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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la...
«Pero también creemos que es fundamental armonizar las normativas sobre seguridad vial con los estándares internacionales, como ya han hecho o están haciendo todavía muchos países europeos, para garantizar una seguridad óptima en el conjunto de las carreteras. Es por eso que esta medida la entendemos justificada; una medida que, por cierto, viene avalada también por las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, a las que desde aquí aprovecho para agradecer su compromiso con la seguridad vial y su enorme tarea de concienciación en lo que respecta a la tolerancia cero cuando se conduce bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes. Además, hace muchos años, que todos sabemos que, si hemos bebido alcohol o hemos consumido drogas, no se puede conducir, jamás. De hecho, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, una generación entera -seguramente, la posterior a la mía-, se han incorporado ya a las carreteras imbuidos de esta idea, de este mensaje, así que no debe sorprender a nadie que se adapte la norma a lo que la conciencia social ya abraza.»
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Manuel Arribas Maroto · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la...
«Señorías, no estamos inventando nada. Países como Suecia o Noruega, referentes en seguridad vial, tienen una tasa de alcohol máxima de 0,1 miligramos por litro en aire espirado y 0,2 gramos por litro en sangre. Esta es la cifra que proponemos en esta iniciativa. Está demostrado que incluso un consumo mínimo de alcohol afecta a la capacidad de reacción al conducir un vehículo y aumenta exponencialmente el riesgo de accidente mortal. Los estudios científicos son claros. Un conductor con una tasa de entre 0,1 y 0,5 gramos por litro en sangre tiene tres veces más probabilidades de sufrir un accidente mortal. La Dirección General de Tráfico lleva años repitiendo que solo 0 alcohol es seguro, con lemas como 'Solo 0 alcohol tiene 0 consecuencias'. La propia Comisión Europea recomienda esta reducción como parte de su estrategia Visión Cero, cero víctimas en las carreteras. No podemos seguir enviando un mensaje ambiguo a la ciudadanía, no se trata de beber poco, se trata de no beber nada al volante. Señorías, no hay excusas, no hay justificaciones para no reducir la tasa de alcohol permitida y frenar la impunidad de quienes difunden los controles en las redes sociales. Debemos afrontar este debate y dar un paso adelante. La seguridad vial no entiende de colores, señorías. Cualquiera de los que estamos hoy aquí podemos ser víctimas al encontrarnos un conductor circulando bajo los efectos del alcohol, también nuestros familiares, nuestras mujeres, nuestros hijos o nuestros padres, que pueden salir un día a trabajar, a hacer su vida cotidiana, al colegio o regresar de cualquier actividad de ocio y tener la mala fortuna de encontrarse con un irresponsable que piensa que por haber bebido solo un poco puede estar en plenas facultades para conducir. Son muchas las familias y las vidas que se ven truncadas, muchos proyectos, muchas parejas, muchas familias en las que todo se va al traste por la decisión de un irresponsable.»
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Manuel Arribas Maroto · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la...
«Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy subo a esta tribuna para defender una proposición de ley que no debería suscitar ningún debate ideológico, porque hoy hablamos de salvar vidas, hoy hablamos de responsabilidad, hoy hablamos de seguridad vial y hoy hablamos de la obligación que tenemos, como legisladores, de proteger la vida de nuestros ciudadanos. Hoy hablamos de poner freno a una realidad dramática que, año tras año, deja un reguero de muertes evitables; de poner coto a la impunidad de quienes creen que pueden anteponer su irresponsabilidad a la vida de los demás. Esta proposición de ley persigue dos objetivos fundamentales: la reducción de la tasa máxima de alcohol permitida para la conducción y la prohibición en redes sociales de la ubicación de los controles de alcohol y drogas. Estas medidas son necesarias y están avaladas por la evidencia científica. Ambas medidas, señorías, no tengan dudas de que nos ayudarán a salvar vidas. Los datos son irrefutables. En España, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses señala que el 33 % de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico presentaban alcohol en sangre; también el 29 % de los peatones que murieron en las carreteras habían consumido alcohol o drogas. Según la Fiscalía General del Estado, en el año 2023 se registraron más de 50 000 condenas por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida. Cada una de esas cifras es una historia de dolor. Pensemos en Mario, un joven de 19 años que volvía a su casa después de celebrar su cumpleaños. No llegó. En su camino se cruzó con un conductor ebrio que, después de haber bebido en exceso, decidió ponerse al volante. Mario no tuvo opción. Su familia hoy sigue preguntándose por qué, por qué alguien pudo decidir sobre la vida de su hijo de una manera tan cruel. Mario no es un caso aislado, es el reflejo de la realidad que se repite cada semana en nuestras carreteras: vidas truncadas, proyectos de vida rotos y familias devastadas por la irresponsabilidad, una irresponsabilidad que podemos evitar desde aquí. Señorías, de verdad, ¿alguien puede seguir mirando hacia otro lado?»
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Cristina Agüera Gago · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«La ocupación ilegal de viviendas es uno de los problemas más graves que sufren miles de familias en nuestro país, un problema que no solo afecta a propietarios, no, también afecta a los vecinos, a la convivencia y a la seguridad de nuestros barrios. Se trata de un problema que está generando una profunda preocupación en aquellas personas que ven como no se las está protegiendo, a aquellas personas que, con esfuerzo y sacrificio, han trabajado toda la vida para conseguir una vivienda, pero que se ven afectadas porque un okupa se ha instalado en su vivienda o en una vivienda de su comunidad o en su barrio con las consecuencias que conlleva. Hoy, en España, los okupas se creen que tienen más derechos que los vecinos; se sienten respaldados por las leyes que, lejos de proteger a las personas que han trabajado toda una vida y que siguen trabajando duro para poder vivir, parecen estar diseñadas para ampararlos. Y, así, actúan con total impunidad, porque tienen claro que la ley y la mayoría de los partidos políticos de la izquierda, como se ha visto, protegen más al okupa que al ciudadano que cumple la ley. Lo vemos cada día, los propios vecinos se tienen que organizar, jugándose su seguridad, para evitar que sus comunidades, los edificios de sus barrios sean okupados, porque conocen las consecuencias. Yo lo he vivido en primera persona, lo he visto este fin de semana en mi ciudad: comunidades de vecinos de todo el barrio protegiendo viviendas de okupas porque se sienten desprotegidos por las leyes y por el Gobierno de su país, desprotegidos por su Gobierno. (Aplausos). Afortunadamente, contaban con el apoyo del Gobierno municipal del Partido Popular. En ningún otro país de Europa sucede que unos okupas entren en una vivienda que no es suya y que pasen a tener más derechos que los vecinos y que los propietarios. Eso es inaceptable, pero el Gobierno no toma medidas.»
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Cristina Agüera Gago · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«Gracias, presidente. Señorías, hoy, en nuestro país, podríamos haber acabado ya con las ocupaciones ilegales, porque ya podríamos tener vigente una ley que terminaría con ellas, que devolvería la seguridad y la tranquilidad a los propietarios y a los vecinos y que lograría, por fin, poner fin a la impunidad de los okupas. Esa ley es la ley antiokupación del Partido Popular. (Aplausos). Pero no tenemos esa ley porque el señor Sánchez y la señora Armengol decidieron bloquearla. No les importa convertir a España en el único país de Europa en el que un okupa tiene mayor protección que aquel a quien le roban su casa. Nuestra ley antiokupación -cuya toma en consideración se aprobó en el Senado en febrero del año pasado, en febrero de 2024- lleva más de un año esperando a ser debatida y aprobada definitivamente. Sin embargo, la han paralizado con cuarenta prórrogas, ¡cuarenta prórrogas! Su objetivo no es solucionar los problemas reales, sino seguir sometiendo las instituciones a las necesidades de Sánchez, a la continuidad en el Gobierno.»
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Guillermo Hita Téllez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«La ciudadanía está un poco harta de que la derecha y la ultraderecha no hagan más que meter miedo con este tema cuando los datos no corroboran para nada esta situación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan, conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente en los casos de allanamiento de morada, desalojando las viviendas prácticamente de inmediato, y en los casos de usurpación de inmuebles; aunque en este caso, sí, la actuación está sujeta a orden judicial. El ordenamiento jurídico español cuenta con mecanismos suficientes para enfrentar la mal denominada ocupación ilegal de viviendas. No obstante, este marco jurídico es susceptible de mejora, teniendo en cuenta la preocupación social que se denota en determinadas zonas y siempre sin menoscabo, claro está, de la protección de los colectivos especialmente vulnerables. Protejamos el derecho a la propiedad privada, el derecho de los propietarios de inmuebles, pero protejamos también el derecho de acceso a la vivienda que consagra el artículo 47 de la Constitución española. Paso firme y contundente y legislación que incida en la solución. El mercado no funciona por sí mismo, y ya se demostró: en tiempos de la burbuja inmobiliaria, cuando se construían aquí, en España, más viviendas que en el resto de Europa, los precios estaban al mismo nivel que en la actualidad.»
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Gerardo Pisarello Prados · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«Por eso es tan importante hoy recordar a los belicistas y a los especuladores de siempre, como ya cantaba el joven Bob Dylan en Masters of War, Los Señores de la Guerra, que hemos aprendido a ver detrás de sus máscaras, que sabemos que nunca han hecho más que construir para destruir y que mienten y engañan como el viejo Judas. Y es precisamente por eso, señorías, que no les vamos a permitir, ni a ellos ni a las derechas de esta Cámara, que nos distraigan con el debate clasista y racista de la okupación mientras se llenan los bolsillos con descaro. Por el contrario, vamos a seguir exigiendo, como en tantas ciudades de Europa, que se prohíban las compras especulativas de las viviendas a los fondos extranjeros, que se garanticen contratos de alquiler indefinidos y que se estrangule fiscalmente a los grandes rentistas, como pedían John Maynard Keynes o Michal Kalecki, y que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Frente a los sombríos tambores de la guerra y de la especulación rampante, ese será el canto de nuestras plazas, el de las manifestaciones feministas del 8 de marzo que nos recordaban que la violencia inmobiliaria es también violencia patriarcal o el de las recientes manifestaciones en Salt, Cataluña, en la que los maestros y maestras salieron a defender el derecho a un techo digno de sus alumnos de origen migrante para que nadie deje de estudiar por no tener una cama segura en la que dormir (aplausos); o el de las movilizaciones que tendrán lugar el próximo 5 de abril en ciudades de todo el Estado de la mano de los sindicatos de inquilinos e inquilinas, de las plataformas de afectados por las hipotecas o de las confederaciones por el derecho a la vivienda, para que los alquileres de temporada no sean el agujero por el que se cuelen las nuevas formas de especulación.»
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Etna Estrems Fayos · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«La realidad es que vivimos instalados en un mundo en el que se ha impuesto la idea de que cualquier día nuestra abuela bajará a por pan y cuando vuelva su casa estará okupada. Es real también que hay okupaciones, es real que hay bandas organizadas que actúan como una mafia y que trafican con casas vacías y con la desesperación de muchas familias que no tienen otra alternativa; es real también que la justicia es lenta, que a menudo la policía no llega a tiempo y que las okupaciones se alargan. Pero también es real que hoy esta iniciativa que nos presenta Junts per Catalunya quiere equiparar la violación del domicilio con la usurpación de inmuebles. Para que nos entendamos, para la gente normal, ¿qué es una violación de domicilio? La violación de domicilio es cuando alguien entra en tu casa, donde duermes, comes, crías a tus hijos e hijas, donde sueñas, donde quieres, donde tú construyes un proyecto de vida, violando así tu derecho a la seguridad y la intimidad. Un caso podría ser que alguien, por la razón que sea, desconoce el funcionamiento del país al que acaba de llegar y hay inmobiliarias que no le alquilan pisos porque se llama Fatima Karim o porque tiene un acento que les parece extraño y tiene que terminar comprando una llave de una vivienda por miles de euros, una vivienda que desconoce de quién es, pero que por desesperación, porque no tiene otra alternativa, compra. Otro caso podría ser alguien que ocupa un piso de la Sareb o de cualquier otro banco porque la alternativa que le queda es criar a sus hijos e hijas bajo un puente, y hoy lo que pretende Junts es que estos casos se traten por igual.»
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Etna Estrems Fayos · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«Buenas tardes. Muchas gracias. Yo hoy querría hablar de la gente normal. Y me dirán: ¿quién es la gente normal? La gente normal es la gente que se levanta por la mañana para ir al puesto de trabajo para ganarse la vida, la gente que levanta la persiana de su negocio, que trabaja en una fábrica, que cuida de nuestros hijos e hijas, de nuestros mayores, de nuestra salud y de nuestra seguridad. Esa es la gente normal, la que trabaja para llegar a final de mes y que lucha por que el mundo de los poderosos no se los trague. La gente normal vive en un piso de alquiler y cada mes sufre para pagarlo y para hacer frente a todos los gastos. La gente normal también es la gente propietaria de un piso en el que vive con su familia, y también la que con todo el esfuerzo del mundo ha podido conseguir tener una segunda residencia en el rincón del mundo que le ha robado el corazón. La gente normal es la gente que busca y busca vivienda y que no la encuentra porque los precios están por las nubes, porque no puede acceder con su perro o porque simplemente no hay vivienda en su pueblo o ciudad. La gente normal es la gente que utiliza las casas para vivir y no para especular con ellas, y para toda esta gente hoy tengo tres mensajes: un mensaje de realidad primero, luego uno de tranquilidad y después un mensaje de esperanza.»
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Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«No ha sido neutro el sesgo discursivo de algunos políticos y activistas mediáticos de extrema izquierda, que, junto con la respuesta permisiva legal y judicial, han contribuido en los últimos años a la proliferación de ocupaciones ilegales. Pero ¿son ciertos algunos discursos populistas que alarman a la ciudadanía sugiriendo que cualquier persona que puede salir de casa fácilmente se puede encontrar su domicilio okupado a la vuelta? No, y los datos lo desmienten, pero eso no significa que el problema no sea grave ni que no genere múltiples consecuencias negativas. Hoy hay muchas okupaciones que están vinculadas directamente con la delincuencia. Los ayuntamientos y la policía lo confirman. Crecen las viviendas okupadas por redes de narcotráfico, que las utilizan tanto para fabricar como para distribuir estupefacientes; redes delictivas que se encuentran protegidas e incluso estimuladas por la falta de respuesta judicial ante las okupaciones. Esta realidad tiene un efecto perverso en los vecinos y en su entorno: se generan conflictos de convivencia y de seguridad, y eso sucede más en los barrios más débiles. También vemos cómo han proliferado organizaciones más o menos complejas -más bien menos complejas-, también delictivas, que se dedican a forzar puertas, a acceder a las viviendas y a ceder esas viviendas a otras personas, a terceros, a partir de 3000 euros. Y en muchos casos se realizan conexiones fraudulentas para acceder a los suministros y no hacen frente a los gastos comunitarios, no se preocupan, cosa que degrada a las comunidades y pone en riesgo de incendios o de fugas de gas no solo a los propios okupantes, sino a los vecinos de esta comunidad.»
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Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«Hoy traemos a la Mesa lo siguiente en esta dirección: hay que evitar que la protección de la vulnerabilidad recaiga solo en particulares -los titulares de un inmueble- y hacer que, en cambio, la comunidad en conjunto sea la que asuma la responsabilidad. Las Administraciones no pueden dejar de proteger la vulnerabilidad y hacerlo recaer sobre los particulares. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a una calidad de vida: seguridad, salud, vivienda... Pero también, en su artículo 17, dice que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la propiedad. Esta declaración fija un marco común de protección para todas las personas y en todas partes, y hoy debería inspirar todas las políticas de todos los Estados. Y el sentido común nos debería impedir justificar que para garantizar un derecho humano podamos pisotear otro, es decir, que para garantizar el derecho humano a la vivienda podamos conculcar el derecho humano a que no se nos prive arbitrariamente de nuestra propiedad.»
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Marta Madrenas · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
«Hace muchos años que tanto en nuestro entorno político europeo como aquí se ha estado consolidando el estado del bienestar, con pilares como la salud, la educación, la seguridad y, más recientemente, los acompañamientos sociales; los pilares del estado del bienestar. Este sistema es posible gracias a los impuestos de todos: tener hospitales cuando estamos enfermos; enviar a nuestros hijos a las escuelas e institutos; gozar de un grado de seguridad gracias a la policía, y permitir, por ejemplo, que nuestros abuelos reciban una pensión, aunque sea escasa con demasiada frecuencia, después de toda una vida de trabajo y esfuerzo. Si digo esto es por lo siguiente: Junts per Catalunya defiende firmemente que la vivienda debe ser un nuevo pilar del estado del bienestar. Los poderes públicos tienen que aplicar políticas eficaces y disponer de presupuestos robustos y sostenidos con tal de que nuestros ciudadanos, jóvenes y familias, puedan acceder a una vivienda digna. Y fíjense que digo que son los poderes públicos los que tienen que garantizar ese acceso a la vivienda. Derechos como la salud o la educación no tienen que recaer sobre las espaldas o sobre los hombros de determinadas personas individuales. No; determinadas Administraciones públicas tienen que hacerlo con los recursos de toda la colectividad.»
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Macarena Montesinos · PP ·
Congreso · PlenoSolicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA...
«Nada nuevo, señorías, este es el patrón moral de la izquierda que, desgraciadamente, nos gobierna. Ya lo vimos en pandemia: se dedicaron a forrarse con la compra de mascarillas y a pactar fallidas mociones. (Aplausos.-Rumores). Y en plena tragedia, las infames mociones de censura de Chiva y Requena. (Varias señoras y señores diputados: ¡Mazón, dimisión! ¡Mazón, dimisión!). Así se escribe la historia de la izquierda, sacando rédito de las desgracias y politizando el dolor. Escuchen, sean demócratas. Prueba de ello es esta comisión, creada como regalo a Sánchez de sus socios para que pueda distraer la atención sobre la corrupción que azota a su Gobierno y a su familia. Ustedes no buscan la verdad, están en el rédito político. Pero España es mucho más que ustedes y mucho más que Pedro Sánchez, y, tras esta etapa sanchista del poder al precio que sea, saldremos adelante y tengan por seguro que los españoles examinarán sus promesas incumplidas y su inmoralidad. Pueden mentir, retorcer la verdad, pero la imagen de un presidente cobarde huyendo del pueblo, que lo ha perdido todo (aplausos.-Protestas), permanecerá siempre como el retrato de un Gobierno irresponsable. Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Varias señoras y señores diputados golpean rítmicamente sobre sus escaños mientras dicen: ¡Mazón, dimisión!).»
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Macarena Montesinos · PP ·
Congreso · PlenoSolicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA...
«Señorías, si quieren hablar sobre la gestión de la Generalitat, por supuesto que sí, pero deben hacerlo donde corresponde, en la comisión de investigación que ya está creada en las Cortes Valencianas. (Rumores.-Aplausos). En las Cortes Generales procede controlar al Gobierno de España, y ya lo estamos haciendo en la comisión creada en el Senado. Ahí es donde podremos hablar de quién es el responsable de la limpieza de los barrancos, de los ríos, de las presas, del dominio público hidráulico o del despliegue de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad o de las ayudas del Gobierno de Sánchez, que no han llegado todavía. Para eso se crea una comisión en las Cortes Generales, para investigar la gestión del Gobierno de España. Se lo han advertido los letrados hasta en dos ocasiones, obligándolos a reformular su solicitud. Las comisiones de investigación en las Cortes Generales no pueden invadir el régimen de competencias que corresponde a las comunidades autónomas. Y deberían recordarlo, porque en la legislatura pasada fueron precisamente ustedes quienes tumbaron comisiones sobre el abuso sexual a menores en la Comunidad Valenciana y en Baleares, siendo Armengol su presidenta. (Aplausos). ¿Y por qué? Porque, según ustedes, no procedía. Un ejemplo más del doble rasero de la izquierda de este país. (Aplausos).»
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Javier Sánchez Serna · Podemos ·
Congreso · PlenoSolicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA...
«La gestión criminal del Gobierno del Partido Popular durante la dana ya está siendo investigada en sede judicial. La jueza Tobarra está apuntando algo fundamental: que la Generalitat era responsable de avisar a toda la población valenciana en riesgo en aquella jornada y, sencillamente, no lo hizo. De hecho, la jueza señala en un auto demoledor que hubo -cito- una palmaria ausencia de avisos, pero también dice que los avisos que se enviaron tarde eran errados de contenido, pues pedían a la gente que permanecieran donde estaban, cuando era claro que se tenían que situar en un lugar elevado y seguro. Por este motivo, anteayer conocíamos la imputación de la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, y de su director general, Emilio Argüeso. Pero no es suficiente, porque al frente de todos ellos estaba el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, o debería estarlo aquella tarde, pero no lo estuvo. En la hora más crítica de la historia reciente del país valencià, su president estaba desaparecido. Puede que estuviera de comida y sobremesa en El Ventorro, una larguísima sobremesa, hasta que llegó a las 20:28 horas al CECOPI. O también puede que no llegara a esa hora al CECOPI, porque hoy el diario El Salto revela una información exclusiva y dice que la foto en la que Mazón está entrando al CECOPI está manipulada digitalmente. Podemos, como acusación popular, también pedirá a la jueza que incorpore al auto estas imágenes manipuladas.»
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Javier Sánchez Serna · Podemos ·
Congreso · PlenoSolicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA...
«Gracias, presidente. Señorías, el 29 de octubre de 2024 el país valencià sufrió una dana que provocó 224 fallecidos, evacuaciones de emergencia y una destrucción sin precedentes en el territorio. Las casas podrán ser reconstruidas y con las ayudas de las Administraciones se podrán pagar nuevos coches, pero las vidas humanas no van a recuperarse. Nadie va a devolver a esas personas a sus seres queridos, ni al padre que vio cómo el agua le arrancaba a sus hijos de los brazos, ni a la hija que esperaba a que su padre volviera, como siempre, del trabajo, ni a los nietos que horas antes se habían despedido de sus abuelos sin saber que su hogar, en una planta baja, se convertiría en una trampa sin escapatoria con la llegada del agua. Miles de personas quedaron atrapadas en sus hogares y en sus vehículos en Valencia y en las comarcas afectadas. Hubo gente que vio cómo sus viviendas se inundaban o cómo sus coches eran arrastrados en cuestión de minutos, mientras intentaban evacuar la zona. Y lo peor es que esas personas se podrían haber salvado, señorías. Si estas personas murieron es porque no recibieron la alerta de los servicios de emergencia hasta que ya era demasiado tarde para salir de forma segura; es decir, estas personas fueron indirectamente asesinadas. Hay que decirlo así y se va a decir con todas las letras: asesinadas por una gestión negligente y por unos gestores negligentes, antes, durante y después de la tragedia. Asesinadas por los recortes en servicios de emergencias que impulsó una coalición de Gobierno del Partido Popular y de VOX, por la falta de inversiones en las infraestructuras de drenajes y, sobre todo, por la gestión negligente del principal responsable político, del president Carlos Mazón, y de todo su Gobierno.»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoSolicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA...
«En definitiva, señoras y señores del Grupo Popular y señoras y señores del Grupo Socialista, lo que queremos es dejar bien claro, hacer patente que la ciudadanía del país valenciano tiene derechos, los mismos derechos que todas y todos ustedes; unos derechos -cabe decir- que también se contemplan en esta Constitución que tanto defienden ustedes siempre: el derecho a la vida, el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad. Estos son los derechos de los que son titulares los ciudadanos y ciudadanas del país valenciano, que, en el caso que nos ocupa, además han sido absolutamente vulnerados. Es así, señorías del Grupo Popular, aunque todo su partido, aunque todo Génova siga dando apoyo al Partido Popular del país valenciano. Termino, presidente. Nosotros trabajaremos para que esta comisión sea útil, trabajaremos para que se haga justicia, trabajaremos para que ante tanto horror y tanta oscuridad podamos ver algo de luz y algo de claridad. Y, como decía Estellés: No te han parido para dormir; te parieron para velar en la larga noche de tu pueblo. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la...
«En el Grupo Parlamentario Socialista apostamos por una regulación que salvaguarde los derechos de los menores en desamparo mediante la creación de un procedimiento judicial que incorpore garantías esenciales. Este proyecto de ley aborda y regula diversas cuestiones que hasta ahora no estaban resueltas y se orienta principalmente a establecer un procedimiento más garantista para la persona cuya edad se pretende determinar. Como ha dicho el ministro anteriormente, el Gobierno es plenamente consciente de que garantizar los derechos de los menores podría generar alguna incertidumbre en territorios con especial presión migratoria, pero quiero transmitir que impulsamos esta ley para resolver problemas con agilidad y seguridad jurídica, porque sabemos -nosotros somos conscientes- que la relación entre menor no acompañado y vulnerabilidad es incuestionable. Le diré que las personas no acompañadas que necesitan de este procedimiento jurídico son menores que generan dudas razonables sobre su mayoría o su minoría de edad, lo que suele suceder en el tramo de los 15 a los 17 años. Se trata de edades cruciales que son el punto de partida para desarrollar un proyecto de vida hacia una edad adulta. En el caso de no disponer de un documento civil en esta etapa, se condena a la persona a una situación de limbo jurídico que le perjudicará el resto de su vida y truncará su futuro. En cambio, si tuvieran en ese momento determinada la edad podrían iniciar los trámites para obtener un permiso de residencia, de trabajo, podrían trabajar, estudiar y formarse durante la estancia en el sistema de protección y podrían construir la vida que ellos quieren elegir.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la...
«Consideramos, por lo tanto, que es adecuado el enfoque general de las dos leyes, un procedimiento administrativo con presencia del fiscal, que instruye y dictamina, y también consideramos adecuado que el régimen sea garantista, que parta del interés superior del menor. Por lo tanto, por estos motivos votaremos también en contra de la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Quería ahora detenerme en la cuestión de fondo que plantea la enmienda a la totalidad. Me refiero más a lo escrito que a la intervención de su portavoz, que nos ha ofrecido una parafernalia que tampoco tenía mucho que ver con lo que nos ocupa hoy. Sin negar lo que hemos dicho, el nuevo régimen de determinación de la edad, que pivota sobre la presunción de la minoría y sobre las garantías procesales de la vía judicial, a pesar de que formalmente esté previsto que sea un procedimiento preferente y urgente, es previsible, es prácticamente seguro que vaya a comportar que un periodo para su resolución se alargue meses, quizás llegue a durar años. Esto, a la vez, impactará en los servicios de acogida, derivando en una saturación todavía mayor de los servicios de protección de los menores, que ahora mismo están abrumados, unos servicios que, como se sabe, no proporciona el Estado, sino que prestan las Administraciones autonómicas a través de los centros de acogida. El colapso del sistema de acogida en las islas Canarias, en Cataluña y en prácticamente todos los territorios del Estado es, de hecho, un riesgo directo para el objetivo prioritario de la propia reforma legal, es decir, la protección de los niños y adolescentes.»
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Josep Pagès i Massó · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la...
«Considerem, per tant, adequat tant l'enfocament general de les dues lleis, el pas d'un procediment administratiu amb preeminència del fiscal en la instrucció i resolució de la determinació de l'edat, i també considerem adequat establir un regim garantista que parteixi de l'interès superior del menor. Per aquestes raons, també hi votarem en contra de l'esmena a la totalitat del Partit Popular. Però sí que és cert que voldria aturar-me en la qüestió de fons que planteja l'esmena a la totalitat, i em refereixo més a l'escrit que no la intervenció de la seva portaveu, que ens ha ofert una parafernàlia que no tenia molt a veure tampoc amb el que es tracta aquí. Sense negar res del que hem dit, el nou règim de determinació de l'edat, que pivota sobre la presumpció de la minoria i sobre les garanties processals de la via judicial, malgrat que formalment està previst que sigui un procediment preferent i urgent, previsiblement de forma gairebé segura, comportarà que el període per a la seva resolució s'allargui uns mesos, probablement anys. I això a la vegada impactarà en els serveis d'acollida. Això derivarà en una saturació encara més gran dels serveis de protecció dels menors, que ara mateix estan sobrepassats. Uns serveis que, com és sabut, no proveeix l'Estat, sinó que proveeixen les administracions autonòmiques mitjançant els seus centres d'acollida. El col·lapse del sistema dacollida a les Illes Canàries, a Catalunya i a pràcticament els territoris darreu de lEstat és, de fet, un risc directe per a lobjectiu prioritari de la mateixa reforma legal, que és la protecció dels infants i els adolescents.»
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Sofía Acedo Reyes · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular...
«Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor ministro, como ha dicho, estos dos proyectos de ley, presentados por el Gobierno y que vamos a sustanciar en un solo debate, proponen la modificación, por un lado, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por otro, de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Esta modificación que se plantea supone un cambio sustancial en cuanto al procedimiento de determinación de la edad de los menores, trasladando al ámbito judicial lo que hasta ahora venía siendo una resolución administrativa a través de un decreto del ministerio fiscal. El objeto de esta, a priori, es diseñar un proceso de determinación de la edad más garantista que el actual, que asegure la protección y el interés superior del menor, a la vez que sea un proceso riguroso y ágil, sin dilaciones. Sin embargo, tal y como viene redactada, señor ministro, requeriría de importantes modificaciones para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. Por ello, como estamos interpelados por nuestros compromisos internacionales, mandatados por nuestra propia legislación, la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Supremo, debemos abordar esta reforma desde el compromiso firme de garantizar un sistema que, a la vez que proteja la vulnerabilidad de los menores, nos permita contar, y con vocación de permanencia en el tiempo, con un sistema ágil, respetuoso con el principio de seguridad jurídica, que evite el colapso del sistema judicial y, con ello, dilaciones indebidas que afecten a la tutela judicial efectiva y, al fin y a la postre, no produzca efectos indeseados o consecuencias difícilmente reversibles.»
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Cristina Teniente Sánchez · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley integral de impulso de la economía social.
«Buenos días, señorías. Damos la bienvenida a los representantes de la economía social que nos acompañan en esta mañana desde la tribuna. Señorías, señora ministra, la importancia de la economía social en España nos obliga a todos a hacer un debate con rigor, serenidad, responsabilidad y profunda sensibilidad, porque es un debate de enorme trascendencia y sensibilidad hacia las personas, sobre todo, receptoras del contenido de este proyecto de ley. No es un debate para dogmas y discursos vacíos, señora ministra, y quiero comenzar recordando que el Partido Popular no tiene que demostrar nada en cuanto a la voluntad de consenso porque es un firme defensor de la economía social; lo ha sido siempre, históricamente, desde la Ley de Cooperativas, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, al consenso respecto a las otras dos leyes que son objeto de esta reforma, pasando por nuestro protagonismo en las grandes reformas que se han producido en la economía social; en la más importante, la de 20115, o en la Estrategia Española de Economía Social. Y en esa rotunda, firme y contundente defensa de la economía social, compartimos la necesidad de un nuevo marco normativo, ajustado a los retos y a las transformaciones en lo económico y en lo social. Son nuevos tiempos y se tiene que reforzar el modelo cooperativo y se debe aportar más seguridad jurídica a los sectores afectados, claro que sí, cómo no vamos a compartirlo, pero, precisamente por eso, porque somos firmes defensores de la economía social, tenemos que decirles a ustedes, señora ministra, que discrepamos de aspectos sustanciales de esta reforma. ¿Sabe por qué? Porque viene a generar nuevos problemas, graves problemas a los sectores afectados, a las empresas y, lo más importante, a los colectivos más sensibles, como es el de la discapacidad. Vean los datos, escuchen, lean los informes con lectura comprensiva porque dicen y advierten de esto. No hemos formulado una enmienda de totalidad porque nuestro compromiso con la economía social nos aconsejaba no hacerlo, en atención y en la búsqueda de los consensos que siempre hemos pretendido en esta materia y también en atención a las reivindicaciones de los diferentes actores de la economía social, como CERMI, ONCE o Cáritas, entidades con las que mantenemos un diálogo fructífero, constructivo y útil, y esta va a ser la postura del Grupo Popular a lo largo de esta tramitación, buscar el consenso para mejorar los defectos graves de esta ley. (Aplausos).»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley integral de impulso de la economía social.
«En relación con sus afirmaciones sobre la Ley 44/2007 y las empresas de inserción, sus carencias conceptuales ya se multiplican exponencialmente. Las empresas de inserción son un claro ejemplo de cómo la solidaridad y la justicia social pueden ser herramientas reales para combatir la exclusión. Por eso no les gustan, porque, mientras que VOX pretende enfrentar al pobre con el pobre, las empresas de inserción demuestran que la solución no está en la competición entre los desfavorecidos, sino, al contrario, en crear oportunidades para todas. Por último, es necesario subrayar, como ya se ha hecho, que este proyecto de ley es consecuencia de un largo y productivo diálogo con el sector. Por eso incorpora sus expectativas y demandas, moderniza y agiliza su funcionamiento, al tiempo que asegura tres principios -tres, igual si se leen el proyecto se dan cuenta-: la seguridad jurídica, la transparencia y el cumplimiento efectivo del objeto de las entidades de economía social. Señoría, señor Hernández, esta enmienda es una declaración de intenciones. Defender los intereses de Musk, Milei y Trump no es patriotismo, es servilismo. Señorías de VOX, ustedes se envuelven en la bandera rojigualda más grande que encuentran, pero luego atacan lo que ha hecho verdaderamente fuerte a España: la igualdad, el avance en derechos y la dignidad de todos, todas y todes. Ustedes no son patriotas, no defienden la libertad ni defienden los derechos ni el bienestar de la gente. Ustedes, señorías de VOX, no son más que el miedo al cambio disfrazado de discurso. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley integral de impulso de la economía social.
«A ustedes les soliviantan especialmente los planes de igualdad en las cooperativas, pero es el sector el que desde hace años nos está pidiendo que regulemos los planes de igualdad cooperativos. Y, ¡oh!, les voy a dar otro disgusto hoy: es que ya existen los planes de igualdad en las cooperativas. El problema es que se han generado a partir de normas que no se adaptan a la estructura democrática y participativa de las cooperativas, y por eso quieren que los regulemos. Bajen de su atalaya, bajen, dejen de tocar de oído, escuchen al sector y a las personas y organizaciones a las que beneficia esta norma. En una sociedad democrática avanzada, en cualquier actividad laboral, societaria o profesional sería impensable que se mantuviesen situaciones de desventaja o de discriminación con el pretexto de la libertad de empresa. Hasta los ideólogos decimonónicos del mercado libre, poco sospechosos de defender políticas woke, temblarían por no establecer unas mínimas normas de justicia y transparencia. Pero, claro, es que esos ideólogos de hace dos siglos son pensadores audaces, al lado de su admirado Javier Milei, que ha convertido Argentina en un experimento de austeridad extrema, con recortes salvajes, privatizaciones sin control y un desprecio absoluto por los sectores más vulnerables. Su seguidismo a Milei es tal que confunden la existencia de instrumentos que aseguren una justa y transparente competencia en el mercado con intervencionismo, y, para dejar clara su confusión, en esta enmienda ustedes defienden a las falsas cooperativas. ¡Defienden en esta enmienda el fraude! ¡Vaya que sí! Lean lo que escriben. Miren, las falsas cooperativas aniquilan los derechos de trabajadores y trabajadoras: se presentan como cooperativas, pero, en realidad, son empresas que imponen condiciones abusivas y los fuerzan a hacerse falsos autónomos para esquivar sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. (Aplausos). Para quienes trabajan en esas falsas cooperativas no existe el derecho a vacaciones, la indemnización por despido ni las bajas por enfermedad o una cotización justa por jubilación. De verdad, yo los animo a que se paseen en Pontevedra por Porriño, por la calle Gómez Franqueira, para que les cuenten cómo es soportar jornadas de catorce, quince y dieciséis horas despiezando carne en condiciones nada dignas y del siglo XIX. Este es su modelo, es el modelo de Elon Musk, el modelo de la explotación, el de los despidos masivos sin miramientos, el del desmantelamiento de la negociación colectiva, el de la desregulación total para que solo los poderosos salgan ganando. Este es el futuro que defiende VOX, y lo hace por escrito en cada enmienda a la totalidad.»
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Jordi Salvador i Duch · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley integral de impulso de la economía social.
«Ante la precariedad, estabilidad; ante la especulación, redistribución; ante el sálvese quien pueda, solidaridad. La economía social crea trabajo digno y estable, y aquí está la gran diferencia. Por eso les molesta: es una alternativa a la explotación laboral y a los contratos basura y los sueldos miseria que defiende esta gente. La economía social genera ocupación de calidad, incorpora a personas con discapacidad, gente en el paro de larga duración, jóvenes sin oportunidades, da seguridad y estabilidad. Y cuidado con este detalle: las diferencias salariales en la economía social son mucho menores. Los sueldos de los directores no se aumentan de manera obscena, cuando a veces hoy la diferencia entre el salario que cobra un trabajador y su ejecutivo en algunas empresas puede llegar a ser del 20 o 30 %, y ahí callan. El cooperativismo molesta a las derechas, porque buscan un modelo en el que algunos cobren cien veces más que otros. Y la economía social fomenta la igualdad de género, y a VOX también le horroriza la igualdad de género. Datos: las mujeres cobran un 24 % más en la economía social que en la mercantil, hay más conciliación, más mujeres en cargos de responsabilidad, menos discriminación. ¿Y VOX qué hace? Nada, o, aún peor, niegan la brecha salarial que existe, niegan la desigualdad que existe y atacan cualquier política que ayude a las mujeres a tener los mismos derechos y oportunidades; es su obsesión enfermiza.»
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Carlos Hernández Quero · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley integral de impulso de la economía social.
«En consecuencia, comprenderán ustedes -a pesar del mitin al que hemos tenido que asistir sin tener carné de SUMAR- que el modelo cooperativo cuente con toda nuestra simpatía y con todo nuestro afecto, porque es un modelo estupendo para aquellos que creemos que los cuerpos intermedios son valiosos y para quienes no rendimos culto ni al ciudadano escuálido y atomizado del 'yo me lo guiso yo me lo como' ni a la humanidad abstracta, homogénea e incorpórea que algunos entusiasman. Si ayer tenía razón de ser el modelo cooperativo, hoy lo tiene más que nunca, porque las personas se ven cada vez más pequeñas ante grandes corporaciones que se desentienden de su fortuna y ante enormes maquinarias burocráticas que no respetan ni su libertad ni su naturaleza. Así que sí, hoy es más necesario que nunca. Sin embargo, señorías, no corren buenos tiempos para ser cooperativista en España, porque, ¿qué le preocupa a un cooperativista de nuestro país? Si es agricultor, seguramente la competencia desleal de los productos extranjeros que pone en jaque y acaba con su medio de vida; la subida de impuestos, como por ejemplo al diésel, que necesita para poder trabajar; o los ataques continuos a sus costumbres. Si es ganadero, ¿qué le puede preocupar? Echar más horas en un despacho que en la dehesa, más tiempo haciendo cola ante una ventanilla de la Administración que en el veterinario, no poder defender a su ganado de los ataques del lobo o tener que producir a pérdidas. Seguramente eso le preocupe. Si es pescador, ¿qué cree usted que le preocupa? ¿Las comisiones y los planes de los que usted hablaba o las restricciones arbitrarias, por ejemplo, que vienen de Bruselas y que amenazan su futuro laboral? ¿Qué cree usted que le preocupa más? Si su cooperativa, pongamos, estuviese dedicada al suministro de aceite, ¿qué le preocupará? Seguramente las talas masivas de olivos y las expropiaciones forzosas de campos enteros para regalárselos a los caciques de las renovables. Seguramente sea eso lo que le preocupe y no lo que usted ha estado contando aquí. (Aplausos). A cualquier cooperativista, a cualquiera, lo que le preocupa es este modelo fiscal y regulatorio cada vez más asfixiante que lleva a su trabajo a la extinción, y este modelo económico cada vez más global y competitivo que lleva a sus comunidades a la desintegración. Pero, bueno, ustedes vienen aquí a decirnos que están muy a favor de las cooperativas, y yo pregunto: ¿Están a favor de las cooperativas los que se cargaron las cajas de ahorros? ¿Están a favor de las cooperativas los de la concentración bancaria? ¿Están a favor de las cooperativas los heraldos de una globalización que destruye la pequeña explotación, la pequeña industria y el pequeño comercio en favor de la multinacional y la franquicia? ¿Están a favor del consumo de cercanía los que deslocalizan la producción de aquí y se la llevan a miles de kilómetros? ¿Están a favor de una cooperativa agrícola los del Pacto Verde y los de la Ley de Restauración de la Naturaleza? ¿Están a favor, de verdad, los que exigen a nuestros productores que satisfagan requisitos que no piden a los de fuera? ¿Están a favor de las cooperativas agrícolas los que firman acuerdos comerciales que suponen la invasión en nuestros mercados de fruta y verdura de mala calidad, producida a miles de kilómetros de distancia? (Aplausos). ¿Los que se jactan de estar defendiendo Mercosur están a favor de las cooperativas? ¿De verdad? ¿Los que prohíben explorar y explotar nuestros recursos están a favor de las cooperativas? Y, por supuesto, lo último, los de la izquierda, los del caso PSV, el mayor escándalo de una cooperativa de vivienda social, que estafaron a más de veinte mil cooperativistas obreros, ¿están ustedes a favor, de verdad, de las cooperativas? (Aplausos).»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley integral de impulso de la economía social.
«Pero, sobre todo, señorías, este proyecto de ley es el fruto de un diálogo intenso y sostenido con los agentes económicos y sociales, pues ha sido construido con consenso y cooperación con las entidades representativas de la economía social. En general, quiero dar también las gracias a todas las formaciones políticas de esta Cámara, prácticamente a todas, que han trabajado y contribuido a mejorar esta norma, porque además responde a una demanda histórica. Como digo, también han formado parte de ella. Creo que han sido meses de conversaciones productivas, pero no nos vamos a quedar aquí. Les anuncio que, por fin, vamos a llevar el proyecto de ley al Consejo para el Fomento de la Economía Social, que como saben es un órgano consultivo que rescatamos del olvido tras demasiados años de inactividad en nuestro país. Señorías de VOX, el diálogo es una marca de este ministerio y con este proyecto lo volvemos a demostrar. Que digan que esta ley solamente puede ser vista como una reforma cosmética y drásticamente limitada, que se queda en medidas superficiales y que no responde a las necesidades reales de las cooperativas y empresas de inserción, como ustedes insisten, además de ser falso creo que supone un menosprecio al papel fundamental que la economía social desempeña en su propia construcción e implementación. Como señalan, es cierto que las cooperativas han solicitado una actualización normativa, y es precisamente esta y no otra la actualización que han demandado. Así lo han manifestado de manera reiterada las propias entidades de la economía social que respaldan el contenido de esta ley, que, como saben, se estructura en cinco grandes ejes: su modernización, la promoción de la economía social, la igualdad -señorías de VOX, la reclama el sector-, la protección y la seguridad jurídica.»
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Carlos Martín Urriza · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo...
«No hay un infierno fiscal en España, señorías del PP, lo que sí hay es un infierno en las listas de espera de la sanidad de las comunidades autónomas que ustedes gestionan. (Aplausos). ¿Y por qué ocurre esto? Porque ustedes evitan reducirlas por dos vías. La primera, impidiendo que esta Cámara apruebe las transferencias a comunidades autónomas y a corporaciones locales; ustedes se han opuesto a que esta Cámara apruebe los pagos a cuenta. También lo hacen privatizando los hospitales públicos, que ahora cuestan a los ciudadanos un 30 % más caros. Quieren convertir a España en un infierno sanitario como el que hay en Estados Unidos. (Protestas). Con ese fin, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid impidió que durante la pandemia se atendiera a 7291 ancianos si no tenían un seguro privado. (Aplausos). También vemos cómo algunos influencers y youtubers no se pueden esperar a que ustedes conviertan la sanidad pública española en el modelo privado de Estados Unidos y se han trasladado ya a ese país; ya sabemos que alguno ha vuelto porque ha enfermado de gravedad y ha visto que allí no puede pagar las facturas. (Aplausos). Protejamos la sanidad pública, como hace la ministra Mónica García, porque esta es la garantía para que España no se rompa y para evitar el infierno neoliberal al que nos quieren llevar algunos. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR, puestos en pie).»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo...
«Hay que reformar -y termino, presidenta- la ley de estabilidad financiera para permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes; hay que negociar los objetivos de déficit con los grupos que le han dado apoyo al Gobierno, que le han dado apoyo aquí, en el Congreso de los Diputados, y hay que actualizar las transferencias. Ahora más que nunca hay que actualizar las transferencias, en un año de recaudación récord, según palabras del propio Gobierno. Hagámoslo. Entendemos que es este el camino que hay que recorrer si quieren tener apoyos para su política fiscal, señorías del Partido Socialista. Seguro que no los tendrán si, en cambio, transitan por ese camino de hacer decretos ómnibus negociados con la derecha o retoques fiscales que no hacen que quien más tiene más pague, porque quien más tiene, para nosotros, es quien más tiene que pagar. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Teresa Jordà · ERC ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo...
«El Partido Popular también nos propone actualizar las transferencias a las comunidades autónomas y a las entidades locales con la estimación de recaudación para el año 2025. Déjeme que lo diga: no se entiende cómo un Gobierno progresista aún no ha llevado a cabo esta propuesta. Me duele de verdad tener que darle la razón en este caso al Partido Popular, pero es que no se entiende. Señorías del Partido Socialista y de SUMAR, si quieren financiar un estado del bienestar -entendiendo que, como nosotros, quieren un estado del bienestar digno-, las comunidades autónomas y los ayuntamientos necesitan más recursos. La solución estructural yo creo que es muy clara, creo que es clarísima: soberanía financiera para que la Generalitat, en este caso, pueda por fin utilizar lo que ha recaudado de aquello que es de los ciudadanos y ciudadanas de allí donde se recauda. Mientras tanto, toda medida es poca para mejorar un marco fiscal diseñado por ustedes, porque ese marco fiscal lo diseñaron ustedes y, con toda seguridad, alcaldes, concejalas y concejales del Partido Socialista también quieren cambiar, sospecho.»