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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
223 declaraciones · página 7 de 8
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«De no poner fin a esta situación, el daño causado a la democracia será irreparable. Por eso, en SUMAR proponemos a todas las fuerzas democráticas adoptar medidas ya para fortalecer la democracia y recuperar el Poder Judicial para el Estado de derecho. Primero, modificar el procedimiento de renovación del Consejo del Poder Judicial para liderarlo del secuestro. Segundo, reformar las competencias del Consejo para ejercer las establecidas en la Constitución, sin interferencias de la derecha, para que el servicio público de justicia pueda seguir funcionando. Tercero, reformemos el acceso a la carrera judicial y fiscal primando la formación continua, el equilibrio y la experiencia jurídica, acabando, mediante becas, con tanta endogamia de preparadores opacos ante la Agencia Tributaria. (Aplausos). Cuarto, ampliemos los supuestos de anormal funcionamiento de la justicia incorporando declaraciones públicas de reparación del daño causado al buen nombre de personas sometidas a investigaciones eternizadas con fines claramente políticos. Quinto, reactivemos el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción corra a cargo de los fiscales, como ocurre en todos los países de Europa. Y deroguemos, por supuesto, la reforma de la ley mordaza del Partido Popular, no repitamos el fracaso de la anterior legislatura. Reformemos también la Ley sobre Secretos Oficiales y la ley de tratados internacionales para cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y la democracia. Hoy nos felicitamos por haber reconocido al Estado palestino, como han hecho más de ciento cuarenta países. Recuperemos ahora la jurisdicción universal y acabemos con la impunidad del genocidio de Israel en Palestina. El trabajo de la Corte Penal Internacional está amenazado por la ley de Estados Unidos que prohíbe colaborar con la Corte Penal Internacional...»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Lo que debilita el Estado de derecho son interferencias permanentes. Por ejemplo, debilita el Estado de derecho el acoso a sedes de partidos políticos por todo tipo de ultras que desprecian la Constitución. Debilitan el Estado de derecho las resoluciones del Consejo sobre leyes inexistentes, por aquello de 'el que pueda hacer, que haga', aunque se politice y degrade la institución; debilita el Estado de derecho la difusión en los cuarteles de cartas que utilizan la ley de amnistía como excusa para pedir un golpe de Estado para socorrer España; debilita el Estado de derecho que las autoridades judiciales de Almería, Córdoba o de Sevilla, entre otras, convoquen manifestaciones de jueces y fiscales con toga, abandonando su obligación de neutralidad política. Señores del Grupo Popular, Europa se enfrenta a un evidente riesgo de guerra generalizado por primera vez en ochenta años. En vez de preocuparse por este riesgo de guerra y combatirlo, se dedican a deslegitimar las instituciones democráticas. (Aplausos). En España, la principal amenaza al Estado de derecho y a la convivencia constitucional es un Partido Popular, una derecha dispuesta a acabar con la democracia con tal de gobernar. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Por el contrario, a ustedes la Constitución se les ha hecho muy grande y trabajan para limitarla, para empequeñecerla. A la derecha se le llena la boca de Constitución y a la mínima oportunidad la incumplen o bloquean. Tres veces ha sido bloqueada la renovación del Poder Judicial en democracia y las tres veces por el Partido Popular, cuando no ha tenido mayoría parlamentaria para poner el Consejo a su servicio, pero nunca habían llegado a estos extremos, con más tiempo en funciones que un periodo de mandato regular. Más de cinco años secuestrando el Poder Judicial y bloqueando su renovación. Esta actitud es lo que debilita al Estado y la convivencia, la degradación del servicio público de la justicia, con docenas de nombramientos judiciales aplazados, impidiendo el funcionamiento de los tribunales y el Tribunal Supremo con las Salas de lo Contencioso-Administrativo, de lo Militar y, en breve, de lo Social y de lo Penal colapsadas. Evidentemente, el expresidente del Consejo tuvo que dimitir ante el bloqueo de esta renovación y han renunciado media docena de cargos de responsabilidad de los órganos técnicos del Consejo en los últimos meses. ¿Acaso busca el Partido Popular el colapso de la Justicia para que sea más difícil investigar sus corruptelas, como la que afecta a la pareja de la señora Ayuso?»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«No son las políticas del Gobierno, sino los ataques a la democracia por la derecha española las que afectan a la fortaleza del Estado de derecho y a la convivencia constitucional. Nuestra desgracia es que, a diferencia de otros países de Europa donde la derecha ha condenado el horror del fascismo, en España la derecha no ha roto vínculos con su pasado de apoyo y participación en la dictadura. La derecha española nunca luchó por la democracia y, salvo cuando es el PP el que está en el Gobierno, no respeta la democracia. Desde que se constituyó el Gobierno de coalición en el año 2019, la derecha se ha acostumbrado a romper las reglas del juego democrático. Hoy, 9 de abril, es el aniversario de la cuarta legalización del Partido Comunista de España (aplausos), tres veces ilegalizado por las derechas en cien años y, por cierto, destinatarios de una amnistía que dio origen a esta democracia. Hemos peleado por la democracia durante cuarenta años de dictadura. Nos hemos sacrificado y cedido para que la derecha aceptara la Constitución, Constitución que nos parece insuficiente desde que la derecha empezó a aplicar las políticas neoliberales que tanto dolor han traído a los pueblos de Europa. Pero respetamos la Constitución y la cumplimos, mientras que luchamos para ampliar sus contenidos y derechos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«Saludamos los pasos dados por el Ministerio de Inclusión, que se ha puesto a reparar el daño causado por la falta de vigilancia del Estado al negocio de estas mutualidades. Colaboraremos para alcanzar una rápida solución en los términos que piden los afectados. (Aplausos). El Estado debe adoptar las normas que traigan la solución porque hay recursos suficientes para hacerlo en las mutualidades, y las mutualidades deben responsabilizarse del daño causado y sufragar íntegramente el traspaso de los derechos de las y los mutualistas al sistema de Seguridad Social. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«La abogacía y la procura son la excepción a la integración en la Seguridad Social que se ha hecho con diversas mutualidades: religiosos y religiosas católicas, los funcionarios de la Administración local integrados en el régimen general, notarios integrados en el RETA, y también se trabaja ahora para la inclusión en la Seguridad Social de religiosos de la Iglesia ortodoxa rumana en España. Estas integraciones se deben a que las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de trabajadores autónomos han hecho dejación de la función que la ley les atribuía. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener los mismos derechos que los religiosos o los notarios. (Aplausos). Abogados y procuradores se han visto atrapados, cuando no engañados, en un sistema que debería ser de previsión social, pero que se transformó en compañía de seguros y fondos de inversión. La ocultación de información y la publicidad engañosa indujeron a la permanencia en estas mutualidades. Estudios del Consejo General de la Abogacía Española desde 2005 ya recomendaban a la abogacía que se diera de alta en el RETA por la desprotección en caso de optar por el régimen de la mutualidad y estas recomendaciones fueron ocultadas e ignoradas tanto por el Consejo de la Abogacía como por los colegios de abogados de más peso, instituciones que, por cierto, forman parte de los órganos de la mutualidad. Las decisiones tomadas en esas condiciones están viciadas, son nulas. No es aceptable decir que los mutualistas tuvieron la posibilidad de optar por el traspaso a la Seguridad Social. El Colegio de Abogados de Madrid, el mayor de España, determinante en la mutualidad, se ha desentendido de garantizar una jubilación digna a sus colegiados, pero sí se dedica, a modo de justicia gratuita, a la defensa de la corrupta pareja de la señora Ayuso. Abogacía y procura han dicho basta ante este fraude que los está condenando a una jubilación de exclusión social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Al Partido Popular le decimos: no voten a favor de la ley de amnistía si no quieren, pero no mientan al descalificar el informe que ustedes pidieron a la Comisión de Venecia. No se venguen de la Comisión de Venecia bloqueando más años el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular debe dejar de utilizar al comisario Reynders, al que han metido en un callejón sin salida al anunciar que no van a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y continuarán así degradando el servicio público de Justicia. Porque el Partido Popular ha utilizado la amnistía cuando ha querido. Amnistiaron a 30 000 ricos delincuentes fiscales, y digo ricos porque, para cometer delito fiscal, hay que defraudar más de 120 000 euros en cuota, y eso no lo puede hacer un trabajador aunque quisiera. (Aplausos). Les propongo acordar otra amnistía, que esta Cámara declaró constitucional en el año 2018, un gran acuerdo entre todas las fuerzas, amnistiemos a unos héroes de la Guardia Civil, a los guardias que iniciaron el camino para el reconocimiento de los derechos democráticos dentro del cuerpo y que fueron expulsados por exigir el derecho de asociación, derecho reconocido hoy en nuestras leyes; porque la amnistía es un medio para la reconciliación y la convivencia en muchos casos y lugares. Votemos a favor y pasemos página, para poder centrarnos en lo que de verdad importa, poder continuar mejorando la vida de la gente, sin renunciar a aprobar unos presupuestos generales del Estado, que nos permitan seguir creando empleo o mantener los impuestos a los grandes beneficios de los bancos y las eléctricas. Gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Gracias, presidenta. Señorías, la aprobación hoy de la ley de amnistía es posible por un gran acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios, un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento que causan un inmenso malestar y hartazgo a la mayoría de los y las españolas. En el Grupo Parlamentario de SUMAR creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente: mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Koldo o de la familia Ayuso. (Aplausos). Más de 60 000 millones nos han costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Hace veinte años ya que el Partido Popular comenzó a usar la mentira y el enfrentamiento como arma política. Todavía no han pedido perdón por las mentiras del 11M, que tanto daño han causado, aún hoy, a las víctimas y a la sociedad. (Aplausos). Aceptar las reglas y ser tolerantes es imprescindible para poder convivir en paz, y las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y, en Cataluña, hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos, y también el Partido Popular lo sabe, que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el 'a por ellos' que incendió el conflicto, en lugar de arreglarlo, y construyamos un futuro común, más federal y republicano, donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. (Aplausos). Respetar las reglas de la democracia implica aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, solicitado, por cierto, por el Partido Popular en el Senado. El dictamen dice que la amnistía es una medida habitual en Europa y conforme a derecho.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Que solo el Consejo de Ministros tenga que ser la autoridad civil democrática que pueda proceder a la clasificación es algo que figura en la propuesta que hoy discutimos, con lo que necesariamente tenemos que estar de acuerdo; solamente podrán declararse documentos secretos o reservados por una autoridad civil y democrática. También estamos de acuerdo con que el plazo de clasificación sea de un máximo de veinticinco años en el caso de documentos secretos o, en el caso de reserva, un máximo de diez años, con una prórroga que entendemos razonable que pueda contemplarse en algunos casos, que no debería ser de más de diez años, que es conforme con lo que ocurre en la legislación de países de nuestro entorno como Portugal, Reino Unido o Italia, con límites máximos de clasificación, países que incluyen prórrogas de hasta treinta años. Por supuesto, defendemos la obligación legal de desclasificar cualquier documento, cuando sea necesario, para perseguir violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Alemania se excluye la posibilidad de clasificación de actos que violen el orden democrático o los acuerdos de control de armamento; en Portugal se puede desclasificar cualquier documento si se trata de materias que violan delitos del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Acabo. Votaremos favorablemente esta toma en consideración porque es una obligación democrática hacerlo. Nuestro ordenamiento no puede seguir regulando cuestiones de seguridad con legislación franquista, y pedimos a todos los grupos parlamentarios democráticos que aprobemos esta proposición de ley definitivamente en esta legislatura. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Miren, documentos que hoy permanecen clasificados son, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el apoyo del franquismo al nazismo; los que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones clandestinas de Radio España Independiente, La Pirenaica, que por cierto, pueden ir cualquiera de ustedes a consultar sin restricciones en el archivo histórico del Partido Comunista de España; o el archivo titulado Palomas mensajeras 19121925, que tras más de cien años sigue siendo secreto; o sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas; o, efectivamente, sobre los últimos años del franquismo y la Transición, sobre el golpe de Estado del 23 de febrero; o sobre el terrorismo del Batallón Vasco Español y del GAL. Y mantenemos clasificados como documentos secretos otros que ya terceros países han desclasificado, países adonde los historiadores o periodistas tienen que ir para conocer su contenido. Incluso, utilizamos la Ley de Secretos Oficiales para no publicar datos del comercio de armas que se efectúa desde España, lo que, según Amnistía Internacional o Greenpeace, oculta la venta a países que no respetan los derechos humanos. Y, francamente, que los gastos de Corinna Larsen sean secreto de Estado nos pone a nivel de una república bananera.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«La cuestión clave, sin duda alguna, es el tiempo que debe transcurrir para que un documento reservado o secreto vea la luz pública. La ley actual indica que la clasificación de documentos se mantendrá sin límite temporal hasta su cancelación uno a uno. Ahora mismo, nadie sabe en España cuántos documentos han sido declarados secretos; no existe un listado. La Ley de 1968, hasta su modificación en el año 1978, permitía que los documentos fueran clasificados por el Consejo de Ministros y por centenares de funcionarios de la Dictadura, que durante años han declarado secreto todo lo que han querido sin más criterio que el de un funcionario de un régimen dictatorial, y me refiero a todos los jefes de Estado Mayor, a todos los gobernadores civiles o a cualquier funcionario que tuviera que ver con las capitanías; cualquier jefe de una capitanía militar, por ejemplo. La inmensa mayoría de esos millares de documentos siguen bajo secreto; no hay una norma que permita su desclasificación si no es uno a uno, como ya digo. Y, en la práctica, esta desclasificación se ha convertido en una tarea imposible de hacer si no se aprueba una norma que contenga un mandato legal que obligue a la desclasificación. Es imposible desclasificar uno a uno. Y la arbitrariedad y el secretismo que se ha arrastrado en todos estos años afectan no solo a la investigación histórica, sino también a la investigación periodística o, simplemente, al derecho de información de cualquier ciudadano o ciudadana.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Presidenta, señorías, es la tercera vez, efectivamente, que desde el año 2009 se presenta en esta Cámara una proposición de ley para modificar la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante el franquismo, una ley que vergonzosamente está aún en vigor con apenas unas modificaciones en el año 1978. Violencia política -decía el señor Sánchez García- es que en la exposición de motivos de esta ley en vigor todavía se menciona el control político del Consejo Nacional del Movimiento, por no hablar de la firma del dictador, que consta todavía al pie de la ley. Me imagino que es lo que más le gusta a VOX de la ley actual. La clasificación de información por parte de los Estados implica una restricción del acceso a la información, que, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es parte del derecho humano a la libertad de expresión. El derecho a recibir información es imprescindible para la formación de opinión y para la participación en la toma de decisiones. Y la protección de la seguridad del Estado en una democracia no es posible si no se garantiza el acceso al derecho a la verdad, la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de las infracciones de los derechos humanos. La desclasificación de documentos nunca puede amparar la impunidad de delitos, y España necesita un sistema de transparencia que garantice el debido proceso tanto para clasificar como para desclasificar documentos, incluyendo una desclasificación automática por mandato legal tan pronto -ojalá- entre en vigor esta reforma de los documentos que ya están clasificados si hubiera transcurrido, desde el momento de la clasificación, los plazos que ahora se van a establecer en la ley. Pero la exposición de motivos de una ley democrática no puede mencionar a instituciones franquistas. La clasificación de documentos debe proteger ese acceso al derecho a la verdad y, sobre todo, debe prohibirse cualquier interferencia en investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos mediante la prohibición del acceso a documentos clasificándolos como reservados.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Venimos a hablar de esta ley que restaura la jurisdicción universal para perseguir los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Se exige un tipo de conexión con nuestro país, pero con independencia del lugar donde se haya cometido y la nacionalidad del autor o de la víctima. Esta exigencia no será necesaria cuando se trate de crimen de genocidio. Se modifica el artículo 23, para, en primer lugar, incorporar otra vez la acción popular; y, sobre todo, para algo que usted decía, para que se puedan perseguir todos los delitos que, según los tratados y convenios internacionales firmados por España, tengamos la obligación de perseguir y no hay otras normas expresas en nuestra legislación que lo faculten. Hay algo muy importante en esta PL y es que también hemos ampliado ese campo de persecución a delitos como los de apartheid o esclavitud. En todo caso, este Congreso tiene una nueva oportunidad para abordar esta reforma de la jurisdicción universal, para recuperar la potencialidad de esa legislación, para combatir la impunidad de cualquier crimen cometido por cualquier ideología, que haga que la comunidad internacional se sienta orgullosa del trabajo de la justicia española. Que no solo se oiga hablar, por favor, de nuestra justicia por el secuestro desde hace ya cinco años del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular. Que las políticas en materia de derechos humanos no queden simplemente en anuncios, no queden simplemente en discursos desde la tribuna porque no se puede defender los derechos humanos en unos lugares sí y en otros no. No se pueden defender los derechos humanos de unas personas por tener una ideología y olvidarse de otros cuando tienen otra ideología. Sinceramente, les animo a todos -también a usted, señor Sánchez García- a que voten esta proposición de ley y hagan suya esta herramienta y no dejen ninguno de esos graves crímenes en la impunidad. ¡Ánimo! (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Le voy a mencionar un cuadro que hay en este Congreso, en la sala Constitucional, que está en una pared según se entra a la derecha. Le llaman el abrazo. Realmente, el autor que lo pintó, el señor Juan Genovés, militante del Partido Comunista de España, lo tituló La amnistía. Fíjese usted. Y en ese cuadro, como todo el mundo ve, es todo un llamamiento a la reconciliación, no precisamente a la crispación y violencia que usted y sus queridos compañeros de bancada estimulan cada vez que suben a esta tribuna. Y que digan esto después de haber derogado la ley de víctimas de la Comunidad de Aragón; y que digan esto el día que nos proponen, como decía antes un interviniente del Partido Socialista, por tercera vez, ilegalizar partidos... No, no, yo llevo la cuenta, es la cuarta; en la anterior legislatura lo propusieron tres veces, una fue una PNL en una comisión. Pero, bueno, aquí no hemos venido a hablar de lo que es justo o no. Para eso ya le he dicho que están las aulas de filosofía.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Sánchez García. La verdad es que me provoca usted bastante ternura cuando le oigo. Después de este profundo análisis jurídico al que hemos asistido, en primer lugar -y no me voy a extender tanto como usted-, solo unas breves palabras para proclamar mi orgullo de ser militante del Partido Comunista de España, el partido que sin duda ha hecho más por la democracia y contra la dictadura franquista en este país. (Aplausos). Pero, bueno, dicho esto y ante la profundidad de sus argumentos, yo lo primero que le diría es que lo que es justo o no es justo se debate en las aulas de filosofía. Aquí venimos a hablar de leyes, venimos a hacer leyes. Repita conmigo, señor Sánchez García: Las víctimas no tienen ideología. Repita conmigo: Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Repita conmigo: Hay que perseguir todos los delitos internacionales en impunidad, también los del franquismo, se hayan cometido donde se hayan cometido. Le animo a perseguir todas las victimizaciones que usted ha mencionado de la izquierda; a todas las víctimas que usted ha dicho de mi ideología; a todas las víctimas desprotegidas que han padecido esos delitos que están en impunidad donde usted quiera, en América Latina, en Europa o en Asia. Y para eso, le traigo la herramienta que usted necesita para perseguir hasta la saciedad todas las maldades de esa ideología que usted ha denunciado; la herramienta que usted necesitaba y de la que le privó el Partido Popular: esta proposición de ley de jurisdicción universal. Vote a favor, utilícela y persiga todos esos crímenes que han quedado en la impunidad. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Lo acordado por la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2014 supuso la completa eliminación de la jurisdicción universal en nuestras leyes, y la verdad es que entonces con esta reforma ya invadieron competencias exclusivas de los jueces, esas competencias que tanto defienden cuando les interesan. Ordenaron a los jueces cerrar todas las causas penales extraterritoriales que estaban abiertas en ese momento en la Audiencia Nacional. Se dejó en total desamparo a las víctimas de esas gravísimas violaciones de los derechos humanos, también a víctimas españolas. Aunque el Tribunal Supremo declaró que la reforma del Partido Popular era más que defectuosa técnicamente, el efecto mayoritario fue archivar la práctica totalidad de esos casos, entre ellos el asesinato del diplomático español Carmelo Soria por la Dictadura de Pinochet, el crimen de guerra que supuso el asesinato de José Couso en Irak o el impune exterminio de más de cuatro mil españoles en campos de exterminio nazis. Esta amputación de la jurisdicción universal por el PP significó un antes y un después en nuestra tradición jurídica y les pido que corrijamos este imperdonable error histórico y que devolvamos a la justicia española las herramientas necesarias para perseguir la impunidad de graves crímenes contra la humanidad, y ojalá que así nuestra justicia recupere un prestigio del que está muy necesitada. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Después, fue el Gobierno del Partido Popular el que en el año 2014 siguió un procedimiento exprés de tramitación legislativa -esos procedimientos que censura cuando son utilizados por otras mayorías parlamentarias- e impuso su mayoría absoluta para reducir la jurisdicción universal a supuestos prácticamente imposibles, además eliminando la posibilidad de colaboración con la justicia a través de la acción popular. Esta restrictiva reforma puso fin a una ejemplar aplicación del derecho internacional que los tribunales españoles habían realizado, consiguiendo el mayor reconocimiento y admiración que hayan tenido nunca. Seguía así el PP la tendencia iniciada por el Tribunal Supremo cuando en el año 2012 sepultó toda posibilidad de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas en una fosa más profunda que las que aún quedan por centenares en España llenas de víctimas ejecutadas en la última Dictadura. (Aplausos). El PP o VOX nunca han apoyado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que permanecen en la impunidad dentro o fuera de nuestras fronteras. A la vista de la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que han sacado adelante con la ultraderecha de VOX, tengo nulas esperanzas de que voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Sí espero que el resto de grupos parlamentarios, aunque solo sea por la dignidad de esas víctimas que han quedado desprotegidas con la derogación de la ley de víctimas de Aragón, voten a favor. Para la derecha española siempre ha habido víctimas de primera y de segunda; por eso se niegan a reconocer derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos si no simpatizan políticamente con ellas. Ahora, en claro incumplimiento del mandato de protección de las víctimas acordado por Naciones Unidas, con la derogación de la ley de víctimas de Aragón han forjado una alianza para privar a las provocadas en la última Dictadura de los limitados derechos que habíamos conseguido reconocerles.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Mientras que los tribunales internacionales penales sigan teniendo su acceso, su mandato y sus medios limitados, mientras que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir resoluciones pero no pueda hacer que se cumplan, es obligación de cualquier país civilizado, democrático y respetuoso con el derecho contribuir desde sus tribunales con el ejercicio de la jurisdicción universal a proteger a los seres humanos cuyos derechos más elementales están siendo vulnerados de forma grave, de forma impune. Para todos nosotros, legisladores y legisladoras, es un inmenso honor y privilegio, a la vez que una obligación, hacer efectivo este imperativo mandato humanitario de protección. No hay terror o violaciones de derechos humanos buenas o malas según quien las cometa. No hay principios políticos, ideológicos o nacionales superiores que justifiquen violar los derechos humanos fundamentales. Quien los viola se dejará arrastrar más fácilmente hacia un comportamiento criminal e inhumano si sabe que la impunidad va a protegerle. (Aplausos). Los detractores de la jurisdicción universal prefieren obviar que rechazarla es una forma de permisividad ante la impunidad. Alegan que los tribunales pueden usarla por motivos políticos o con fines vejatorios o que puede afectar negativamente al orden mundial, causando fricciones entre Estados o abusos de procedimientos legales. Son argumentos engañosos y es un riesgo que también enfrenta cualquier jurisdicción interna si se utiliza políticamente, como cuando hay resoluciones contencioso-administrativas que prohíben legislar a este Parlamento o resoluciones de instrucción que pretenden dejar sin contenido leyes que aún se encuentran en tramitación legislativa. La imprescindible aplicación de la ley interna o internacional por la justicia nunca debe impedirse por posibles usos fraudulentos que hipotéticamente cualquier tribunal siempre podría hacer.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Pero siempre ha habido voces contra la jurisdicción universal. En un mundo globalizado de delitos transnacionales y contra la humanidad oponerse a la jurisdicción universal es facilitar la impunidad a los grandes violadores de los derechos humanos, a las organizaciones criminales transnacionales. Los defensores de la impunidad siempre recurren a una supuesta defensa de la soberanía nacional, pero ninguna soberanía nacional permite dejar en impunidad crímenes de lesa humanidad, torturas, genocidios o desapariciones forzosas. Cualquier Estado tiene la obligación de proteger a la población bajo su autoridad y la soberanía nacional nunca puede ser una excusa para que las víctimas queden sin los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. (Aplausos). Y esta es la razón de ser de la jurisdicción universal. Si las autoridades del país donde ocurrieron los hechos no pueden o no quieren proteger a los pueblos bajo su soberanía o bajo su control, si no son capaces de perseguir a los victimarios, será la comunidad internacional la que, aplicando las reglas del derecho internacional penal, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, haga lo posible para evitar que los crímenes más graves queden en impunidad.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, España ha sido un país precursor en la persecución por nuestros tribunales de grandes violaciones de los derechos humanos cometidas fuera de nuestras fronteras cuando estos delitos han quedado en impunidad por no ser perseguidos en los lugares donde se cometen. Desde 1996 la persecución de determinados crímenes internacionales que habían quedado impunes trajo un alto reconocimiento y admiración para nuestra justicia, en especial fuera de nuestras fronteras. Organizaciones, activistas defensores de los derechos humanos, la academia y juristas dedicados al trabajo en la lucha contra la impunidad en tribunales internacionales tuvieron a la justicia española como un modelo de valentía y rigurosidad, como ejemplo de respeto a los tratados internacionales y al derecho internacional, porque hacíamos un mundo que fuera más justo, más humano, más seguro. El liderazgo de España en el uso de la jurisdicción universal para combatir la impunidad ha sido seguido por otros sistemas legales y judiciales en distintos países. Afortunadamente, algunos incluso nos han adelantado, pero la jurisdicción universal se introdujo en nuestra legislación, de larga data, desde la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, de 1870. En 1985 se aprobó la Ley del Poder Judicial de la democracia, que ya incluía el principio de jurisdicción universal para delitos de extraordinaria gravedad contra el derecho de gentes, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y también delitos sobre delincuencia organizada transnacional, como el terrorismo y el narcotráfico. Y esta proposición de ley que les traemos recuerda que las infracciones al derecho de gentes afectan no solamente a bienes jurídicos protegidos por el derecho interno nacional, sino también a un bien jurídico cuya protección ha sido universalizada por el derecho internacional acordado tras la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, la integridad y la dignidad de la humanidad, en su conjunto; un bien jurídico a cuya protección y persecución en caso de vulneración están obligadas todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios o del lugar donde se haya cometido el crimen.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Luego está la exhibición pública de emblemas y símbolos que impliquen un atentado contra la integridad del territorio nacional. Eso es perseguir ideas. ¿Qué emblema atenta contra la integridad de España? ¿La bandera estelada atenta contra la integridad de España, la independentista gallega o la bandera de la Segunda República? Ustedes, con esta norma penal en blanco, lo que quieren es devolver a España al régimen dictatorial en el que ya nos tuvieron cuarenta años. Nos presentan una auténtica enmienda a la totalidad, a la democracia y lo que quieren hacer es acabar con la posibilidad de que se construyan entre los representantes políticos acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la democracia y el Estado de derecho. La democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por VOX, al que se ha sumado el Partido Popular. Respondamos con la unidad de todas las personas demócratas para defender la democracia. Votaremos que no. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«El Supremo acaba de rechazar las querellas de VOX contra Pedro Sánchez por negociar la investidura con partidos nacionalistas catalanes, lo mismo que intentó Feijoo. El Supremo ha reprochado a VOX que pida a los jueces interferir en una investidura para impedir actuaciones consustanciales a una democracia, dice el Supremo. Ahora VOX, con estas enmiendas, pretende prohibir las negociaciones entre partidos y lo justifica porque la influencia de lo que llaman separatistas es absolutamente desproporcionada con relación a su representatividad. Esto ha provocado gravísimas consecuencias desvirtuando el sentido de las instituciones, atribuyendo un injustificable poder decisorio a minorías. Convierten en delito acuerdos alcanzados con partidos que consideran minorías, pero solo si se trata de minorías nacionalistas. Si la minoría que impone sus acuerdos es la ultraderecha, entonces no sería delito. Miren, VOX, con 4 de 35 diputados, ha impuesto que la Asamblea de Cantabria derogue la Ley de Memoria Democrática. En la Asamblea de Madrid, VOX, con 11 de 135 diputados, ha conseguido iniciar la derogación de derechos del colectivo LGTBI y trans. En Orihuela, VOX, con 4 de 25 concejales, ha eliminado el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández. VOX no va a parar hasta acabar con la democracia y con sus reglas. No pararán hasta arrebatarnos todos los derechos que hemos conquistado y proponen que sea delito negociar asuntos tramitados en las Cortes con personas condenadas judicialmente. Ustedes, que han tenido dos diputados en la anterior legislatura, el señor Coello de Portugal y el señor Espinosa de los Monteros, condenados negociando constantemente enmiendas; es decir, asuntos tramitados en las Cortes. ¿Y qué ocurriría si ahora se aprobara esa enmienda? Que sería delito, por ejemplo, que cualquier diputado o diputada se sentara con su actual diputado, Carlos Flores, condenado por violencia de género en el año 2002, porque cometerían un delito si se sentaran a hablar de una enmienda. (Aplausos). Eso es lo que ustedes están proponiendo.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«SUMAR se opone a la ilegalización de partidos por la adopción de acuerdos políticos que ni provocan, por ejemplo, muertes masivas en residencias de mayores ni han roto España (rumores), como se comprueba. Son enmiendas contrarias al derecho constitucional de participación política; enmiendas que vulneran el derecho al voto de millones de españoles y deberían ser prudentes en materia de ilegalización de partidos, porque el PP es el partido en Europa con más condenas en los tribunales. (Aplausos.-Rumores). La primera fue por la trama Gürtel. La Audiencia Nacional sentenció que el Partido Popular se benefició, con más de 245 000 euros, por corrupción. La segunda condena, también de la Audiencia Nacional, fue por la caja B del Partido Popular. Fueron condenados como responsables civiles subsidiarios por 123 000 euros. La tercera condena, firme, como partícipe a título lucrativo, fue impuesta también por la Audiencia Nacional a su partido, por beneficiarse de 200 000 euros de la corrupción de la Gürtel en Boadilla del Monte. Y, en un cuarto proceso, el Partido Popular fue el primer partido político sentado en un banquillo de acusados. Se salvó de ser condenado por falta de pruebas, ya que ustedes mismos destrozaron a martillazos los ordenadores del señor Bárcenas. (Aplausos.-Rumores). Si hubiera sido condenado su partido entonces o si la reforma del artículo 31bis hubiera sido aplicada retroactivamente en cualquiera de esas sentencias, su partido habría sido disuelto como consecuencia de actividades corruptas realizadas por el Albondiguilla, la ministra Mato o Bárcenas. Eso es lo que ustedes proponen, pero para otros partidos.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Pues empiezo y ahora se lo digo dos veces. Con estas enmiendas, decía, el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar. Al PP y a VOX les interesa muy poco la ley de amnistía, porque apenas va a alcanzar a quinientas personas, mientras que Aznar, en un solo día, indultaba más de mil cuatrocientas condenas. Según su enmienda, eso sería una permanente interferencia en la actuación de los tribunales. Y, según estas enmiendas, la ley de amnistía es una acusación de prevaricar a los jueces. Pero, entonces, los indultos masivos acordados por el PP debían serlo igualmente. Partido Popular y VOX también quieren ilegalizar a los partidos que se oponen a que la ultraderecha entre en el Gobierno; partidos tanto de izquierdas como de derechas, pero respetuosos con la democracia. Ningún partido político democrático hoy va a facilitar que gobiernen dos partidos, Partido Popular y VOX, que han hecho del incumplimiento de la Constitución -Consejo General del Poder Judicial-, del insulto y de la confrontación su forma cotidiana de actuación. En estas enmiendas, todo es doble rasero. El PP nunca ha condenado el franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este Congreso. (Un señor diputado: Es mentira). Y tienen la desfachatez de proponernos un delito de deslealtad constitucional. Ustedes, que ayer, por cierto, ni siquiera el señor Feijóo aprobaba esa propuesta. Sería delito que los partidos de la coalición de Gobierno acordarán con los partidos nacionalistas catalanes que SUMAR o que el PSOE se reúnan con representantes de Junts. Sería un grave delito. Sin embargo, si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts para la investidura del señor Feijóo, eso, entonces, no sería delito; estaría bien.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«A pesar de que todo el mundo tiene derecho a la defensa, como no puede ser de otra forma, y que es bastante lógico que los abogados defiendan a personas que tienen problemas con la ley -eso es bastante lógico-, yo nunca he defendido a ninguna organización...»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Le ruego simplemente que retire del Diario de Sesiones esa afirmación, que es falsa de toda falsedad. (Rumores). Voy a decir cuál es la afirmación falsa, si no les molesta. A pesar de que todo el mundo, por supuesto, hasta el más deleznable de los criminales, tiene derecho a la defensa, eso es una conquista... (Un señor diputado: ¿Por qué artículo?). Artículo 71, ya lo he dicho. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡71!). Lo he dicho cuatro veces, hombre.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Nuestro compromiso con la libertad de expresión es tan claro que hemos presentado ya tres veces esta proposición de ley. Y, fíjense, ustedes han acudido a la calle Ferraz con banderas franquistas, con banderas constitucionales con el escudo recortado, es decir, provocando ofensas a altas instituciones del Estado. (Aplausos). ¡Esta reforma les viene muy bien para que no les lleven a los tribunales! Han acudido insultando al jefe del Estado, también les viene muy bien esta reforma del Código Penal para que no les acusen de injurias y calumnias a la Monarquía. ¿Recuerda usted cuando gritaban 'la Constitución destroza la nación'? A lo mejor usted no lo recuerda, pero su ocioso y pancartero vicepresidente de Castilla y León, al que nunca vemos en un despacho, pero vemos en todas las manifestaciones de negacionistas de España, sí lo debe recordar, porque era uno de los protagonistas de ese ejercicio conspiranoico. Cuando se reconocen libertades fundamentales, lo positivo es que se reconocen hasta a personas que no quieren reconocer esos derechos fundamentales para el resto de la sociedad. Por eso, yo les sugiero que si no van a votar, por lo menos se abstengan, para que personas como ustedes, que actúan como ustedes, no tengan problemas con el Código Penal. Todo lo que ha dicho ha quedado grabado y, mutatis mutandis, se deberá aplicar a Amnistía Internacional, que ya les digo que les ha mandado una carta, a usted también, pidiendo la derogación de todos estos artículos que hemos incluido; o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también debe ser un peligrosísimo e insurgente bolchevique, porque ya lleva dictadas como diez sentencias que condenan a España por estas cuestiones. En todo caso, también a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa que insistentemente dice que lo que ocurre en España no es normal. Sobre todo, no es normal, porque reiteradas veces se nos vuelve a condenar, se nos vuelve a condenar y se nos vuelve a condenar. Le digo más, tenemos una obligación de cumplir con el derecho internacional y con las obligaciones de España ante la Comunidad Europea y de cumplir el artículo 10 del convenio, y eso nos obliga a reformar nuestra legislación.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«El derecho de reunión, a la participación política o a la libertad de expresión son derechos que hay que proteger, y para conseguir esa adecuada protección del ejercicio de estos derechos fundamentales proponemos un artículo nuevo, un artículo 536 bis que sancione la identificación con propósito de controlar la participación en actividades de índole política, sindical o religiosa, así como la incorporación de un apartado segundo al artículo 538 para que la autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión también vea castigada esa actuación. Estas propuestas no son un antojo del Grupo Parlamentario de SUMAR, son una necesidad para reclamar nuestra democracia. Hoy mismo deben haber recibido todos y todas una carta de Amnistía Internacional pidiendo que se aprobara esta reforma. Por eso, son una necesidad para mejorar nuestra democracia y, por eso, se contienen expresamente en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado en octubre del año 2023. Pedimos a todas las fuerzas políticas que por fin aprobemos esta reforma y que España se sitúe en el escenario de protección y defensa del derecho de libertad de expresión, en el que ya están desde hace décadas todos los países, los más democráticos de nuestro entorno. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Democracias admiradas por las fuerzas políticas que se vienen oponiendo a esta reforma, como las de Reino Unido o Estados Unidos, no mantienen en su legislación delitos como estos que existen en nuestro Código Penal y que persiguen la crítica y la libertad de expresión. Por eso, esta proposición de ley incluye una reforma también para ampliar la protección de la libertad de expresión, limitando acciones restrictivas de derechos fundamentales que pueden derivarse de acciones de autoridades. Queremos así evitar lagunas jurídicas que puedan provocar otros daños a derechos fundamentales. Por ejemplo, las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participan en reuniones de carácter político o sindical no pueden hacerse de manera que disuadan la participación de la ciudadanía en la actividad política o social. Tampoco procede establecer un control sobre las personas que participan en movilizaciones sociales, porque son consustanciales a la vida democrática de nuestro país. Las autoridades no pueden restringir la libertad de expresión con actuaciones como, por ejemplo, la cancelación de espectáculos públicos, la retirada de obras de arte o la retirada de símbolos políticos plenamente constitucionales, como una bandera, porque se suponga que incomodan al jefe del Estado. Ninguna actuación gubernativa puede restringir derechos como el derecho a la libertad ideológica o de pensamiento.»