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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«La solución será posible porque tenemos un Estado social y redistributivo. Es la Seguridad Social -y, por lo tanto, toda la sociedad- la que va a realizar un esfuerzo solidario al hacerse cargo de una parte del coste económico en pensiones que supone esta ley. Para esto sirven las cotizaciones sociales y los impuestos que todos y todas pagamos: para garantizar derechos básicos que, por lo que sea, no garantiza el sector privado. La otra parte la abonarán los mutualistas con sus aportaciones durante años. Es decir, únicamente no van a pagar las mutualidades. Los fondos que los mutualistas han generado han dado grandes rendimientos a las mutualidades y, desgraciadamente, esos rendimientos, en su mayoría, no van a destinarse a pagar las pensiones de jubilación, sino que las mutualidades se los quedan en su contabilidad bajo ese eufemismo de 'rendimientos por otros conceptos'. Todos los beneficios generados por las mutualidades pertenecen a los mutualistas y deberían utilizarse proporcionalmente para las respectivas pasarelas al RETA. Y es el Estado, al final, quien va a rescatar a los y las profesionales a los que las mutualidades condenaron a la indigencia en su jubilación.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Presidenta, señoras y señores diputados, el 17 de junio aprobamos la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para varios colectivos de mutualistas: abogados y abogadas, procuradoras y arquitectas. Y hoy vuelve del Senado, Cámara en la que el PP ha dejado sin efecto las enmiendas que el propio Partido Popular propuso y aprobó en este Pleno el 11 de junio, provocando un desastre que han tenido que corregir en el Senado. Quiero expresar nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible el reconocimiento de pensiones de jubilación de la Seguridad Social para estos profesionales: el Movimiento #J2, la plataforma Pasarela al RETA, Venia, Foro Abogacía y Democracia y ALTODO. Hoy culminamos un trabajo intenso para acabar con una discriminación que padecían estos profesionales. Las mutualidades han incumplido su obligación de garantizar una jubilación digna. Han priorizado el negocio financiero e inmobiliario en beneficio no de los mutualistas, sino de las mutualidades y de sus directivos. El reconocimiento de pensiones dignas para estos profesionales no habría sido posible sin la amplia movilización social que ha estado encabezada y organizada por un grupo de mujeres valientes, luchadoras y profesionalmente muy competentes. (Aplausos). Los y las mutualistas deben sentirse orgullosas de haber conseguido que sus pensiones de jubilación miserables, de 300 o 400 euros, vayan a convertirse aproximadamente en pensiones de 1200 euros. Desgraciadamente, no ha sido posible alcanzar un acuerdo para hacer realidad nuestra propuesta de que los recursos necesarios para corregir esta injusticia fueran aportados íntegramente por las mutualidades.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En todo caso, señor Mariscal, cuando tenga usted un ratito, échese las manos a los bolsillos, a ver si encuentra ese millón de euros que recaudó su organización para las víctimas de la dana de Valencia y que nunca les llegó, señor Mariscal. (El señor Mariscal Zabala: ¡Falso!-Aplausos). Luego, me cuenta usted a mí de qué cobro o de qué no cobro, señor Mariscal. No obstante, por hacer un debate un tanto serio sobre lo que estamos discutiendo, vamos a aclarar a los ciudadanos que hayan podido quedar muy preocupados después de oír tanta salvajada como hemos oído en esta réplica que, cuando deroguemos las injurias a la Corona, la Casa Real va a tener a su disposición las mismas normas de protección civil o penal frente a la calumnia o la injuria que cualquier ciudadano, exactamente con las mismas sanciones que se contemplan en el artículo que vamos a derogar. En relación con otros delitos que vamos a derogar, es increíble que el Grupo Popular no sea consciente de que hasta dirigentes de su partido -cuando su partido era demócrata?- como el señor Ollero, que ejercían de jueces del Tribunal Constitucional y de portavoces de su grupo en la Comisión de Justicia, han dicho que era imprescindible derogar estos artículos para atender las condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No nos hagan caso a nosotros, hagan caso a su antiguo portavoz de Justicia, al exmagistrado del Tribunal Constitucional, señor Ollero, y deroguen los delitos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está pidiendo que deroguemos. Pueden, a cambio, seguir insultándome hasta que se aburran. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Es un partido con cientos de miles de víctimas causadas por el fascismo. (Rumores.-Aplausos). Muchas de estas víctimas causadas por expresarse, victimizadas simplemente por tener una ideología distinta a la que tenían los fundadores del Partido Popular (Aplausos.?-Protestas), a la de esos seis ministros de Franco que fundaron el Partido Popular. En esta vida, cada uno responde por lo que ha hecho su partido. Mi partido solo ha actuado en España, mi partido tiene un pasado heroico (risas.-Rumores); el de ustedes tiene un pasado imbricado en una dictadura franquista atroz. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Anda ya!). A pesar de esto y de todas las provocaciones, yo, a diferencia de ustedes, respeto a todas las víctimas: a las víctimas del terrorismo y a las víctimas del resto de las violaciones de los derechos humanos. (Aplausos.?-La señora Guardiola Salmerón: Y del comunismo). Ahora mismo, todo este Pleno ha podido comprobar cómo, cuando he hablado de los cientos de miles de víctimas de mi partido ocasionadas por la dictadura, no han tenido el mínimo respeto ni han sido capaces de cerrar la boca. Ese es el respeto que tienen ustedes a las víctimas. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Señora presidenta, voy a apartar la 'cara del sol' para que no me deslumbre, porque me han dejado ustedes impresionado. (Rumores). Tras cinco minutos entre los dos bla, bla, bla, insultando ad hominem, insultándome a mí, lo que ha quedado claro es que ustedes pretenden convertir en delito las ideologías distintas a la de ustedes. (Aplausos). Ha quedado claro que ustedes no son demócratas (rumores) y, francamente, tampoco entiendo cómo pueden llegar a tener dentro tantísimo odio. (Risas.-Rumores.?-Aplausos). No lo entiendo. En los años que llevo aquí lo que he constatado es que cada vez que un portavoz de la derecha se queda sin argumentos, recurre al listado ya famoso y manido del insulto anticomunista primario, básico. La verdad, lamentable, repetido hasta la saciedad. Si tuvieran argumentos, me imagino que no me darían tanta importancia, pero ya que ustedes me dan la importancia, pues, sí, lo confieso: soy comunista, secretario general del Partido Comunista de España. Un partido heroico. (Aplausos.-Risas). Un partido... (Rumores). ¡A callar! (La señora Álvarez de Toledo PeraltaRamos: ¡Libertad de expresión!?-La señora Acedo Reyes: ¡Esa es la libertad!-El señor Gallardo Barrena: ¡Libertad!).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Desde la anterior Legislatura hemos trabajado por la derogación de los delitos contra la libertad de expresión. Hoy esta medida de recuperación de libertades públicas cuenta con más que suficiente apoyo en las calles, en la sociedad y en el Congreso. Pero el Partido Popular y VOX pretenden hacerla fracasar. El Código Penal no puede ser utilizado para limitar expresiones, al margen de que puedan resultar más o menos inapropiadas en una democracia, no pueden convertirlas en delito habiendo otras vías para defender el honor o el prestigio de personas o instituciones. Por eso esta reforma es una urgencia democrática, para que no se vuelva a someter a procedimiento penal o a condenar a cantantes, a dibujantes de cómic o a cómicos, y porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión con el delito de injurias a la Corona, por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos -525 del Código Penal?-, por el delito del 543, ofensas o ultrajes a símbolos nacionales, y el Tribunal Constitucional ha declarado en incontables ocasiones que la libertad de expresión también puede comprender la crítica a la conducta del otro, aunque esta crítica sea desabrida y pueda molestar o inquietar. A pesar de ello, estos delitos han sido interpretados de forma muy represiva por los tribunales de España, por los mismos jueces a los que las reformas del 2015 de Rajoy impidieron que se les exigiera responsabilidad civil, por ejemplo, por inhabilitar nueve años o por exigir pruebas de hechos negativos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión al aplicar estos artículos, por lo que urge afrontar su derogación. Vamos a votar en contra de sus enmiendas y vamos a hundirlas. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Para el Partido Popular y para VOX cualquier derecho puede ser recortado. Ambos partidos se opusieron a la subida del salario mínimo, a la subida de las pensiones de jubilación, a la reforma laboral para acabar con la precariedad, a la reducción de la jornada laboral y ahora han puesto en marcha una nueva cruzada para privar de derechos a quien enferme. Señor Feijóo, el absentismo no es un cáncer. ¡Ah, que no ha venido a trabajar! (Aplausos). El cáncer o cualquier enfermedad es motivo para no ir a trabajar hasta que se recupere la salud y, mientras tanto, claro que debe existir el derecho a cobrar el mismo salario, algo que no siempre ocurre, por desgracia. Señor Feijóo -vaya, que no está, ¿no? ?-, en lugar de castigar a las personas trabajadoras por enfermedad, dejen de hundir la sanidad pública en las comunidades autónomas donde gobiernan. (Rumores). ¡Acaben con las listas de espera que han provocado! Y por mucho que la portavoz Esther Muñoz lo diga, los trabajadores enfermos no son unos jetas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Cuando Feijóo dice que las vacaciones están sobrevaloradas nos está advirtiendo de lo que hizo el partido hermano del Partido Popular en Grecia: incrementar la jornada laboral hasta doce horas al día y ampliar la jornada laboral a seis días a la semana. Cuando repiten que tal derecho laboral es un fraude es que pretenden acabar con él. Ya nos lo sabemos. El Partido Popular de Casado votó en contra de la reforma laboral. En 2012, el Partido Popular de Rajoy abarató el despido de cuarenta y cinco a treinta y tres días por año trabajado, eliminó los salarios de tramitación y legalizó el despido por bajas médicas. Tuvo que llegar la izquierda al Gobierno de coalición para recuperar derechos. Aumentamos a cinco días el permiso retribuido por enfermedad de un familiar; ampliamos los permisos parentales, primero a dieciséis semanas y, más tarde, de dieciséis a diecinueve semanas para padre y madre; y también implantamos la baja por menstruación incapacitante. Tanto si hablamos de libertad de expresión como de derechos laborales, el Partido Popular y VOX eliminan derechos y la izquierda plurinacional gobierna para recuperarlos. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Estas dos enmiendas a la totalidad muestran también la sumisión del Partido Popular a VOX para impulsar las políticas racistas y discriminatorias de prioridad nacional. VOX las ha impuesto en los Gobiernos de cuatro comunidades autónomas y al Partido Popular le han gustado tanto que han sido incluso más radicales, como al proponer la retirada del derecho de voto a españoles que residen fuera de nuestro país, también de origen, solo por residir fuera de nuestro país, sin diferenciar entre españoles de nacimiento o por naturalización. Están desatados. Rajoy también se suma al nuevo artículo 604 del Código Penal que propone VOX al afirmar que la nacionalidad depende de la pureza racial y no del nacimiento o de la nacionalidad de los padres. ¡Y no estoy exagerando! El Partido Popular y VOX cada día lanzan una nueva propuesta racista y discriminatoria. A la prioridad nacional, a la retirada del voto a españoles emigrados o a la restricción de la nacionalidad española por falta de pureza racial de padres o madres añadan su política de impedir el acceso al padrón municipal a los extranjeros que sean residentes legales en España. ¿El siguiente paso cuál va a ser? ¿La exclusión del padrón de todos los españoles que no consideran suficientemente puros? ¿O, como hizo Hitler, van a proponer leyes que discriminen por ideología? ¿O a las personas discapacitadas? Evitar que tengan mayoría para gobernar es una urgencia democrática. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«La enmienda del Grupo Popular también tiene tela, porque pretende impedir recuperar la libertad de expresión que los Gobiernos del PP recortaron en 2000 y en 2015; incluso proponen endurecer los delitos que queremos derogar. El Grupo Popular también se esconde -lo acabamos de oír?- tras las víctimas del terrorismo para endurecer el Código Penal, olvidándose sistemáticamente de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos que para el Partido Popular o para VOX no merecen ninguna protección, como son las víctimas de la violencia machista contra las mujeres -víctimas de la violencia de género?-, las víctimas de los delitos de odio, las víctimas del racismo, las víctimas de los grupos armados ultraderechistas o las víctimas de la Dictadura franquista. (Aplausos). En nuestra proposición de ley -que no se han leído?- incluimos un nuevo agravante en el Código Penal aplicable a cualquier delito que se cometa que humille u ofenda a las víctimas de cualquier violación de los derechos humanos. Por supuesto, protegiendo a las víctimas de la grave violación de los derechos humanos que suponen actos terroristas, pero sin olvidarnos de que a ustedes siempre se les olvida proteger a las víctimas de las demás gravísimas violaciones de los derechos humanos. Porque todas las víctimas son iguales en derechos y la ideología y las creencias no pueden ser un delito. Pero VOX y el Partido Popular quieren convertir en delito cualquier expresión o creencia que no coincida con su ideología. No defendemos que se permitan las ofensas a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado, sino que reivindicamos el principio democrático de mínima intervención del derecho penal, porque nuestra legislación, que es muy sabia, contempla exigir responsabilidades por vía civil ante cualquier ataque al derecho, al honor o a la propia imagen. La derecha quiere convertir en delito -y aumentar los castigos- cualquier expresión que se aparte de sus criterios ideológicos, algo contradictorio, por cierto, con la costumbre que tienen de descalificar peyorativamente por ideológicas las propuestas políticas del Gobierno o de las fuerzas de izquierdas. Insultar y blasfemar es de muy mal gusto, es un pecado para la Iglesia, yo en eso no entro, pero lo que el Partido Popular y VOX no pueden pretender es imponer su ideología convirtiendo una blasfemia en un delito.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«También convierten en delito más conductas que la ultraderecha considera ofensas o ultrajes a España, pero se olvidan de sancionar la misma conducta cuando se refiere al resto de nacionalidades o de las comunidades autónomas del Estado, que también están contempladas en la Constitución. Convierten en delito exhibir una bandera republicana o independentista en un evento o en un edificio público o no colocar la bandera española en el lugar que la ultraderecha considera adecuado, según indican. Multiplican la criminalización de comportamientos que consideran enaltecimiento del terrorismo, mientras dejan desprotegidas a víctimas de otras violaciones de derechos humanos. Inventan nuevas sanciones administrativas para aplicar en concentraciones deportivas, pero no por casos de racismo o de violencia, sino cuando se profieran lemas o se muestren símbolos de carácter político contrarios a la ideología de la extrema derecha. Y sin que tenga que ver con la libertad de expresión, intentan endurecer el Código Penal con nuevas penas privativas de derechos en la línea de su prioridad nacional. VOX empezó por proponer recortar derechos y libertades de los extranjeros y ya está en recortar a los españoles que no son lo suficientemente puros para ellos. (Aplausos). Tras defender quitar el derecho de voto a los españoles que residen en el extranjero, ahora proponen una sanción de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen. Recuerden que para la ultraderecha no son españoles de origen puro quienes, a pesar de haber nacido en España, no tienen padre y madre españoles. Esto es lo que defiende el portavoz de VOX, el señor Joan Garriga. Así, su racismo hace que propongan un nuevo delito con destinatario -derecho penal del enemigo se llama eso?-, solo aplicable a quienes no consideran españoles puros. El nuevo artículo 604 del Código Penal que quieren aprobar castigaría retirando la nacionalidad, por ejemplo, a quien ofenda al jefe del Estado o al que blasfeme, pero solo aplicable a extranjeros naturalizados en España. Señores y señoras de VOX, no son extranjeros, ¡los naturalizados en España son españoles y españolas! (Aplausos). Es una definición insultante, porque VOX no reconoce como compatriotas a quienes adquirieron la nacionalidad española tras su nacimiento.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Presidenta. (Coloca un reloj de arena en la tribuna). Señorías, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Convención Europea de los Derechos Humanos y por la Constitución española. Al Partido Popular y a VOX parece que les duele, no aceptan ese derecho, como acabamos de oír. Traen dos enmiendas a la totalidad, coordinadas y complementarias, para continuar recortando aún más la libertad de expresión. Un intento estéril para impedir la derogación de la mordaza que el Partido Popular impuso a la libertad de expresión en sus reformas de los años 2000, 2004 y 2015. La enmienda a la totalidad de VOX recorta la libertad de expresión todavía más, con más penas contra quienes ejercen esa libertad y con castigos más duros a las críticas o a los comentarios sobre cuestiones religiosas cuando casi el 50 % de los españoles se declara sin ideas religiosas o no católico. Pero la ultraderecha quiere imponer un delito totalmente subjetivo: actuar por motivos anticristianos, por supuesto, sin proponer la misma penalidad para la misma conducta cuando los motivos sean anti otras confesiones religiosas o anti ideologías de izquierdas, a las que constantemente insultan. El arzobispo Argüello podrá seguir calumniando o insultando al Gobierno de coalición sin ninguna consecuencia, pero, si cualquiera que nos oiga realiza un comentario o crítica que se considere ofensiva para la Iglesia o para el cristianismo, estará cometiendo un delito. Esto es una justicia que no es igual para todos.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, pues nada, ya hemos visto que ni al Partido Popular ni a VOX les interesa lo más mínimo que la Guardia Civil pueda afiliarse a sindicatos, que la Guardia Civil o la Policía tengan capacidad de negociación colectiva o que la Guardia Civil y la Policía tengan derechos a aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. Y, por supuesto, les parece excelente que la Guardia Civil siga sometida al Código Penal Militar cuando realizan tareas policiales en el interior de España. Es decir, al Partido Popular y a VOX que la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan derechos laborales les importa un pimiento. En todo caso, en el mundo observamos cómo se cierran fronteras, se persigue, manu militari, a extranjeros y a nacionales que se solidarizan con los extranjeros, se confinan migrantes en indignos centros de reclusión, sin haber cometido ningún delito. España, sin embargo, ha iniciado un proceso de reconocimiento de derechos que ha merecido páginas y editoriales en todo el mundo. Un proceso de regularización gracias a una iniciativa ciudadana que recogió más de 700 000 firmas. Quiero felicitar hoy a todas esas personas que consiguieron que saliera adelante esta iniciativa y, en especial, a todos y todas los servidores y servidoras públicas que están sacando adelante este proceso de regularización (aplausos), que han recogido ya 900 000 solicitudes y también a todas las personas que, perteneciendo a organizaciones de apoyo, ONG, están colaborando también para que esto salga adelante. Es un auténtico orgullo formar parte de este país y también apoyar al único Gobierno que en este momento marca una tendencia en el mundo absolutamente distinta. Pero, señor ministro, recogiendo preocupaciones de esos movimientos sociales, queremos pedirle que en estos quince días que quedan se intensifiquen las medidas de reforzamiento para que este proceso de regularización sea todo un éxito; que se tomen medidas para que se dé un apoyo más rápido desde las oficinas consulares en terceros países para que se facilite la tramitación de la documentación que sea necesaria; que se haga un esfuerzo para que dotemos de más medios materiales y técnicos a todas las personas que están trabajando en este proceso; que se paralice cualquier expulsión que pueda afectar a personas susceptibles de ingresar en el proceso de regularización, y que los denominados antecedentes o anotaciones policiales no sean utilizados como si fueran antecedentes penales a la hora de dificultar el proceso de regularización. Y me gustaría hacer una petición muy especial, señor ministro: es imprescindible que se busque una solución para los solicitantes de apatridia de origen saharaui que quedaron excluidos del proceso de regularización sin renunciar a la solicitud de apatridia. (Aplausos). Creemos que la solución es bien sencilla y está prevista en la ley, que es simplemente que se les otorgue provisionalmente, mientras concluye su procedimiento de apatridia, una autorización laboral que equipararía los resultados al proceso de regularización. En todo caso, acaba de entrar en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo el pasado 12 de junio. Se acaba de aprobar el reglamento de retorno. Es un auténtico orgullo que España haya sido el único país que ha votado en contra de estas medidas, que son un auténtico recorte de derechos fundamentales. En especial porque se vulnera el derecho a la libertad, al aumentar los motivos de detención y confinamiento en frontera, hasta incluso una posibilidad de veinticuatro meses de duración. No es casualidad que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y hasta dieciséis relatores de las Naciones Unidas, sindicatos, se hayan pronunciado sobre este paquete de medidas denunciando que pueden afectar gravemente a los derechos fundamentales. Pedimos que nuestro Gobierno siga oponiéndose a cualquier amenaza de la protección internacional, más hoy día en un mundo en el que se multiplican las causas de persecución, donde es más necesario que nunca reforzar los mecanismos de protección internacional.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Para solucionar los problemas descritos -la siniestralidad, las limitaciones en la prevención de riesgos, los abusos de la jornada laboral-, es imprescindible contar con derechos sindicales, mecanismos representativos democráticamente fuertes que actúen como un verdadero contrapeso institucional. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior para que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil dispongan de los días de representación necesarios para ejercer su actividad representativa? Por ejemplo, señor ministro, le propongo trabajar conjuntamente para que la Policía Nacional y la Guardia Civil puedan afiliarse a los sindicatos de clase; le propongo trabajar conjuntamente para que la Policía y la Guardia Civil tengan capacidad de negociación colectiva; le propongo trabajar colectivamente para que la Policía y la Guardia Civil tengan derecho a aplicar efectivamente la normativa de prevención de riesgos laborales, y le propongo trabajar para que la Guardia Civil deje de estar sometida al Código Penal Militar cuando realiza tareas policiales en el interior de España. Ojalá que a estas propuestas se sumen el Partido Popular y VOX, pero me temo que no se sumarán, porque no les interesa nada más que utilizar a la Policía y la Guardia Civil como arma arrojadiza contra este Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Señor ministro, pongan a disposición de los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil los informes de investigación de los servicios de prevención sobre los hechos de Barbate y Huelva. Las medidas correctoras que se adopten, como consecuencia de la investigación, sobre prevención de estos hechos deben ser adoptadas con la participación de los representantes del personal y debe establecerse un cauce efectivo de participación de los representantes en la prevención de riesgos laborales. Son muchas las restricciones de derechos que soporta la Guardia Civil, y esto también pone en riesgo la integridad de los agentes. Por ejemplo, la exclusión de la Guardia Civil de la jornada laboral de treinta y cinco horas es un ejemplo claro. El coste de la seguridad pública no puede depender de sobresfuerzos, pérdida de descansos, sacrificio personal de los agentes. Esto fue impuesto por un régimen militar que no procede en un Estado democrático respecto a un cuerpo policial. Y lo peor es que, en las Fuerzas Armadas, sí opera la jornada de treinta y cinco horas desde el pasado 11 de junio de este año. Resulta que opera en las Fuerzas Armadas y no opera en un cuerpo policial militarizado. ¿Cuándo se va a corregir esta situación? No es justificable. También opera -las treinta y cinco horas- en la Policía Nacional o para el resto de los trabajadores de la función pública. También están las inaceptables limitaciones del derecho de representación.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Aprender de lo ocurrido es la única vía para evitar que se vuelva a reproducir. Si el informe de Barbate se hubiera compartido con participación de los representantes de las asociaciones, probablemente se habrían evitado los trágicos sucesos de Huelva. En cualquier Administración pública, los delegados de prevención tienen garantizado el acceso a la información y la documentación sobre las condiciones de trabajo, incluidas las investigaciones de los incidentes que ocurran en el trabajo, más si tienen resultado de muerte. En la Guardia Civil, los representantes de personal ni siquiera han podido leer estos informes. Esto es un síntoma de una carencia estructural. El sistema de prevención de riesgos laborales descansa en dos pilares: la evaluación técnica de los riesgos y la participación de los trabajadores a través de sus representantes. En la Guardia Civil, la participación efectiva de los trabajadores no existe, debido a la restricción de derechos. Los delegados de prevención de los guardias civiles carecen de las facultades que contempla la ley. No pueden acompañar a los técnicos en las evaluaciones, no pueden acceder a la documentación preventiva, no son consultados ante las decisiones que afectan a su seguridad y no tienen capacidad para paralizar actividades ante riesgos graves o inminentes. Las evaluaciones de riesgo de las operaciones marítimas de interceptación se realizan sin participación de los representantes de personal, trasladando a la gente la evaluación de riesgo cuando está en una persecución a una velocidad de cincuenta nudos. Es la inversión exacta de la lógica preventiva. El 47 % de las bajas con absentismo de la Guardia Civil se deben a agresiones en acto de servicio. Un cuerpo con esta siniestralidad y sin participación efectiva de sus representantes en la prevención es una forma de actuar anacrónica y autoritaria, propia de una fuerza militarizada de otro tiempo. No es una forma de actuar de un cuerpo de policía moderno de un Estado de derecho.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Es inaceptable que no se aplique debidamente la normativa de prevención de riesgos laborales en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. La falta de vigilancia en el cumplimiento de esta normativa de prevención conecta las muertes de Barbate y Huelva con una obligación legal incumplida: las investigaciones técnicas de estos hechos y la participación de los representantes de la Guardia Civil en la prevención de riesgos laborales. Los informes de las investigaciones aún no se han puesto a disposición de las asociaciones profesionales. Tras un incidente de trabajo con resultado de muerte, el servicio de prevención tiene la obligación legal de investigar sus causas en cualquier centro de trabajo, así lo exige no solo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino también el Real Decreto 179/2005, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. El objeto de esa investigación no es depurar responsabilidades, es detectar las causas técnicas organizativas del hecho para adoptar medidas correctoras que eviten su repetición. Los informes elaborados por los servicios de prevención de riesgos sobre los sucesos de Barbate y de Huelva no han sido puestos a disposición de los representantes de los guardias civiles. Los representantes del personal siguen sin conocer las conclusiones técnicas de la investigación, porque los mandos de la Guardia Civil se niegan a que el consejo de participación y las asociaciones profesionales accedan a esta información.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Es evidente que los profesionales no solamente deben contar con medios, también deben contar con derechos para que se oiga su voz a la hora de organizar este combate en el que nos jugamos la democracia. Al Partido Popular y a VOX los vemos utilizando siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como un elemento de confrontación con el Gobierno, pero nunca los vemos denunciando que los y las integrantes de la Guardia Civil soportan una importante restricción de derechos, que impide, por ejemplo, la normal participación de estos trabajadores en las tareas de organización de su trabajo y en las decisiones que les incumben, debido a su nula capacidad de acción sindical. También ocurre esto respecto a las limitaciones de acción sindical en la Policía Nacional. No es comparable la situación de falta de recursos, de falta de cauces para ser escuchados y de participación en la toma de decisiones que afectan a los trabajadores de la seguridad del Estado con la situación de otros empleados públicos, que sí disponen de estos canales.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las...
«Tras la reducción de personal, de inversiones y de gasto corriente en las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, es una realidad que se ha ido aumentando la plantilla de las fuerzas de seguridad, que ha aumentado la inversión en medios materiales y, en especial, que se ha incrementado el salario en un 38 % desde el año 2018, porque los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad deben estar bien retribuidos, para que no tengan problemas para llegar a fin de mes, y bien equipados. Tampoco hay ninguna duda de que las organizaciones criminales del narcotráfico crecen en ámbitos internacionales, por una errónea política prohibicionista, que lo único que hace es expandir la oferta y la demanda por circuitos ilícitos que encarecen precios. Ganan los narcotraficantes y también ganan todos los circuitos económicos que les rodean: los grandes centros internacionales bancarios de blanqueo de dinero. Esto permite a las organizaciones del narcotráfico disponer de una fuente inagotable de recursos económicos. No se puede competir solo aumentando el gasto, no se puede derrotar al narcotráfico internacional solamente desde un país; la derrota o será global o no será. Acuérdense del narco Juan Orlando Hernández, presidente de un partido de derechas, el Partido Nacional de Honduras, y expresidente de Honduras, condenado en el año 2024 por narcotraficante y encarcelado en los Estados Unidos.»
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«Señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, en primer lugar, mis condolencias a los agentes fallecidos y a los heridos, a sus familiares, a sus compañeras y compañeros y a sus allegados. Nada hay peor en una democracia que la incrustación de organizaciones criminales mafiosas en la sociedad, organizaciones que aplican la ley de la selva, que son el producto más acabado de las ideas neoliberales. Las organizaciones criminales complejas tienen innumerables ramificaciones porque innumerables son sus recursos. Expanden la corrupción, el delito y la impunidad allá donde se establecen. Y las organizaciones de narcotráfico, además, diversifican su actividad en otras actividades ilegales: tenencia de armas, vehículos de transporte, trata de personas, blanqueo de dinero y cooptación de servicios de carácter privado, como notarios, ayuntamientos. También penetran en la Administración de Justicia e incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso, es fundamental dar el máximo apoyo a los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de aduanas y del resto de Administraciones públicas, en especial de la de Justicia, que combaten estas organizaciones.»
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«Sabéis que podéis contar con este Grupo Parlamentario de la Izquierda Plurinacional para defender lo ya conquistado y para ampliar estos derechos. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«No olvidamos tampoco la precariedad de los abogados y las abogadas, los procuradores y las procuradoras en el desempeño del servicio público del turno de oficio, cuya importancia no es siempre reconocida socialmente como debería ser. Mantenemos una enmienda para que se garanticen los derechos sociales y laborales básicos de quienes defienden nuestros derechos. Las Administraciones competentes -comunidades autónomas y Ministerio de Justicia- deben cotizar a la Seguridad Social como empleadoras de estos profesionales por cada hora en la que desempeñen tareas de asistencia a detenidos (aplausos), diligencias urgentes o guardias en tribunales. Las cotizaciones tendrán que ser ingresadas a efectos de jubilación, de incapacidad temporal o de otras contingencias sociales como maternidad y paternidad. Acabo. Nos comprometemos a que durante esta legislatura se regule el desempeño del futuro turno de oficio, acabando con su actual precariedad. Hoy es un día para sentirnos satisfechos por lo conseguido. Gracias a quienes lo habéis hecho posible.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«No hemos conseguido apoyo suficiente para acabar con la alternatividad, un negocio privado que es la causa de este gran fraude. Las mutuas deben limitarse a actuar como compañías de seguros para que nunca más puedan especular con las pensiones de jubilación de profesionales, pero a partir de ahora las mutualidades al menos estarán obligadas a que las cuantías de las contribuciones sean suficientes para abonar las mismas prestaciones de jubilación que establezca la Seguridad Social para los y las trabajadoras autónomas. (Aplausos). Nunca más pensiones de miseria, y acabamos así con la falta de control del Estado sobre la actuación de las mutualidades. No estamos de acuerdo con el Grupo Popular, con VOX o con Junts, que han votado para que continúe el sistema de alternatividad, para que sigan existiendo pensiones de jubilación únicas a cargo de las mutualidades. Han votado para anteponer el interés privado de las mutualidades frente a la seguridad jurídica y los derechos sociales y laborales de los profesionales. También queda pendiente mejorar la situación de los mutualistas pasivos, los ya jubilados que cobran una pensión de miseria. Estos deben ver incrementada su pensión de jubilación por ley hasta alcanzar una cuantía equivalente a la pensión mínima de la Seguridad Social. Hemos defendido que el abono de esta diferencia debe realizarse por las mutualidades y a su cargo, con cargo a las partidas presupuestarias que tienen contabilizadas como rendimientos por otros conceptos. Son ingresos obtenidos con el dinero depositado por los y las mutualistas, y todos los beneficios generados por las mutualidades pertenecen a los y las mutualistas (aplausos), no pueden ser apropiados por las juntas directivas de las mutualidades, sino que deben ser redistribuidos entre quienes más los necesitan, entre los y las mutualistas pasivos. Percibir pensiones dignas no puede quedar a la voluntad discrecional de las mutualidades, que han permitido las actuales pensiones de miseria de 300 euros. Igualar esas pensiones con las de la Seguridad Social debe ser una obligación a cargo de las mutualidades, no puede depender de una decisión discrecional tomada cada año por los consejos de Administración de las mutualidades, porque si hasta ahora no han garantizado dignidad a los mutualistas pasivos, es evidente que no lo van a hacer si no están obligados por ley.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Sabemos que no hemos conseguido todos los objetivos reivindicados por los colectivos afectados, pero es una inmensa satisfacción anunciar que todos y todas las mutualistas van a tener una pensión de jubilación digna a cargo de la Seguridad Social. (Aplausos). Pasarán de los míseros 300 o 400 euros al mes a 1200 euros aproximadamente y en tres meses se aprobará el reglamento de esa pasarela al RETA, y, con un gran esfuerzo solidario, la Seguridad Social garantizará una pensión pública a todos y todas las mutualistas que no la tuvieran asegurada. Para esto sirven las cotizaciones sociales y los impuestos que pagamos, para garantizar derechos básicos que nunca garantizan sistemas privados si ello implica reducir sus inmensos beneficios (aplausos), y es el Estado quien va a rescatar a las y los profesionales a los que las mutualidades privadas condenaron a la indigencia en el momento de su jubilación. Conseguimos que la pasarela al RETA incluya un coeficiente corrector, uno por uno, que eleva el valor de las contribuciones realizadas a la mutualidad casi en un 30 % para todas las personas mutualistas mayores de 52 años a fecha 31 de diciembre de 2026. Aún no hemos conseguido otras reivindicaciones que son irrenunciables y por eso seguiremos trabajando hasta la última votación en esta ley y aprovechando posteriores tramitaciones legislativas si es necesario.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Señora presidenta, señores y señoras diputadas, en primer lugar, quiero mostrar nuestro agradecimiento a las organizaciones que han hecho posible el reconocimiento de pensiones de jubilación de la Seguridad Social a los profesionales de la abogacía, la procura y la arquitectura (aplausos); al Movimiento J2 de todas las provincias, a la plataforma Pasarela al RETA, a VENIA, Marea Negra Jurídica, a Foro Abogacía y Democracia, ALA, ALTODO, el colectivo 101, ANAMA, ANMARQ y demás colectivos. Una lucha impulsada sin descanso por mujeres como Lourdes, Ana, Nieves, Teresa, Isabel y tantas otras sin cuyo coraje no se habría conseguido. (Aplausos). Hoy el Congreso rescata a los y las mutualistas que han sido engañados por unas mutualidades que, para mantener sus privilegios, han permitido unas pensiones de jubilación miserables, de 300 o 400 euros al mes, con la pasividad del Estado, que ha incumplido durante décadas su responsabilidad in vigilando, hasta que este Gobierno de coalición de izquierdas se ha implicado en la solución. Son profesiones feminizadas y precarizadas, donde las y los profesionales económicamente privilegiados son minoría y nunca han padecido este problema. Abogados y procuradores garantizan nuestros derechos y libertades, arquitectos y arquitectas trabajan para que nuestra vida sea digna, y durante años han sido engañados por mutualidades y abandonados a su suerte cuando alcanzaban la vejez y eran más vulnerables. Han padecido discriminación en sus derechos laborales y sociales, no han tenido prestaciones por desempleo ni una incapacidad temporal decente ni prestación por maternidad o paternidad ni vacaciones retribuidas, y han sufrido un deficiente y limitado sistema sanitario.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de...
«Desde las calles se percibe que son los ricos y los poderosos los que siempre obtienen trato favorable de la justicia, que son las familias trabajadoras las que soportan su mal funcionamiento y que quienes son señalados por las derechas van pa'lante. Hay operadores de la justicia y partidos que trabajamos por mejorar el servicio público de justicia. Otros utilizan los tribunales para hacer política. Ya saben: 'el que pueda hacer, que haga'. VOX desprecia la democracia cuando la califica de cuotas partidistas. Dejen ya de proponer el modelo corporativo de elección del Gobierno del Poder Judicial que utilizaron en su día Mussolini o Franco. Son los órganos constitucionales democráticos quienes deben elegirlo. Los tribunales soportan dilaciones por falta de medios y de jueces, retrasos que solo perjudican a la gente de a pie, pero VOX se opone a la reforma de la ley de acceso a la judicatura que incrementaría el número de jueces y fiscales. Dicen que sería un atentado contra la independencia judicial. (Continúan los rumores). Están encantados con los retrasos, por lo que sea, porque siempre benefician a la derecha -causa Púnica o Kitchen o Montoro, todo corrupciones del Partido Popular-: demoras de más de trece años permiten reducir las condenas por la atenuante de dilaciones indebidas. Aún no hay informes de policía sobre las corruptelas del denunciante Alberto, el de Quirón, pero el ex fiscal general ya ha sido condenado con toda celeridad. Califican de antidemocrático implantar el mismo sistema de instrucción por la Fiscalía que existe en la Unión Europea o en América simplemente porque entonces el Partido de las togas no podría seguir manejando las causas penales. Vuelvo a plantear a todos los grupos que es hora de recuperar el procedimiento para exigir responsabilidad civil por sus actuaciones a los jueces, como a cualquier profesional, suprimido por el señor Rajoy en el año 2015. Abascal, Feijóo y la jefa del PP, Ayuso, han pasado por la Embajada de Estados Unidos a recibir instrucciones desestabilizadoras. Nunca han criticado los aranceles de Trump al campo español o el saqueo que pretenden para que gastemos el dinero público en sus armas, pero ya responsabilizan a los inmigrantes -mayoritariamente latinoamericanos- del mal funcionamiento de la justicia. Eludir sanciones unilaterales de Estados Unidos a Venezuela, Cuba o cualquier país solo es delito en el rancho de Donald Trump. ¿Les dio órdenes el embajador para que comience la cacería judicial contra quienes han eludido las coacciones de Estados Unidos a países soberanos? Veremos si en breve tenemos otro pa'lante en forma de solicitud de extradición. Votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de...
«Presidente, señorías, la justicia siempre ha sufrido por falta de medios materiales y humanos. Es la principal causa de su mal funcionamiento, a pesar de los miles de jueces, fiscales y funcionarios entregados abnegadamente a servir a la sociedad. La justicia tenía buena imagen hasta que llegó el partido de las togas. No hay mayor daño al ejercicio de la jurisdicción que comportarse como un partido que no se presenta a las elecciones, pero que coordina actuaciones con la derecha y la ultraderecha. Cuando los operadores judiciales intervienen en política, perjudican el funcionamiento de la justicia como servicio público, pierden su independencia y el respeto de la sociedad. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden arreglar este problema. No tenemos competencias para acabar con la politización de la justicia que practican el Partido Popular, VOX y los jueces y fiscales que se dejan controlar por la puerta de atrás, como decía el señor Cosidó. Quien debe arreglar esto es el Consejo General del Poder Judicial, pero se dedica a vetar jueces dignos, como José Ricardo de Prada, mientras permite a otros jueces insultar y descalificar a ministras o decir a qué partidos se permite o no gobernar o abiertamente sugiere volar la plaza de Pedro Zerolo y tirar piedras a los homosexuales. Es el mismo Consejo que ignora las resoluciones de Naciones Unidas que corrigen a los tribunales españoles, que permite que se estiren instrucciones penales impresentables, como el caso Neurona o el caso de Begoña Gómez, y siempre haciendo nombramientos priorizando a la derecha judicial, como hoy. El gran corruptor Aldama se pasea por las calles participando en manifestaciones contra la corrupción convocadas por el PP y VOX porque la Fiscalía le pide una condena que no excede de dos años de cárcel, con lo que no ingresa en prisión. (Rumores). Es la misma Fiscalía que pide para los que Aldama ha corrompido penas de veinticuatro y diecinueve años de cárcel y casi dos años de prisión a Jorge Riechmann y otros ecologistas por una protesta climática.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana...
«El Ministerio del Interior ya ha actuado sobre esta materia. (El señor Hernando Fraile: No vale). Hay un protocolo, del año 2022, de actuación frente a armas blancas, reforzado mediante una instrucción de 2025 que intensifica los controles preventivos en zonas de riesgo para la intervención y decomiso de armas blancas. Por eso, hay más sanciones, no porque haya más armas, sino porque hay más incautaciones. Seguro que la policía estaría encantada de que las Administraciones que gobierna el Partido Popular actuaran sobre causas como la exclusión o como la falta de oportunidades. Con que invirtieran en crear comunidad, le quitarían mucho trabajo a la policía. Es exactamente lo que piden el Defensor del Pueblo, UNICEF, Save the Children o la Fiscalía General del Estado. Pero, en su PNL, no hay una sola propuesta social o educativa, solo, garrote, oportunismo y alarmismo. España no es un país inseguro, pero sí es un peligro legislar como proponen el Partido Popular y VOX. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana...
«España tiene la tasa de criminalidad más baja de su serie histórica. El índice de homicidios, de 0,69 por cada 100 000 habitantes, es de los más bajos de la Unión Europea y ha descendido un 15 % desde 2010. Dejen de negar lo que saben los 90 millones de turistas que vienen al año, que España es de los países más seguros de la Unión Europea. Claro que hay casos en los que el uso de armas blancas ilegales genera preocupación y requiere atención específica. Por ejemplo, hemos visto en Granada la banda de guardaespaldas de Abascal, porra metálica en mano, sobrepasar la línea de la policía; pero no estamos ante una generalización de la violencia. No construyan relatos que asocian juventud de barrios obreros con violencia; no criminalicen a la juventud indiscriminadamente. (Aplausos). Toda la vida los jóvenes se han juntado por afinidades, para PP y VOX todos son bandas, mientras, renuncian a invertir un euro para acabar con la exclusión y la falta de oportunidades. Saben que los programas de mediación e intervención obtienen mejores resultados que las respuestas punitivas.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana...
«Hoy VOX les ha complementado con una enmienda para criminalizar la inmigración, apoyando el bochornoso papel del otro día de Feijóo cuando mintió sobre la gravedad de los antecedentes policiales, que son los que debería tener, por ejemplo, la señora Muñoz, si es verdad que a ella la paran los controles policiales más de una hora, como nos contaba. En Extremadura han acordado la prioridad nacional. Quitan a los extranjeros los derechos que tienen por pagar impuestos -porque hasta los irregulares pagan impuestos, como el IVA-, y acuerdan con VOX desregular, que es derogar las leyes que mejoran la vida de las familias trabajadoras, de las españolas y de las extranjeras. Aquí proponen leyes, pero únicamente para castigar a las clases populares. Un puñado de reformas inconexas del Código Penal. Proponen cinco años de prisión para quien porte armas blancas y dejan en cuatro años de prisión el castigo a quien porte armas de fuego ilegalmente. Se han lucido. Quieren reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se va a derogar en breve y, sobre la ley de seguridad ciudadana, la única reforma que nos parece urgente es la derogación de su ley mordaza. (Aplausos). En general, desprecian la seguridad pública democrática y no tienen políticas de prevención criminal, solo medidas para debilitar al Estado de derecho, acabando con la proporcionalidad de las penas. Inventan datos sobre el uso de armas blancas, igual que han hecho con la supuesta proliferación de la okupación de viviendas para engordar el negocio de las alarmas y de las empresas de desokupa. Han repartido paguitas a sus amigos poniéndolos a trabajar en oficinas antiokupación pagadas por Ayuntamientos, por ejemplo, el de Córdoba y el de Valencia; oficinas que, en seis meses una y en un año la otra, no han recibido ninguna denuncia; delitos que no existen. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana...
«Señor presidente. Señoras y señores diputados, más populismo punitivo del PP y de VOX para hacer campaña electoral en Andalucía. El informe anual para la prevención de la tortura del Consejo de Europa advierte sobre la masificación de las cárceles europeas, pero el PP sigue empeñado en el 'todos a la cárcel', salvo para los acusados en la operación Kitchen -en la cúspide ya ha aparecido, por fin, el señor Mariano Rajoy-. En esta legislatura, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una decena de iniciativas para endurecer el Código Penal, inventándose o magnificando problemas que se arreglan con medidas sociales. Están en dura competencia con VOX a ver quién es más ultra, provocan miedo, exageran los problemas de seguridad y su solución a los problemas sociales de la juventud es endurecer los castigos a los hijos de los trabajadores. PP y VOX compiten por ver quién miente y asusta más sobre la regularización de migrantes, una regularización reclamada por colectivos sociales, empresariales, por la Iglesia y que el PP apoyó cuando llegó a esta Cámara. Cada día se parecen más a Trump, cambiando de posición a diario.»