandes despachos, concluimos que la inmensa mayoría de los profesionales de la abogacía y la procura están mal pagados, a pesar del trabajo de defensa de la ciudadanía que realizan. La mayoría de estos profesionales perciben ingresos similares a los de un trabajador, es decir, son trabajadores. Abogacía y procura se han visto atrapados en un sistema de protección social privado, las mutualidades profesionales, más dedicado al negocio inmobiliario que al bienestar de los mutualistas. Las prestaciones sociales o sanitarias que reciben son indignas o insuficientes; la prestación por desempleo no existe, y por incapacidad temporal perciben cuantías miserables y de escaso tiempo, insuficientes para sobrevivir; las pensiones de jubilación son miserables, entre 400 y 600 euros al mes para la mayoría, y el 90 % de las pensiones de la Mutualidad de la Abogacía son inferiores a las mínimas de la Seguridad Social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Gracias, presidenta. Señorías, la aprobación hoy de la ley de amnistía es posible por un gran acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios, un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento que causan un inmenso malestar y hartazgo a la mayoría de los y las españolas. En el Grupo Parlamentario de SUMAR creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente: mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Koldo o de la familia Ayuso. (Aplausos). Más de 60 000 millones nos han costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Hace veinte años ya que el Partido Popular comenzó a usar la mentira y el enfrentamiento como arma política. Todavía no han pedido perdón por las mentiras del 11M, que tanto daño han causado, aún hoy, a las víctimas y a la sociedad. (Aplausos). Aceptar las reglas y ser tolerantes es imprescindible para poder convivir en paz, y las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y, en Cataluña, hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos, y también el Partido Popular lo sabe, que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el 'a por ellos' que incendió el conflicto, en lugar de arreglarlo, y construyamos un futuro común, más federal y republicano, donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. (Aplausos). Respetar las reglas de la democracia implica aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, solicitado, por cierto, por el Partido Popular en el Senado. El dictamen dice que la amnistía es una medida habitual en Europa y conforme a derecho.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Miren, documentos que hoy permanecen clasificados son, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el apoyo del franquismo al nazismo; los que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones clandestinas de Radio España Independiente, La Pirenaica, que por cierto, pueden ir cualquiera de ustedes a consultar sin restricciones en el archivo histórico del Partido Comunista de España; o el archivo titulado Palomas mensajeras 19121925, que tras más de cien años sigue siendo secreto; o sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas; o, efectivamente, sobre los últimos años del franquismo y la Transición, sobre el golpe de Estado del 23 de febrero; o sobre el terrorismo del Batallón Vasco Español y del GAL. Y mantenemos clasificados como documentos secretos otros que ya terceros países han desclasificado, países adonde los historiadores o periodistas tienen que ir para conocer su contenido. Incluso, utilizamos la Ley de Secretos Oficiales para no publicar datos del comercio de armas que se efectúa desde España, lo que, según Amnistía Internacional o Greenpeace, oculta la venta a países que no respetan los derechos humanos. Y, francamente, que los gastos de Corinna Larsen sean secreto de Estado nos pone a nivel de una república bananera.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«La cuestión clave, sin duda alguna, es el tiempo que debe transcurrir para que un documento reservado o secreto vea la luz pública. La ley actual indica que la clasificación de documentos se mantendrá sin límite temporal hasta su cancelación uno a uno. Ahora mismo, nadie sabe en España cuántos documentos han sido declarados secretos; no existe un listado. La Ley de 1968, hasta su modificación en el año 1978, permitía que los documentos fueran clasificados por el Consejo de Ministros y por centenares de funcionarios de la Dictadura, que durante años han declarado secreto todo lo que han querido sin más criterio que el de un funcionario de un régimen dictatorial, y me refiero a todos los jefes de Estado Mayor, a todos los gobernadores civiles o a cualquier funcionario que tuviera que ver con las capitanías; cualquier jefe de una capitanía militar, por ejemplo. La inmensa mayoría de esos millares de documentos siguen bajo secreto; no hay una norma que permita su desclasificación si no es uno a uno, como ya digo. Y, en la práctica, esta desclasificación se ha convertido en una tarea imposible de hacer si no se aprueba una norma que contenga un mandato legal que obligue a la desclasificación. Es imposible desclasificar uno a uno. Y la arbitrariedad y el secretismo que se ha arrastrado en todos estos años afectan no solo a la investigación histórica, sino también a la investigación periodística o, simplemente, al derecho de información de cualquier ciudadano o ciudadana.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Presidenta, señorías, es la tercera vez, efectivamente, que desde el año 2009 se presenta en esta Cámara una proposición de ley para modificar la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante el franquismo, una ley que vergonzosamente está aún en vigor con apenas unas modificaciones en el año 1978. Violencia política -decía el señor Sánchez García- es que en la exposición de motivos de esta ley en vigor todavía se menciona el control político del Consejo Nacional del Movimiento, por no hablar de la firma del dictador, que consta todavía al pie de la ley. Me imagino que es lo que más le gusta a VOX de la ley actual. La clasificación de información por parte de los Estados implica una restricción del acceso a la información, que, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es parte del derecho humano a la libertad de expresión. El derecho a recibir información es imprescindible para la formación de opinión y para la participación en la toma de decisiones. Y la protección de la seguridad del Estado en una democracia no es posible si no se garantiza el acceso al derecho a la verdad, la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de las infracciones de los derechos humanos. La desclasificación de documentos nunca puede amparar la impunidad de delitos, y España necesita un sistema de transparencia que garantice el debido proceso tanto para clasificar como para desclasificar documentos, incluyendo una desclasificación automática por mandato legal tan pronto -ojalá- entre en vigor esta reforma de los documentos que ya están clasificados si hubiera transcurrido, desde el momento de la clasificación, los plazos que ahora se van a establecer en la ley. Pero la exposición de motivos de una ley democrática no puede mencionar a instituciones franquistas. La clasificación de documentos debe proteger ese acceso al derecho a la verdad y, sobre todo, debe prohibirse cualquier interferencia en investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos mediante la prohibición del acceso a documentos clasificándolos como reservados.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Venimos a hablar de esta ley que restaura la jurisdicción universal para perseguir los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Se exige un tipo de conexión con nuestro país, pero con independencia del lugar donde se haya cometido y la nacionalidad del autor o de la víctima. Esta exigencia no será necesaria cuando se trate de crimen de genocidio. Se modifica el artículo 23, para, en primer lugar, incorporar otra vez la acción popular; y, sobre todo, para algo que usted decía, para que se puedan perseguir todos los delitos que, según los tratados y convenios internacionales firmados por España, tengamos la obligación de perseguir y no hay otras normas expresas en nuestra legislación que lo faculten. Hay algo muy importante en esta PL y es que también hemos ampliado ese campo de persecución a delitos como los de apartheid o esclavitud. En todo caso, este Congreso tiene una nueva oportunidad para abordar esta reforma de la jurisdicción universal, para recuperar la potencialidad de esa legislación, para combatir la impunidad de cualquier crimen cometido por cualquier ideología, que haga que la comunidad internacional se sienta orgullosa del trabajo de la justicia española. Que no solo se oiga hablar, por favor, de nuestra justicia por el secuestro desde hace ya cinco años del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular. Que las políticas en materia de derechos humanos no queden simplemente en anuncios, no queden simplemente en discursos desde la tribuna porque no se puede defender los derechos humanos en unos lugares sí y en otros no. No se pueden defender los derechos humanos de unas personas por tener una ideología y olvidarse de otros cuando tienen otra ideología. Sinceramente, les animo a todos -también a usted, señor Sánchez García- a que voten esta proposición de ley y hagan suya esta herramienta y no dejen ninguno de esos graves crímenes en la impunidad. ¡Ánimo! (Aplausos).»
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«Le voy a mencionar un cuadro que hay en este Congreso, en la sala Constitucional, que está en una pared según se entra a la derecha. Le llaman el abrazo. Realmente, el autor que lo pintó, el señor Juan Genovés, militante del Partido Comunista de España, lo tituló La amnistía. Fíjese usted. Y en ese cuadro, como todo el mundo ve, es todo un llamamiento a la reconciliación, no precisamente a la crispación y violencia que usted y sus queridos compañeros de bancada estimulan cada vez que suben a esta tribuna. Y que digan esto después de haber derogado la ley de víctimas de la Comunidad de Aragón; y que digan esto el día que nos proponen, como decía antes un interviniente del Partido Socialista, por tercera vez, ilegalizar partidos... No, no, yo llevo la cuenta, es la cuarta; en la anterior legislatura lo propusieron tres veces, una fue una PNL en una comisión. Pero, bueno, aquí no hemos venido a hablar de lo que es justo o no. Para eso ya le he dicho que están las aulas de filosofía.»
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«Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Sánchez García. La verdad es que me provoca usted bastante ternura cuando le oigo. Después de este profundo análisis jurídico al que hemos asistido, en primer lugar -y no me voy a extender tanto como usted-, solo unas breves palabras para proclamar mi orgullo de ser militante del Partido Comunista de España, el partido que sin duda ha hecho más por la democracia y contra la dictadura franquista en este país. (Aplausos). Pero, bueno, dicho esto y ante la profundidad de sus argumentos, yo lo primero que le diría es que lo que es justo o no es justo se debate en las aulas de filosofía. Aquí venimos a hablar de leyes, venimos a hacer leyes. Repita conmigo, señor Sánchez García: Las víctimas no tienen ideología. Repita conmigo: Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Repita conmigo: Hay que perseguir todos los delitos internacionales en impunidad, también los del franquismo, se hayan cometido donde se hayan cometido. Le animo a perseguir todas las victimizaciones que usted ha mencionado de la izquierda; a todas las víctimas que usted ha dicho de mi ideología; a todas las víctimas desprotegidas que han padecido esos delitos que están en impunidad donde usted quiera, en América Latina, en Europa o en Asia. Y para eso, le traigo la herramienta que usted necesita para perseguir hasta la saciedad todas las maldades de esa ideología que usted ha denunciado; la herramienta que usted necesitaba y de la que le privó el Partido Popular: esta proposición de ley de jurisdicción universal. Vote a favor, utilícela y persiga todos esos crímenes que han quedado en la impunidad. (Aplausos).»
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«Después, fue el Gobierno del Partido Popular el que en el año 2014 siguió un procedimiento exprés de tramitación legislativa -esos procedimientos que censura cuando son utilizados por otras mayorías parlamentarias- e impuso su mayoría absoluta para reducir la jurisdicción universal a supuestos prácticamente imposibles, además eliminando la posibilidad de colaboración con la justicia a través de la acción popular. Esta restrictiva reforma puso fin a una ejemplar aplicación del derecho internacional que los tribunales españoles habían realizado, consiguiendo el mayor reconocimiento y admiración que hayan tenido nunca. Seguía así el PP la tendencia iniciada por el Tribunal Supremo cuando en el año 2012 sepultó toda posibilidad de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas en una fosa más profunda que las que aún quedan por centenares en España llenas de víctimas ejecutadas en la última Dictadura. (Aplausos). El PP o VOX nunca han apoyado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que permanecen en la impunidad dentro o fuera de nuestras fronteras. A la vista de la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que han sacado adelante con la ultraderecha de VOX, tengo nulas esperanzas de que voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Sí espero que el resto de grupos parlamentarios, aunque solo sea por la dignidad de esas víctimas que han quedado desprotegidas con la derogación de la ley de víctimas de Aragón, voten a favor. Para la derecha española siempre ha habido víctimas de primera y de segunda; por eso se niegan a reconocer derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos si no simpatizan políticamente con ellas. Ahora, en claro incumplimiento del mandato de protección de las víctimas acordado por Naciones Unidas, con la derogación de la ley de víctimas de Aragón han forjado una alianza para privar a las provocadas en la última Dictadura de los limitados derechos que habíamos conseguido reconocerles.»
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«En el año 2009 se acometió en España la primera reforma de la jurisdicción universal y se introdujo un requisito que hasta entonces no existía, la acreditación de conexión nacional o vínculo de España con el hecho perseguido. Se dio así un paso hacia la transformación de este principio en el de personalidad pasiva, esto es, que únicamente puedan perseguirse crímenes internacionales impunes cometidos fuera de España cuando la víctima fuera española. No venimos aquí a debatir la idoneidad del principio de personalidad pasiva para perseguir la impunidad; simplemente, dejemos claro que es un foro de competencia distinto al ejercicio de la jurisdicción universal. La reforma de 2009 fue anunciada a este país seis meses antes de aprobarse por la entonces ministra de Exteriores de Israel, la señora Livni. Desde 2008 la Audiencia Nacional instruía una causa por crímenes internacionales contra autoridades del Estado de Israel por un ataque desproporcionado en la Franja de Gaza en el año 2002. Israel lanzó intencionadamente una bomba de una tonelada sobre un edificio residencial, que quedó destrozado. Murieron catorce civiles -la mayoría, niños y bebés-, y resultaron heridos más de ciento cincuenta. Tras aprobarse esta primera limitación de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional tuvo que archivar esta investigación, y estos crímenes, que no eran perseguidos por Israel cuando la Audiencia comenzó su actuación, hoy continúan en la impunidad. Quizás si la Audiencia Nacional hubiera podido continuar su investigación, si otros países -como Bélgica- no hubieran restringido sus leyes de jurisdicción universal también en los mismos años, si la comunidad internacional hubiera dispuesto de más herramientas para impedir la impunidad de estos graves crímenes internacionales, quizás el genocidio del pueblo palestino, que hoy contemplan en directo todos los habitantes del planeta, no estaría cometiéndose. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, España ha sido un país precursor en la persecución por nuestros tribunales de grandes violaciones de los derechos humanos cometidas fuera de nuestras fronteras cuando estos delitos han quedado en impunidad por no ser perseguidos en los lugares donde se cometen. Desde 1996 la persecución de determinados crímenes internacionales que habían quedado impunes trajo un alto reconocimiento y admiración para nuestra justicia, en especial fuera de nuestras fronteras. Organizaciones, activistas defensores de los derechos humanos, la academia y juristas dedicados al trabajo en la lucha contra la impunidad en tribunales internacionales tuvieron a la justicia española como un modelo de valentía y rigurosidad, como ejemplo de respeto a los tratados internacionales y al derecho internacional, porque hacíamos un mundo que fuera más justo, más humano, más seguro. El liderazgo de España en el uso de la jurisdicción universal para combatir la impunidad ha sido seguido por otros sistemas legales y judiciales en distintos países. Afortunadamente, algunos incluso nos han adelantado, pero la jurisdicción universal se introdujo en nuestra legislación, de larga data, desde la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, de 1870. En 1985 se aprobó la Ley del Poder Judicial de la democracia, que ya incluía el principio de jurisdicción universal para delitos de extraordinaria gravedad contra el derecho de gentes, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y también delitos sobre delincuencia organizada transnacional, como el terrorismo y el narcotráfico. Y esta proposición de ley que les traemos recuerda que las infracciones al derecho de gentes afectan no solamente a bienes jurídicos protegidos por el derecho interno nacional, sino también a un bien jurídico cuya protección ha sido universalizada por el derecho internacional acordado tras la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, la integridad y la dignidad de la humanidad, en su conjunto; un bien jurídico a cuya protección y persecución en caso de vulneración están obligadas todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios o del lugar donde se haya cometido el crimen.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Luego está la exhibición pública de emblemas y símbolos que impliquen un atentado contra la integridad del territorio nacional. Eso es perseguir ideas. ¿Qué emblema atenta contra la integridad de España? ¿La bandera estelada atenta contra la integridad de España, la independentista gallega o la bandera de la Segunda República? Ustedes, con esta norma penal en blanco, lo que quieren es devolver a España al régimen dictatorial en el que ya nos tuvieron cuarenta años. Nos presentan una auténtica enmienda a la totalidad, a la democracia y lo que quieren hacer es acabar con la posibilidad de que se construyan entre los representantes políticos acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la democracia y el Estado de derecho. La democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por VOX, al que se ha sumado el Partido Popular. Respondamos con la unidad de todas las personas demócratas para defender la democracia. Votaremos que no. (Aplausos).»