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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
391 declaraciones · página 7 de 14
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«Este mal comienzo de un Consejo General del Poder Judicial, que se pretendía equilibrado, puede y debe ser corregido de inmediato. Son necesarios resultados más equilibrados, como los que en octubre han permitido renovar comisiones y grupos de trabajo del Consejo General del Poder Judicial. La comisión permanente ha sido renovada, manteniéndose el mismo equilibrio entre progresistas y conservadores que venía teniendo en el último año. Era posible otro tipo de mecanismo. Se han renovado quince comisiones y grupos de trabajo, con un resultado de ocho y siete presidencias respectivamente para cada una de las sensibilidades del Consejo General del Poder Judicial y 50-50 es más equilibrado que 68-32 %. Nos felicitamos porque haya sido posible crear por primera vez en el Consejo General del Poder Judicial un grupo de trabajo sobre derechos humanos. Es posible una justicia más cercana a la sociedad y para ello tenemos que reconducir esta situación, porque lo principal es que los y las demócratas impidamos que continúen las maniobras del Partido Popular para controlar la justicia. Y por eso vamos a votar no a esta propagandística proposición de ley, igual que consideramos imprescindible acabar con la excepción española en la instrucción de los procedimientos judiciales, una rémora de una ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está en vigor desde 1882 y que por fin se corrige en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«El consejo fue renovado hace un año, tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, del que resultaba un teórico equilibrio entre las distintas sensibilidades existentes en la justicia. Desde septiembre del año pasado se han realizado 161 nombramientos en el nuevo consejo de plazas pendientes de nombrar debido a ese secuestro de la institución que el Partido Popular mantuvo cinco años. Sorprendentemente, la estrategia del Partido Popular consigue que, a julio de 2025, un 68 % de los nombramientos recaigan en jueces conservadores, frente a un reducido 32 % de nombramientos que recaen entre jueces y juezas progresistas. Es una desproporción que llama la atención porque, sobre todo, no responde a la realidad social de este país. Y estos cuestionables métodos, consensos, que no unanimidades, han llegado a su cenit en los plenos de junio de este año 2025, en los que, de los veintiocho nombramientos efectuados, solo cinco han recaído en jueces progresistas. Un escaso 15 % frente a un 85 %. Y se ha dicho que estos desequilibrios se deben a la ausencia de candidaturas progresistas. Sin embargo, desde mayo de 2025, cuando era patente la desproporción en los nombramientos ya efectuados, al menos en veinte ocasiones había alternativas progresistas solventes que podían haber equilibrado la situación, pero que no recibieron más que un voto, continuando los nombramientos de conservadores casi por unanimidad de los vocales del consejo. Y es positivo que el 41 % de los nombramientos hayan recaído en mujeres. Y se ha logrado el incremento de la cifra de magistradas en todos los ámbitos, pero la paridad de sexos en los nombramientos no se ha logrado en cinco de los once ámbitos de la justicia: en las altas responsabilidades, en las presidencias y en las salas del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de Justicia, de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional. La derecha ha puesto en marcha una estrategia que le ha llevado a reforzar su hegemonía política y de control del Poder Judicial, mientras los denominados progresistas han concurrido a votaciones, divididos hasta con tres posiciones diferenciadas en algunas votaciones. Y, a la vista de estos datos, creemos que estos consensos alcanzados no han sido ni razonables ni equilibrados cuando han servido para reforzar el control del Partido Popular sobre la justicia, a la vista de que los candidatos de los vocales propuestos por el Partido Popular han sido nombrados mayoritariamente. No entendemos las amplias mayorías que consigue la derecha para, por ejemplo, denegar el amparo solicitado por el juez De Prada frente a la campaña de desprestigio de Jiménez Losantos, que solo tuvo un voto a favor; o para denegar el reingreso del magistrado Baltasar Garzón tras un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (aplausos) que condenó a España por inhabilitarlo, que solo contó con tres votos a favor de entre veinte posibles votos; o para denegar, con un solo voto a favor, la incoación del expediente disciplinario al juez que vilipendió en una diligencia la memoria de nuestro querido y recordado Pedro Zerolo en un proceso contra el humorista Quequé.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«Señora presidenta, el Partido Popular calienta motores para el vergonzoso juicio al fiscal general del Estado, el primer fiscal general que se sienta en el banquillo por hacer su trabajo, por perseguir las prácticas corruptas de la pareja de la jefa de facto del Partido Popular, la señora Ayuso. El mismo Tribunal Supremo que autorizó retransmitir en directo el juicio del procés ahora no quiere lo mismo en el juicio del fiscal general del Estado. No quieren que España contemple en directo un juicio sin fundamento alguno. La Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales en procedimientos penales, creó la Unidad de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado para garantizar la protección de datos de particulares que utiliza el Ministerio Fiscal. La designación de un fiscal al frente de la unidad a propuesta del fiscal general se acordó en la ley orgánica de eficiencia de la justicia. El Grupo Popular nos propone que alguien extraño maneje los datos personales de los justiciables, una especie de externalización del control de datos personales en la Fiscalía. Además, nos lo traen al Congreso por duplicado. Una iniciativa similar ya se encuentra en tramitación en el Congreso, tras ser impulsada por el Grupo Popular en el Senado en marzo. No es serio que el Partido Popular quiera tramitar dos leyes iguales. Estamos ante una nueva operación propagandística del Partido Popular, continuación de su estrategia de control e interferencia en la justicia, eliminando todo control democrático de la sociedad sobre esta institución (aplausos) y reforzando la toma de decisiones corporativas a través de un Consejo Fiscal que la derecha utiliza demasiadas veces con fines políticos. Y esto mientras que el Partido Popular refuerza su control de las cúpulas de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de Justicia y del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, decía el senador Cosidó.»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio...
«Esta novedosa ley antigenocidio tiene un precedente: el embargo de armas a Israel acordado por el presidente Rajoy. En 2014, el criminal Netanyahu también atacó Gaza, entonces asesinó a 2000 civiles. Después de un mes de ataques, Rajoy acordó el embargo de armas. Pero, 70 000 muertos y 170 000 heridos después, el señor Feijóo y el Grupo Popular se oponen al embargo que pide la justicia internacional. De VOX nadie espera la más mínima humanidad, pero del Grupo Popular sí esperábamos algo. Ayuso ha prohibido camisetas, sandías y banderas, todo lo que recuerde al pueblo palestino, y prohíbe que se explique que lo están exterminando; lo contrario a lo que hizo cuando llegaron cientos de miles de refugiados ucranianos. Aznar pide que Israel borre totalmente del mapa la franja de Gaza y a quienes la habitan, y VOX revienta cualquier gesto humanitario, incluyendo los minutos de silencio en las instituciones. Abascal justifica el exterminio del pueblo palestino y llama guerra a un genocidio. Que el país que las Naciones Unidas dieron al pueblo judío, sobreviviente del holocausto perpetrado por los nazis, tenga como única aliada a la ultraderecha mundial muestra el abismo ético en el que ha caído Israel. Quienes duden qué votar a este real decreto ley, piensen en lo que votarían las palestinas y los palestinos hoy en este Pleno. (Aplausos). La respuesta es obvia: votarían sí un millón de veces. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio...
«Convalidar el real decreto ley es cumplir con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y con el derecho internacional. Quien no vote a favor estará desobedeciendo al máximo Tribunal de Justicia del mundo, ignorando las leyes de la humanidad. Estamos avanzando en el necesario embargo militar y comercial al único país del mundo que no ha cumplido, desde su nacimiento, ni una resolución de las Naciones Unidas, ni siquiera la que le reconoció como Estado. Y es otro paso más para frenar el genocidio y los graves crímenes contra el pueblo palestino cometidos por Netanyahu con la complicidad de gran parte de la sociedad de Israel y de demasiados países árabes. Votaremos a favor y pediremos que se tramite como proyecto de ley para mejorar la norma, para incluir una exhaustiva regulación de la inspección e intervención en los puertos españoles de cualquier material susceptible de uso militar o combustible que se dirija a Israel o de cualquier producto de las ilegales colonias en la Palestina ocupada; ampliaremos los bienes y servicios embargados a todos aquellos utilizados por Israel para violar la ley internacional y las resoluciones de Naciones Unidas; e impediremos cualquier supuesto que pudiera ser utilizado para eludir el embargo. Además, vamos a impulsar todas las medidas necesarias para que estos crímenes no queden impunes.»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio...
«El 7 de octubre de 2023 se cometió un horrible crimen de guerra contra la población civil de Israel. Pedimos la liberación de todos los rehenes -de los israelíes y de los palestinos-, pero no se puede utilizar el 7 de octubre para justificar que en Gaza se haya arrojado el equivalente a seis bombas atómicas. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado parar el genocidio y que en Gaza el ejército de Israel no pueda ni matar palestinos ni causarles serios daños físicos o mentales ni imponer condiciones de vida calculadas para su destrucción física ni imponer medidas para evitar los nacimientos de niñas y niños palestinos. Y la Corte también se ha pronunciado reiteradamente sobre la ilegalidad de las colonias israelíes en los territorios ocupados. El real decreto ley que vamos a convalidar contiene medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. Acuerda el embargo de cualquier operación con material militar y prohíbe el tránsito por nuestros puertos de materiales o combustibles de uso militar, prohíbe la importación de productos de las ilegales colonias en los territorios ocupados, y considera publicidad ilícita la comercialización de estos bienes o de los servicios prestados en estas colonias.»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio...
«El crimen de genocidio es el exterminio de un grupo humano, destruyendo a sus integrantes, su cultura, su identidad, quitándoles la libertad, confinando a sus miembros en lugares inhabitables, despojándolos de propiedades y recuerdos. Se destruyen familias, se separan para siempre madres de hijos, esposas de esposos y, finalmente, se les mata lentamente de hambre e inanición o mediante violentos asesinatos masivos. Así hicieron los nazis con los pueblos judío y gitano en Europa, y así se exterminó al pueblo armenio, al camboyano o a los tutsis en Ruanda. A diferencia de estos genocidios, el del pueblo palestino en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania se están retransmitiendo en directo a todo el planeta; nadie podrá decir que no sabía lo que ocurría. El Partido Popular y VOX son selectivos con los genocidios. Cuando los nazis cometían genocidios en el este de Europa, 40 000 falangistas se fueron a apoyar a la División Azul, mientras estos, los nazis, gaseaban a seis millones de personas, la mayoría judíos. Invadieron también la Unión Soviética con el ejército de Hitler, mientras los escuadrones de asesinos de las SS ejecutaban a dos millones de civiles rusos y a cientos de miles de prisioneros. Para condenar el genocidio palestino, el Partido Popular necesita sentencias judiciales, pero el Tribunal de Nuremberg nunca condenó a ningún nazi por genocidio. (Rumores). ¿Le parece al Grupo Popular un motivo para negar el holocausto del pueblo judío? Quienes se niegan a denunciar o a tomar medidas contra el genocidio palestino se avergonzarán siempre por los civiles, los niños y las mujeres exterminados por el supremacismo de Israel. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio...
«Señor presidente, cuarenta y ocho activistas de la Flota de la Libertad ya están en España, algunos aquí hoy, con nosotros (aplausos de los diputados del Grupo Parlamentario SUMAR dirigidos hacia la tribuna de invitados), tras salir de las brutales cárceles sionistas en las que se encierra y tortura, sin juicio ni derecho a la defensa, a miles de palestinos, incluyendo niños. Exigimos la inmediata puesta en libertad de Reyes Rigo y de David Adler, quienes siguen encarcelados. Son rehenes de Netanyahu, todos han sido víctimas de tratos inhumanos y degradantes tras ser capturados ilegalmente por Israel en buques de bandera española en aguas internacionales. Cumplían el mandato del derecho internacional de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino, víctima de un brutal genocidio. Nuestro agradecimiento eterno, y a los millones de personas que han salido a la calle en todo el mundo para salvaguardar la dignidad de la humanidad y exigir el fin del genocidio en Gaza. Occidente ha perdido toda legitimidad por su permisividad con los crímenes de Israel.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Concluyo. No cabe recrearse en las críticas del GRECO a España por la falta de medidas para la prevención y el combate de la corrupción y, a la vez, oponerse a la puesta en marcha de esta oficina, que sigue y recoge todas las recomendaciones del GRECO. Pedimos el voto a favor de todos los grupos parlamentarios. Conscientes de la urgencia de esta proposición de ley, con humildad les ofrecemos a todos los grupos parlamentarios que la hagan suya y que entre todos y todas mejoremos su contenido. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«El 9 de julio pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. La medida 1 era la creación de una agencia independiente de integridad pública como órgano central de previsión, supervisión y persecución. Esta proposición de ley recoge los cuatro elementos necesarios para ello. En primer lugar, la creación de la oficina de prevención, investigación y erradicación de la corrupción en la Administración General del Estado y en su sector público instrumental. Entendida la corrupción como el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos o cualquier conducta que conlleve conflicto de intereses o uso en beneficio privado de informaciones obtenidas en el ejercicio de funciones públicas; tendrá independencia y autonomía y su presidencia será elegida por este Congreso. Las funciones de la oficina serán crear, en primer lugar, un sistema preventivo de alertas tempranas en la Administración General del Estado y su sector público instrumental; en segundo lugar, una estrategia integral de prevención de la corrupción, de impulso de la integridad, de investigación de la corrupción y de mejoras integrales en la Administración estatal. También promoverá la elaboración de planes de prevención en todas las Administraciones sujetas a la aplicación de esta ley. Deberá tener capacidad de investigación y de inspección para el esclarecimiento de los hechos que puedan ser constitutivos de fraude, de corrupción o conflictos de intereses; también una capacidad de investigación sobre todas las Administraciones públicas de la Administración General del Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre empresas o entidades privadas que reciben subvenciones del Estado, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, es decir, lo que nos está exigiendo el GRECO. Las Administraciones y las empresas que contraten con la Administración también deberán tener sistemas internos y estrategias de prevención de la corrupción, y en caso de incumplimiento se prevén multas de hasta un millón de euros.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Esta propuesta que presentamos hoy incorpora estas tres demandas del grupo GRECO. Cumplimos así, en esta PL, con los compromisos internacionales de España en la lucha contra la corrupción. Tanto la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como el Convenio Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea conminan a los Estados a establecer órganos de prevención y lucha contra la corrupción especializados y con la debida independencia, formación de su personal y recursos públicos. En España ya existen varias agencias anticorrupción autonómicas: en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en la Comunidad Foral de Navarra, en Asturias, en Andalucía, en Galicia. Desde 2016, existió la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares hasta el año 2024, cuando el Partido Popular la disolvió por exigencia de VOX. Es obvio que la ultraderecha no quiere ningún control sobre sus múltiples chiringuitos que ordeñan el dinero público. (Aplausos). También hay oficinas locales en el Ayuntamiento de Barcelona o en el Ayuntamiento de Madrid. Y ante este amplio consenso internacional, autonómico, local, es urgente la creación de la oficina estatal para la prevención de la corrupción para que actúe en el ámbito de sus competencias.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Quiero resaltar que nos encontramos entre los países con menos corrupción entre funcionarios, gracias a una carrera funcionarial ordenada y profesionalizada. La corrupción se manifiesta fundamentalmente a través de sobornos y alteraciones de contratos y concursos públicos. Nuestro gran problema son los corruptores, quienes utilizan dinero privado para engrasar a partidos, a políticos y a responsables corruptos de la Administración, saqueando los recursos públicos en provecho propio. Por eso, necesitamos medidas, más allá de la habitual visión represiva o ex post, medidas preventivas ex ante, concienciación y cumplimiento, control sobre las empresas que concurren a concursos públicos. Aprobar esta proposición de ley es una obligación urgente. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en junio del 2019, decidió no seguir aplicando su procedimiento de incumplimiento a España; incumplimiento que, según el anterior informe GRECO, que hacía énfasis en la trama Gürtel, seguía existiendo en 2018 con el Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy. Este mes de agosto se ha publicado el último informe del GRECO, que constata que España ha incrementado mejoras, concretamente dieciséis de diecinueve. El primer informe GRECO sobre deficiencia señaló siete recomendaciones no cumplidas y en el último se han reducido solo a tres respecto a las que nos solicitan reformas: los aforamientos, puertas giratorias, asesores y lobbies, la estrategia anticorrupción en la Policía Nacional y la lucha y prevención contra la corrupción en la Administración Pública. Y el informe GRECO saluda expresamente las medidas contenidas en el Plan de Acción por la Democracia que aprobamos en el año 2024 en el Consejo de Ministros, un plan que recoge demandas hechas por varias de las fuerzas parlamentarias de este Congreso.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Esta proposición de ley mejorará la integridad pública, construyendo una institución como ya existe en la Unión Europea, la oficina de lucha contra el fraude, y protegiendo el uso de los recursos públicos, porque su uso espurio tiene un impacto negativo sobre la democracia, enriquece a los corruptos y da argumentos al populismo. El 'estoy en política para forrarme' que grabaron al señor Sanz, secretario general del Partido Popular en Valencia, o el 'me tengo que hacer rico' del ministro del PP Zaplana, merman la confianza de la gente en la democracia y desestimulan la participación electoral y política. La corrupción tiene también un fuerte impacto en el incremento de la desigualdad. El dinero que va al bolsillo del corrupto se recorta de los servicios públicos que pierden calidad y se degradan. Todos los indicadores de percepción pública, ya sea por investigaciones periodísticas de la sociedad civil o por el número de condenas judiciales, muestran niveles inaceptables de corrupción, más elevadas que en otros países de nuestro entorno. Y, por mucho que lo pensara el líder conservador, no hay justas proporciones aceptables en materia de corrupción.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, no hay cortina de humo que tape la corrupción. La solidaridad con el pueblo palestino no es una cortina de humo, están siendo víctimas de un genocidio brutal que hay que detener, vista la pasividad de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una obligación política, ética y también jurídica, señor Tellado, que no está. Este grupo parlamentario no va a cesar de denunciar el genocidio hasta pararlo y continuaremos trabajando contra la corrupción, venga de donde venga, como se demuestra con esta proposición de ley. (Aplausos). Ojalá el Partido Popular deje de utilizar su rechazo y su criminalización de la solidaridad con Palestina como excusa para no denunciar lo que también para Naciones Unidas es el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que tampoco usan cortinas de humo para oponerse a tomar medidas contra la corrupción. Palestina libre, pero, sobre todo, Palestina viva. (Aplausos). Hay un amplio consenso en que la corrupción es un problema político y social muy grave. Se han contabilizado 3740 casos entre 2000 y 2020. El 85 % de ellos en el ámbito municipal; el 92 % de las ciudades de más de 100 000 habitantes han sufrido casos de corrupción. La mayor corrupción está concentrada en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Madrid; comunidades con mucha actividad inmobiliaria, externalización de servicios públicos y obra pública. El Partido Popular es el que más causas de corrupción tuvo en ese periodo, implicado en el 40,5 % de los procedimientos. Le sigue el Partido Socialista. Es evidente que el bipartidismo ha tenido militantes y cargos públicos implicados en el 78,5 % de las causas. En Cataluña, Convergència i Unió desapareció tras los escándalos del tres per cent. El emérito ha tenido que abandonar España por sus muchos casos de corrupción. Ninguna, ninguna fuerza política se ha librado de caer en el pozo inmoral de la corrupción, que seguirá existiendo hasta que llegue el hombre nuevo que reivindicaban desde Jesucristo hasta Lenin. (Aplausos). Hay partidos que padecen la corrupción de forma esporádica, los hay que toman medidas contundentes cuando ocurren y otros, en cambio, la padecen habitualmente y no hacen nada por eliminarla, incluso la ven normal, como decía el líder conservador colombiano Turbay Ayala, que sin complejos defendía reducir la corrupción a sus justas proporciones. El partido racista y fascista, VOX, tiene ya récords difíciles de superar, considerando el poco tiempo que hace que han llegado a las instituciones. Lo explica con detalle su exportavoz parlamentaria, la señora Olona. El juez Serrano, exportavoz de VOX en Andalucía, fraude millonario en subvenciones; el jefe de VOX en Granada, el señor Nogueras, condenado por delito continuado de estafa; el portavoz de VOX en Valencia, Badenas, amañando contratos; varias multas del Tribunal de Cuentas por financiación irregular del partido, desde Hungría hasta Irán, y siete millones de euros transferidos desde las cuentas de VOX a la opaca fundación manejada en exclusiva por el jefe Abascal, etcétera, etcétera, etcétera. No diferenciar el interés de la sociedad de los intereses particulares lleva a caer en las corruptelas ofrecidas por grupos económicos y empresas, que no olvidemos que son los corruptores en el cien por cien de los casos. No queremos la libertad de eliminar controles y transparencia en la contratación pública en beneficio de corruptos y corruptores. No puede ser que las sanciones por robar en un supermercado sean más graves que por saquear los recursos públicos. (Aplausos). Mientras continúen las prácticas ultraneoliberales de desregulación de la economía y de eliminación de control sobre el dinero público, ocurrirá que, en una pandemia, quien tenga contactos venderá las mascarillas a la sanidad pública multiplicando su precio por cien. Los que defraudan para no pagar impuestos también saquean lo recaudado con los impuestos pagados por la clase trabajadora. Mientras ocurra esto, habrá corrupción. Apropiarse de los recursos públicos para beneficio privado debilita y empobrece un país, dificulta la seguridad jurídica y, por tanto, el comercio y la actividad económica.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«El fiscal de Medio Ambiente ha anunciado que va a investigar a ayuntamientos y comunidades autónomas que no hayan cumplido su obligación de prevención de incendios. ¿Cuánto va a tardar el Partido Popular en perseguir a este fiscal? Porque, en lugar de prevenir catástrofes o de combatirlas, el Partido Popular recurre al penalismo mágico, un poder sobrenatural que atribuyen al derecho penal para evitar incendios. Proponen endurecer penas para prevenir incendios forestales, aunque el Código Penal ya prevea penas de hasta veinte años para quienes quemen los bosques. Endurecer las leyes penales no acabará con las catástrofes climáticas; puestos a tocar el Código Penal, ¡hombre!, mejor un nuevo delito que sancione a quienes prostituyen a la Hacienda pública y venden sus cuerpos de Inspección a ricos y defraudadores. Dejen en paz a los fiscales que se dedican a perseguir delincuentes, y entérense de una vez, señores del Partido Popular, que su discurso está provocando el incremento del apoyo electoral a la ultraderecha, no al PP. Gracias. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«La Fiscalía General del Estado desmiente las falsedades propagadas por el equipo de la señora Ayuso: que la Fiscalía le había propuesto al novio que reconozca sus delitos, una posibilidad que no existe en la ley española. Cualquier persona decente habría actuado defendiendo la verdad, como hizo el fiscal general del Estado. Pero el problema es que el Partido Popular utiliza su brigada jurisdiccional y mediática para atacar a los fiscales que persiguen los muchos delitos cometidos por sus militantes y amiguetes. El Tribunal Supremo, en un mundo judicial al revés, persigue al máximo responsable de perseguir los delitos porque se ha atrevido a perseguir a un delincuente cercano a quien manda en el Partido Popular. La fiscal del caso Montoro ha tenido que denunciar la pasividad de la UCO y de la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción para perseguir la venta de leyes tributarias y amnistías fiscales por la organización criminal creada por el ministro Montoro y otros ex altos cargos del Partido Popular a cambio de jugosas comisiones; eximían de impuestos y permitían delitos o fraudes fiscales a grandes empresas y a los más ricos.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«El juez Hurtado ha dictado un auto de transformación continuando con su estrategia; no hay ninguna novedad, ningún procesamiento que justifique este debate, salvo las ganas del Grupo Popular de seguir haciendo ruido utilizando la persecución que han organizado contra el fiscal general del Estado. Traer a debate al fiscal general del Estado no les va a evitar que los ciudadanos sigan pidiendo la dimisión de Mañueco y de los demás responsables del Partido Popular por la nefasta gestión de los incendios forestales. Y España, desgraciadamente, ha vuelto a comprobar que las Administraciones del Partido Popular y de VOX nos dejan indefensos ante cualquier catástrofe, ya sea una dana o sean incendios forestales. ¿Para qué van a tomar medidas preventivas frente a una crisis climática que niegan que exista? Y sobre el auto dictado por Hurtado -ese juez que se opuso a interrogar a Rajoy en el juicio Gürtel, que no veía motivos para condenar al Partido Popular por corrupción y que ignoraba quién era ese M. Rajoy que recibía dinero B de Bárcenas-, es el Consejo del Poder Judicial el que ha informado el 9 de junio, primero, que el abogado del novio de la señora Ayuso envió al fiscal del caso una propuesta reconociendo que se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública y proponiendo resarcir el daño causado pagando lo adeudado, cuota e intereses, a la Agencia Tributaria; y, segundo, a continuación, el presunto delincuente confeso, definido por Miguel Ángel Rodríguez como 'Alberto, el de Quirón', niega haber enviado el correo reconociendo sus delitos. Pero el correo remitido por el abogado desautorizado es publicado por los medios de comunicación, una filtración judicial más de las innumerables que ocurren a diario en este país.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Muchas gracias, presidenta. Hoy es imprescindible hablar de Gaza y de Cisjordania, donde también se está asesinando al derecho internacional ante la injustificable pasividad del mundo y la complicidad de quienes permiten que Netanyahu se imponga a sangre y fuego desde el río hasta el mar sobre el Estado palestino. Genocidio y miles de crímenes de guerra; masacres diarias de periodistas, sanitarios y civiles; la utilización del hambre como arma de guerra y exterminio; la única operación masiva de limpieza étnica de la historia retransmitida en directo por televisión. Nos arrepentiremos de haberlo permitido por el pueblo palestino y por toda la humanidad. A partir de ahora, cualquier país tiene carta blanca para pisotear todas las normas protectoras de los derechos humanos, sabiendo que no va a enfrentarse a ningún Nuremberg. Y entre los muchos temas que el Grupo Popular quiere discutir hoy no figura ni el exterminio del pueblo palestino ni el del derecho internacional, pero sí les parece urgente que el Gobierno explique por enésima vez su respaldo al fiscal general del Estado.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al objeto de informar...
«España, en un ejercicio de soberanía que nos enorgullece, ha sido el único país que se ha opuesto en la Cumbre de la OTAN al rearme que nos quieren imponer Trump y Von der Leyen. Nos hemos desmarcado del bochornoso y sumiso peloteo de Rutte, y eso nos ha fortalecido en la escena internacional. La posición de Izquierda Unida y de toda la izquierda plurinacional es clara: ni 5 %, ni 2 % del PIB para rearme. El Gobierno de coalición será fuerte y estable si no tragamos con el rearme al que pretenden obligarnos y dedicamos ese dinero a garantizar una vida digna a nuestro pueblo y a resolver conflictos mediante el diálogo. Invertimos en educación el 4,7 % del PIB; en sanidad, el 6,5 %, y en vivienda, principal problema de jóvenes y familias trabajadoras, un escasísimo 0,15 %. Un euro en rearme es un euro que no va a gasto social ni a vivienda. El rearme haría inviable el único Gobierno de coalición de izquierdas de la Unión Europea, que es un ejemplo en tiempos de fascismo. No es posible tener soberanía en la OTAN, en la que Estados Unidos ordena y el resto acata. Es insoportable que haya bases extranjeras en España que se usan para agredir a otros países o para cometer el terrible genocidio del pueblo palestino con la vergonzosa permisividad de la Unión Europea. Salgamos de la OTAN, presidente. Construyamos nuestra seguridad sobre alianzas de cooperación, no militares. Cuente con nosotros para construir seguridad humana para España, seguridad compartida para Europa y multilateralismo colaborativo en el mundo, para que nunca más haya genocidios como el que sufre Palestina. Le pedimos que España participe en la Conferencia Internacional por Palestina del próximo día 15 de julio, convocada por el Grupo de La Haya, en Colombia. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al objeto de informar...
«Gracias, presidenta. Al igual que las Naciones Unidas, Izquierda Unida defiende un modelo de seguridad humana: desarrollo económico sostenible, transición energética, prevención de crisis medioambientales, justicia social y democracia; lo contrario al rearme y a alianzas como la OTAN. Igual que las Naciones Unidas, queremos un multilateralismo colaborativo entre países y civilizaciones, respetuoso con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, e incompatible con hegemonías imperialistas o con amenazas militares. Por eso, defendemos la coexistencia pacífica frente a la política de disuasión militar, que necesita guerras para consumir armas que nos venden mercaderes de la muerte, y así comprar más y más armas. (Aplausos). La paz es el derecho síntesis; sin paz no hay derechos humanos ni medioambientales. Y Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, necesita desarmarse, construir confianza y una seguridad compartida que dé tranquilidad a todos. Las alianzas militares y el rearme empobrecen a los pueblos y nos llevan a la guerra. Cuando desapareció el Pacto de Varsovia, la OTAN se quedó sin enemigo. Y en lugar de impulsar la confianza con sus vecinos, los procesos de Helsinki y de París, Europa renunció a una seguridad compartida y aceptó extender la OTAN. Hoy la OTAN es una herramienta de Trump para imponer su autoritarismo en todo el planeta, acabando con las reglas de convivencia y con el derecho internacional. Trump ha decidido que los demás paguemos el inmenso déficit comercial de Estados Unidos. Quiere sacarnos miles de millones de euros, en aranceles o para la industria militar de Estados Unidos. ¿O acaso para invadir Canadá, Groenlandia, México o el Canal de Panamá? Las amenazas a la seguridad de España no vienen del este, sino del oeste y del sur: de la inestabilidad en el Magreb; de las crisis en África, empobrecida por el colonialismo; de la ilegal guerra de ocupación del Sáhara por Marruecos, con apoyo de Israel. (Aplausos). Nunca la OTAN va a impedir la presión sobre Ceuta, Melilla o Canarias, y eso lo saben el señor Feijóo y el señor Abascal.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«En el grupo parlamentario de la izquierda plurinacional sabemos perfectamente hasta dónde llega la operación de desestabilización y también sabemos quiénes están detrás. Sabemos que haber convertido a España en el país europeo que más claramente se ha opuesto al genocidio en Palestina, el país que más contundentemente se ha opuesto al enloquecido rearme exigido por la OTAN y por Trump, tiene consecuencias y activa múltiples aparatos de desestabilización, también fuera de España. Ya recordó ese demócrata, Netanyahu, recientemente, que Israel tenía la información conseguida por los programas Pegasus, empotrados en los teléfonos de medio Consejo de Ministros de España. Y es público y notorio que a Trump no le gusta nuestro Gobierno, el único que no asume ni el 5 % ni el 3,5 % de incremento del PIB. (Aplausos). Y, tanto en el escenario internacional como en el interno, todo el que puede hacer anda trabajando intensamente para acabar con el único Gobierno de coalición de izquierda de toda Europa y que así nuestro país también caiga en manos de la ultraderecha, que está acabando con la democracia, como está ocurriendo hasta en los Estados Unidos a la vista de todo el mundo. No se lo pongamos fácil, señor ministro, y combatamos eficazmente cualquier asomo de corrupción. Muchas gracias. (Aplausos).»
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«Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer al señor Rafael Pérez el inmenso trabajo que ha realizado, y lo digo yo que no he estado siempre de acuerdo con él, pero creo que siempre se ha comportado como un servidor público riguroso y eficaz y, lo que es más importante, garantizando la seguridad de personas que luchan contra la criminalidad desde todas las instituciones, también desde las más pequeñas, no solo desde los cuerpos de seguridad, hasta en el más pequeño ayuntamiento de España. (Aplausos). También quiero decir que España tiene en estos momentos uno de los mejores secretarios generales de Instituciones Penitenciarias posibles, el señor Ángel Ortiz (Aplausos), uno de los mejores desde el profesor García Valdés. Y ojalá cualquier secretario general fuera accesible a las fuerzas parlamentarias cuando lo requieren; ojalá. En todo caso, señor ministro, su ministerio y la Policía en funciones judiciales deben incrementar las investigaciones para llegar al fondo de cualquier trama corrupta. Especialmente esta, dada a conocer por la UCO para el cobro de comisiones por contratos de obra pública. El ministerio afectado debe adelantarse cesando de inmediato a cualquier sospechoso de colaboración o participación, también por omisión, porque hay una inmensa operación de desestabilización del Gobierno, y permitir casos de corrupción, por acción o por omisión, es dar argumentos, dar gasolina para los incendiarios de la democracia. Las fuerzas más reaccionarias primero han secuestrado el Poder Judicial durante años y ahora se van haciendo con la mayoría de todos los órganos importantes de la justicia en España. Permiten bochornosas instrucciones judiciales con destinatario, puro derecho penal del enemigo. Ahora han organizado una huelga claramente política, de injerencia en el Poder Legislativo. Según los jueces huelguistas, debemos legislar a su dictado y a su gusto. Y la Conferencia Episcopal también puede hacer y hace. Se comportan como un partido más de la derecha, suscribiendo de pe a pa las tesis del Partido Popular y de VOX, interviniendo incluso en actos públicos junto al señor Abascal y exigiendo unas elecciones que, en dos mil años, no hemos visto a la Iglesia convocar para elegir sus órganos de poder. (Aplausos).»
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«El informe de la Unidad Central Operativa desvela que Koldo también percibió un sueldo de un alto cargo del PP en Cantabria, de un tal Jacobo Pombo. Simultáneamente, los sectores conservadores y muy politizados de la judicatura se van haciendo con la mayoría de todos los órganos importantes de este país, pero de eso ya hablaremos más adelante. (Aplausos).»
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«En todo caso, no cabe duda de que alguien va dosificando la información de la UCO, que se publica siempre en clave política y de forma coordinada con las ofensivas del Partido Popular y VOX para deslegitimar al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Es muy grave que el Partido Socialista no haya visto la que se les venía encima: dos responsables de organización sucesivamente implicados en el mismo escándalo de corrupción. Y es de una gran irresponsabilidad haber permitido que medrara un individuo como el tal Koldo, salido del lumpen que pulula por los bajos fondos y que desde hace años mantiene evidentes vínculos con servicios de información policiales. Koldo, indultado por el Gobierno de Aznar en 1996, tras ser condenado por un delito de lesiones. Koldo, condecorado en 2018 por el Gobierno del Partido Popular con la cruz con distintivo blanco de la Guardia Civil. Quizá en esos tiempos conoció a Manuel Sánchez Corbí, destinado entonces en el cuartel de Intxaurrondo, exjefe de la UCO y ahora jefe de Seguridad Exterior de Acciona, la única empresa de la trama que la UCO no ha creído conveniente registrar (aplausos), sino que le ha bastado con solicitar que la misma empresa le remita la información que crea conveniente sobre las presuntas comisiones pagadas, que pueden ascender, según la UCO, a más de 600 000 euros. No nos creemos que Koldo tuviera tantos conocimientos técnicos como para haber realizado miles de grabaciones durante tantos años. No nos creemos que fuera un virtuoso del uso de sofisticados mecanismos tecnológicos utilizados en esas grabaciones, artilugios que ni están al alcance del tal Koldo y que nunca habría sabido utilizar él solo.»
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«Este grupo plurinacional de la izquierda, y en especial Izquierda Unida, siempre ha tenido un comportamiento ejemplar en el manejo de los recursos públicos y en los contados casos en que se han detectado limitados sucesos inaceptables de estas características, se han cortado radicalmente por los mecanismos internos, que siempre han funcionado. La corrupción nos repugna, porque no es más que la sublimación del sistema capitalista; el neoliberalismo en grado máximo, que no reconoce ni normas ni regulaciones ni leyes, más allá de la del más fuerte o, en este caso, de la del más corrupto. Iniciamos la judicialización de la organización criminal incrustada en el Partido Popular -la iniciamos nosotros-, dedicada a dar sobresueldos en B a sus dirigentes y a financiar en B al partido, conocida como los papeles de Bárcenas, y a partir de ahí vinieron luego los procedimientos Gürtel, Púnica y un listado interminable, que afectó a más de seiscientos dirigentes del Partido Popular y que ha causado ya tres condenas al Partido Popular. ¡Tres condenas! (Aplausos). Una de ellas por responsabilidad civil y dos por responsables a título lucrativo. Todas, todas ratificadas por el Tribunal Supremo. No están ustedes en condiciones de dar muchas lecciones.»
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«Sobre las denuncias del Partido Popular de interferencias del Gobierno en las investigaciones de la UCO, a la vista del terremoto causado en el PSOE por los informes que esta unidad, en funciones de policía judicial, ha dado a conocer -que ha mostrado, obviamente, un caso de corrupción deleznable que condenamos con toda contundencia-, es evidente que no son más que una mentira más de las que nos tienen acostumbrados, con el habitual despropósito de deslegitimar la democracia. La verdad es que sorprende más tras el acoso del PP a la UDEF y al inspector Morocho. Desde luego, no están en condiciones de poder acusar a nadie de acosar a la policía judicial después del antecedente que tienen ustedes en la materia. Los informes de la UCO se están utilizando con fines políticos desestabilizadores, y no precisamente por los agentes investigadores. Mientras imputa al fiscal general por revelación de secretos y filtración de información, ¿cómo es posible que meses antes de enviarse los informes de la UCO a la justicia el señor Feijóo nos fuera relatando en las sesiones de control del Gobierno el contenido de esos informes, incluso reconociendo en una que tenía el informe completo? ¿Cómo es posible que el contenido de los informes policiales haya circulado con antelación por redes y medios de comunicación? El informe de la UCO fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio. ¿Cómo es posible que estuviera en manos de periodistas, que reconocen haberlo conocido por fuentes de la Guardia Civil? Y lo reconoce, entre otras, Pilar Gómez Rodríguez en declaraciones vertidas en el programa de televisión Todo es mentira. En el informe de la UCO aparecen transcripciones de audios intervenidos al tal Koldo; sin embargo, los medios de comunicación están difundiendo los audios íntegros, no las transcripciones. Esto solo puede haber salido de dentro de la propia UCO, y no hay más que revisar la cadena de custodia, señor ministro, para comprobar quién ha actuado con fines políticos, traicionando sus obligaciones deontológicas profesionales como policía judicial. (Aplausos).»
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«Las causas del apagón están claras. Los análisis sobre el origen de la perturbación en la red son necesarios, pero el problema es la incapacidad de una red en manos de múltiples intereses privados de corregir problemas cuando surgen. La famosa y mágica autorregulación del mercado que, según los profetas neoliberales, siempre funciona, como por arte de magia, que nuevamente priorizó los intereses particulares a los de toda la sociedad. La disputa entre Red Eléctrica y las empresas de generación no son más que un trampantojo para evadir responsabilidades. La concepción privada del sistema de generación y distribución eléctrica no garantiza el suministro ni la seguridad en cuanto a estabilidad de la red, en cuanto al acceso al servicio por parte de toda la sociedad y, en especial, para los sectores más populares de nuestro país. Red Eléctrica ha demostrado capacidad técnica en la recuperación del sistema en un tiempo récord y por eso debemos felicitar a los trabajadores, pero también ha demostrado su ineficiencia como operador del sistema por su falta de vigilancia, por la adopción de criterios generales de operación que ponen en riesgo el suministro de electricidad. Y de las empresas privadas de generación poco puede esperarse. Su compromiso es con la maximización de los beneficios y no con la prestación a la sociedad de un servicio esencial ni con el bienestar de sus trabajadores. Dejar en manos del capital privado un sector estratégico como el eléctrico es una irresponsabilidad. (Aplausos). Y este grupo de la izquierda plurinacional seguirá planteando la necesidad de un sector eléctrico cien por cien público, como desde hace décadas plantea Izquierda Unida.»
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«La desconexión de las instalaciones también es un mecanismo que se utiliza para mantener la tensión del sistema y, por tanto, se encuentra regulado para que el sistema funcione. Las compañías eléctricas deben desconectar en el momento adecuado, ni antes de lo indicado, porque entonces es imposible mantener la tensión, ni después, porque se puede producir una avería que impide la recuperación del sistema. Pues bien, varias de estas unidades de generación, en manos de compañías eléctricas privadas, se desconectaron antes de llegar a los niveles indicados. Prefirieron evitar el riesgo para sus instalaciones antes que aplicar una buena técnica que hubiera permitido evitar el apagón. Y las eléctricas están dando información distinta sobre estas desconexiones, que, en todo caso, nunca deberían haberse realizado antes de tiempo. El comité de análisis indica que sí hubo plantas que desconectaron cuando había que hacerlo, lo que permitió tanto la recuperación rápida como evitar daños, y esto obliga a tomar medidas respecto a aquellas empresas que no han actuado debidamente, contribuyendo al apagón, ya sea por falta de técnica, por falta de inversiones o por anteponer los intereses empresariales a los de toda la ciudadanía.»
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«Durante la fase de pérdida de generación de electricidad, el número de grupos acoplados con capacidad de control de la tensión era inferior a los programados por el operador del sistema, e inferior incluso al programado para el día anterior, al haber fallado la tarde previa uno de los grupos previstos, que no fue sustituido por la empresa que debía hacerlo. Red Eléctrica dijo que necesitaba diez unidades de tensión para salir de esa situación, y varias de esas unidades de tensión de compañías eléctricas privadas que dijeron estar disponibles, y que cobraban por tenerlas disponibles, cuando se requirió que se utilizaran, resulta que no estaban en servicio, pero sí estaban cobrando por ello. Probablemente, ninguna de todas esas unidades de tensión actuó como debía, lo que demuestra que no hay un mecanismo eficaz de control de las compañías privadas que intervienen en el sistema: ni de su funcionamiento ni de la retribución que perciben, de las cantidades de dinero que estas compañías eléctricas pueden autoasignarse en su puesto de cobros de servicios que, por lo que hemos visto, ni prestan ni dan. Y aclaro, para quienes nos escuchan, que la forma de autocobrarse este servicio no prestado es repercutir un coste adicional en la factura de la luz que pagan todas las personas y empresas de este país, camuflado entre los muchos conceptos ininteligibles que todos los ciudadanos vemos cada mes cuando recibimos la factura. (Aplausos). Se debe solicitar que devuelvan lo cobrado indebidamente y se debe sancionar este comportamiento. Y también se debe averiguar desde cuándo se mantiene esta práctica, que puede ser generalizada: una gran sobrefacturación de compañías eléctricas privadas por un servicio que no dan y que solo se detecta ante una situación de crisis de estas dimensiones.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Por otra parte, las causas del apagón ya son conocidas tras el exhaustivo trabajo de los equipos interdisciplinares que han elaborado el informe del comité para el análisis de la crisis de electricidad, que no es reservado, que está en la página web. Lo único que hay reservado son los datos de compañías eléctricas presuntas responsables. Y, primera conclusión, no ha sido un ciberataque ni un hackeo; ha sido una falla horrible en la forma de organizar y funcionar el sistema, que se produjo por la oscilación de las sobretensiones. A continuación, se produjeron pérdidas de generación eléctrica y el sistema acabó sin funcionar porque no lo hicieron ni los cortafuegos ni los mecanismos de recuperación que debían haber implementado mayoritariamente las compañías eléctricas. Y es preocupante la constatación de que no todos los operadores han dado la información solicitada. Hablamos de compañías eléctricas que han multiplicado sus beneficios en los últimos años con un sistema de tarifas controlado por ellas y que es unánimemente considerado abusivo por toda la sociedad. Resulta que ni siquiera nos han dado información fiable de lo que ha ocurrido. En muchos casos ni siquiera han dado la información y en otros casos se ha constatado que hay datos diferentes sobre una misma variable según la empresa que la dé. ¿En función de qué? En función de si la empresa que debía darla resulta afectada o responsable de una forma u otra por esa variable, escurriendo el bulto, eludiendo responsabilidades, lo que significa que se están ocultando datos a la Administración General del Estado.»