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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
8.615 declaraciones · página 210 de 288
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Elvira Velasco Morillo · PP ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Ustedes presentan una iniciativa para instar al Gobierno, a sus socios de Gobierno -en este caso a SUMAR, que es quien está al frente de Sanidad-, a que desarrollen la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva. No se olviden que, haciendo referencia a la objeción de conciencia y a un posible registro de objetores, es preciso tener presente lo que dicen los artículos 18, 19 bis y 19 ter. Señorías, estamos hablando de una ley de aplicación por los profesionales sanitarios que fue redactada sin recabar su opinión ni la de las sociedades científicas, y que se tramitó sin los informes pertinentes del Consejo de Estado ni de la Comisión de Bioética. Es una ley que rezuma hostilidad hacia los profesionales sanitarios a quienes no escucharon. El registro médico de objetores de conciencia, además de cercenar un derecho constitucional, oculta la voluntad de castigar a quienes, ejerciendo su derecho, se niegan a practicar abortos. Tiene un sospechoso tufo a lista negra y, por su carácter público, puede limitar el derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución.»
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Aina Vidal Sáez · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Señorías, les debo advertir que las feministas no vamos a consentir que por la puesta en marcha del registro de objetores no funcione en ciertos territorios. No permitiremos que en los hospitales públicos no exista personal médico para realizar abortos, porque esto tiene que ver -insisto- con la vida y con nuestro derecho a ser seres humanos. Con eso tiene que ver. Por todo eso hemos presentado dos enmiendas, señorías, como bien sabe el Grupo Socialista. La primera aborda el problema de los registros de las personas objetoras de conciencia y la segunda nos encamina, al fin y al cabo, a introducir el aborto como un derecho fundamental e, insisto, autónomo en nuestra Constitución. Porque el feminismo avanzó orgullosamente en 1985, lo hizo en 2010, lo hizo en 2019, lo hizo en 2022 y lo vamos a volver a seguir haciendo en 2024, en 2025 y en todos los años que nos vengan por delante, señorías; todos. (Aplausos). El feminismo y las mujeres de este país, señorías, no vamos a permitir ni que se nos desprecie, ni que se menoscaben nuestros derechos porque, insisto, esto no es un derecho que solo tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con entender que las mujeres somos seres libres, autónomas, conscientes, adultas y que hacemos con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. (Aplausos). Así que, sin más, muchas gracias y, no lo duden, nos van a tener enfrente en el Senado el día 2. (Aplausos).»
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Aina Vidal Sáez · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«España se ha erigido en realidad como uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos relacionados con las mujeres y, también, de los derechos reproductivos y sexuales desde 1985 hasta 2022. Estar a favor del aborto -escúchenme bien, señorías- es estar a favor de la vida de miles y miles de mujeres que han sido multadas, encarceladas y condenadas al ostracismo social; o que han muerto, y aún lo hacen, en cuartuchos insalubres; o que se desangran, por ejemplo, por las calles o en su cama. Su vulneración sí puede conllevar la muerte. (Aplausos). Aprovecho, pues, la tribuna para agradecer a tantas y tantas mujeres que lo defendieron antes de que apareciera en nuestras leyes; mujeres que lucharon contra el machismo y el sistema patriarcal en clandestinidad, contra el silencio, el reproche y las miradas punzantes. Por ellas, por nosotras y por todas las que vendrán, debemos seguir avanzando. (Aplausos). Pese a que nuestras leyes reconocen el derecho, no todas las mujeres en España pueden ejercerlo por igual. Todas las mujeres deberían poder acudir a un centro de salud u hospitalario público cercano, pero hay mujeres en España que deben peregrinar por otras ciudades o comunidades autónomas con tal de poder acceder a este derecho.»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Nosotros no hemos presentado enmienda al respecto de la gestación subrogada porque hoy no tocaba, pero sí que hemos presentado una enmienda para pedir y añadir un punto por que el registro de objeción de conciencia con respecto a la intervención directa en la práctica de la interrupción sea, como decíamos, de cada centro sanitario del sistema público de salud y no de ámbito autonómico. Y todavía menos que consten estos datos del objetor en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Gracias.»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Otro ejemplo de acción-reacción: el PSOE denuncia en su iniciativa de hoy el uso de esas mayorías en el Senado para organizar una jornada antiabortista el 2 de diciembre. Bien, hemos de decir que esta es una situación que no nos viene de lejos y que no es distinta del posicionamiento que ha mostrado el PP en contra de la reforma, por ejemplo, del Código Penal que se hizo en esta Cámara para castigar a aquellas personas que coaccionan a las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo. Dejando velado este estira y afloja que se llevan ustedes, PSOE y PP, deseamos poner el foco en un hecho incuestionable: el Gobierno español parece no tener capacidad de hacer cumplir la ley porque no controla la aplicación donde no tiene competencias. Esto es de cajón, y me explico. En su iniciativa denuncian que hay comunidades autónomas donde no se puede cumplir la Ley 1/2023, que garantiza el acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva, servicios que incluyen el aborto voluntario. Como consecuencia, por ejemplo, algunas comunidades no tienen un registro de objetores de conciencia que permita hacer compatibles todos los derechos de objeción y el derecho de poder abortar en la sanidad pública, tal y como recoge la ley. Les recuerdo que Junts presentó una enmienda que ustedes, los señores de PSOE, rechazaron. Entonces se pedía que el registro no fuese a nivel autonómico, sino de cada centro del sistema público de salud. Lo pedían los médicos, también por razones de confidencialidad con respecto a sus posicionamientos, y estaba plenamente justificado, porque facilitaba el servicio como ha quedado demostrado. Sí, facilitaba el servicio. Y ahora estamos viendo que ha tenido unas consecuencias indeseadas.»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Nosaltres no hem presentat esmena al respecte, evidentment, de la gestació subrogada perquè avui no tocava, però sí que hem presentat una esmena per demanar afegir un punt perquè el registre d'objecció de consciència, respecte de la intervenció directa en la pràctica de la interrupció, sigui, com dèiem, de cada centre sanitari del sistema públic de salut i no d'àmbit autonòmic, i encara menys que constin aquestes dades de l'objector a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. Gràcies. Gracias, presidente. Señorías, asistimos hoy a un nuevo capítulo de esta guerra PP-PSOE, una acción-reacción del PSOE intentando parar el golpe mediático del PP cuando el PP anuncia que pondrá en marcha una iniciativa para eliminar la obligatoriedad de hacer uso del permiso de paternidad de seis semanas postparto. El PP lo ha vendido como flexibilidad para que las familias dispongan como consideren de este permiso. El PSOE lo ve -y nosotros también, que conste- como un retroceso, ya que la obligatoriedad tiene como objetivo que las madres estén acompañadas de los padres en la tarea de cuidar a la criatura que acaba de llegar a este mundo. De hecho, esta obligatoriedad de hacer uso del permiso en el caso de los padres de forma simultánea con las madres se implementó porque la flexibilidad previa servía para que los hombres terminasen delegando en las madres la atención al recién nacido, esto de acuerdo con los datos de la Seguridad Social.»
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Pilar Calvo Gómez · Junts ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Deixant de banda aquest estira i arronsa que es porten vostès, el PSOE i el PP, volem posar el focus en un fet inqüestionable: el Govern espanyol sembla no tenir capacitat de fer complir la llei perquè no en controla l'aplicació allà on no té competències. Això és de calaix. I m'explico. En la seva iniciativa denuncien que hi ha comunitats autònomes on no es pot complir la Llei 1/2023, que garanteix l'accés públic, universal i gratuït als serveis i programes de salut sexual i salut reproductiva, serveis que inclouen l'avortament voluntari legal, com a conseqüència, per exemple, que algunes comunitats no compten amb un registre d'objectors de consciència que permeti fer compatibles tots dos drets: el d'objecció i el dret a poder avortar a la sanitat pública, tal com recull la llei. Els recordo que Junts va presentar una esmena que vostès, els senyors del PSOE, van rebutjar, en què es demanava que el registre no fos a nivell autonòmic, sinó de cada centre del sistema públic de salut. Ho demanaven els metges també per raons de confidencialitat respecte dels seus posicionaments, i estava plenament justificat perquè facilitava el servei, com ha quedat demostrat -sí, facilitava el servei. I ara estem veient que aquell 'no' ha tingut, podríem dir, unes conseqüències indesitjades.»
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Andrea Fernández Benéitez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Señorías, como ya les he señalado antes, la inseguridad en el acceso a la interrupción del embarazo no se circunscribe a la extrema derecha. Son muchas las comunidades autónomas en las que acceder a este derecho es difícil. Y aquí Castilla y León vuelve a destacar. La no actualización del registro de objetores hace que esta prestación deba ofrecerse en clínicas privadas y, además, se hace a través de ofertas públicas muy por debajo del coste que requiere esta prestación. Esto se traduce en viajes inasumibles por parte de las pacientes, en tener que correr por su propia cuenta con gastos que no les corresponden y, además, también supone la imposibilidad de acceder al método que desean emplear para interrumpir su embarazo. Por cierto, esto también es un derecho gracias a una enmienda que planteó el Grupo Socialista en la última renovación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Por ello, señorías, a través de esta iniciativa queremos que el Congreso se comprometa a exigir a todas las comunidades autónomas que cumplan la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (aplausos), que garanticen este derecho como lo que es: una prestación sanitaria que está en la cartera de servicios de nuestra sanidad pública, ni más ni menos. Esto no puede demorarse más, señorías. Trasladamos esta exigencia bajo la convicción de que ahondar en derechos y garantías es la mejor forma de plantar cara a quienes quieren recortar derechos.»
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Andrea Fernández Benéitez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,...
«Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Miren, tenemos el inmenso privilegio de vivir en uno de los países con mayores cotas de igualdad del mundo. Según el último índice de igualdad publicado por la Unión Europea en 2023, avanzamos a muy buen ritmo, recortando brechas que tienen que ver con el empleo, con el conocimiento o con el reparto de poder. España cuenta con una sociedad claramente comprometida con la igualdad y también con instituciones que en su mayoría trabajan para seguir corrigiendo la injusticia que representa aún hoy en día el machismo. Si me permiten, una prueba de ello es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, como todos ustedes saben, se trata de una herramienta, y junto con la sociedad civil, los poderes económicos, el Consejo General del Poder Judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras entidades, como las administraciones, trabajamos para generar una hoja de ruta común que nos permita atajar la violencia machista. Hablamos, como todos entenderán, de un triunfo de la razón del que tendríamos que estar muy orgullosos y orgullosas. (Aplausos). Creo, señorías, que hablando de igualdad, este debe ser el ejemplo a seguir.»
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Juan Carlos Jerez Antequera · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Como ya destacó el compañero José Luis Aceves en el Pleno comentado del 18 de junio, el Grupo Socialista apoya el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias. De esta forma, se les otorgará una protección real y efectiva acorde con la situación actual de las prisiones españolas y conforme a las singularidades propias de dicho cuerpo, lo que les permitirá desarrollar sus funciones en mejores condiciones. Pero, señorías, nuestras propuestas van más allá de la declaración de condición de agentes de seguridad. Es fundamental dotar a estos cuerpos de la normativa que ya poseen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, permitiendo así, uno, su identificación por número de registro profesional, salvaguardando su anonimato y su intimidad domiciliaria en los actos procesales de notificación, emplazamiento o requerimiento; dos, la separación de los trabajadores penitenciarios del resto de otros detenidos o presos; tres, su protección por parte de la Administración, al aplicarse la obligación de resarcirles en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia de su actividad profesional; cuatro, la presunción de veracidad, ya que con la condición de agente de autoridad gozarían del principio de veracidad, salvo prueba en contrario; y, cinco, la necesidad de dotar de formación reglada de acceso al cuerpo y de formación continua y de especialización a lo largo de la carrera profesional. O sea, política útil, refuerzo y profesionalización de los servicios públicos. Presidente, acabo, y quiero hacerlo en nombre de mi grupo, expresando nuestro reconocimiento a los empleados públicos del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias por su servicio a la comunidad. Señorías del Grupo Popular, vengan a la política útil, defiendan lo público. Y, sí, señorías, votaremos a favor, otra vez. Gracias. (Aplausos).»
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Juan Carlos Jerez Antequera · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Y tengo que referirme a otra cosa. Ya hicieron gala de utilizar esta tribuna para insultar al Gobierno cuando presentaron la propuesta para la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles el pasado 15 de octubre. Su diputada portavoz en aquella ocasión desplegó todo el repertorio de bulos, insidias y mentiras contra el Gobierno. Habló de todo, de todo menos de la reivindicación de los policías y guardias civiles. Es como si yo aquí hoy me dedicara a enumerar todas las contradicciones, mentiras y bulos que han hecho correr estas semanas para tapar la incompetencia del Govern de la Generalitat Valenciana y de su presidente. Pero hoy toca hablar de servidores públicos. Señorías, les recuerdo que, durante el debate de la proposición socialista el 18 de junio, la misma portavoz que he comentado antes llegó a decir, y cito literalmente, que los diputados y las diputadas socialistas tendríamos que estar agachados todos debajo de los escaños. ¡Qué barbaridad! Y más aún dicha en este escenario, que aún preserva los restos de aquella intentona del 23-F. ¡Menuda contribución al parlamentarismo democrático! Y flaco favor le hacen ustedes a las legítimas reivindicaciones de los profesionales y los sindicatos. (Aplausos).»
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Juan Carlos Jerez Antequera · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Presidente. Señorías, confieso que a veces para seguir el Pleno, en especial cuando están en el uso de la palabra diputados y diputadas del Grupo Popular o de VOX y se ponen en modo odio, insulto o bronca, yo me pongo en modo zen, con riesgo de ensoñación. (Aplausos y risas). Es una cuestión de salud democrática. Cuento esto porque, cuando me propusieron para defender la posición del Grupo Socialista hoy aquí ante esta proposición de ley de modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, pensaba: hostia, si esto ya lo hemos tratado, ¿o lo he soñado -por el tema del riesgo de ensoñación- ¿Lo he soñado? No, no lo he soñado, se trató aquí el 18 de junio, y la propuesta en aquel caso era más completa y era del Grupo Socialista. Pero es que incluso el Grupo Popular votó a favor y, en el trámite de enmiendas, presentó dos enmiendas que, a mi juicio, incluso ampliaban o mejoraban el texto: ampliaban la condición de funcionario para que tuvieran la condición de agente de la autoridad, y ampliaban el concepto de funcionario a funcionarios de carrera, interinos, eventuales o laborales, es decir, a todo empleado público, a todo trabajador y trabajadora que se dedica a la profesión en centros penitenciarios. Bien, pues no lo he soñado. Entonces pensé: a lo mejor es algún tipo de descuido del Grupo Popular, es un descuido y lo han traspapelado cuando han ido al registro para presentar otras iniciativas. Pero es que tampoco, no se ha traspapelado, porque estamos aquí y porque hay una intención clara del Grupo Popular de que también se trate aquí hoy, a pesar de que se trató el 18 de junio. Ni lo he soñado ni ha sido un descuido, estamos aquí debatiendo otra vez la misma propuesta tomada ya en consideración el 18 de junio de este año.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«Lo que les propongo -aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios- es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este -ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar-. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes -¡atentos!- del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.»
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Llanos De Luna Tobarra · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General...
«El pasado mes de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante 2023, un 12 % más que en el año anterior, pero un 126 % más que hace cinco años, lo cual está convirtiendo a este colectivo en los funcionarios que más agresiones están recibiendo de toda la Administración General del Estado. Esto significa que, de media, cada dieciséis horas agreden a un funcionario de prisiones. Por eso, resulta imprescindible establecer medidas eficaces contra estas agresiones en su ámbito laboral. Aunque el protocolo de actuación frente a las agresiones en centros penitenciarios y centros de inserción les reconoció por primera vez de forma explícita la condición de autoridad pública, he de señalarles que no hay ningún texto con rango de ley que les reconozca esta condición. Por tanto, creemos que es muy importante que se haga. He de resaltar que -justo hoy hace una semana- el secretario general de Instituciones Penitenciarias, con motivo de su comparecencia en la Comisión de Interior de esta Cámara, dijo textualmente que creía que era positivo y necesario el reconocimiento de la condición de autoridad, urgiendo a los grupos parlamentarios a aprobar esta condición de agentes de la autoridad, ya que, como dijo, la responsabilidad es del Poder Legislativo, añadiendo además que la norma se encontraba en esta Cámara. Y, efectivamente, existe una proposición de ley del Senado, que entró en esta Cámara, para el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios penitenciarios, proposición de ley cuyo trámite tiene congelado la presidenta del Congreso, señora Armengol, que ha prorrogado hasta en dieciocho ocasiones el plazo para la presentación de enmiendas (aplausos), dando cumplimiento a lo que ordena el Gobierno. Exactamente, la última prórroga es de esta mañana. Y también tiene parada la tramitación de otra proposición de ley del Grupo Socialista. Esto pone de manifiesto, en evidencia, la debilidad parlamentaria de este Gobierno, que, para evitar perder votaciones al no contar con los votos de sus socios de investidura, han sumido al Congreso en una cámara absolutamente paralizada, a la que están usurpando sus competencias legislativas. Por poner un ejemplo, no tenemos más que ver el espectáculo caótico y bochornoso de la Comisión de Hacienda de ayer, en la que el Gobierno mantuvo retenidos a todo el personal de la Cámara y a los diputados hasta la una de la madrugada porque no le salían los números. (Aplausos). Esta circunstancia es de una gravedad extrema, ya que, debido a la injerencia del Ejecutivo en el Poder Legislativo, se está poniendo en peligro un principio fundamental de nuestra democracia, como es la separación de poderes. No sé si el secretario general, cuando apremiaba a los diputados a reconocer con urgencia precisamente en esta Cámara la condición de agentes de seguridad, lo dijo por desconocimiento o por mala fe.»
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Guillermo Mariscal Anaya · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Esa inacción en política energética es lo único que le podemos agradecer a la señora Ribera, porque la energía eléctrica que hoy estamos consumiendo, que hoy ilumina esta casa, que tienen en su casa los españoles o que es el instrumento para la competitividad de muchas industrias, es hoy la segunda más cara de todo 2024. Hoy, porque la más cara fue ayer. E imagino que esto tiene que ver con la responsabilidad de la ministra de Energía también. (Aplausos). Desde que ella fue nominada candidata al Parlamento Europeo, en abril de 2024, hasta el mes de noviembre -escuchen bien-, el precio de la energía ha subido un 273 %. De abril a noviembre. Algo tendrá que ver con la política energética, ¿o no? Ustedes se han negado reiteradamente a implementar el IVA reducido en la energía eléctrica y en la factura del gas también. Se han negado reiteradamente, a pesar de que han incrementado en un 30 % los ingresos desde que Sánchez es presidente del Gobierno. Les hemos pedido que saquen de la factura aquellos asuntos que no tengan que ver con la política energética, como, por ejemplo, el déficit de tarifa. Solo en el año 2024 vamos a pagar por los errores de política energética del señor Zapatero 2371 millones de euros. Si nos hubiesen hecho caso y en 2022, en 2023 y en 2024 ese déficit lo hubiésemos incluido en los presupuestos generales del Estado, hubiéramos disminuido la factura eléctrica a los españoles en 7000 millones de euros. Les veo y recuerdo cómo recientemente hablaban ustedes mucho de vulnerabilidad, de problemas de las familias más desfavorecidas. Llevan sin publicar un informe al respecto desde el año 2022, pero hay un informe que ha publicado la Universidad de Comillas que dice que hay ocho millones -ocho millones- de familias que tienen una temperatura inadecuada en sus hogares y que hay 3 200 000 hogares que viven en situación de pobreza energética. Ante eso, imagino que también tendrá algo que decir la señora Ribera. (Aplausos).»
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Tomás Fernández Ríos · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Buenas tardes. Señorías, ¿ven esto que tengo aquí? (Muestra dos folios). ¿Lo ven? Pues no, no es mi lista de la compra ni el trabajo del colegio de mi hija de este fin de semana, no. Esto -dos hojas- es la proposición de ley que estamos debatiendo hoy; esto, folio y medio. ¿De verdad, señores socialistas, no les da vergüenza? Una proposición de ley que, además, no tiene ningún sentido. Les voy a recordar que actualmente se está debatiendo el Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y esta proposición de ley, esta nimiedad que ustedes traen hoy aquí no es más que lo que debería ser una enmienda, un añadido a ese proyecto de ley, en concreto a la mediación en los contratos de electricidad o hidrocarburos. Pero ustedes no, ustedes no pueden presentar una enmienda, ustedes no pueden mejorar esa ley; ustedes traen a esta Cámara esta simpleza de proposición de ley. ¿Y saben el motivo real? Pues que su única intención es hacer teatro, el paripé de que aquí, en esta Cámara y en esta legislatura, se está legislando algo, cuando la realidad es que tenemos una legislatura bloqueada para cualquier asunto importante, como se demostró ayer en la Comisión de Hacienda. Porque este Gobierno Frankenstein que lideran ustedes, que solo busca decretar amnistías o dar sin medida cada vez más dinero y privilegios a sus socios separatistas y golpistas, en ningún caso sirve para mejorar la vida de los españoles. Eso, ténganlo muy claro, no les interesa. Eso sí, llenan el Diario de Sesiones de decretos leyes y de proposiciones de ley absurdas, absolutamente irrelevantes, cuando no malintencionadas, con el único resultado de hacernos perder a todos el tiempo y, lo que es más grave, para gastar más dinero de los contribuyentes y volver cada vez más locos a los ciudadanos con toda esta paranoia de normativa inútil que ha llegado a un punto que ya es absolutamente imposible de cumplir. (Aplausos). Porque, ¿saben ustedes cuántas leyes y normas tenemos en España en estos momentos, la mayoría tan ineficaces y ridículas como esta? Pues en torno a trescientas mil. Solo les voy a poner un ejemplo, para que se hagan una idea los ciudadanos que me estén escuchando. El año pasado, en 2023, un año en el que para alivio de los ciudadanos se paró la legislatura durante cinco meses por la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, el año pasado -insisto-, en medio año se aprobaron 683 normas estatales. En ese mismo período, 2023, los distintos boletines oficiales publicaron más de 1,2 millones de páginas, o sea, que una persona que quisiera más o menos leer o estar al tanto de lo que se ha legislado tendría que leer unas 3500 páginas al día. Da para escribir 850 Quijotes. (Aplausos).»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Estas empresas a las que hoy queremos ayudar para resolver de forma rápida y satisfactoria sus conflictos con los consumidores son las mismas que quieren escaquearse de pagar impuestos. Sus señorías saben que soy diputado de los Comunes, de los Comuns per Tarragona. Repsol, que opera en el complejo petroquímico, es la empresa más contaminante de España, con el 62 % de las emisiones de todo el IBEX 35. En el Camp de Tarragona destacan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Muchos de estos contaminantes no son analizados y sobre algunos compuestos ni siquiera existe regulación ni control. Apoyado por los grupos lobistas de esta Cámara y medios de comunicación que reciben importantes inyecciones publicitarias, Repsol utiliza el chantaje fiscal para seguir pagando menos de un 3 % en el impuesto sobre sociedades, frente al 18 % de las pymes. Se trata de un chantaje falso -un chantaje falso-, pues estas empresas tienen que reconvertir sus contaminantes refinerías si no quieren pagar grandes multas aquí y en Portugal. De momento, la acción de las manadas lobistas y la prensa parece que soplan a favor de las chimeneas en lugar de a favor de la ciudadanía. Señorías, si queremos que el pueblo, con sus impuestos, y la acción de los servicios públicos siga salvando al pueblo, constituyamos el ADR, sí, pero no nos olvidemos de hacer pagar a aquellos que más beneficio obtienen de sus malos humos y del abuso a los consumidores. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Recientemente, hemos vuelto a ver el mismo método para que la gente contratara una alarma para que, supuestamente, no le okuparan su casa. En España, en 2022 se produjeron 17 000 denuncias, de las que solo un 5 % fueron ocupaciones ilegales, es decir, 850 okupaciones de viviendas de primera y segunda residencia en toda España. Gracias a la derecha, a la publicidad de los medios de comunicación y a la alarma creada, hoy muchos de esos 26 millones de viviendas que hay en España tienen instalada una alarma en su vivienda. Negocio redondo. Volviendo a la luz y al gas, el grupo de izquierdas Plurinacional SUMAR no está solo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, también denuncia que las comercializadoras no son transparentes, ni antes ni después ni durante la contratación, y que incurren en prácticas engañosas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto poner fin a las llamadas fraudulentas y la contratación telefónica solo será posible si llama el propio cliente o si le llaman tras solicitarlo explícitamente. Pero cuando este tipo de fraudes se solucionen, aparecerán nuevos. ¿Y para qué el ADR? En ciertos ámbitos, como el laboral, ya existe la conciliación obligatoria. Ampliar este enfoque a otros tipos de procedimientos ayudará a resolver muchos conflictos de manera más rápida y económica. La implementación del ADR como paso obligatorio antes de litigar aliviará la carga de trabajo de los tribunales de España. Hemos de trabajar para dar a conocer el ADR, al igual que las juntas arbitrales de Consumo. De igual forma, hemos de estar vigilantes para que estas fórmulas avanzadas de resolución de conflictos entre empresas y consumidores no se conviertan en un servicio de atención al cliente y de reclamaciones de las grandes multinacionales a cargo de los fondos públicos de la Administración. Por eso, las Administraciones de consumo y la CNMC, una vez que se haya constituido el ADR, no pueden olvidarse del problema e igual que ellos utilizan la inteligencia artificial para enchufarnos sus productos, las Administraciones deben utilizar las mismas herramientas para seguir aquellas prácticas que no son errores, sino políticas de empresa que buscan de forma reiterada el beneficio extraordinario con el abuso hacia los consumidores y sancionar; naturalmente, sancionar.»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Gracias, presidenta. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada pagan un precio más elevado. ¿Lo recuerdan todos ustedes? Es una frase -muy distentida, por cierto- que dijo el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Cerca de 11 millones de consumidores en España están acogidos a la tarifa regulada, 11 millones de tontos, entre ellos yo. A todas sus señorías, al igual que al resto de los españoles, una llamada telefónica nos ha violentado durante la mejor de las siestas de verano, en una etapa llana del tour. ¿Qué querrán? Muy sencillo: jugar con las palabras y el desconocimiento entre lo que es la distribuidora y la comercializadora de gas y electricidad. No tienen que cambiar, nos dicen, le ofrecemos un mejor contrato en el que usted pagará menos. Normalmente se conforman con que cambies de comercializadora por otra de la competencia y otras muchas veces la estafa es ofrecer algo imposible de materializar, porque está por debajo del precio real de coste. Cuando te llega el contrato y el primer recibo, si lo miras, que la gran mayoría de la gente no lo mira, el sobresalto es mayúsculo, no tiene nada que ver con la conversación telefónica registrada. Los consumidores más expertos, los pocos que saben orientarse en el complejo mapa de la Administración pública, llevan su reclamación a la Administración de consumo autonómica. Empresas multinacionales conocidas por todos nosotros participan en las juntas arbitrales de Consumo. Allí diferentes árbitros analizan la reclamación y exigen a la compañía la transcripción de la conversación telefónica. Curiosamente, esta nunca aparece. Caso resuelto, el consumidor tiene razón y se le compensa. Un apunte. Las empresas matrices están adheridas a las juntas arbitrales, pero sus filiales low cost no. En esas, al consumidor engañado le toca presentar denuncia judicial. Si la Administración de consumo autonómica es proactiva y va más allá, interroga directamente a la empresa. La respuesta siempre es la misma: un comercial que trabaja para una subcontrata se ha excedido. Si se les recuerda que no es la primera vez que pasa, la respuesta es categórica: ya hemos rescindido el contrato con esa empresa que dañaba nuestra reputación comercial. Ese era el modus operandi que utilizaban las empresas cuando el precio de la luz ocupaba la portada de los medios de comunicación y, por tanto, como sabemos por otros temas, se convertía en una preocupación de los ciudadanos.»
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Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Dicho esto, nos sorprende que no fuera hasta 2017, cuatro años después de la directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que la legislación española no la incorporara en su ordenamiento jurídico. Curiosamente, en esa trasposición a la exposición de motivos -en esa-, el legislador español manifestó que es importante destacar que esta ley -aquella- no regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de las entidades de resolución alternativa a que pueden recurrir los consumidores y empresarios para la resolución de sus litigios. Siete años después de esa trasposición y once años después de que el Parlamento Europeo dictara la directiva, hoy ustedes vienen aquí y expresan de nuevo que los últimos informes de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre comercializadores y consumidores, publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señalan la necesidad de introducir modificaciones legislativas que determinen la obligación de información prevista en la normativa sectorial. En pocas palabras, once años después, las empresas eléctricas y las gasísticas no parece para nada que se hayan aplicado lo que la legislación del año 2013 requería y a los sucesivos Gobiernos del Estado, en vez de hacer su trabajo y forzar la aplicación de la ley, únicamente se les ocurre legislar de nuevo que tienen que cumplir la legislación.»
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Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, debo recordarles que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de consumo, como recoge el artículo 123 del estatut de Catalunya, y esta competencia incluye la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y el establecimiento y aplicación de los procedimientos administrativos de quejas y reclamaciones, una competencia que también incluye la regulación de los órganos y los procedimientos de mediación en materia de consumo y la regulación de la información en materia de consumidores y usuarios. Asimismo, el artículo 28 del estatuto ampara los derechos de los consumidores y usuarios y su derecho a la protección de su salud y seguridad, y también expresa que estos, los usuarios, tienen derecho a una información veraz y entendedora sobre las características y los precios de los productos y los servicios, a un régimen de garantía de los productos adquiridos y de los suministros contratados y a la protección de sus intereses económicos ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas. Yendo más allá, en el artículo 49 se indica que los poderes públicos deben garantizar la existencia de instrumentos de mediación y arbitraje en materia de consumo, deben promover el conocimiento y la utilización y deben apoyar a las organizaciones de consumidores y usuarios. Así pues, una vez más nos encontramos ante una propuesta, la suya, para modificar una ley estatal referente y ocupando una competencia exclusiva de Cataluña. Nosotros, por lo tanto, una vez más, defenderemos las competencias de Cataluña y plantaremos cara ante los continuos intentos de injerencia y de supeditarnos. Y plantar cara quiere decir la presentación de una enmienda a la totalidad a esta proposición de ley para proteger la invasión competencial que se está intentando llevar a cabo, una enmienda a la totalidad que, además, como se ha visto ya en anteriores ocasiones, no levantaremos si no hay acuerdo en materia competencial.»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Asimismo, señalan los informes del Defensor del Pueblo que un alto número de consumidores no sabe a qué órgano o Administración acudir para resolver sus reclamaciones frente a sectores energéticos. Señalan, incluso, que las consejerías autonómicas responsables en la materia -competentes para conocer las discrepancias que surgen en el marco de las reclamaciones energéticas-, una vez que se ha concluido el proceso de reclamación y han sido desestimadas estas reclamaciones por las comercializadoras, han detectado casos en los que las autoridades de consumo han facilitado una información errónea al considerar que el consumidor no tenía acceso a una vía extrajudicial. ¿Qué nos indican estos informes? Nos indican que aún nos queda un importante camino por recorrer para consolidar el sistema, para unificar criterios y difundir de forma adecuada las posibilidades que brinda nuestro ordenamiento jurídico a los consumidores para proteger sus derechos. Señorías, esperamos contribuir con nuestra propuesta a avanzar en este camino y seguir evolucionando en la protección jurídica del consumidor, que somos la sociedad en general. Amparados en las recomendaciones que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su último informe, es nuestra intención aclarar el contenido del deber de informar a los consumidores sobre la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que se contienen en dos importantes leyes sectoriales: la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos. Somos conscientes de que la resolución alternativa de litigios aún no es suficientemente conocida por los consumidores y usuarios. Por este motivo, es importante remover desde los poderes públicos cualquier obstáculo que pueda dificultar la información que debe ofrecerse a los consumidores para el acceso a esta vía de solución de conflictos. Reitero mis palabras del principio: un consumidor informado es un consumidor protegido. (Aplausos). Contribuir a este objetivo es lo que motiva esta propuesta, la cual espero que sea de interés para el resto de los grupos parlamentario de esta Cámara y podamos seguir avanzando para la sociedad española. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Emilia Almodóvar Sánchez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley...
«Presidenta, señorías, buenas tardes. Comenzamos la sesión en defensa del consumidor bajo el prisma de que tan importante es el reconocimiento normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio. Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí una proposición de ley para armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación con la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Señorías, la vulnerabilidad económica entorpece el acceso a la justicia, y este principio, que es aplicable con carácter general, lo es más en el derecho de consumo. Con independencia de los derechos que puedan reconocer nuestras leyes, estos derechos se convierten en humo si no existen cauces adecuados para que los consumidores los puedan hacer valer. Esto lo entendimos muy bien los socialistas cuando pusimos en marcha el Sistema Arbitral de Consumo, paradigma en Europa del sistema alternativo que garantiza el respeto de los consumidores. (Aplausos). La Constitución exige que los poderes públicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los intereses económicos de estos. Por tanto, nuestro marco constitucional es el mandato que impulsó la aprobación en España en 1984 de la primera ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Avanzando en la garantía de la eficacia sobre bases firmes para la protección de sus derechos, en su artículo 31 mandató al Gobierno la creación de un sistema arbitral que entendiera y resolviera, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios. El Sistema Arbitral de Consumo fue desarrollado reglamentariamente por primera vez en el Real Decreto 636/1993.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También lamento -y quiero decirlo expresamente- que no se haya incorporado el Grupo Parlamentario Popular a este gran consenso que hemos logrado con esta ley, aunque por razones absolutamente ajenas al contenido de la ley que se acaban de explicar en este atril. La Comisión de Justicia tiene un trabajo complejo, difícil, y tanto letrados como asesores como diputados y diputadas son grandes profesionales que hacen un gran trabajo. Por eso yo quiero hoy felicitarles y quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho para que en unos meses hayamos sido capaces de aprobar una ley orgánica tan importante para la justicia como es esta. Y quiero también agradecer a los trabajadores del Ministerio de Justicia, a los servidores públicos que han estado trabajando durante meses y años para que hoy la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia vea la luz. (Aplausos). Gracias a todos ellos y a todas ellas. Con la aprobación de esta ley, señorías, damos un paso fundamental para la mayor transformación en décadas de la justicia. Vamos a conseguir una justicia del siglo XXI accesible, fácil, capaz de adaptarse a lo que nos pide la ciudadanía y a lo que nos piden los profesionales del derecho. Los tribunales de Instancia son necesarios en la organización de nuestra justicia, igual que lo son los medios alternativos de solución de conflictos para evitar el colapso en nuestros juzgados. Vamos a especializar a jueces, vamos a conseguir que las cargas de trabajo se repartan de manera más equitativa. En definitiva, vamos a conseguir que la justicia sea lo que siempre ha debido ser y que, sin embargo, estamos construyendo en esta legislatura: una justicia del siglo XXI. Por tanto -y termino ya, presidenta-, gracias a los grupos parlamentarios que lo van a hacer posible, gracias a los servidores públicos que lo han hecho posible, gracias a todos los profesionales de la justicia, que hoy están de enhorabuena. La justicia del siglo XXI nace hoy. Gracias. (Aplausos).»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Hoy va a ser una realidad. Hoy, aprobando esta ley con su voto van a dar ustedes un paso de gigante en la transformación de la justicia en nuestro país. Y por eso quiero dar las gracias a mis antecesores en el ministerio en primer lugar. También a los grupos parlamentarios. Ha sido un trabajo arduo. Ha habido más de mil enmiendas con las que trabajar en esta norma, una norma, una ley orgánica que tiene más de trescientos artículos. Y, por cierto, ha sido un trabajo realizado en un tiempo récord. Agradezco a los grupos parlamentarios su apoyo y agradezco a los diputados y a las diputadas de la Comisión de Justicia el esfuerzo que han hecho. No tener en vigor esta ley el 1 de enero de 2025 costaba a las arcas públicas 2400 millones de euros de fondos europeos; 2400 millones de euros. Lo digo porque se ha dicho en el atril que era cero. Bueno, pues 2400 millones de euros es una cifra algo diferente a cero.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En cuanto a la buena regulación, deberían hacer caso a los letrados. Y agradezco en este momento su trabajo, por las condiciones en las que les han hecho trabajar. Ustedes hacen el ridículo. El número 8.º de la exposición de motivos habla de los principios de buena regulación del 129 de la ley de procedimiento administrativo. Con este ejemplo, que van a incorporar en su Oficina de Calidad Normativa, ministro, es imposible; es imposible que ninguno de ellos mantenga ni seguridad jurídica ni eficiencia; nada. Necesidad. ¡Ah, es que no lo han entendido! La ley de procedimiento administrativo habla de la necesidad objetiva de los ciudadanos, del interés público; pero esta es una amalgama de intereses particulares, es un contenedor de intereses particulares. (Aplausos). Barullo, caos y mercadeo es lo que es esta ley. ¡Ah!, ministro, es Poder Judicial, son normas de organización y funcionamiento del Poder Judicial. ¿Qué nos ha hecho con los reales decretos leyes 6 y 7 de la DANA? ¡Por Dios! Entran en competencias de ley orgánica, en funciones del Poder Judicial -ya no respetan nada- con el DAO y con el Poder Judicial, restándole las competencias que solo tiene el consejo. De esto hablaremos en los próximos días.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Presidenta, señorías, buenos días. Antes de comenzar, quiero dejar constancia de mi pesar por tantas víctimas y de mi afecto y apoyo a todos los afectados por la DANA, la consideración y el respeto por el inmenso trabajo de los servidores públicos y de los voluntarios y la preocupación por el temporal, que vuelve a golpear en las últimas horas. (Aplausos). Señorías, vamos a hablar de verdad de la ley. Les informo: estamos ante la ley del sí o sí, ante una nueva modalidad de un real decreto ley ómnibus para leyes orgánicas. Vean: se registra un proyecto fake, se redacta otro mediante enmiendas en el ministerio, que luego presentan los grupos de Gobierno y se impone. Eso es lo que entienden por negociar. Es la prueba inequívoca de que entró en esta Cámara el proyecto fake del que yo hablaba el 11 de julio, una nueva falta de respeto a las Cortes Generales. Y se lo voy a explicar, porque no son frases para impactar. ¿Que no es posible la implantación de la ley en julio de 2025 -lo dice todo el mundo- sin riesgo de colapsar la justicia? No importa, sí o sí. ¿Que se carga a ayuntamientos y comunidades con el coste de la ley? No importa, sí o sí. ¿Que la ley es más difícil de leer e interpretar que un jeroglífico? Sí o sí. ¿Que de las observaciones técnicas de los letrados, cincuenta y cuatro apretados folios, se aceptan cuatro comas y se desoye todo lo demás? No importa, sí o sí. Se aprueba como sea, por encima de todo, sea cual sea el pago; la justicia es la que paga el precio. Esta ley del sí o sí es el late motiv real de un proyecto que debería haber sido lo que el portavoz socialista ha relatado, pero que no lo es. Hoy la tenemos que aprobar sea como sea y está manchada de indignidad, porque, junto con el debate de Radiotelevisión Española, el día 30 de octubre se convocó una ponencia para incorporar todo lo que pasaba por allí, todo lo que querían, haciéndolo rápidamente y con una comisión el día 4 para que no se notara mucho.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señorías, hoy damos un paso importante, un cambio histórico, y lo damos juntos. Desde mi grupo esperamos contar con sus señorías para dar los siguientes pasos, para seguir aprobando las leyes que permitan transformar el Servicio Público de Justicia que merecen nuestros ciudadanos. Sin embargo, señorías, no puedo ignorar la decisión de bloqueo sistemático de algunos grupos parlamentarios. Me estoy refiriendo a VOX y al Partido Popular, que han preferido la cómoda trinchera de la inacción a la responsabilidad de colaborar en este proyecto de ley. Llama poderosamente la atención que el parlamentario de VOX suba a esta tribuna como si hubiesen trabajado en esta ley sin descanso: 11 enmiendas presentadas de 1100 y la mitad para cambiar el idioma de género. (Aplausos). Esa es la aportación de VOX a la justicia de este país. Quiero hacer una pregunta, como ya hizo mi compañero Víctor en el debate a la totalidad de la enmienda que ustedes presentaron a esta ley. Señorías del Partido Popular, ¿consideran necesaria una nueva organización de la Administración de Justicia, sí o no? Señorías del Partido Popular, ¿consideran que el modelo tradicional del juzgado unipersonal se ha quedado obsoleto, sí o no? Señorías del Partido Popular, ¿consideran que se debe seguir avanzando en la especialización de los órganos judiciales, sí o no? Pues, señorías, de esto va este proyecto de ley y de esto van las mejoras introducidas sobre la tramitación de esta ley (aplausos), algunas de ellas recogidas en sus propias enmiendas.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Señora presidente, miembros de la comisión participantes en la ponencia, especialmente los que llevan la representación de la misma en este debate, permítanme vuestras señorías una intervención esquemática, simple, insuficiente por la premura del tiempo asignado, siendo de obligada condición hoy y ahora aquí no huir de la vehemencia necesaria que requiere la actual y calamitosa situación en España con los últimos acontecimientos en momentos de rabia, de dolor, de sentido de duelo con los hechos más trágicos y de estupefacción, indignación y reproche por tanta iniquidad política de este Gobierno y sus secuaces de turno. (Aplausos). Ejemplo de ello es el trámite formal con el que despacha este importante proyecto de ley -que debe reformar, en teoría, la justicia- con rapidez inusitada en su fase final, con enmiendas a paladas, a martillazos deslavazados, retirando una sección entera -tal como se advirtió-, incoherente y que apuntala el fallido Estado de las autonomías que han estado amamantando todos ustedes con fruición suicida, empeñados en matar las almas regionales para sustituirlas por hechos diferenciales a través de estructuras administrativas caras, inútiles y perversas como las comunidades autónomas, con todo el soporte artificioso y pesebres de favores que las hacen inútiles -como hemos visto, por desgracia-, que reafirman la desigualdad entre españoles y que persisten -con esta reforma que afecta a la justicia- en trato diferente en según qué taifa. Proyecto de ley llamado de eficiencia del servicio público de justicia, justo en los momentos en que el fallido Estado de las autonomías ha mostrado su auténtico y pavoroso rostro en un Estado ineficiente y fratricida, inexistente cuando más necesario era. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«También hay otras reformas de la planta judicial y procesales que se incorporan. Lamentamos que se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios (aplausos), perdiendo una oportunidad de avanzar en el ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios. Es urgente retomarlo pronto. Nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas. Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas que redundarán en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público. Tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos, como Comisiones Obreras, y por eso les pedimos que aprueben nuestras enmiendas 47 y 48, que se han mantenido vivas tras el debate en la Comisión de Justicia, porque son medidas para fijar más empleo en territorios en riesgo de despoblación. (Aplausos).»