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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
401 declaraciones · página 12 de 14
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Necesitamos democratizar y modernizar la justicia, que se abandonen las tentaciones corporativistas de elección de órganos. Como cualquier institución de un Estado de derecho, la justicia debe aceptar el criterio de la soberanía nacional y popular, que es lo que mandata la Constitución. Por eso proponemos un gran acuerdo -y acabo, presidente- para proteger a los ciudadanos del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, de los ataques al buen nombre y al prestigio de muchas personas, que soportan investigaciones judiciales sin fundamento que se alargan en el tiempo con la única intención de intervenir en política y dañar la credibilidad del que se considera adversario político. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«La sociedad española padece esperpénticas actuaciones judiciales. Una audiencia provincial que, con una resolución de tres páginas, deja sin efecto un auto de más de cien páginas de un juzgado de Instrucción tras dos años de investigación, que llegó a la conclusión de que no había el más mínimo indicio de que Mónica Oltra hubiera cometido delito alguno. (Aplausos). Pero la misma Audiencia Provincial que es incapaz de esgrimir un solo indicio delictivo opina que con Mónica no debe aplicarse ni el principio de mínima intervención del derecho penal ni el de presunción de inocencia. Alucinantes resoluciones judiciales sobre presuntas operaciones con tropas rusas por las ramblas mediterráneas o criptomonedas del Kremlin supuestamente utilizadas para pagar urnas. Y la verdad, no conocemos ninguna actuación de los órganos disciplinarios del Consejo del Poder Judicial sobre la cada vez más frecuente utilización politiquera de la Administración de Justicia, siempre para desprestigiar y acosar a los adversarios políticos de las diversas derechas patrias. No conocemos ninguna declaración del presidente de este agotado Consejo General del Poder Judicial referida a la coaptación política corporativa del Poder Judicial.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación en el Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales; en cambio, han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan. No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2/2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy cuando ustedes tenían más de seiscientos dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción. Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia. En el año 2022 un escaso 38 % de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena; ahora, tan solo un 3 %. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud público; por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas también gestionados por gobiernos del Partido Popular. Más de un 70 % de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia, un 50 % opina que es poco satisfactoria y el 20 % cree que no es nada satisfactoria. Esto son las consecuencias del bloqueo del Partido Popular desde hace más de cinco años a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy veinticinco vacantes en sus salas, un 31 % de su plantilla.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«La propuesta también nos parece inadecuada porque el Congreso, como ya se ha dicho, está tramitando distintas reformas del servicio público de justicia que abordan la competencia y jurisdicción de órganos judiciales: el Real Decreto Ley 6/2023, el proyecto de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Además, francamente, dudamos de la calidad técnica de la propuesta. El nuevo apartado d) del artículo 65.1 que nos proponen sobresaturaría la Audiencia Nacional de casos de narcotráfico de poca monta. Por ejemplo, la banda de narcotraficantes ultraderechistas que asesinó a Borja Villacís opera exclusivamente en la provincia de Toledo, pero con su propuesta quedarían bajo la competencia de la Audiencia Nacional por ser una banda narcotraficante integrada por un número importante de ultraderechistas, por utilizar armas peligrosas y de guerra y por manejar medios avanzados de comunicación y transporte. Creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen suficientes medios, sin saturar la Audiencia Nacional, para combatir estas bandas de narcotraficantes o de ultraderechistas. (Aplausos). Existen en distintas provincias bandas de estas características, según se ha publicado, pero la Audiencia Nacional ya tiene competencias en el artículo 65.1.d) actual para perseguir el crimen complejo de alto impacto, como es el caso de lo que ocurre en Cádiz.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Señor presidente, señoras y señores diputados, una propagandística y clónica propuesta. La Audiencia Nacional tiene carácter especializado para el conocimiento de delitos graves, como el crimen organizado y el narcotráfico, pero, efectivamente, es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista, el represivo tribunal de excepción de la dictadura franquista. Por eso durante años se ha cuestionado que su existencia respetara el artículo 24 de la Constitución: el derecho al juez natural predeterminado por la ley. El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad al entender que existían supuestos que podían hacer razonable su competencia sobre determinados hechos. Que asuma esas competencias un tribunal especializado, máxime si hay dudas de la competencia territorial para investigar. Pero la Audiencia Nacional ha sido cuestionada por numerosas sentencias de muchos tribunales de países europeos. Por todo esto, parece bastante prudente limitar su ámbito competencial en lugar de ampliarlo de forma exorbitada. Son los órganos judiciales territoriales los que deben garantizar la inmediatez judicial y ofrecen mayores garantías para quienes deban utilizar el servicio público de justicia.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«El traspaso de la sanidad a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas está previsto en la ley desde hace años. La pregunta es: ¿por qué catorce de las diecisiete comunidades autónomas no han dado este paso? Esto sí que provoca situaciones de degradación de la convivencia en prisiones. Eso sí que multiplica la peligrosidad debido a los problemas de salud; a los problemas de salud mental, demasiado frecuentes en los internos. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener a una persona con un problema de salud mental en una prisión y que no esté recibiendo el correspondiente tratamiento? También es necesaria la incorporación del principio de igualdad de trato y no discriminación, porque hay que garantizar que toda la actividad parlamentaria y todo el tratamiento cumple con la Ley Orgánica 3/27, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Hoy no se cumple. Las mujeres internas deben tener las mismas posibilidades de intervención tratamental y de clasificación interior que tienen los hombres internos.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Quiero manifestar nuestro cariño por Nuria López, por su familia y sus allegados, la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, asesinada el 13 de marzo por un interno que, a continuación, se suicidó, que no estaba tampoco muy bien. Esta mujer era personal laboral, y esto ha sido un hecho lamentable que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible, pero que no se habría evitado aunque el pasado mes de marzo los funcionarios hubieran ya tenido el reconocimiento de agentes de la autoridad. En la práctica, ese reconocimiento no va a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios. Hoy, prácticamente en la totalidad de los casos que se juzgan por agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas. Yo sugiero que, si esta PL se aprueba, se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles, como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones. Si no se da el debido tratamiento a los internos, eso acaba repercutiendo en las condiciones de trabajo del personal. Hay deficiencias de los servicios sanitarios y de salud; falta de personal médico, de enfermería; mala remuneración del desempeño profesional; falta de medios técnicos para atender a los internos, y la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes que un médico o una médica que tiene que atender a un interno no puede acceder al expediente sanitario de ese interno en los sistemas de atención pública? Es así, salvo en las comunidades autónomas de Navarra, la Comunidad Autónoma vasca y Cataluña, las únicas que han abordado este problema con seriedad incorporando los servicios sanitarios y de salud a los correspondientes servicios públicos de esas comunidades autónomas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«En todo caso, nuestra objeción es que este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas. Es un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance de los discursos de las derechas. Lo vimos ya la semana pasada en este Pleno con el debate de endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto; una reforma que consideraba algo habitual o masivo una situación que no lo es, que es un problema reducido y limitado: pero, además, para solucionar este problema, se proponían sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas. Es decir, estos discursos que aceptan el populismo punitivo, que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha. Insisto: España tiene una tasa de criminalidad muy baja con respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se quiera poner como ejemplo. A su vez, somos uno de los países más seguros del mundo y, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países de Europa con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos que tiene Alemania por millón de habitantes, o un 25 % más que Italia, y esto nos tiene que hacer reflexionar.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de...
«Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones. Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios. A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«¿Pero el problema cuál es? -y acabo-: la población penitenciaria. Ahí sí tenemos un grave problema. España tiene el mismo número de reclusos que Alemania o Italia, solo que Alemania tiene 40 millones de habitantes más que los españoles e Italia 15 millones más. No se solucionan las cosas metiendo a la gente en la cárcel, se solucionan creando empleo, poniendo en marcha programas de atención social. (Rumores). Sí señor, ya sé que ustedes desconocen cualquier solución que no sea el látigo, pero con sus políticas lo que hicieron fue incrementar la delincuencia. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«Mire, con la reforma que ustedes hicieron en el 2015 no bajaron los índices de criminalidad, eso es cierto, subieron; sin embargo, los delitos contra el patrimonio y los hurtos se han reducido, según los datos de Eurostat y del Ministerio de Interior, en este primer trimestre de este año un 2,3 % y un 4 % los hurtos, estando en vigor la reforma que hizo este Gobierno en el año 2022. Crear preocupación social desproporcionada sobre problemas que no son de la dimensión que ustedes dicen, que obviamente existen, lo que hace es que luego ascienda el voto a la ultraderecha en Europa. Eso es lo que están ustedes provocando con este tipo de propuestas sumamente desproporcionas e irresponsables. Y decía usted: Son los problemas que preocupan a la gente. Mire, yo tengo aquí los problemas que preocupan a la gente según los actuales datos estadísticos. Y le digo una cosa, en abril del 2024, según el CIS, los principales problemas de la gente eran la crisis económica, el paro y la corrupción. La inseguridad ciudadana o la delincuencia estaba en el puesto veintiuno. (Aplausos). ¿Cómo que ese es el problema que preocupa a la gente? La realidad es que te vas a la calle a comprar el pan y no te okupan la casa; ni te okupan la casa ni vuelves sin la cartera y sin haber podido comprar el pan (risas.-Aplausos), porque ni esto está lleno de carteristas ni a todo el mundo le van quitando la casa. En España, les guste o no, tenemos la mitad o un 75 % menos de criminalidad que en Alemania o en el Reino Unido, según las estadísticas europeas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«¿La realidad cuál es? Que ahora incorporan el agravamiento de las penas por hurtos de teléfonos móviles, pero también de dispositivos que contengan información. Eso es un término jurídico bastante impreciso, y le formulo un supuesto: una Nintendo de un niño pequeño contiene información y, por tanto, ¿el robo de varias Nintendo también lo vamos a agravar con la multirreincidencia, con una pena de uno a tres años de cárcel? (Aplausos). Esto va a afectar a infracciones cometidas entre gente joven. Es verdad que, probablemente, si son menores de edad no se les vaya a aplicar la misma pena, pero sí se les va a aplicar el tipo penal, y a los mayores de dieciocho años sí se les van a aplicar, claro que sí, los tres años por robar Nintendos. Y luego está el caso de la estafa inferior a 400 euros, que son delitos leves. Ustedes también las incrementan. Ahora mismo la condena es de uno a tres meses, y ustedes están contemplando la posibilidad -la introducen aquí- de condenas de hasta tres años de prisión. Es decir, es exactamente el mismo agravamiento que tiró el Supremo. El Supremo dijo en el año 2017 que era desproporcionado incrementar una pena de uno a tres meses de multa hasta un arco que puede llegar hasta los tres años de prisión, y ustedes ahora lo introducen en el caso de las estafas inferiores a 400 euros.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«La adaptación del Código Penal a lo establecido por el Supremo la hizo el Gobierno de coalición en el año 2022. Y es verdad que se añadió una nueva redacción sobre la multirreincidencia que a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos pareció exorbitada, pero la votamos porque reducía ese supuesto de hasta tres años de prisión a dieciocho meses. Ustedes entonces se abstuvieron y es verdad que ahora traen una reducción de ese supuesto de reincidencia de hurtos leves, de delitos leves -lo que antes eran las faltas-, de los dieciocho meses máximo que estaba en la reforma de 2022 hasta un máximo de un año. Eso está bien, lo reducen, dos años menos de lo que propusieron en 2015, pero ¿por qué proscriben en esta misma reforma, al hacer esta reducción, la aceptación del cumplimiento de la condena en este caso de hurtos? ¿Porque ustedes prohíben en esta reforma que a una persona que está en la cárcel por hurto se le pueda suspender la condena después de haber cumplido una parte proporcional? Eso no tiene ninguna explicación más que ese tipo de castigo que ustedes buscan siempre contra los más pobres; es decir, cosas que a un infractor de un delito, por ejemplo fiscal, no se le tiene por qué limitar, resulta que ustedes en este caso de multirreincidencia sí lo limitan.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código...
«Señora presidenta, señorías, el PP quiere subsanar la reforma del Código Penal que presentó en el año 2015 y que introdujo la posibilidad de aplicar el agravante de multirreincidencia a los delitos leves, las antiguas faltas de hurtos inferiores a 400 euros, eso es de lo que estamos hablando. La reforma fue dejada sin efecto por las sentencias del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Supremo consideró que la reforma era de todo punto desproporcionada. Eso es lo que dijo. Es decir, el PP en aquel momento convirtió una pena de multa de uno a tres meses en una pena de prisión de hasta tres años. Hasta el Supremo dijo que era desproporcionado. Y ahora nos traen, de otra forma, los mismos incrementos en otros supuestos, también hasta tres años. Esto se hizo el mismo año de las reformas mordaza. A eso es a lo que se dedicaba el Partido Popular en el año 2015. Obviamente, estamos hablando de los casos de reincidencia, pero los casos de reincidencia no son casos idénticos a organizaciones criminales. Como decía el profesor Edwin Sutherland, maestro de la criminología de principios del siglo XX, en aquel brillante libro llamado Ladrones Profesionales, son casos de ladrones profesionales, personas en situaciones de exclusión que muchas veces no han tenido oportunidad de tener otra profesión. Y organizaciones criminales son las que se dedican al blanqueo de capitales, al tráfico de armas, al narcotráfico o a la trata de personas, para lo cual hay que tener medios y recursos económicos; es decir, son supuestos muy distintos. Estamos hablando de personas en situación de exclusión social, de lo que popularmente se llaman 'robagallinas'. Por cierto, ustedes proponen penas superiores o iguales a los delitos más graves del Código Penal, aquellos que solamente pueden cometer personas o sociedades con alta capacidad económica, y les voy a dar ejemplos. Están proponiendo reformas que pueden llegar a condenas de tres años, exactamente como la máxima que hay en el Código Penal ahora mismo para la alteración de los precios de concursos y subastas públicas; o tres veces más de la máxima prevista en el Código Penal para los delitos relativos al mercado y a los consumidores; o tres veces más de la prevista para el delito de sobrefacturación; o igual a las previstas más graves para administradores que cometen delitos societarios. ¿Usted cree que un delito societario puede gravarse o penarse igual que cuando un infractor roba tres móviles? Pues, francamente, yo creo que eso no es posible en una democracia. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«De no poner fin a esta situación, el daño causado a la democracia será irreparable. Por eso, en SUMAR proponemos a todas las fuerzas democráticas adoptar medidas ya para fortalecer la democracia y recuperar el Poder Judicial para el Estado de derecho. Primero, modificar el procedimiento de renovación del Consejo del Poder Judicial para liderarlo del secuestro. Segundo, reformar las competencias del Consejo para ejercer las establecidas en la Constitución, sin interferencias de la derecha, para que el servicio público de justicia pueda seguir funcionando. Tercero, reformemos el acceso a la carrera judicial y fiscal primando la formación continua, el equilibrio y la experiencia jurídica, acabando, mediante becas, con tanta endogamia de preparadores opacos ante la Agencia Tributaria. (Aplausos). Cuarto, ampliemos los supuestos de anormal funcionamiento de la justicia incorporando declaraciones públicas de reparación del daño causado al buen nombre de personas sometidas a investigaciones eternizadas con fines claramente políticos. Quinto, reactivemos el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción corra a cargo de los fiscales, como ocurre en todos los países de Europa. Y deroguemos, por supuesto, la reforma de la ley mordaza del Partido Popular, no repitamos el fracaso de la anterior legislatura. Reformemos también la Ley sobre Secretos Oficiales y la ley de tratados internacionales para cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y la democracia. Hoy nos felicitamos por haber reconocido al Estado palestino, como han hecho más de ciento cuarenta países. Recuperemos ahora la jurisdicción universal y acabemos con la impunidad del genocidio de Israel en Palestina. El trabajo de la Corte Penal Internacional está amenazado por la ley de Estados Unidos que prohíbe colaborar con la Corte Penal Internacional...»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Lo que debilita el Estado de derecho son interferencias permanentes. Por ejemplo, debilita el Estado de derecho el acoso a sedes de partidos políticos por todo tipo de ultras que desprecian la Constitución. Debilitan el Estado de derecho las resoluciones del Consejo sobre leyes inexistentes, por aquello de 'el que pueda hacer, que haga', aunque se politice y degrade la institución; debilita el Estado de derecho la difusión en los cuarteles de cartas que utilizan la ley de amnistía como excusa para pedir un golpe de Estado para socorrer España; debilita el Estado de derecho que las autoridades judiciales de Almería, Córdoba o de Sevilla, entre otras, convoquen manifestaciones de jueces y fiscales con toga, abandonando su obligación de neutralidad política. Señores del Grupo Popular, Europa se enfrenta a un evidente riesgo de guerra generalizado por primera vez en ochenta años. En vez de preocuparse por este riesgo de guerra y combatirlo, se dedican a deslegitimar las instituciones democráticas. (Aplausos). En España, la principal amenaza al Estado de derecho y a la convivencia constitucional es un Partido Popular, una derecha dispuesta a acabar con la democracia con tal de gobernar. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Por el contrario, a ustedes la Constitución se les ha hecho muy grande y trabajan para limitarla, para empequeñecerla. A la derecha se le llena la boca de Constitución y a la mínima oportunidad la incumplen o bloquean. Tres veces ha sido bloqueada la renovación del Poder Judicial en democracia y las tres veces por el Partido Popular, cuando no ha tenido mayoría parlamentaria para poner el Consejo a su servicio, pero nunca habían llegado a estos extremos, con más tiempo en funciones que un periodo de mandato regular. Más de cinco años secuestrando el Poder Judicial y bloqueando su renovación. Esta actitud es lo que debilita al Estado y la convivencia, la degradación del servicio público de la justicia, con docenas de nombramientos judiciales aplazados, impidiendo el funcionamiento de los tribunales y el Tribunal Supremo con las Salas de lo Contencioso-Administrativo, de lo Militar y, en breve, de lo Social y de lo Penal colapsadas. Evidentemente, el expresidente del Consejo tuvo que dimitir ante el bloqueo de esta renovación y han renunciado media docena de cargos de responsabilidad de los órganos técnicos del Consejo en los últimos meses. ¿Acaso busca el Partido Popular el colapso de la Justicia para que sea más difícil investigar sus corruptelas, como la que afecta a la pareja de la señora Ayuso?»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«No son las políticas del Gobierno, sino los ataques a la democracia por la derecha española las que afectan a la fortaleza del Estado de derecho y a la convivencia constitucional. Nuestra desgracia es que, a diferencia de otros países de Europa donde la derecha ha condenado el horror del fascismo, en España la derecha no ha roto vínculos con su pasado de apoyo y participación en la dictadura. La derecha española nunca luchó por la democracia y, salvo cuando es el PP el que está en el Gobierno, no respeta la democracia. Desde que se constituyó el Gobierno de coalición en el año 2019, la derecha se ha acostumbrado a romper las reglas del juego democrático. Hoy, 9 de abril, es el aniversario de la cuarta legalización del Partido Comunista de España (aplausos), tres veces ilegalizado por las derechas en cien años y, por cierto, destinatarios de una amnistía que dio origen a esta democracia. Hemos peleado por la democracia durante cuarenta años de dictadura. Nos hemos sacrificado y cedido para que la derecha aceptara la Constitución, Constitución que nos parece insuficiente desde que la derecha empezó a aplicar las políticas neoliberales que tanto dolor han traído a los pueblos de Europa. Pero respetamos la Constitución y la cumplimos, mientras que luchamos para ampliar sus contenidos y derechos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Buenas tardes, presidenta. Señorías, este debate es un déjà vu, el bucle estéril en el que el Grupo Popular ha metido a nuestra democracia desde que Aznar les ordenó desestabilizar. Ya saben, el que pueda hacer, que haga. Otra vez el Grupo Popular trae el debate sobre la ley de amnistía, ahora utilizando el último informe de la Comisión de Venecia, comisión que no es más que una mesa de expertos que aconsejan y opinan sobre cuestiones constitucionales. El Grupo Popular deforma el contenido del informe e intoxica a la opinión pública, mientras convierte al Senado en su herramienta de propaganda de la que no prescindirán hasta que finalice el actual periodo electoral con las elecciones europeas. Todo a costa de desestabilizar y bloquear las instituciones, y de enfrentar y preocupar a los y las españolas. El PP no asume su fracaso ante la Comisión de Venecia, que afirmó que la ley de amnistía es acorde con la legalidad europea y no requiere realizar reforma constitucional alguna. Por eso no existe requerimiento alguno de órgano ejecutivo o tribunal europeo amonestando a España a cuenta de esa ley. Con gran inocencia, eso sí, la Comisión de Venecia presupone que el Partido Popular es un partido respetuoso con la institucionalidad constitucional y por ello afirma que sería recomendable que hubiera reformas en España para dotar a la norma de mayor consenso. Compartimos esa recomendación, pero España comprueba a diario que es un estéril esfuerzo intentar consenso alguno con el Partido Popular cuando no gobierna.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«Saludamos los pasos dados por el Ministerio de Inclusión, que se ha puesto a reparar el daño causado por la falta de vigilancia del Estado al negocio de estas mutualidades. Colaboraremos para alcanzar una rápida solución en los términos que piden los afectados. (Aplausos). El Estado debe adoptar las normas que traigan la solución porque hay recursos suficientes para hacerlo en las mutualidades, y las mutualidades deben responsabilizarse del daño causado y sufragar íntegramente el traspaso de los derechos de las y los mutualistas al sistema de Seguridad Social. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«Esta propuesta del Partido Popular sitúa al PP en el bando de las mutualidades, de los grandes despachos y de los colegios de Abogados, en el bando de las minorías privilegiadas frente a la abogacía y procura de a pie. Su PNL, señora Moro, no propone nada, solo gana tiempo para que continúen el fraude y la pobreza sobrevenida de los profesionales jubilados. Su propuesta es estudiar, analizar, crear una comisión, lo habitual cuando no se quiere solucionar un problema. SUMAR propone la misma solución reivindicada por los afectados por el fraude: el sindicato Venia, el foro Abogacía y Democracia o el movimiento #J2, entre otros. Integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas, integración que no costará nada al Estado, mediante el traspaso al RETA de las aportaciones ordinarias y extraordinarias de mutualistas y la parte proporcional de rendimientos obtenidos por la mutualidad en cualquier concepto, garantizando las prestaciones de Seguridad Social como si se hubiese cotizado al RETA durante el periodo en que se estuvo adscrito a la mutualidad; y se garantizará, al menos, la percepción de la pensión mínima del RETA, salvo en supuestos en los que el mutualista disfrute de otro tipo de ingresos regulares. Necesitamos una solución urgente para los que están pendientes de jubilación y para los que sufren ya jubilaciones de miseria.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«La abogacía y la procura son la excepción a la integración en la Seguridad Social que se ha hecho con diversas mutualidades: religiosos y religiosas católicas, los funcionarios de la Administración local integrados en el régimen general, notarios integrados en el RETA, y también se trabaja ahora para la inclusión en la Seguridad Social de religiosos de la Iglesia ortodoxa rumana en España. Estas integraciones se deben a que las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de trabajadores autónomos han hecho dejación de la función que la ley les atribuía. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener los mismos derechos que los religiosos o los notarios. (Aplausos). Abogados y procuradores se han visto atrapados, cuando no engañados, en un sistema que debería ser de previsión social, pero que se transformó en compañía de seguros y fondos de inversión. La ocultación de información y la publicidad engañosa indujeron a la permanencia en estas mutualidades. Estudios del Consejo General de la Abogacía Española desde 2005 ya recomendaban a la abogacía que se diera de alta en el RETA por la desprotección en caso de optar por el régimen de la mutualidad y estas recomendaciones fueron ocultadas e ignoradas tanto por el Consejo de la Abogacía como por los colegios de abogados de más peso, instituciones que, por cierto, forman parte de los órganos de la mutualidad. Las decisiones tomadas en esas condiciones están viciadas, son nulas. No es aceptable decir que los mutualistas tuvieron la posibilidad de optar por el traspaso a la Seguridad Social. El Colegio de Abogados de Madrid, el mayor de España, determinante en la mutualidad, se ha desentendido de garantizar una jubilación digna a sus colegiados, pero sí se dedica, a modo de justicia gratuita, a la defensa de la corrupta pareja de la señora Ayuso. Abogacía y procura han dicho basta ante este fraude que los está condenando a una jubilación de exclusión social.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«Presidente, señorías, en España hay 150 000 profesionales de la abogacía y diez mil de la procura, y tributan un tipo medio de IRPF del 28 %, un esfuerzo fiscal bastante más alto que el de bancos o grandes empresas. Sus retribuciones medias son aproximadamente de 30 000 euros anuales. Considerando los ingresos desmesurados por el ejercicio de la abogacía que están concentrados en los grandes despachos, concluimos que la inmensa mayoría de los profesionales de la abogacía y la procura están mal pagados, a pesar del trabajo de defensa de la ciudadanía que realizan. La mayoría de estos profesionales perciben ingresos similares a los de un trabajador, es decir, son trabajadores. Abogacía y procura se han visto atrapados en un sistema de protección social privado, las mutualidades profesionales, más dedicado al negocio inmobiliario que al bienestar de los mutualistas. Las prestaciones sociales o sanitarias que reciben son indignas o insuficientes; la prestación por desempleo no existe, y por incapacidad temporal perciben cuantías miserables y de escaso tiempo, insuficientes para sobrevivir; las pensiones de jubilación son miserables, entre 400 y 600 euros al mes para la mayoría, y el 90 % de las pensiones de la Mutualidad de la Abogacía son inferiores a las mínimas de la Seguridad Social.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Al Partido Popular le decimos: no voten a favor de la ley de amnistía si no quieren, pero no mientan al descalificar el informe que ustedes pidieron a la Comisión de Venecia. No se venguen de la Comisión de Venecia bloqueando más años el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular debe dejar de utilizar al comisario Reynders, al que han metido en un callejón sin salida al anunciar que no van a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y continuarán así degradando el servicio público de Justicia. Porque el Partido Popular ha utilizado la amnistía cuando ha querido. Amnistiaron a 30 000 ricos delincuentes fiscales, y digo ricos porque, para cometer delito fiscal, hay que defraudar más de 120 000 euros en cuota, y eso no lo puede hacer un trabajador aunque quisiera. (Aplausos). Les propongo acordar otra amnistía, que esta Cámara declaró constitucional en el año 2018, un gran acuerdo entre todas las fuerzas, amnistiemos a unos héroes de la Guardia Civil, a los guardias que iniciaron el camino para el reconocimiento de los derechos democráticos dentro del cuerpo y que fueron expulsados por exigir el derecho de asociación, derecho reconocido hoy en nuestras leyes; porque la amnistía es un medio para la reconciliación y la convivencia en muchos casos y lugares. Votemos a favor y pasemos página, para poder centrarnos en lo que de verdad importa, poder continuar mejorando la vida de la gente, sin renunciar a aprobar unos presupuestos generales del Estado, que nos permitan seguir creando empleo o mantener los impuestos a los grandes beneficios de los bancos y las eléctricas. Gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Gracias, presidenta. Señorías, la aprobación hoy de la ley de amnistía es posible por un gran acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios, un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento que causan un inmenso malestar y hartazgo a la mayoría de los y las españolas. En el Grupo Parlamentario de SUMAR creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente: mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Koldo o de la familia Ayuso. (Aplausos). Más de 60 000 millones nos han costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Hace veinte años ya que el Partido Popular comenzó a usar la mentira y el enfrentamiento como arma política. Todavía no han pedido perdón por las mentiras del 11M, que tanto daño han causado, aún hoy, a las víctimas y a la sociedad. (Aplausos). Aceptar las reglas y ser tolerantes es imprescindible para poder convivir en paz, y las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y, en Cataluña, hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos, y también el Partido Popular lo sabe, que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el 'a por ellos' que incendió el conflicto, en lugar de arreglarlo, y construyamos un futuro común, más federal y republicano, donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. (Aplausos). Respetar las reglas de la democracia implica aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, solicitado, por cierto, por el Partido Popular en el Senado. El dictamen dice que la amnistía es una medida habitual en Europa y conforme a derecho.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Que solo el Consejo de Ministros tenga que ser la autoridad civil democrática que pueda proceder a la clasificación es algo que figura en la propuesta que hoy discutimos, con lo que necesariamente tenemos que estar de acuerdo; solamente podrán declararse documentos secretos o reservados por una autoridad civil y democrática. También estamos de acuerdo con que el plazo de clasificación sea de un máximo de veinticinco años en el caso de documentos secretos o, en el caso de reserva, un máximo de diez años, con una prórroga que entendemos razonable que pueda contemplarse en algunos casos, que no debería ser de más de diez años, que es conforme con lo que ocurre en la legislación de países de nuestro entorno como Portugal, Reino Unido o Italia, con límites máximos de clasificación, países que incluyen prórrogas de hasta treinta años. Por supuesto, defendemos la obligación legal de desclasificar cualquier documento, cuando sea necesario, para perseguir violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Alemania se excluye la posibilidad de clasificación de actos que violen el orden democrático o los acuerdos de control de armamento; en Portugal se puede desclasificar cualquier documento si se trata de materias que violan delitos del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Acabo. Votaremos favorablemente esta toma en consideración porque es una obligación democrática hacerlo. Nuestro ordenamiento no puede seguir regulando cuestiones de seguridad con legislación franquista, y pedimos a todos los grupos parlamentarios democráticos que aprobemos esta proposición de ley definitivamente en esta legislatura. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Miren, documentos que hoy permanecen clasificados son, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el apoyo del franquismo al nazismo; los que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones clandestinas de Radio España Independiente, La Pirenaica, que por cierto, pueden ir cualquiera de ustedes a consultar sin restricciones en el archivo histórico del Partido Comunista de España; o el archivo titulado Palomas mensajeras 19121925, que tras más de cien años sigue siendo secreto; o sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas; o, efectivamente, sobre los últimos años del franquismo y la Transición, sobre el golpe de Estado del 23 de febrero; o sobre el terrorismo del Batallón Vasco Español y del GAL. Y mantenemos clasificados como documentos secretos otros que ya terceros países han desclasificado, países adonde los historiadores o periodistas tienen que ir para conocer su contenido. Incluso, utilizamos la Ley de Secretos Oficiales para no publicar datos del comercio de armas que se efectúa desde España, lo que, según Amnistía Internacional o Greenpeace, oculta la venta a países que no respetan los derechos humanos. Y, francamente, que los gastos de Corinna Larsen sean secreto de Estado nos pone a nivel de una república bananera.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«La cuestión clave, sin duda alguna, es el tiempo que debe transcurrir para que un documento reservado o secreto vea la luz pública. La ley actual indica que la clasificación de documentos se mantendrá sin límite temporal hasta su cancelación uno a uno. Ahora mismo, nadie sabe en España cuántos documentos han sido declarados secretos; no existe un listado. La Ley de 1968, hasta su modificación en el año 1978, permitía que los documentos fueran clasificados por el Consejo de Ministros y por centenares de funcionarios de la Dictadura, que durante años han declarado secreto todo lo que han querido sin más criterio que el de un funcionario de un régimen dictatorial, y me refiero a todos los jefes de Estado Mayor, a todos los gobernadores civiles o a cualquier funcionario que tuviera que ver con las capitanías; cualquier jefe de una capitanía militar, por ejemplo. La inmensa mayoría de esos millares de documentos siguen bajo secreto; no hay una norma que permita su desclasificación si no es uno a uno, como ya digo. Y, en la práctica, esta desclasificación se ha convertido en una tarea imposible de hacer si no se aprueba una norma que contenga un mandato legal que obligue a la desclasificación. Es imposible desclasificar uno a uno. Y la arbitrariedad y el secretismo que se ha arrastrado en todos estos años afectan no solo a la investigación histórica, sino también a la investigación periodística o, simplemente, al derecho de información de cualquier ciudadano o ciudadana.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Presidenta, señorías, es la tercera vez, efectivamente, que desde el año 2009 se presenta en esta Cámara una proposición de ley para modificar la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante el franquismo, una ley que vergonzosamente está aún en vigor con apenas unas modificaciones en el año 1978. Violencia política -decía el señor Sánchez García- es que en la exposición de motivos de esta ley en vigor todavía se menciona el control político del Consejo Nacional del Movimiento, por no hablar de la firma del dictador, que consta todavía al pie de la ley. Me imagino que es lo que más le gusta a VOX de la ley actual. La clasificación de información por parte de los Estados implica una restricción del acceso a la información, que, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es parte del derecho humano a la libertad de expresión. El derecho a recibir información es imprescindible para la formación de opinión y para la participación en la toma de decisiones. Y la protección de la seguridad del Estado en una democracia no es posible si no se garantiza el acceso al derecho a la verdad, la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de las infracciones de los derechos humanos. La desclasificación de documentos nunca puede amparar la impunidad de delitos, y España necesita un sistema de transparencia que garantice el debido proceso tanto para clasificar como para desclasificar documentos, incluyendo una desclasificación automática por mandato legal tan pronto -ojalá- entre en vigor esta reforma de los documentos que ya están clasificados si hubiera transcurrido, desde el momento de la clasificación, los plazos que ahora se van a establecer en la ley. Pero la exposición de motivos de una ley democrática no puede mencionar a instituciones franquistas. La clasificación de documentos debe proteger ese acceso al derecho a la verdad y, sobre todo, debe prohibirse cualquier interferencia en investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos mediante la prohibición del acceso a documentos clasificándolos como reservados.»