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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
La movilización organizada por la vivienda, educación y pensiones, la Huelga General y el Frente Amplio benefician a la clase obrera y son temidas por la derecha. Cuidado con convocatorias de falsa bandera que solo generan vandalismo y nutren a las derechas ultras en campaña.Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
En el acto de hoy del Frente Amplio se ha mencionado muchas veces la palabra "clase obrera" con orgullo. Orgullo ha sido también que nos hayan acompañado dos de sus máximos representantes, @UnaiSordo (Secretario General de CCOO) y @lolanagi11 (Vicesecretaria General de UGT). ✊🏻Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
Madrid es la comunidad autónoma que destina menor porcentaje de su presupuesto a la educación pública. 👩🏻🏫 Resultado: pésimas condiciones para el profesorado, ratios inaceptables y falta de medios e infraestructuras. 📚 Todo nuestro apoyo a la huelga general de enseñanza. ✊🏻Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago @EnriqueSantiago· IU ·
En #Guadahortuna preparando la Huelga General del #11N por la vivienda, en una asamblea de militantes del @pcagranada. La militancia comunista es la mejor garantía para parar al fascismo y conquistar derechos para la clase trabajadora. ✊🏻Ver en X ↗ Ficha con imagen o vídeo
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo...
«España ha votado en contra del reglamento de retorno porque no respeta los derechos de las personas, porque crea centros de detención fuera de la Unión Europea donde las leyes europeas no se aplican y no se respetan los derechos de los recluidos. Nuestro ministro del Interior expresó serias dudas sobre la legalidad de esos centros de confinamiento y criticó la posibilidad de privación de libertad de hasta veinticuatro meses con prórrogas indefinidas. En una democracia no se puede detener a nadie indefinidamente y menos por una situación administrativa. Es una vergüenza que ese reglamento fuera aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026. El Gobierno de izquierdas ha recogido el sentir mayoritario de las organizaciones sociales que atienden a migrantes y refugiados. Amnistía Internacional, Oxfam y CEAR consideran que el reglamento supone un retroceso en derechos y garantías legales y consolida un modelo basado en la externalización -y en Ceuta ya hemos visto que las políticas de externalización son temerarias y dejan en indefensión la soberanía de los países europeos-, y critican la detención administrativa de veinticuatro meses o que se acabe con las garantías de no devolución de personas perseguidas. Rechazan, en general, los centros de internamiento fuera de la Unión Europea por el riesgo de detención arbitraria, de malos tratos y de restricciones al acceso de un recurso judicial efectivo. Y, sobre todo, las organizaciones sociales reclaman vías legales y seguras para migrantes y refugiados y la reagrupación familiar. Y es que nada de eso se contempla en el PEMA. Save the Children y Unicef afirman que la detención de niños y niñas por ser migrantes no es propia de una democracia. Las familias con menores deben quedar protegidas frente a las deportaciones. Y ACNUR se muestra igualmente muy preocupada por el no respeto al principio de devolución.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de...
«La proposición merece ser tomada en consideración para poder debatir con mayor profundidad sobre las mejoras propuestas y sobre otras que se consideran imprescindibles, como la dignificación, en general, del turno de oficio, su mejor adecuación a los contenidos de la Ley Orgánica 1/2025 y una mejor regulación de la justicia gratuita en la asignación de los medios alternativos de resolución de conflictos, porque estos dos objetivos son uno de los mayores retos que tienen por delante estos medios alternativos para ser eficaces. Dos días después, VOX no ha condenado el intento de linchamiento de la diputada Julia Ferreras y de los abogados Rafael Borrego y Sofía Cánovas. La causa de esta violencia es el discurso deshumanizador y de odio expandido por VOX y el Partido Popular contra las personas que entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio. (Aplausos). Tener rasgos magrebíes en Ceuta se ha convertido en un riesgo también para los y las españolas de cultura musulmana. Ser parte de una ONG, o parecerlo, es tan arriesgado hoy como acercarse a una persona migrante o ayudar a alguno de los jóvenes tirados en las calles de Ceuta: acarrea insultos, agresiones, hostigamientos... Las y los periodistas se han convertido en objeto de esos ataques. Ninguna persona decente puede justificar actos de violencia ni contra la población migrante ni contra miembros de las ONG que desempeñan trabajo humanitario o en defensa de los derechos humanos.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de...
«En los procesos de familia, cuando hay menores, una solución impuesta judicialmente no siempre es lo mejor. Debe primar el interés superior del menor y no existe evidencia de que acudir a mecanismos de mediación suponga un riesgo para el menor. En situaciones de urgencia o riesgo, los jueces deben aplicar vías inmediatas de protección, como las previstas en el artículo 158 del Código Civil y las medidas cautelares habituales que quedan fuera del requisito de procedibilidad. Apoyamos la creación de la especialidad de familia, infancia y capacidad dentro del orden jurisdiccional civil, como piden las asociaciones de abogados y abogadas de familia, y una mayor inversión en juzgados especializados, en equipos técnicos, psicosociales y fiscales. Pero para eso hace falta aprobar unos presupuestos generales del Estado. Mientras tanto, la solución no es eliminar los MASC, sino exigir que se acompañen de los recursos que necesita. Cualquier ley reciente requiere tiempo para ser evaluada y estamos dispuestos a cambios para mejorar el servicio de justicia, pero no a desmontar los avances de esta ley prematuramente. Excluir el exequator del requisito de procedibilidad es razonable, porque son resoluciones con efecto de cosa juzgada. También nos parece adecuado eliminar problemas de litispendencia, precisando el momento de inicio del procedimiento judicial y así asegurar que las pensiones de alimentos se imputen desde ese momento; o establecer el carácter preceptivo de la vista en procesos con menores, porque la oralidad también es garantía de mejor justicia.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de...
«Señor presidente, la proposición de ley que hoy debatimos se centra en ampliar las excepciones al requisito de acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias antes de demandar y en un par de cuestiones más. Las excepciones al requisito de procedibilidad vienen recogidas en la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La propuesta del Partido Nacionalista Vasco ordena adecuadamente el precepto aplicable y amplía las excepciones al exequatur y a los procesos de separación, divorcio, nulidad matrimonial o cualquier otro de familia en el que intervengan menores. Modifica el artículo 7 para que el inicio del proceso de negociación a través de cualquier medio alternativo tenga la consideración de inicio del procedimiento ante los tribunales, una vez admitida a trámite la demanda, y propone que, en los casos en los que estén involucrados derechos de menores, la vista siempre sea preceptiva, para mayor garantía de sus derechos. Desde luego, compartimos la preocupación por garantizar la máxima protección en los procesos de familia en los que hay menores implicados. El interés superior del menor debe ser la prioridad. Nos genera dudas la propuesta que pretende la eliminación del requisito de procedibilidad en procesos de familia, en especial si afecta a menores. Aunque la implementación de esta ley es cierto que está teniendo problemas, a pesar de ello no compartimos el cuestionamiento general de los medios adecuados de solución de controversias en los procesos de familia con menores.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del...
«A pesar de las duras consecuencias de las anteriores medidas, la furia obsesiva de Trump ha continuado volcándose contra nuestro pueblo hermano cubano. La orden ejecutiva de 29 de enero de 2026 declara una emergencia nacional en Estados Unidos con respecto a Cuba. Nadie en este planeta puede creerse que la pequeña isla de las Antillas sea una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Han impuesto el bloqueo total de petróleo y sus derivados, buscando el colapso de la economía cubana, echando a empresas españolas como Meliá o Iberostar y provocando una crisis humanitaria para justificar la intervención política y una futura intervención militar. Ante tamaña agresión, a nadie debe extrañar que la indignación del pueblo cubano se dirija contra quienes pretenden matarlos de hambre y de enfermedades. (Continúan los rumores). Por eso, Trump no se ha atrevido todavía a una agresión militar como la que realizó el 3 de enero en Venezuela. El 20 de julio pasado Estados Unidos publicó un nuevo informe en el que se describe a la extenuada Cuba como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio. Expertos de Naciones Unidas han señalado que el informe solo aporta consideraciones políticas e ideológicas del Gobierno de Trump para justificar medidas coercitivas que pretenden alterar el orden constitucional de un Estado soberano. Las sanciones anunciadas el 23 de julio han bloqueado también la adquisición de combustible por razones humanitarias. Son ya varios meses sin que entre una gota de petróleo. No es exagerado hablar de lento genocidio o de una Gaza silenciosa, en palabras de miembros del Congreso de los Estados Unidos. Los salarios han disminuido, el transporte y el suministro de energía están bajo mínimos, faltan materiales educativos básicos y equipos científicos. (Continúan los rumores.-Varias señoras y señores diputados chistan pidiendo silencio). Las remesas enviadas por familiares en el extranjero no se reciben tras el cese de servicios empresariales y la imposibilidad de operar del sector bancario internacional. Los prolongados apagones interrumpen los servicios sanitarios, provocan escasez crítica de medicamentos, incapacidad para el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer y los residuos no recogidos se acumulan, agravando el riesgo de propagación de enfermedades. La actividad turística y las inversiones extranjeras han desaparecido, incluso se ha impedido que opere la ayuda humanitaria internacional tras el huracán Melisa. Esta situación afecta de forma desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores; en general, a grupos vulnerables. El derecho a la vida y a la salud está afectado gravemente. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado, cada año y por mayoría abrumadora, resoluciones que exigen el fin del bloqueo. (Continúan los rumores). España ha votado de manera constante a favor de estas resoluciones en defensa del derecho internacional.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Gracias, presidenta. Durante cuarenta años y diferentes Gobiernos, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han elegido con intervención de las Cortes Generales, pero el PP se empeña en su mantra antidemocrático de que los jueces elijan a los jueces. Tan antidemocrático como proponer que los diputados elijan al siguiente Congreso o que los ministros y ministras elijan el siguiente Consejo de Ministros. Los poderes del Estado en democracia se eligen con intervención del soberano, del pueblo, mediante el voto de todos los españoles y españolas, no solo de aquellos a los que el Tribunal Supremo les permite votar. El Grupo Popular ha bloqueado la renovación del consejo durante once años, cada vez que no podía controlarlo. La reforma de la elección de los vocales del consejo, aprobada por la Ley Orgánica 3/2024, conforme al acuerdo que ustedes impusieron al Grupo Socialista para acabar con su secuestro del consejo, obligó a pagar un rescate excesivamente alto: una sucesión de nombramientos de jueces por el consejo del que el 70 % ha recaído sobre jueces y juezas avalados o vinculados a las organizaciones judiciales conservadoras. Pero un 70 % para el Partido Popular no es suficiente y tienen el descaro de presentar una proposición de ley para que también los vocales jueces del consejo se elijan casi exclusivamente entre jueces conservadores. El Partido Popular dice que el Poder Judicial está politizado, pero no lo dice por el gran número de nombramientos de jueces conservadores que hace el consejo, sino porque los vocales del consejo se eligen por las Cortes, por la soberanía popular. Con la excusa de la politización, proponen acabar con la intervención democrática en la elección de un órgano constitucional. Eso que ustedes llaman politización es la pluralidad de la democracia. Es una conquista de las fuerzas políticas y sociales democráticas que ha costado mucho sufrimiento conseguir, porque los partidos del búnker franquista, como Alianza Popular, intentaron que no hubiera pluralidad ni politización democrática. 'Usted haga como yo, no se meta en política', decía el dictador. Para el Grupo Popular no es suficiente controlar más del 70 % de los nombramientos de jueces en audiencias provinciales, en tribunales superiores de justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, quieren controlar el 100 % de los nombramientos para poner a la justicia aún más a su servicio.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Durante años ha existido pasividad por parte del Estado. Ha incumplido, es cierto, su responsabilidad in vigilando, hasta que este Gobierno de coalición de izquierdas se ha implicado en una solución, garantizando los recursos económicos necesarios y asumiendo una responsabilidad del Estado generada por todos los Gobiernos anteriores, por la falta de control al negocio de las mutualidades profesionales. Vamos a votar favorablemente la mayoría de las enmiendas que vienen del Senado, porque reparan el daño causado por el PP y VOX el pasado 11 de junio, aquí, en el Congreso, al aprobar una enmienda muy dañina para los mutualistas. Hoy recuperamos la obligación de que, en tres meses, se apruebe el reglamento de desarrollo; la obligación de computar cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el régimen general, es decir, el uno por uno para aquellos que hayan cumplido los 52 años a 31 de diciembre de 2026; y se elimina la dañina referencia al IPC. También se establece un coeficiente corrector entre el 0,67 y el 0,87 para el resto de las aportaciones de los mutualistas, corrigiendo así la falta de consideración de otras aportaciones que han realizado a las mutualidades.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Señora presidenta, voy a apartar la 'cara del sol' para que no me deslumbre, porque me han dejado ustedes impresionado. (Rumores). Tras cinco minutos entre los dos bla, bla, bla, insultando ad hominem, insultándome a mí, lo que ha quedado claro es que ustedes pretenden convertir en delito las ideologías distintas a la de ustedes. (Aplausos). Ha quedado claro que ustedes no son demócratas (rumores) y, francamente, tampoco entiendo cómo pueden llegar a tener dentro tantísimo odio. (Risas.-Rumores.?-Aplausos). No lo entiendo. En los años que llevo aquí lo que he constatado es que cada vez que un portavoz de la derecha se queda sin argumentos, recurre al listado ya famoso y manido del insulto anticomunista primario, básico. La verdad, lamentable, repetido hasta la saciedad. Si tuvieran argumentos, me imagino que no me darían tanta importancia, pero ya que ustedes me dan la importancia, pues, sí, lo confieso: soy comunista, secretario general del Partido Comunista de España. Un partido heroico. (Aplausos.-Risas). Un partido... (Rumores). ¡A callar! (La señora Álvarez de Toledo PeraltaRamos: ¡Libertad de expresión!?-La señora Acedo Reyes: ¡Esa es la libertad!-El señor Gallardo Barrena: ¡Libertad!).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de...
«Desde las calles se percibe que son los ricos y los poderosos los que siempre obtienen trato favorable de la justicia, que son las familias trabajadoras las que soportan su mal funcionamiento y que quienes son señalados por las derechas van pa'lante. Hay operadores de la justicia y partidos que trabajamos por mejorar el servicio público de justicia. Otros utilizan los tribunales para hacer política. Ya saben: 'el que pueda hacer, que haga'. VOX desprecia la democracia cuando la califica de cuotas partidistas. Dejen ya de proponer el modelo corporativo de elección del Gobierno del Poder Judicial que utilizaron en su día Mussolini o Franco. Son los órganos constitucionales democráticos quienes deben elegirlo. Los tribunales soportan dilaciones por falta de medios y de jueces, retrasos que solo perjudican a la gente de a pie, pero VOX se opone a la reforma de la ley de acceso a la judicatura que incrementaría el número de jueces y fiscales. Dicen que sería un atentado contra la independencia judicial. (Continúan los rumores). Están encantados con los retrasos, por lo que sea, porque siempre benefician a la derecha -causa Púnica o Kitchen o Montoro, todo corrupciones del Partido Popular-: demoras de más de trece años permiten reducir las condenas por la atenuante de dilaciones indebidas. Aún no hay informes de policía sobre las corruptelas del denunciante Alberto, el de Quirón, pero el ex fiscal general ya ha sido condenado con toda celeridad. Califican de antidemocrático implantar el mismo sistema de instrucción por la Fiscalía que existe en la Unión Europea o en América simplemente porque entonces el Partido de las togas no podría seguir manejando las causas penales. Vuelvo a plantear a todos los grupos que es hora de recuperar el procedimiento para exigir responsabilidad civil por sus actuaciones a los jueces, como a cualquier profesional, suprimido por el señor Rajoy en el año 2015. Abascal, Feijóo y la jefa del PP, Ayuso, han pasado por la Embajada de Estados Unidos a recibir instrucciones desestabilizadoras. Nunca han criticado los aranceles de Trump al campo español o el saqueo que pretenden para que gastemos el dinero público en sus armas, pero ya responsabilizan a los inmigrantes -mayoritariamente latinoamericanos- del mal funcionamiento de la justicia. Eludir sanciones unilaterales de Estados Unidos a Venezuela, Cuba o cualquier país solo es delito en el rancho de Donald Trump. ¿Les dio órdenes el embajador para que comience la cacería judicial contra quienes han eludido las coacciones de Estados Unidos a países soberanos? Veremos si en breve tenemos otro pa'lante en forma de solicitud de extradición. Votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de...
«Presidente, señorías, la justicia siempre ha sufrido por falta de medios materiales y humanos. Es la principal causa de su mal funcionamiento, a pesar de los miles de jueces, fiscales y funcionarios entregados abnegadamente a servir a la sociedad. La justicia tenía buena imagen hasta que llegó el partido de las togas. No hay mayor daño al ejercicio de la jurisdicción que comportarse como un partido que no se presenta a las elecciones, pero que coordina actuaciones con la derecha y la ultraderecha. Cuando los operadores judiciales intervienen en política, perjudican el funcionamiento de la justicia como servicio público, pierden su independencia y el respeto de la sociedad. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden arreglar este problema. No tenemos competencias para acabar con la politización de la justicia que practican el Partido Popular, VOX y los jueces y fiscales que se dejan controlar por la puerta de atrás, como decía el señor Cosidó. Quien debe arreglar esto es el Consejo General del Poder Judicial, pero se dedica a vetar jueces dignos, como José Ricardo de Prada, mientras permite a otros jueces insultar y descalificar a ministras o decir a qué partidos se permite o no gobernar o abiertamente sugiere volar la plaza de Pedro Zerolo y tirar piedras a los homosexuales. Es el mismo Consejo que ignora las resoluciones de Naciones Unidas que corrigen a los tribunales españoles, que permite que se estiren instrucciones penales impresentables, como el caso Neurona o el caso de Begoña Gómez, y siempre haciendo nombramientos priorizando a la derecha judicial, como hoy. El gran corruptor Aldama se pasea por las calles participando en manifestaciones contra la corrupción convocadas por el PP y VOX porque la Fiscalía le pide una condena que no excede de dos años de cárcel, con lo que no ingresa en prisión. (Rumores). Es la misma Fiscalía que pide para los que Aldama ha corrompido penas de veinticuatro y diecinueve años de cárcel y casi dos años de prisión a Jorge Riechmann y otros ecologistas por una protesta climática.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana...
«El Ministerio del Interior ya ha actuado sobre esta materia. (El señor Hernando Fraile: No vale). Hay un protocolo, del año 2022, de actuación frente a armas blancas, reforzado mediante una instrucción de 2025 que intensifica los controles preventivos en zonas de riesgo para la intervención y decomiso de armas blancas. Por eso, hay más sanciones, no porque haya más armas, sino porque hay más incautaciones. Seguro que la policía estaría encantada de que las Administraciones que gobierna el Partido Popular actuaran sobre causas como la exclusión o como la falta de oportunidades. Con que invirtieran en crear comunidad, le quitarían mucho trabajo a la policía. Es exactamente lo que piden el Defensor del Pueblo, UNICEF, Save the Children o la Fiscalía General del Estado. Pero, en su PNL, no hay una sola propuesta social o educativa, solo, garrote, oportunismo y alarmismo. España no es un país inseguro, pero sí es un peligro legislar como proponen el Partido Popular y VOX. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana...
«Hoy VOX les ha complementado con una enmienda para criminalizar la inmigración, apoyando el bochornoso papel del otro día de Feijóo cuando mintió sobre la gravedad de los antecedentes policiales, que son los que debería tener, por ejemplo, la señora Muñoz, si es verdad que a ella la paran los controles policiales más de una hora, como nos contaba. En Extremadura han acordado la prioridad nacional. Quitan a los extranjeros los derechos que tienen por pagar impuestos -porque hasta los irregulares pagan impuestos, como el IVA-, y acuerdan con VOX desregular, que es derogar las leyes que mejoran la vida de las familias trabajadoras, de las españolas y de las extranjeras. Aquí proponen leyes, pero únicamente para castigar a las clases populares. Un puñado de reformas inconexas del Código Penal. Proponen cinco años de prisión para quien porte armas blancas y dejan en cuatro años de prisión el castigo a quien porte armas de fuego ilegalmente. Se han lucido. Quieren reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se va a derogar en breve y, sobre la ley de seguridad ciudadana, la única reforma que nos parece urgente es la derogación de su ley mordaza. (Aplausos). En general, desprecian la seguridad pública democrática y no tienen políticas de prevención criminal, solo medidas para debilitar al Estado de derecho, acabando con la proporcionalidad de las penas. Inventan datos sobre el uso de armas blancas, igual que han hecho con la supuesta proliferación de la okupación de viviendas para engordar el negocio de las alarmas y de las empresas de desokupa. Han repartido paguitas a sus amigos poniéndolos a trabajar en oficinas antiokupación pagadas por Ayuntamientos, por ejemplo, el de Córdoba y el de Valencia; oficinas que, en seis meses una y en un año la otra, no han recibido ninguna denuncia; delitos que no existen. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica...
«España tiene una tasa de criminalidad de las más bajas: 48,8 por cada 1000 habitantes. Somos uno de los países más seguros de Europa. ¡Pero, hombre, si es que somos el segundo país del mundo con más turistas! Lo que somos es el sexto país de Europa con más presos. Con 40 millones de habitantes menos que Alemania y 11 millones menos que Italia tenemos el mismo número de presos porque nuestro Código Penal es muy punitivista. Cada preso nos cuesta 28 500 euros al año. La forma de combatir los hurtos no es saturar las cárceles una vez más, en especial con gente joven en situación de exclusión social, a los que van a enviar a una escuela de delincuencia en lugar de enviarlos a centros de formación profesional. Por cierto, para los que ya solo hay plazas en centros privados, que cada día son más caros e inaccesibles para las familias trabajadoras. (Aplausos). En vez de poner a los ayuntamientos a gastar dinero en repetir el trabajo que hacen los fiscales, sería mejor invertir en formación profesional pública, en combatir la exclusión social o en crear más plazas de jueces para que los delitos menores se juzguen más rápido. O también en pagar trienios a las juezas sustitutas, porque, por si no lo saben, ayer el Consejo General del Poder Judicial les negó este derecho que tiene reconocido cualquier trabajadora.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de...
«Las derechas, VOX y PP, esta vez van a acabar con la democracia en cumplimiento de la estrategia de seguridad nacional de Trump, que considera enemigo a todo aquel que no acate las costumbres occidentales y cristianas; el argumento con el que las dictaduras militares han exterminado a los demócratas. Por cierto, ese argumento ya ha sido utilizado por la justicia polaca la semana pasada para ilegalizar al Partido Comunista de Polonia. La estrategia golpista nos la aplican cada vez que pueden. En diciembre del 2022 utilizaron al Tribunal Constitucional para prohibir al Congreso y al Senado que legislaran. Y el principal motivo de la derecha y la ultraderecha para acabar con este Gobierno es impedir la modernización y democratización de la justicia, pendientes desde el final de la Dictadura. Atacan el proyecto de ley de acceso a la carrera judicial y fiscal y piden acabar con el sistema de becas que permitirá a los hijos de las familias trabajadoras ser juezas o fiscales. Se oponen a homologar la instrucción penal a los países de nuestro entorno, porque eso limitaría el poder del impune partido de las togas. Proponen eliminar la participación del Congreso, único representante de la soberanía popular, en la elección del Gobierno del Poder Judicial. Y atacan a la nueva Fiscal General del Estado, aunque haya sido avalada unánimemente por el Consejo del Poder Judicial. Trump quiere acabar con la democracia y los demócratas en toda Europa, pero para eso necesitan unos poderes judiciales corporativos y a su servicio. Que nadie olvide nunca que la herramienta de Trump para acabar la democracia en España es VOX. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de...
«El fiscal general ha sido declarado culpable sin pruebas y sin que sepamos quién es el entorno. Una sentencia que busca impedir la condena a la pareja de Ayuso, Alberto el de Quirón, por defraudar impuestos devengados en operaciones de saqueo a la sanidad pública. Hay una clara coordinación entre VOX y el PP para amedrentar a los fiscales que tienen que perseguir los casos de corrupción que les afectan. Revuelta, la organización juvenil de VOX, ha sido denunciada por apropiarse de miles de euros donados para los damnificados de la dana de Valencia. Y el denunciado, el presidente de Revuelta, es el cuñado del diputado de VOX en esta Cámara, Manuel Mariscal. La exportavoz de VOX en Baleares, Idoia Ribas, denuncia en la Fiscalía a VOX por transferir dinero de sus grupos parlamentarios a la Fundación Disenso. Según la señora Ribas -literal-, un instrumento del líder del partido, Santiago Abascal, para forrarse. El PP también tiene fiscales a los que amedrentar, una que, a pesar de la UCO, investiga la venta de leyes tributarias y amnistías fiscales por el ministro Montoro y el grupo de altos cargos del Partido Popular, que constituyeron una banda criminal en el Ministerio de Hacienda; a los que investigan otros saqueos de la sanidad pública; los contratos troceados en Andalucía; los cribados del cáncer de mama; las defraudaciones en los hospitales de Ribera o de Quirón; los que investigan el blanqueo de dinero negro y adjudicación irregular de contratos por dirigentes del Partido Popular en la Diputación de Almería, y los que tienen que investigar las omisiones criminales de los Gobiernos del Partido Popular ante la dana o los incendios forestales.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de...
«Presidente, señores diputados y señoras diputadas, el Fiscal General del Estado ha sido condenado tras tenerse por probado que ha sido él o alguien de su entorno quien filtró un correo. Ha sido un enjuiciamiento incompatible con el principio acusatorio y los estándares de independencia judicial. Los magistrados que han enjuiciado y condenado previamente intervinieron en la admisión de las querellas, en la valoración inicial de los indicios y en el control de la instrucción, comprometiendo así la imparcialidad del Estado de derecho. (Rumores). La instrucción ha sido invasiva. Ha buscado promover gran escándalo social. Un registro en la Fiscalía General del Estado o el volcado de ocho meses de datos personales del fiscal cuando se investigaban cuarenta y ocho horas. La información incautada se filtró a la prensa, pero el Tribunal Supremo nunca investiga el entorno de las filtraciones. (Aplausos). La sentencia adolece de falta de neutralidad judicial, pagos de una acusación a magistrados enjuiciadores durante la deliberación, comentarios chistosos del presidente del Tribunal en público sobre la sentencia aún no redactada, vínculos académicos entre magistrados y abogados acusadores, despropósitos que se suman a la decisión del Tribunal Supremo de publicar un 20 de noviembre solo el fallo condenatorio, publicándose la motivación jurídica tres semanas después.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el fracaso en todos los ámbitos de la política de...
«La jefa del Partido Popular se ha cargado al fiscal general para impedir que la Fiscalía persiga a un defraudador fiscal que se ha enriquecido saqueando la sanidad pública durante la pandemia. (El señor Muñoz Abrines pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Nuestro grupo defiende la seguridad humana. Seguridad es un empleo digno y vivir en una vivienda en condiciones. Seguridad es una sanidad pública que cuide también a quienes pueden tener cáncer de mama. Seguridad es más presupuestos públicos para prevenir y combatir incendios forestales e inundaciones. Seguridad es tener responsables en las instituciones que no desaparecen cuando haya una dana y que no se van a comer a Gijón cuando todo arde en León. Seguridad es dar a la policía y a la Guardia Civil el derecho a la negociación colectiva, como cualquier trabajador. (Aplausos). Seguridad es que todo lo que se ingresa pague sus impuestos y no solamente los salarios de los trabajadores. Seguridad es tener unos tribunales que te condenen con una sentencia completa, fundamentada, y no solo con el fallo de un párrafo. Y seguridad es tener derecho a una doble instancia de apelación, lo que no ha tenido ni va a tener el fiscal general del Estado. Por supuesto, votaremos en contra de esta vergonzosa y demagógica moción. Gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«Este mal comienzo de un Consejo General del Poder Judicial, que se pretendía equilibrado, puede y debe ser corregido de inmediato. Son necesarios resultados más equilibrados, como los que en octubre han permitido renovar comisiones y grupos de trabajo del Consejo General del Poder Judicial. La comisión permanente ha sido renovada, manteniéndose el mismo equilibrio entre progresistas y conservadores que venía teniendo en el último año. Era posible otro tipo de mecanismo. Se han renovado quince comisiones y grupos de trabajo, con un resultado de ocho y siete presidencias respectivamente para cada una de las sensibilidades del Consejo General del Poder Judicial y 50-50 es más equilibrado que 68-32 %. Nos felicitamos porque haya sido posible crear por primera vez en el Consejo General del Poder Judicial un grupo de trabajo sobre derechos humanos. Es posible una justicia más cercana a la sociedad y para ello tenemos que reconducir esta situación, porque lo principal es que los y las demócratas impidamos que continúen las maniobras del Partido Popular para controlar la justicia. Y por eso vamos a votar no a esta propagandística proposición de ley, igual que consideramos imprescindible acabar con la excepción española en la instrucción de los procedimientos judiciales, una rémora de una ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está en vigor desde 1882 y que por fin se corrige en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula...
«Señora presidenta, el Partido Popular calienta motores para el vergonzoso juicio al fiscal general del Estado, el primer fiscal general que se sienta en el banquillo por hacer su trabajo, por perseguir las prácticas corruptas de la pareja de la jefa de facto del Partido Popular, la señora Ayuso. El mismo Tribunal Supremo que autorizó retransmitir en directo el juicio del procés ahora no quiere lo mismo en el juicio del fiscal general del Estado. No quieren que España contemple en directo un juicio sin fundamento alguno. La Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales en procedimientos penales, creó la Unidad de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado para garantizar la protección de datos de particulares que utiliza el Ministerio Fiscal. La designación de un fiscal al frente de la unidad a propuesta del fiscal general se acordó en la ley orgánica de eficiencia de la justicia. El Grupo Popular nos propone que alguien extraño maneje los datos personales de los justiciables, una especie de externalización del control de datos personales en la Fiscalía. Además, nos lo traen al Congreso por duplicado. Una iniciativa similar ya se encuentra en tramitación en el Congreso, tras ser impulsada por el Grupo Popular en el Senado en marzo. No es serio que el Partido Popular quiera tramitar dos leyes iguales. Estamos ante una nueva operación propagandística del Partido Popular, continuación de su estrategia de control e interferencia en la justicia, eliminando todo control democrático de la sociedad sobre esta institución (aplausos) y reforzando la toma de decisiones corporativas a través de un Consejo Fiscal que la derecha utiliza demasiadas veces con fines políticos. Y esto mientras que el Partido Popular refuerza su control de las cúpulas de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de Justicia y del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, decía el senador Cosidó.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«El 9 de julio pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. La medida 1 era la creación de una agencia independiente de integridad pública como órgano central de previsión, supervisión y persecución. Esta proposición de ley recoge los cuatro elementos necesarios para ello. En primer lugar, la creación de la oficina de prevención, investigación y erradicación de la corrupción en la Administración General del Estado y en su sector público instrumental. Entendida la corrupción como el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos o cualquier conducta que conlleve conflicto de intereses o uso en beneficio privado de informaciones obtenidas en el ejercicio de funciones públicas; tendrá independencia y autonomía y su presidencia será elegida por este Congreso. Las funciones de la oficina serán crear, en primer lugar, un sistema preventivo de alertas tempranas en la Administración General del Estado y su sector público instrumental; en segundo lugar, una estrategia integral de prevención de la corrupción, de impulso de la integridad, de investigación de la corrupción y de mejoras integrales en la Administración estatal. También promoverá la elaboración de planes de prevención en todas las Administraciones sujetas a la aplicación de esta ley. Deberá tener capacidad de investigación y de inspección para el esclarecimiento de los hechos que puedan ser constitutivos de fraude, de corrupción o conflictos de intereses; también una capacidad de investigación sobre todas las Administraciones públicas de la Administración General del Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre empresas o entidades privadas que reciben subvenciones del Estado, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, es decir, lo que nos está exigiendo el GRECO. Las Administraciones y las empresas que contraten con la Administración también deberán tener sistemas internos y estrategias de prevención de la corrupción, y en caso de incumplimiento se prevén multas de hasta un millón de euros.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Esta proposición de ley mejorará la integridad pública, construyendo una institución como ya existe en la Unión Europea, la oficina de lucha contra el fraude, y protegiendo el uso de los recursos públicos, porque su uso espurio tiene un impacto negativo sobre la democracia, enriquece a los corruptos y da argumentos al populismo. El 'estoy en política para forrarme' que grabaron al señor Sanz, secretario general del Partido Popular en Valencia, o el 'me tengo que hacer rico' del ministro del PP Zaplana, merman la confianza de la gente en la democracia y desestimulan la participación electoral y política. La corrupción tiene también un fuerte impacto en el incremento de la desigualdad. El dinero que va al bolsillo del corrupto se recorta de los servicios públicos que pierden calidad y se degradan. Todos los indicadores de percepción pública, ya sea por investigaciones periodísticas de la sociedad civil o por el número de condenas judiciales, muestran niveles inaceptables de corrupción, más elevadas que en otros países de nuestro entorno. Y, por mucho que lo pensara el líder conservador, no hay justas proporciones aceptables en materia de corrupción.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«La Fiscalía General del Estado desmiente las falsedades propagadas por el equipo de la señora Ayuso: que la Fiscalía le había propuesto al novio que reconozca sus delitos, una posibilidad que no existe en la ley española. Cualquier persona decente habría actuado defendiendo la verdad, como hizo el fiscal general del Estado. Pero el problema es que el Partido Popular utiliza su brigada jurisdiccional y mediática para atacar a los fiscales que persiguen los muchos delitos cometidos por sus militantes y amiguetes. El Tribunal Supremo, en un mundo judicial al revés, persigue al máximo responsable de perseguir los delitos porque se ha atrevido a perseguir a un delincuente cercano a quien manda en el Partido Popular. La fiscal del caso Montoro ha tenido que denunciar la pasividad de la UCO y de la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción para perseguir la venta de leyes tributarias y amnistías fiscales por la organización criminal creada por el ministro Montoro y otros ex altos cargos del Partido Popular a cambio de jugosas comisiones; eximían de impuestos y permitían delitos o fraudes fiscales a grandes empresas y a los más ricos.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«El juez Hurtado ha dictado un auto de transformación continuando con su estrategia; no hay ninguna novedad, ningún procesamiento que justifique este debate, salvo las ganas del Grupo Popular de seguir haciendo ruido utilizando la persecución que han organizado contra el fiscal general del Estado. Traer a debate al fiscal general del Estado no les va a evitar que los ciudadanos sigan pidiendo la dimisión de Mañueco y de los demás responsables del Partido Popular por la nefasta gestión de los incendios forestales. Y España, desgraciadamente, ha vuelto a comprobar que las Administraciones del Partido Popular y de VOX nos dejan indefensos ante cualquier catástrofe, ya sea una dana o sean incendios forestales. ¿Para qué van a tomar medidas preventivas frente a una crisis climática que niegan que exista? Y sobre el auto dictado por Hurtado -ese juez que se opuso a interrogar a Rajoy en el juicio Gürtel, que no veía motivos para condenar al Partido Popular por corrupción y que ignoraba quién era ese M. Rajoy que recibía dinero B de Bárcenas-, es el Consejo del Poder Judicial el que ha informado el 9 de junio, primero, que el abogado del novio de la señora Ayuso envió al fiscal del caso una propuesta reconociendo que se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública y proponiendo resarcir el daño causado pagando lo adeudado, cuota e intereses, a la Agencia Tributaria; y, segundo, a continuación, el presunto delincuente confeso, definido por Miguel Ángel Rodríguez como 'Alberto, el de Quirón', niega haber enviado el correo reconociendo sus delitos. Pero el correo remitido por el abogado desautorizado es publicado por los medios de comunicación, una filtración judicial más de las innumerables que ocurren a diario en este país.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Muchas gracias, presidenta. Hoy es imprescindible hablar de Gaza y de Cisjordania, donde también se está asesinando al derecho internacional ante la injustificable pasividad del mundo y la complicidad de quienes permiten que Netanyahu se imponga a sangre y fuego desde el río hasta el mar sobre el Estado palestino. Genocidio y miles de crímenes de guerra; masacres diarias de periodistas, sanitarios y civiles; la utilización del hambre como arma de guerra y exterminio; la única operación masiva de limpieza étnica de la historia retransmitida en directo por televisión. Nos arrepentiremos de haberlo permitido por el pueblo palestino y por toda la humanidad. A partir de ahora, cualquier país tiene carta blanca para pisotear todas las normas protectoras de los derechos humanos, sabiendo que no va a enfrentarse a ningún Nuremberg. Y entre los muchos temas que el Grupo Popular quiere discutir hoy no figura ni el exterminio del pueblo palestino ni el del derecho internacional, pero sí les parece urgente que el Gobierno explique por enésima vez su respaldo al fiscal general del Estado.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer al señor Rafael Pérez el inmenso trabajo que ha realizado, y lo digo yo que no he estado siempre de acuerdo con él, pero creo que siempre se ha comportado como un servidor público riguroso y eficaz y, lo que es más importante, garantizando la seguridad de personas que luchan contra la criminalidad desde todas las instituciones, también desde las más pequeñas, no solo desde los cuerpos de seguridad, hasta en el más pequeño ayuntamiento de España. (Aplausos). También quiero decir que España tiene en estos momentos uno de los mejores secretarios generales de Instituciones Penitenciarias posibles, el señor Ángel Ortiz (Aplausos), uno de los mejores desde el profesor García Valdés. Y ojalá cualquier secretario general fuera accesible a las fuerzas parlamentarias cuando lo requieren; ojalá. En todo caso, señor ministro, su ministerio y la Policía en funciones judiciales deben incrementar las investigaciones para llegar al fondo de cualquier trama corrupta. Especialmente esta, dada a conocer por la UCO para el cobro de comisiones por contratos de obra pública. El ministerio afectado debe adelantarse cesando de inmediato a cualquier sospechoso de colaboración o participación, también por omisión, porque hay una inmensa operación de desestabilización del Gobierno, y permitir casos de corrupción, por acción o por omisión, es dar argumentos, dar gasolina para los incendiarios de la democracia. Las fuerzas más reaccionarias primero han secuestrado el Poder Judicial durante años y ahora se van haciendo con la mayoría de todos los órganos importantes de la justicia en España. Permiten bochornosas instrucciones judiciales con destinatario, puro derecho penal del enemigo. Ahora han organizado una huelga claramente política, de injerencia en el Poder Legislativo. Según los jueces huelguistas, debemos legislar a su dictado y a su gusto. Y la Conferencia Episcopal también puede hacer y hace. Se comportan como un partido más de la derecha, suscribiendo de pe a pa las tesis del Partido Popular y de VOX, interviniendo incluso en actos públicos junto al señor Abascal y exigiendo unas elecciones que, en dos mil años, no hemos visto a la Iglesia convocar para elegir sus órganos de poder. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Sobre las denuncias del Partido Popular de interferencias del Gobierno en las investigaciones de la UCO, a la vista del terremoto causado en el PSOE por los informes que esta unidad, en funciones de policía judicial, ha dado a conocer -que ha mostrado, obviamente, un caso de corrupción deleznable que condenamos con toda contundencia-, es evidente que no son más que una mentira más de las que nos tienen acostumbrados, con el habitual despropósito de deslegitimar la democracia. La verdad es que sorprende más tras el acoso del PP a la UDEF y al inspector Morocho. Desde luego, no están en condiciones de poder acusar a nadie de acosar a la policía judicial después del antecedente que tienen ustedes en la materia. Los informes de la UCO se están utilizando con fines políticos desestabilizadores, y no precisamente por los agentes investigadores. Mientras imputa al fiscal general por revelación de secretos y filtración de información, ¿cómo es posible que meses antes de enviarse los informes de la UCO a la justicia el señor Feijóo nos fuera relatando en las sesiones de control del Gobierno el contenido de esos informes, incluso reconociendo en una que tenía el informe completo? ¿Cómo es posible que el contenido de los informes policiales haya circulado con antelación por redes y medios de comunicación? El informe de la UCO fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio. ¿Cómo es posible que estuviera en manos de periodistas, que reconocen haberlo conocido por fuentes de la Guardia Civil? Y lo reconoce, entre otras, Pilar Gómez Rodríguez en declaraciones vertidas en el programa de televisión Todo es mentira. En el informe de la UCO aparecen transcripciones de audios intervenidos al tal Koldo; sin embargo, los medios de comunicación están difundiendo los audios íntegros, no las transcripciones. Esto solo puede haber salido de dentro de la propia UCO, y no hay más que revisar la cadena de custodia, señor ministro, para comprobar quién ha actuado con fines políticos, traicionando sus obligaciones deontológicas profesionales como policía judicial. (Aplausos).»