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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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José Luis Aceves Galindo · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada...
«Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Quiero empezar mi intervención dando las gracias, en mi nombre y el del Grupo Parlamentario Socialista, a todos los profesionales públicos que se están dejando todo por defender los intereses de los ciudadanos en los incendios forestales que hay en nuestro país. (Aplausos). Señorías, lo segundo que quería decir es que, simplemente con leer la redacción del título del Real Decreto Ley 19/2026, ya no haría falta más debate. Solo con leer el título, solo con saber que pretende asentar un derecho para la jubilación parcial del personal laboral y, al mismo tiempo, defender una indemnización en las Islas Baleares adecuada a las condiciones actuales, con eso sería suficiente para que, en condiciones normales, nadie estuviera en contra. Son objetivos muy claros, señorías, y la verdad es que al escuchar el debate me llaman poderosamente la atención muchas cuestiones. Fíjense, lo que les digo, con la explicación que ha dado el ministro -buenas tardes también, señor ministro- creo que es suficiente para entender que no hay nadie en contra, salvo aquellos que buscan algo para estar en contra. Entre quienes lo tienen que aplicar nadie está en contra: ni la federación de municipios, ni los sindicatos que lo pactan. Solo buscamos, como ha hecho ahora su señoría de VOX... Por cierto, en una intervención nefasta, cuando la escuche después se dará cuenta de que hay que perseguir un poquito más de rigor. Pero con su última intervención sobraría..., ha dicho que van a votar todo en contra. Pues no hace falta más debate. Si sabemos que ustedes no han venido a arreglar nada de la vida de los españoles y las españolas, sino todo lo contrario. (Aplausos). Pero, además, señorías, yo les pregunto: ¿quién está en contra de dar seguridad jurídica a un derecho laboral?, ¿quién está en contra de un acuerdo del diálogo social?, ¿quién está en contra de que los empleados públicos en Baleares no vean mejorada su indemnización por residencia?, ¿quién quiere enfrentar a unos trabajadores con otros? Señorías, díganlo abiertamente, porque esto es de lo que estamos debatiendo.»
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Óscar López Águeda Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada...
«Acabo. Señorías, España arrastraba desde el año 2012 una deuda dolorosa con los empleados públicos, una deuda que se tradujo en pérdida de poder adquisitivo y de calidad de vida laboral. Después de unos años de recortes, llevamos ocho años reparando esa deuda material. Desde el año 2018 hemos subido el sueldo a los funcionarios, a los empleados públicos, un 11,4 % entre 2025 y 2028; hemos reducido la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales; hemos estabilizado más de 440 000 plazas en la función pública; hemos modernizando el día a día de los servicios públicos mediante tecnologías como la inteligencia artificial; hemos rediseñado los procesos de selección pública para hacerlos más eficaces e inclusivos, en términos de género, de diversidad territorial y de personas con discapacidad; y hemos rejuvenecido la plantilla con una racha histórica de ofertas de empleo. El Gobierno ha ofertado más de 297 000 plazas en estos años -297 000- frente a las 64 000 del anterior Gobierno: casi cinco veces más. Las cifras y los hitos están ahí, pero el Gobierno está encantado de compartir logros y ampliar consensos. El Gobierno de España lo tiene claro: queremos seguir construyendo una Administración del siglo XXI que dé a la gente servicios públicos de calidad y que esté a la altura. Señorías, con el voto de hoy todos seremos responsables de mejorar la vida, como he señalado, de 11 000 servidores públicos en Baleares y de otros miles en toda España con la prejubilación parcial. Será un mérito de todos; y, de no salir adelante, será culpa de quien lo impida. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Óscar López Águeda Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada...
«El Gobierno de España es consciente de que hace falta tiempo para adaptarse a los nuevos criterios. Por eso se establece un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027, que permitirá vincular la jubilación parcial a contratos fijos firmados a partir del 1 de abril de 2024 y derivados de las ofertas de empleo público ordinarias. El resultado será que el personal laboral podrá reducir su jornada, percibiendo un salario proporcional al tiempo de trabajo que continúe desempeñando y, por el resto de la jornada, la parte correspondiente de la pensión. La otra gran pata de este real decreto ley es la revisión, como decía, de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal en Baleares. El Gobierno de España cumple así con otro de los objetivos recogidos en el acuerdo marco que firmamos en enero con los sindicatos: aumentar las indemnizaciones por residencia un 100 % en la isla de Mallorca y más de un 300 % en el resto de las Islas Baleares, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. De este modo, más de 11 000 empleadas y empleados públicos residentes en Baleares verán equiparadas sus compensaciones por insularidad a las que ya perciben, por ejemplo, quienes prestan servicio en las islas Canarias. La propuesta del Gobierno de España está a la altura del desafío: retener el talento en el empleo público en las Baleares, en un territorio donde cada día resulta más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Permítanme ilustrarlo con dos ejemplos. Una inspectora de Trabajo de rango A1 destinada en Mallorca ha pasado de percibir 115 euros de indemnización a más de 214. Del mismo modo, un administrador C1 del SEPE destinado en Menorca pasará de percibir 101 euros de indemnización a más de 405. Hoy pido a los grupos parlamentarios -insisto, por encima de los colores políticos- que voten a favor de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de más de mil trabajadores laborales de la Administración estatal y de más de 11 000 empleados públicos residentes en Baleares.»
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Óscar López Águeda Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada...
«Señorías, este real decreto es una medida reivindicada por los sindicatos e indispensable para la ciudadanía. Es una medida reivindicada y acordada con las principales centrales sindicales porque garantiza un proceso ordenado, gradual y flexible de contratación; porque exige que las Administraciones nos pongamos las pilas con instrumentos de planificación, como las ofertas de empleo público -véase el caso estatal: la Administración General del Estado ha incorporado ya 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo en la oferta del año 2026-; y porque una Administración del siglo XXI debe ser sólida, ágil, flexible y útil y, por supuesto, estar centrada en las personas, tanto en quienes reciben los servicios públicos como en quienes los hacen posibles. Debemos proponer soluciones prácticas mientras seguimos transformando la Administración pública de abajo arriba. Por eso este real decreto establece numerosos criterios legales claros, viables y -subrayo- acordados con las principales organizaciones sindicales. Para acceder a esta modalidad de jubilación parcial se deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo. Ese contrato deberá mantenerse vigente desde la fecha de efectos de la jubilación parcial hasta, como máximo, los dos años posteriores a la extinción de dicha situación. Además, el trabajador que solicite la jubilación parcial anticipada deberá hacerlo tres años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, acreditar treinta y tres años de cotización y una antigüedad de seis años. La reducción de la jornada será de entre un 25 y un 75 %.»
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Óscar López Águeda Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada...
«Este real decreto persigue, básicamente, dos cosas. La primera es permitir la jubilación parcial del personal laboral de todas las Administraciones públicas. La segunda la conocen muy bien todos los diputados de Baleares presentes en esta Cámara, empezando por su presidenta. Llevan muchos años reivindicando algo que es justo, que ha costado mucho y que, por fin, podemos conseguir con este real decreto: mejorar las condiciones laborales de las y los empleados de la Administración General del Estado en Baleares, donde, señorías, tenemos un problema -lo tenemos por las condiciones- que hoy estamos en condiciones de poder resolver. Miles de trabajadores públicos esperan que hoy demos un balón de oxígeno a la Administración, permitiendo la jubilación parcial mediante relevistas y mejorando las condiciones laborales de las y los trabajadores, como digo, del sector público estatal en las Islas Baleares. Porque esto va, en última instancia, de garantizar servicios públicos de calidad. Va de combinar la flexibilidad que exige el contexto con el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad que rigen el acceso y la promoción en el empleo público. Si un trabajador del sector privado puede acogerse a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública? Si las mejores firmas buscan atraer talento a sus sedes, ¿cómo no vamos a ofrecer condiciones dignas que eviten vacantes públicas en Baleares?»
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Patricia Blanquer Alcaraz · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan...
«El Gobierno ha perseguido un doble objetivo: proteger y transformar. Proteger significa evitar que el coste de las crisis recaiga sobre quienes menos capacidad tienen para soportarlo. En este decreto, proteger el sector primario hoy es proteger mañana el precio de los alimentos, proteger el transporte es evitar que un shock energético termine extendiéndose al conjunto de la economía, proteger el empleo significa también exigir que las empresas beneficiarias de estas ayudas no puedan despedir por razón de estas crisis y proteger al consumidor es comprobar que las ayudas y las rebajas les llegan a ellos vía precios. Por eso, este decreto refuerza las facultades de la CNMC, para exigir transparencia en la fijación de precios ante la movilización de los recursos públicos. La segunda idea que quiero reforzar es que cada crisis nos ha dejado una enseñanza. La pandemia nos enseñó que proteger el empleo y el tejido productivo eran la mejor forma de acelerar la recuperación, la guerra de Ucrania nos recordó hasta qué punto Europa dependía energéticamente del sector y el conflicto en Oriente Medio vuelve a demostrar que esa vulnerabilidad sigue existiendo. Por eso, este decreto no solo actúa en el presente, sino que, al igual que en marzo, piensa en su futuro. Sigue impulsando las energías renovables, el almacenamiento y la electrificación, porque reducir nuestra dependencia energética no es una política ambiental, es una política industrial de competitividad y de seguridad económica.»
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Patricia Blanquer Alcaraz · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan...
«Han pasado tres meses y el conflicto sigue, y no sabemos por cuánto tiempo más. Por eso, hoy no estamos reproduciendo sin más el decreto de marzo, estamos haciendo algo mucho más sensato: mantener la protección allí donde el impacto continúa siendo intenso, reducirla gradualmente allí donde los mercados empiezan a estabilizarse y dejar preparada su reactivación automática si la situación vuelve a deteriorarse. Sí, señorías, también en el caso del IVA reducido, porque las rebajas del IVA fueron una herramienta útil en el momento más crítico de las crisis, pero no pueden convertirse en una medida permanente y sus señorías lo saben. Menos recaudación por IVA supone menos recursos para financiar la sanidad, la educación o la dependencia que prestan las comunidades autónomas y las entidades locales. Pero, es más, la Comisión Europea señaló en 2023 que España es uno de los países con más tipos reducidos y exenciones por IVA, por lo que recauda menos de lo que le correspondería en comparación con el resto de los países europeos. Por tanto, lo responsable no es mantener indefinidamente una rebaja general, sino adaptarla a la evolución de la economía y dirigir el esfuerzo público hacia los sectores que siguen necesitando apoyo. Y es falso que este decreto suba los impuestos. ¡Claro que es falso! De hecho, existe la desaparición de un impuesto -que, por cierto, creó el Partido Popular en 2013-, porque también es responsable eliminar aquellos impuestos que ya no son necesarios. (Aplausos). Por tanto, las medidas cambian porque cambia la realidad, pero el objetivo permanece: que agricultores, transportistas, pescadores, empresas y familias no soporten solos el coste de una crisis que no han provocado. Esa es la lógica de este decreto y la de la política económica del Gobierno ante las crisis a lo largo de estos años.»
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Artemi Rallo Lombarte · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Señorías, lo ha dicho el Tribunal Constitucional: los límites a la libertad de expresión deben ponderar la colisión con otros derechos, deben ser justificados y proporcionados y nunca restringir el debate público. Y lo ha reiterado muy recientemente en su sentencia de 28 de abril de 2025, afirmando que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto, por supuesto, pero tampoco se limita a la crítica inofensiva. Son multitud las expresiones y palabras del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos a través de las cuales se afirma que la libertad de expresión protege tanto la crítica desabrida, molesta e inquietante como la crítica ofensiva, chocante o perturbadora, o la crítica dura, exagerada, irónica, satírica, ácida, virulenta, provocadora y la crítica mordaz. Lo han dicho los tribunales, la libertad de expresión, señorías, ampara incluso el mal gusto. Esa es una visión generosa de la libertad de expresión, como no podría ser de otra forma; es la generosidad propia de una democracia plena, en la que el derecho penal no puede ser un indeseable factor de disuasión de la libertad de expresión. Señorías, así lo ha dicho Europa, así lo ha proclamado el Tribunal Constitucional y así debe recogerlo nuestro Código Penal.»
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Artemi Rallo Lombarte · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Señorías, esta reforma busca fortalecer la democracia española, una democracia plena y de calidad, y busca alinear España con los estándares internacionales, con las Naciones Unidas y con el Consejo de Europa. Ni podemos ni debemos seguir mirando hacia otro lado, hay que cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Hay que cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los dictámenes de la Comisión de Venecia y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto aquellas en las que se condena a España y que dicen -nos guste o no?- que la libertad de expresión proclamada en el convenio ampara tanto la quema de fotografías del rey como las críticas a la Corona o las ofensas a la bandera. Señorías, nos guste o no, es así. El Tribunal Europeo ha afirmado que otorgar al jefe del Estado una protección penal reforzada frente a las críticas constituye un privilegio incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los límites a la crítica política deben ser más amplios respecto de los cargos públicos e instituciones y que los Estados no deben impedir la crítica a las instituciones ni imponer penas más severas según la persona criticada. Así, el Tribunal Europeo ha concluido que la libertad de expresión ampara actos como la quema de banderas, que sin duda ofenden, escandalizan o perturban al Estado, pero no solo en España, también en Turquía, en Moldavia... Estrasburgo, además, ha sentenciado que las personas que profesan una religión deben tolerar a quienes rechazan públicamente sus creencias, y lo ha dicho en Polonia, Lituania y Austria. Señorías, sobran los argumentos jurídicos para acometer la reforma del Código Penal que se propone y hacerlo sin debilitar la defensa de nuestras instituciones, porque a ellas las siguen protegiendo tanto los delitos de injurias y calumnias, que amparan a toda la ciudadanía, como los delitos de odio. Además, la libertad religiosa sigue especialmente protegida civil y penalmente.»
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Artemi Rallo Lombarte · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Gracias, presidente. No, señorías, hoy no debatimos ni la forma de la jefatura del Estado ni la protección de las creencias religiosas, que ustedes sí ofenden a menudo con mezquina hipocresía cuando no coinciden con las suyas. Hoy, señorías, hemos venido aquí a debatir sobre calidad democrática y formación de una opinión pública libre; en definitiva, sobre libertad de expresión. La libertad de expresión es la esencia de una democracia, de una sociedad libre, pluralista y democrática; corazón entre las tradiciones y valores constitucionales comunes de Europa. Por ello, hoy el Grupo Socialista coincide en reformar el Código Penal para fortalecer la libertad de expresión. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Compartimos la supresión de las injurias y calumnias a la Corona y a todas las instituciones del Estado, señorías. (Aplausos). A todas sin excepción, también a las Cortes Generales, al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y a los Parlamentos, Gobiernos y tribunales autonómicos. Compartimos la despenalización de la utilización de la imagen de la familia real o de los ultrajes a España y sus símbolos, y de las ofensas a los sentimientos religiosos. Pero que no exista ninguna duda en esta Cámara: mantendremos el delito de enaltecimiento del terrorismo, como se verá en las enmiendas parciales que presentaremos tras el debate de hoy.»
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Margarita Martín Rodríguez · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Señorías, para los y las socialistas, gobernar significa precisamente eso: escuchar las demandas sociales y convertirlas en derechos. Lo hicimos cuando construimos el sistema público de pensiones, cuando garantizamos la educación pública de calidad, cuando universalizamos la sanidad, cuando aprobamos la ley de dependencia, cuando impulsamos las reformas del artículo 49 de nuestra Constitución. Y lo hacemos ahora, dando un nuevo paso adelante en el reconocimiento de la autonomía personal, porque las sociedades cambian y las leyes tienen que seguir avanzando con ellas. España envejece, vivimos más años y esto es una extraordinaria conquista colectiva. Pero vivir más exige también pensar cómo queremos vivir esos años y cómo organizamos socialmente los cuidados. La respuesta no puede ser que cada familia se arregle como pueda. La respuesta no puede seguir descansando fundamentalmente sobre las mujeres. No puede depender del código postal, de la renta o de la capacidad económica de una familia. Una sociedad democrática y avanzada tiene que ampliar derechos, servicios públicos y una red de cuidados capaz de acompañar a las personas durante toda su vida. Este proyecto de ley nos hace ver qué dos tipos de modelos políticos tenemos. Hay quienes consideran los cuidados un problema privado. Nosotros lo consideramos una responsabilidad colectiva. Hay quienes hablan de libertad, pero entienden que la libertad consiste simplemente en que los poderes públicos no intervengan. Nosotros creemos que una persona solo es verdaderamente libre cuando dispone de apoyos necesarios para decidir sobre su vida.»
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Margarita Martín Rodríguez · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Gracias, presidente. Hoy debatimos aquí algo más que una reforma legislativa. Hoy hablamos de cómo queremos vivir, de cómo queremos ser cuidados y de qué sociedad queremos construir. Y hablamos de algo que no debemos perder de vista nunca en política, algo a lo que deberíamos dirigir siempre todas nuestras decisiones, hoy hablamos de mejorar la vida de las personas. (Aplausos). Ese es el sentido profundo de este proyecto de ley, porque las leyes importan cuando transforman la realidad; cuando una persona con discapacidad puede elegir cómo vivir; cuando una persona mayor puede permanecer en su domicilio, si eso es lo que desea; cuando una familia encuentra apoyos en lugar de soledad; cuando una mujer deja de renunciar a su puesto de trabajo porque tiene un sistema público de cuidados que responde; cuando una persona cuidadora recibe formación, apoyo y reconocimiento. De eso estamos hablando, de derechos que se convierten en vida cotidiana y en dignidad. (Aplausos). Quiero hacer un reconocimiento que creo que esta Cámara tiene la obligación moral y política de realizar, no habríamos llegado hasta aquí sin la sociedad civil organizada, sin las asociaciones de personas con discapacidad, sin las entidades de personas mayores, sin las organizaciones de familiares, sin quienes representan a las personas cuidadoras, sin tantos profesionales que conocen el sistema porque cada día viven sus fortalezas y también sus dificultades. Han sido ellas quienes han mantenido viva la reivindicación durante años, quienes alzaron la voz cuando en el año 2012 se produjeron los recortes y los retrocesos, quienes han empujado cuando parecía que los avances eran demasiado lentos y quienes nos han recordado que detrás de cada artículo de una ley hay una persona esperando una respuesta. Por eso, hoy queremos decirles gracias. Gracias por no resignarse nunca, por exigirnos más. Porque cuando la sociedad civil empuja, las instituciones tienen la obligación de responder. Y eso es, precisamente, lo que hace hoy esta ley. Lo hace dejando atrás una visión excesivamente asistencialista para avanzar hacia un modelo basado en derechos, en autonomía personal, en la accesibilidad universal, en la desinstitucionalización y en los cuidados centrados en la persona. Lo hace, además, reconociendo nuevos derechos y eliminando barreras que demasiadas personas siguen encontrando cada día. Lo hace, además, reforzando la ayuda a domicilio, consolidando la teleasistencia como un derecho, ampliando los apoyos para que las personas puedan vivir en su domicilio, si eso es lo que desean. También lo hace facilitando la compatibilidad en las prestaciones y poniendo el foco en la vida independiente y en la participación en la comunidad. Lo hace también reconociendo algo que durante demasiado tiempo permaneció invisible: el enorme valor de los cuidados. Porque cuidar sostiene la vida y durante demasiados años ese trabajo, desempeñado casi exclusivamente por mujeres, no ha recibido el reconocimiento social ni institucional que merece. Esta ley también dignifica los cuidados, mejora la protección de las personas cuidadoras y reconoce que no puede haber un buen sistema de dependencia sin empleo digno, sin formación y sin mejores condiciones laborales para los que cuidan. (Aplausos).»
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Vicent Manuel Sarrià Morell · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público...
«Concluyo, presidente. En resumen, con este real decreto se soluciona un problema que no creó este Gobierno. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). No entramos en cuál será la resolución judicial última de un procedimiento que sigue su curso, pero garantizamos que, sea cual sea, Radiotelevisión Española podrá seguir prestando el servicio público que tiene encomendado por estas Cortes con suficiencia financiera, de acuerdo con la ley de financiación de la Corporación. Este es nuestro compromiso con la Radiotelevisión pública y con sus profesionales; el de ustedes, no lo conocemos. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Vicent Manuel Sarrià Morell · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público...
«Pero en ningún momento hemos oído cómo resolverían ustedes el problema que crearon y que podría comprometer gravemente la viabilidad de Radiotelevisión Española. Y ¡qué casualidad! (rumores), lo hacen cuando esta registra sus mejores datos de audiencia, de aceptación pública y de resultados económicos en muchos años. Me temo que, precisamente, es por eso, por el buen momento de la cadena. Si fuera mal, no les preocuparía tanto, mal que le pese al señor Feijóo, que no ha tenido otra ocurrencia que cuestionar el sistema de medición de audiencias que utiliza todo el sector. (Rumores). Se ve que no tenía bastante con cuestionar el voto por correo, los datos del paro, la ley de nietos... El Gobierno manipula hasta las audiencias, eso sí, únicamente cuando no le gustan a él. Ni ustedes ni los intereses privados que les silban a la oreja pueden soportar una cadena pública de calidad y competitiva, y por eso han abierto una causa general en el Senado -inquisitorial?- en forma de comisión de investigación en la que ni ustedes mismos saben que van a investigar. Eso sí, van a hacer pasar por allí hasta al apuntador. Han pedido toneladas de documentación con el único objetivo de contribuir a su campaña de acoso y derribo contra el servicio público y, de paso, ver si paralizan el funcionamiento administrativo de la Corporación. Casualmente, fíjense, es lo mismo que ha hecho la ultraderecha francesa en la Asamblea Nacional con France Télévisions, con el descarado objetivo de jibarizarla hasta su mínima expresión y convertirla en subsidiaria de las cadenas privadas. La diferencia es que allí la derecha democrática homologable ha sido la primera en denunciarlo y aquí ustedes son cada vez más indistinguibles de VOX.»
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Vicent Manuel Sarrià Morell · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público...
«Resulta aún más incomprensible, si cabe, la demagogia -especialmente del PP, aunque también de la derecha en general?- en un tema que supone una seria amenaza para la viabilidad económica de las cadenas públicas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por VOX. Porque quieren cerrar todas las cadenas públicas, pero la realidad es que, cuando tienen ocasión, procuran controlarlas. Sería ingenuo pedirles que garanticen el equilibrio económico financiero de Radiotelevisión Española. Para ustedes, señorías del PP, la prioridad es otra: es la salvaje campaña de desprestigio a la que están sometiendo tanto a la Corporación como a sus profesionales con ataques de todo tipo. (Aplausos). Llevan meses anunciando la quiebra, la disolución, sabiendo perfectamente como saben que el auditor ha acreditado hasta la fecha que Radiotelevisión Española se ha adecuado en todo momento a la normativa contable en la elaboración de sus estados financieros y en los criterios seguidos para reflejar en estos sus discrepancias con la Agencia Tributaria. Por cierto, los mismos criterios que usaron ustedes hasta 2018, no sé qué cuestionan ahora.»
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Vicent Manuel Sarrià Morell · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público...
«Tributaria, por el otro, se tradujo en un proceso administrativo y judicial iniciado en 2017 en relación con los ejercicios de 2015 y 2016 y que aún está pendiente de resolución definitiva. Sí, han oído bien: de 2015 y 2016, aunque el Partido Popular haya esperado a los ejercicios de esta legislatura para descubrir un problema que creó el señor Montoro y que su equipo económico se ve que no pudo solucionar. (Aplausos). Señorías, estamos ante dos cuestiones totalmente distintas: una, el método de cómo se liquida un impuesto, si es deducible o no, que lo resolverán los tribunales cuando toque; y otra, que sea cual sea esta resolución no puede afectar al sistema de financiación del servicio público que establecieron estas cortes. La controversia ha tenido idas y venidas. Conviene recordar los informes prejudiciales del Tribunal de Justicia Europeo que fueron favorables a las tesis de las televisiones públicas. Sin embargo, otras sentencias han sido desfavorables, como la que este año ha dictado la Audiencia Nacional en relación con Radiotelevisión de Madrid. Hay que recordar -como efectivamente se ha dicho?- que estamos ante un litigio que afecta a la totalidad del sector público de radiotelevisión, no únicamente a Radiotelevisión española, pero corresponde al Gobierno de España la financiación de Radiotelevisión española, no de las televisiones autonómicas, para las que seguramente habrá que buscar otro tipo de soluciones en el seno de las propias comunidades autónomas.»
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Vicent Manuel Sarrià Morell · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público...
«Gracias, señor presidente. Señorías, empezaré por lo esencial después de las sandeces que acabamos de escuchar. El real decreto ley que hoy nos trae el Gobierno para su convalidación no pretende otra cosa que garantizar el principio de suficiencia financiera que la Ley 8/2009 establece para la prestación del servicio público que Radiotelevisión Española tiene encomendado por ley. No se trata de rescatar a la corporación pública -hay que recordar que Radiotelevisión Española cerró 2025 con un beneficio de 55,7 millones de euros?- y no estamos hablando de cubrir insolvencias o pérdidas en la gestión; únicamente se pretende compensar a Radiotelevisión Española por los costes que eventualmente tuviera que asumir por impuestos soportados no deducibles. En definitiva, que esos impuestos tengan la consideración de costes derivados por la prestación de un servicio público que, obviamente, tiene que sufragar el Estado. Se trata de dar respuesta a una controversia tributaria que se inició tras la modificación de la ley del IVA en 2015. La diferente interpretación de la norma por parte de Radiotelevisión Española, por un lado, y la Agencia»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público...
«En definitiva, la reforma que hoy sometemos a convalidación permite que los impuestos no deducibles soportados por Radiotelevisión Española se consideren un coste del servicio público y, por tanto, sean financiados o compensados por el Estado para garantizar la sostenibilidad económica de la corporación con efectos retroactivos. Señorías, la votación de hoy no trata de posiciones políticas -legítimas?- respecto al modelo audiovisual público, persigue algo más básico: garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad financiera y la continuidad de un servicio que el legislador ha considerado esencial para todos los ciudadanos. Por responsabilidad institucional, por respeto a la función de servicio público de Radiotelevisión Española y por la necesidad de preservar su equilibrio económicopatrimonial ante contingencias tributarias que no deben comprometer su misión, les solicito el voto favorable para la convalidación de este real decreto ley. Gracias. (Aplausos).»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público...
«La situación que aborda este real decreto ley es conocida por todos ustedes: existen controversias tributarias pendientes sobre la deducibilidad de determinadas cuotas impositivas soportadas por la corporación y recientes pronunciamientos judiciales han generado una incertidumbre jurídica que puede tener importantes consecuencias económicas para Radiotelevisión Española. El Gobierno no pretende interferir en estos procedimientos ni anticipar su resultado, lo que hace es algo mucho más sencillo y razonable: garantizar que, si determinados impuestos resultan finalmente no deducibles, ese coste no recaiga sobre la capacidad de Televisión Española para prestar el servicio público que la ley le exige. La solución adoptada es sencilla y clara: se incorpora un nuevo artículo 33 bis en la Ley 17/2006 que establece que los impuestos no deducibles soportados por Radiotelevisión Española tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal, y, si este coste surge por circunstancias sobrevenidas -incluidas resoluciones administrativas o judiciales relativas a ejercicios anteriores?-, nace simultáneamente un derecho a la compensación por parte del Estado. Estamos, por tanto, ante una medida lógica, de lógica financiera y coherencia institucional. Si la ley encomienda una obligación de servicio público al ente público estatal, resulta razonable que los costes inevitables derivados de esa prestación formen parte del coste financiable del propio servicio. Además, la norma introduce importantes garantías. En primer lugar, establece que el registro contable del coste y el de la compensación deberán realizarse de forma simultánea, para evitar distorsiones en las cuentas de la corporación. En segundo lugar, determina expresamente que esta compensación se integrará en el cálculo del coste neto del servicio público. Y, en tercer lugar, señala de manera inequívoca que en ningún caso podrá producirse una situación de sobrecompensación a Radiotelevisión Española. Quiero insistir en este punto. No estamos aprobando ningún privilegio ni ningún mecanismo excepcional de financiación, estamos garantizando que Radiotelevisión Española ni gane ni pierda patrimonio por la existencia de impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público. Es una medida de neutralidad económica que busca preservar el equilibrio financiero de una institución estratégica para nuestro sistema democrático. Concurren obviamente las razones también de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público...
«Gracias. Señorías, comparezco nuevamente ante esta Cámara para defender la convalidación del Real Decreto Ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radiotelevisión Española. Esta norma responde a una necesidad concreta, inmediata y perfectamente identificable: garantizar la estabilidad financiera de una institución a la que nuestro ordenamiento encomienda la prestación de un servicio público esencial para nuestro país. Radiotelevisión Española no es una empresa cualquiera. La Ley 17/2006, de 5 de junio, le atribuye una misión de servicio público que resulta fundamental para asegurar el acceso a la ciudadanía a una información plural, veraz y de calidad, así como promover la cultura, las lenguas y la diversidad territorial de España y garantizar una oferta audiovisual accesible para todos los ciudadanos. La propia ley califica este servicio como esencial para la cohesión de una sociedad democrática. Precisamente por esta razón, el Estado tiene la obligación de proporcionar una financiación suficiente que permita el adecuado cumplimiento de esta facultad. El equilibrio económicofinanciero de Radiotelevisión Española no es una cuestión meramente contable, es una condición necesaria para que el servicio público pueda prestarse con normalidad, independencia y continuidad.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública...
«Señorías, hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del Gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos; si queremos dotar de mayor certidumbre y estabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos; si queremos una senda compatible con el crecimiento y la cohesión social o una más restrictiva; si queremos un margen fiscal de 5849 millones de euros o no contar con él. Y por eso reitero el llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que actúen con responsabilidad, pensando en el interés general y evitando debates estériles. Señora presidenta, señorías, España ha demostrado en estos años que es capaz de crecer, crear empleo, reducir el déficit y reforzar simultáneamente la protección social. La senda de estabilidad que hoy defendemos forma parte de este modelo de éxito compartido también con el voto de sus señorías, un modelo basado en la responsabilidad, el diálogo y la defensa de los servicios públicos. Por ello, les solicito el voto favorable, porque son unas buenas cuentas para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, son buenas para nuestras finanzas públicas y son buenas para nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública...
«También les informo de la aprobación del límite de gasto no financiero para el año 2027, el denominado techo de gasto, que, como saben, no se somete a votación, pero marca el umbral máximo con el que afrontar los próximos presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de la capacidad para financiar las políticas públicas que mejoran la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, desde vivienda, becas, dependencia, seguridad, infraestructuras y servicios públicos. Para ello, el Gobierno propone para 2027 un límite de gasto no financiero de 226 032 millones de euros, la cifra más alta de nuestra historia, que supone 14 006 millones de euros más que en 2026, con un incremento del 6,6 %. Algunos intentarán presentar este dato de forma aislada, pero tenemos que hacerlo en su contexto. Este techo de gasto no es resultado de la improvisación, es consecuencia de una economía que crece, que crea empleo, que recauda más y que ha demostrado durante los últimos años una enorme capacidad de resistencia. Hay quien sostiene que cualquier aumento del gasto público es negativo por definición. Nosotros creemos que la verdadera cuestión no es solo el tamaño del gasto público, sino también cómo se gasta y cómo se financia. No es riguroso medir el éxito de una política exclusivamente por el tamaño del gasto público, que es relevante, es condición necesaria, pero no es suficiente. También es igual de importante que ese gasto sea eficaz, eficiente y compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Este techo de gasto permitirá presentar unos presupuestos generales del Estado ambiciosos socialmente y responsables fiscalmente.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública...
«Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y, después, votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos. Lo que hoy planteamos es una oportunidad de disponer de más recursos, no de recortarlos; una oportunidad de reforzar el estado del bienestar, no de debilitarlo; una oportunidad de dotar de mayor estabilidad financiera a las Administraciones territoriales. Además, la senda de estabilidad cuyo debate se propone hoy viene acompañada de una reducción continuada de la deuda pública. El objetivo es situarla en el 97,6 % del PIB en 2027, 96,4 % en 2028 y 95,3 % en 2029. Es una trayectoria creíble y gradual que fortalece la confianza internacional en nuestra economía, reduce vulnerabilidades futuras y mejora nuestra capacidad de responder ante posibles crisis externas. Porque quien gobierna no tiene que pensar únicamente en el presente, también tiene que pensar en la sostenibilidad de las cuentas para las próximas generaciones. Decía un ex alto cargo, el execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, que la política fiscal debe orientarse a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero la reducción de la deuda no es un objetivo en sí mismo. No podemos limitar la capacidad de inversión y de respuesta ante los desafíos económicos y sociales. La senda que hoy sometemos a consideración de esta Cámara cumple estos objetivos: favorece la estabilidad presupuestaria a medio plazo, refuerza la confianza y la credibilidad en nuestro país, garantiza la sostenibilidad financiera y protege el crecimiento de la inversión pública y las políticas sociales. Lo que hoy corresponde decir es si queremos dotar a las comunidades autónomas de más capacidad financiera o privarlas de esos recursos. Ese es el verdadero debate de esta mañana: dejar a un lado las diferencias políticas legítimas, las posiciones partidistas y la confrontación política coyuntural y debatir sobre lo verdaderamente importante.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública...
«Precisamente porque creemos en el fortalecimiento de los servicios públicos presentamos, primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente en el Consejo de Ministros y ministras, una senda de estabilidad que protege y ofrece mayor margen presupuestario a las comunidades autónomas. La propuesta que hoy defendemos y planteamos establece una reducción progresiva y realista del déficit público del 1,8 del PIB en 2027 al 1,6 en 2028 y al 1,5 en 2029, unos objetivos plenamente compatibles con las nuevas reglas fiscales europeas y con la necesidad de seguir reduciendo la deuda pública de manera sostenida. La responsabilidad fiscal consiste en eso, en gestionar de forma eficiente los recursos públicos, reducir gradualmente los desequilibrios y hacerlo sin poner en riesgo ni el crecimiento económico ni el bienestar de la ciudadanía, y eso es exactamente lo que hace la senda que proponemos hoy a esta Cámara. Para las comunidades autónomas se establece un objetivo del déficit del 0,1 % del PIB durante los años 2027, 2028 y 2029. Permítanme hacer una reflexión sobre esta parte. Las comunidades autónomas no tendrán que realizar esfuerzos adicionales durante este periodo; mantendrán el mismo margen fiscal durante tres años consecutivos. Mientras tanto, la Administración General del Estado será la que asumirá la mayor parte del esfuerzo de la consolidación fiscal. El déficit del Estado se reducirá progresivamente desde el 1,8 previsto para este año al 1,3 en 2029, una reducción de 5 décimas que asume la Administración General del Estado. Pero no solo esto. Del 1,5 que establece el acuerdo para la Administración General del Estado, si tenemos en cuenta... (Rumores).»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública...
«Estos son los hechos. Les daré algunas cifras: las comunidades autónomas recibieron 30 000 millones de euros a través del Fondo COVID19; se mantuvieron las entregas a cuenta durante la pandemia pese al desplome de la actividad económica; el Estado asumió liquidaciones negativas por importe de 4000 millones de euros; se han transferido más de 40 000 millones de euros estos años en conferencias sectoriales, además de reforzar los mecanismos extraordinarios de liquidez a aquellas comunidades que lo necesitaban y la actualización de entregas a cuenta desligada de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Son decisiones que reflejan el compromiso permanente del Gobierno de España con el Estado autonómico y las competencias que ejercen las comunidades autónomas, fundamentales en nuestro Estado de bienestar. Señorías, la consecuencia de esta política económica exitosa y que funciona es que las comunidades autónomas volverán a disponer el año que viene, en 2027, de la mayor financiación de su historia. Los recursos crecerán más de un 8 % con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación, un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas en sanidad pública, en educación, en ayuda a las personas y a las familias dependientes, en más servicios sociales o en políticas de vivienda.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública...
«Por otro lado, además de aprobar esas medidas en esta Cámara por parte del Consejo de Ministros, hemos conseguido reducir el déficit público y disminuir significativamente el peso de nuestra deuda. El déficit se ha reducido a su nivel más bajo en dieciocho años; tenemos un déficit inferior a la media de la zona euro y también de países referentes como Italia, Francia o Alemania. Fíjense que la última vez que España tuvo un saldo fiscal mejor que Alemania fue en el año 2007. La deuda pública ha descendido en más de 20 puntos respecto al máximo alcanzado durante la pandemia, y todo ello sin desmantelar los servicios públicos, sin abandonar a familias, pymes, autónomos y empresas. Y es en este contexto económico en el que debemos analizar los objetivos de estabilidad que hoy presentamos. Son unos resultados económicos que han tenido una consecuencia directa en el incremento de recursos de todas las Administraciones públicas y, obviamente, también en las comunidades autónomas, que nunca habían contado con tantos recursos como en la actualidad.»
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Arcadi España García Ministro de Hacienda· PSOE ·
Congreso · PlenoAcuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública...
«Gràcies, presidenta. Gracias, presidenta. Señorías, comparezco ante esta Cámara para defender la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 20272029. Lo hago desde una convicción profunda, y es que la estabilidad de las cuentas públicas no es un fin en sí misma, sino el instrumento que nos permite sostener y fortalecer aquello que realmente importa a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país: la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, la vivienda; en definitiva, nuestro estado de bienestar. La estabilidad presupuestaria no es solo un compromiso adquirido con nuestros socios europeos, es también una herramienta de soberanía económica. Cuanto más solventes son nuestras cuentas, más capacidad tiene nuestro país de decidir su propio rumbo. Por tanto, reducir el déficit y contener el endeudamiento significa depender menos de la financiación exterior; significa depender menos de las fluctuaciones del mercado, menores costes financieros que pueden imponernos circunstancias ajenas a nuestras decisiones. Cada euro que dejamos de destinar al pago de intereses es un euro que podemos destinar a mejorar la vida de nuestros ciudadanos.»
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Pablo Antuñano Colina · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 15/2026, de 9 de junio, de autorización de operaciones de crédito extraordinarias a...
«Por último, ICEX España, una medida de pura eficiencia y de ahorro para las arcas públicas. Permite adquirir un inmueble en propiedad antes de que venza su alquiler, sustituyendo un gasto corriente recurrente por activo patrimonial del Estado. Señorías, este real decreto ley no es una medida aislada, forma parte de una hoja de ruta nítida y ambiciosa. Este Gobierno no se limita solo a gestionar, promueve de forma activa iniciativas que mejoran el bienestar real de la ciudadanía: financiamos transporte, protegemos el empleo, subimos el salario mínimo e impulsamos la sanidad pública. Ese es nuestro modelo, el del crecimiento económico redistribuido para ensanchar los derechos y mejorar el bienestar de la mayoría social. (Aplausos). Señorías del PP y de VOX, es en días como hoy, en votaciones como esta, en los que la careta política se les cae. Les escuchamos de forma constante desplegar discursos grandilocuentes afirmando que la única meta es defender a los españoles. Yo también lo veo en Cantabria: allí, el Partido Popular, donde gobierna, exige mejoras, trenes, inversiones del Estado; pero, luego, cuando llegan a este Congreso, pulsan el botón del no a decretos que financian nuestras cercanías, y al plan de empresa del puerto de Santander. ¡Qué tamaña incoherencia, señorías! No se puede exigir en Cantabria lo que luego bloquean de forma irresponsable aquí en Madrid. (Aplausos).»
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Pablo Antuñano Colina · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 15/2026, de 9 de junio, de autorización de operaciones de crédito extraordinarias a...
«Gracias, señora presidenta. Señorías, esta norma no responde a una simple tramitación burocrática, sino que es un instrumento de aceleración económica y de consolidación de los servicios públicos que vertebran este país. Señor ministro, gracias por haber explicado de forma tan detallada este Real Decreto Ley 15/2026. En nombre de mi grupo parlamentario, les agradecemos a usted y a su ministerio el trabajo realizado. (Aplausos). El objetivo de este real decreto ley es directo: dotar de músculo financiero inmediato a cuatro entidades estratégicas para que ejecuten sus planes de modernización e infraestructuras para el ejercicio 2026. Frente a quienes defienden la parálisis, este Gobierno actúa para que la inversión pública no se detenga y siga ejerciendo de motor económico. No estamos ante un debate técnico o abstracto, hoy votaremos para respaldar la mejora de los trenes que utiliza la ciudadanía, la seguridad de nuestras costas, la competitividad de nuestros puertos y la eficiencia de nuestras instituciones. (Aplausos). Ante los discursos alarmistas o las críticas que acabamos de escuchar -seguramente los volveremos a escuchar por parte de la bancada de la derecha-, me gustaría decirles que son falsos. Ellos lo saben, porque esta medida se tramita con el escrupuloso cumplimiento de lo que establece la Ley General Presupuestaria; si hoy estamos debatiendo en este hemiciclo, es porque, precisamente, el Gobierno asume la centralidad y el control de las Cortes Generales.»
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Óscar Puente Santiago Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 15/2026, de 9 de junio, de autorización de operaciones de crédito extraordinarias a...
«En suma, este real decreto ley no supone gasto público directo, no incrementa el déficit público, no altera los presupuestos vigentes, sino que es una medida limitada, puntual y estrictamente necesaria. Estamos ante una situación en la que tenemos unas necesidades inmediatas y los tiempos ordinarios no permiten dar respuesta. Por tanto, la utilización del real decreto ley está plenamente justificada, porque permite actuar con urgencia garantizando la continuidad de inversiones. Finalizo, señorías. El Gobierno tiene un compromiso con nuestro sistema de transporte e intentamos cumplirlo. La iniciativa que se pone en marcha con este real decreto ley creo que todos podemos coincidir en que es buena. Tiene unos objetivos que todos compartimos y es difícil que no pueda concitar consenso. Exige no supeditar el interés general a conveniencias partidistas. El real decreto ley es una medida de responsabilidad en esencia. Puede que algunos grupos tengan la tentación de hacer decaer el decreto ley con el simple objeto de debilitar al Gobierno, pero les aseguro que la convalidación no pide adhesión ideológica ni pide respaldo político. Lo que pide es razonable: que inversiones necesarias para España puedan seguir ejecutándose con normalidad. No estamos debatiendo si se gana o se pierde una votación, sino, si hay determinadas inversiones estratégicas para nuestro país, que sigan avanzando o no. Eso es lo que en este momento está en juego. Por eso, señorías, solicito a la Cámara el voto favorable a la convalidación de este real decreto ley. Muchas gracias. (Aplausos).»