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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Ione Belarra · Podemos ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de...
«Vayamos a algunos ejemplos concretos de jueces que no van a pagar por la guerra sucia judicial que cometieron contra mi partido y contra otros. El juez García-Castellón, de la Audiencia Nacional, conocido en Valladolid por su cruzada personal contra una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. Es un juez que se inhibió en el caso contra Augusto Pinochet, el dictador chileno. Más recientemente, abrió un caso por el informe PISA que no tenía ni siquiera sello judicial. El juez García-Castellón convirtió a las víctimas en acusados en aquel llamado caso Dina. Ha tratado de acusar de terrorismo a Marta Rovira y a Carles Puigdemont. Y lleva años protegiendo a los corruptos del Partido Popular, como Dolores de Cospedal, Ignacio González o Esperanza Aguirre. (Aplausos). ¿Va a rendir cuentas el señor García-Castellón? ¿Se le va a condenar por prevaricación? Desde luego que no. Lo que va a pasar es que el juez García-Castellón se va a jubilar cuando le dé la gana. Segundo ejemplo. Los jueces Marchena y Pablo Llarena, presidente y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sala más poderosa del tribunal más poderoso de este país, aquella que el señor Cosidó, el portavoz en el Senado del Partido Popular, quería controlar por la puerta de atrás. Yo, después de este acuerdo, creo que solo cabe darles la enhorabuena a sus señorías del Partido Popular, ya que ahora no tienen que controlarla por la puerta de atrás, ya la pueden controlar ustedes por la puerta grande. (Aplausos). Consiguió el señor Marchena su plaza en el año 2014 a pesar de tener muchísimos menos méritos para el puesto que el señor Conde-Pumpido, que también aspiraba a esa plaza. Él es el responsable de que se retirara de manera fraudulenta el escaño de Alberto Rodríguez, ese al que investigaron más de mil veces, en la pasada legislatura. Fue también el responsable de que no se investigara a Pablo Casado por su máster irregular, cuando era presidente del Partido Popular, y también es responsable de que el Tribunal Europeo de Derechos Humano tirara de las orejas a España por el caso Atutxa. Junto a Llarena, ha retorcido, como decía, la ley de amnistía para dejarla sin efecto y para subvertir la voluntad popular del Poder Legislativo. Casualmente, este enemigo de la democracia, el señor Marchena, terminaba su mandato en septiembre de 2024. ¡Qué bien les ha quedado el timing, señorías del Partido Popular! No solo va a seguir en su puesto, sino que probablemente va a haber reforzada su posición.»
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Víctor Javier Ruiz de Diego · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Ahora me gustaría dirigirme a la proponente de la enmienda a la totalidad. Tras la lectura de su enmienda podemos extraer las siguientes conclusiones, que, incluso, podrían convertirse en preguntas al Grupo Popular. ¿Consideran conveniente una nueva organización de la Administración de Justicia, sí o no? ¿Consideran que el modelo tradicional de juzgado unipersonal ha quedado obsoleto, sí o no? ¿Consideran que debe actuarse frente a la falta de especialización de los juzgados, sí o no? ¿Consideran conveniente actuar frente a la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado, sí o no? ¿Consideran conveniente ofrecer a la ciudadanía una justicia más próxima y sostenible, sí o no? (Aplausos). En el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos la actuación del Grupo Popular frente a una iniciativa legislativa imprescindible, como han dicho algunos de mis compañeros del servicio público de justicia, cuya frase -me gustaría reseñarlo- no aparece en la enmienda a la totalidad. Señorías del Grupo Popular, no esperábamos menos de ustedes. Una enmienda a la totalidad, y no sorprende... (La señora Moro Almaraz pronuncia palabras que no se perciben). Yo fui a un colegio público y me enseñaron educación, señoría (la señora Moro Almaraz: Estoy contestando); me enseñaron educación. (Aplausos). Como decía, no esperábamos menos de usted, pero lo que nos sorprende es que la enmienda a la totalidad venga sin texto alternativo. Si tantos documentos tenían aquí, ¿por qué no tenían un texto alternativo a lo que proponía el Gobierno? (Aplausos). Es una nueva muestra de su curiosa actuación parlamentaria y una imagen clara de lo que la derecha supone en la política española en la actualidad. Ustedes se encuentran muy a gusto en la confrontación permanente, en una continuada estrategia del ruido, con la que tratan de acallar los avances sociales de los gobiernos progresistas. Frente a eso, la voluntad política se demuestra gobernando, y el Gobierno y el Grupo Socialista están, precisamente, para impulsar, con el máximo consenso político con las fuerzas políticas que así lo quieran, un magnífico documento, que es el que nos ha venido del Consejo de Gobierno.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«A todo ello se añade una curiosa interpretación en la transposición de la Directiva europea 2020/1828. No se trata tan solo de la perpetuación del obiter dicta abordado en resoluciones judiciales de manera tangencial para corroborar o ilustrar decisiones, todo ello consecuencia de la mala praxis legislativa, sino que, como argumento de peso sobre el error constante de la defectuosa técnica legislativa a la que nos tienen acostumbrados, se produce una vulneración de los derechos del ius in officium de los parlamentarios, de todas vuestras señorías, y el legítimo derecho como mandato a ejercer el cargo público representativo con las funciones inherentes al mismo. Esta forma de legislar, a través, como es el caso, de leyes ómnibus asimiladas a las leyes de acompañamiento y las conocidas como leyes escoba o macedonia, como decía el diputado de Junts, que tienen el reproche constitucional, supone una evidente vulneración del conocido derecho de enmienda y participación de los parlamentarios en el proceso legislativo, aunque, innegablemente, se esté también controlando un defecto de técnica legislativa, tal como se denuncia.»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Pues bien, desde hace dos años se están viviendo intentos de destrucción del SERLA, que es el servicio autónomo de solución de conflictos de Castilla y León, por parte de la propia Junta de Castilla y León, en la que hoy, al menos todavía, cogobiernan el PP y VOX. (Aplausos). Desde que la Junta dejara fuera de los presupuestos generales de 2023 al SERLA se han producido impagos de nóminas a sus trabajadores y trabajadoras, incumplimiento del pago del alquiler, cortes de red de Internet y teléfono y hasta una recientísima orden de desahucio. Todo ello está impidiendo la realización de trámites por parte de cientos de personas trabajadoras y cientos de empresas, que les preocupan un poquito más. Solo gracias a la labor institucional, a la movilización social de los sindicatos y a diversas actuaciones de carácter judicial, administrativo y político del Ministerio de Trabajo y Economía Social se está consiguiendo una agónica supervivencia del SERLA. El cierre del SERLA o de cualquiera de los sistemas autónomos supondría un retroceso en la protección de los derechos laborales, un retroceso para la democracia de las relaciones de trabajo y, en lo que a este proyecto que el Grupo Popular hoy enmienda atañe, una sobresaturación de los juzgados y tribunales de lo social.»
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Verónica Barbero · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Sí, señorías del PP, ustedes son partidarios de sobresaturar la justicia y generar costes innecesarios para la ciudadanía y el erario, y no lo pueden negar porque sus actos hablan por ustedes. ¿Les sonarán los medios autónomos de solución de conflictos de trabajo? Son sistemas -ya se lo explico por si no les suena- para la solución negociada de conflictos laborales cuya existencia se fundamenta en el artículo 37.2 de la Constitución española y en los artículos 6.3 y 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Actualmente, en nuestro ordenamiento es manifiesta la universalización del recurso a estos procedimientos gestionados por órganos con origen en acuerdos interprofesionales, acuerdos entre sindicatos y asociaciones empresariales de delimitación territorial: el ASAC, en el ámbito estatal supraautonómico; el AGA, en Galicia; el PRECO, en Euskadi; TAMIB, en Baleares; SASEC, en Asturias; SERCLA, en Andalucía; Tribunal Laboral de Conciliación, Mediación y Arbitraje, en Cataluña; el TAL valenciano, y un larguísimo etcétera. Los datos estadísticos publicados por los servicios estatal y autonómicos evidencian los numerosos efectos positivos de su actividad: millones de horas de trabajo no perdidas por haber alcanzado una solución antes de iniciarse una huelga; la consecución de acuerdos de difícil alcance que han beneficiado a millones de personas trabajadoras y contribuido sobremanera a una gestión eficaz de las empresas, y, en definitiva, la rápida solución de conflictos sobre derechos con un efecto colateral importantísimo: la descongestión de la Administración de Justicia.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Gracias, presidenta. Diputadas y diputados, quiero expresar el voto negativo a la enmienda a la totalidad, porque, como se ha comentado, lo que contiene entendemos que es considerablemente conexo como materia, porque proviene de trabajos que ya se estuvieron trabajando con bastante intensidad en la última legislatura, y que decayó, porque contiene lo que es materia de ley orgánica, porque el resto fue a parar al Real Decreto 6/2023, pero también porque, teniendo en cuenta que votaremos en contra de la enmienda a la totalidad y que es previsible que esta decaiga, significa que daremos trámite a la posibilidad de que esta ley vaya haciendo su camino con sus enmiendas parciales. Por tanto, es importante dejar unas cuantas líneas claras antes de que empecemos esta negociación, parte de la cual ya se ha hecho, lo aviso. Lamento tener que discrepar absolutamente en este caso con el compañero diputado que me ha precedido, pero si alguna línea roja clara tienen Esquerra Republicana y Catalunya son los juzgados de paz; es decir, no aceptaremos ningún texto normativo que los vacíe de contenido o que los haga desaparecer, porque el análisis que hacemos del juzgado de paz es exactamente el mismo vinculado a la justicia de proximidad, al conocimiento del territorio, a su eficiencia y eficacia. Y no estamos hablando de nombres, estamos hablando de una institución que es muy antigua en nuestro país. Por tanto, de ninguna manera aceptaremos un proyecto normativo que pueda afectar a esta figura histórica del derecho catalán.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, ministro; buenos días de nuevo, señorías. El Grupo Parlamentario Popular presenta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Es un proyecto que, ciertamente, como dicen los populares, es un auténtico cajón de sastre donde se recogen una serie de materias que en la anterior legislatura -lo han dicho varios de los ponentes que me han precedido- se trataron en tres proyectos diferentes. Para nosotros esto no es ninguna sorpresa, es la extensión de los decretos ley ómnibus o macedonia, como les llamamos nosotros, a los que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno y que tantas veces hemos dicho que, muy a menudo, nos dificulta su debate y también su posicionamiento. Ministro, sin ningún entusiasmo se lo digo: Quizá tendríamos que valorar si tiene razón de ser esta totalidad. Lo veremos. En relación con todo lo que se regula en este proyecto, que no es poco, nosotros, como siempre, tenemos una prioridad: Cataluña; en este caso, concretamente, la defensa de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de justicia y en el cumplimiento del estatuto. Es una prioridad a pesar de que el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, hay que recordarlo, no ha sido aprobado por el Parlamento de nuestro país y tampoco por esta Cámara ni por el Senado ni tampoco refrendado por los ciudadanos de Cataluña. Es una prioridad, a pesar de su redacción actual, la del Estatuto de Cataluña, que es el resultado de la indebida intromisión mediante la sentencia 31/2010 de un Tribunal Constitucional politizado y falto de legitimidad. Es una prioridad. A pesar de sus enormes faltas y a pesar de todo esto, el estatuto es una norma vigente que reconoce una serie de competencias que nosotros hoy estamos aquí para defender, y en este proyecto, Junts per Cataluña, sin descuidar ninguno de los otros temas legislados, pondremos todo el hierro en la defensa de los juzgados de paz. En la legislatura anterior Junts per Cataluña se quedó sola en la defensa de los juzgados de paz ante la voluntad del Estado de suprimirlos con las leyes de eficiencia en el ámbito de la justicia de aquel momento y con la connivencia entonces del Gobierno de la Generalitat. En Cataluña los juzgados de paz son un instrumento de justicia y de proximidad muy enredado en el país, que han demostrado a lo largo de su historia su vocación de servicio público, utilidad y eficacia en la resolución de los conflictos. Pero no solo eso, los juzgados de paz son, por encima de todo, órganos pertenecientes al Poder Judicial, a los que les corresponde ejercer las funciones de la llamada justicia de proximidad recogida en el artículo 108 del Estatut de Catalunya.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Además de todo esto, de ese proyecto heterogéneo que se ve que ni con maquillaje han podido conseguir que en el primer libro se supriman los juzgados de todo tipo -ojo, alcaldes; ojo, señorías: los juzgados de paz, juzgados de instancia, juzgados de instrucción-, muy bien, nosotros somos partidarios del tribunal de instancia, pero no nominal sino serio, y eso cuesta y necesita estabilidad. Pues además de eso -vamos a llamarlo- la guinda del pastel es que lo hace con la incorporación del anteproyecto de acciones colectivas. Mire usted, le agradezco que no haya sido tan insistente en aquello de: Ustedes responderán ante la Unión Europea, ustedes responderán de que no hemos cumplido a tiempo, ustedes responderán..., no, porque esa es su responsabilidad como Gobierno. Incluso FACUA ha puesto de manifiesto (muestra un documento) que este sistema, que rompe absolutamente con la tradición jurídica y la seria protección española y europea de los consumidores, y que rechazan la mayor parte de las trasposiciones de la directiva en Europa, es un modelo favorable a un nuevo cliente, a un nuevo nicho de empleo, que son los fondos de inversión, los fondos de licitación internacionales. (Aplausos). Estamos asombrados: ¡un Gobierno de izquierdas que regula! -y no puedo detenerme- un modelo -y no me hagan caso a mí ni al Consejo Económico y Social ni al Consejo del Poder Judicial- al que el Ministerio de Economía pone tres objeciones que no han sido salvadas (muestra otro documento), que ponen de manifiesto que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que va en contra del derecho de defensa y que va en contra del artículo 24, hoy de moda en esta Cámara. ¡Este es el fondo del derecho de defensa! Los consumidores no van a recibir más que lo que están recibiendo desde hace tiempo en Estados Unidos por este tipo de modelo, en el mejor de los casos, 3 dólares o, como nos ocurrió a muchos con el tema del diésel, unos guantes de cortesía. Sin embargo, los fondos de licitación -está demostrado en distintos informes que pueden consultar, al igual que yo- tienen una media de ganancia de 1 millón de euros. Hay una ausencia de beneficio para el consumidor, porque se destruye el mercado, se destruyen las empresas y el consumidor es excluido, porque es un sistema de desvinculación, y el consumidor no se va a desvincular. Habrá una lucha feroz de esos fondos de inversión litigadores para, con el menor esfuerzo, con menores consumidores a los que resarcir, poder ganar mucho dinero a costa de destruir nuestro sistema, que es un ejemplo -un ejemplo- en toda Europa y en toda Iberoamérica.»
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María Jesús Moro Almaraz · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En primer término, tengo que decir que mi partido, el Partido Popular, reivindica el respeto del Gobierno para con el Poder Judicial como presupuesto imprescindible e innegociable para seguir avanzando en las reformas presentadas para alcanzar esa Justicia más ágil y eficiente en España. Es inadmisible, señorías, señor ministro, seguir con la poco edificante actitud gubernamental, con el bochornoso espectáculo que sube cada semana de decibelios contra los jueces, y que no solo no encuentra defensa por parte del ministro de Justicia, sino que, sorprendentemente, se ha convertido en el principal activista, en los últimos días, en el acoso y presión a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. (Aplausos). Sentado esto, que es fundamental -porque si no ¿qué estamos haciendo?-, reclamamos la devolución de un proyecto que atenta contra los más esenciales principios de la buena técnica normativa; la seguridad jurídica; desatiende cada vez de forma más grave las advertencias del Consejo de Estado; y que introduce, sin la suficiente motivación, nuevas reglas de calado importadas de otros sistemas jurídicos, como el estadounidense, que rompen con el sistema de defensa de consumidores y usuarios en España, dando un poder inusitado e injustificado a fondos internacionales de litigación; utilizando a los consumidores para privarles de su derecho a la tutela judicial efectiva, con una norma de dudosa constitucionalidad y con grave riesgo y consecuencias para el tejido económico del país. Un cambio de modelo que no ha sido justificado -hoy ha desaprovechado esa ocasión-; no lo ha sido ni en sus causas ni evaluado en sus consecuencias, y que avanzaría en contra del criterio de los principales órganos consultivos del Estado, del propio Ministerio de Economía -no el nuestro, no Luis de Guindos, no, el Ministerio de Economía de ustedes, de este Gobierno-, que ha vertido -y ahí está sellado, rubricado por el Ministerio de Asuntos Económicos- la grave inconstitucionalidad en la que se puede incurrir con este proyecto, la tercera parte de este proyecto. (Aplausos).»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«En resumen, estamos llevando al BOE lo que siempre han sido grandes consensos sociales en torno a la necesidad de modernizar las viejas estructuras de la justicia, y estamos haciéndolo realidad con leyes, con un proyecto de justicia de país, que pueda convertir nuestra justicia en algo avanzado y en algo ejemplar. Esos consensos ya no son una música en la que todos podemos sentir algo agradable, sino que hay letra, y esa letra son los proyectos de ley que estamos aprobando, en particular este. Desde luego, es mucho más cómodo quejarse de que la justicia es lenta, de que la justicia funciona regular, y es mucho más difícil ponerse a trabajar para que la justicia sea ágil, sea digital y sea una justicia del siglo XXI. Por eso les invito a que hagamos eso, a que se supere la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular y nos pongamos a trabajar en el proyecto de ley; también ustedes, también el Grupo Parlamentario Popular, porque creo que este proyecto de ley es, desde luego, una reivindicación de jueces, magistrados, fiscales, abogados y procura, para intentar dar un paso adelante en la modernización y en la agilidad de nuestra justicia. Los argumentos que presenta el Grupo Popular para presentar la enmienda a la totalidad tienen que ver, en su opinión, con la necesidad de mejorar la técnica legislativa, que los operadores jurídicos no están cómodos con esta reforma, y que se están regulando las acciones colectivas en defensa de los consumidores y usuarios. Seguramente, en algunas de las cuestiones no estaremos de acuerdo, pero en otras será posible, y con facilidad, encontrar puntos de equilibrio entre el Grupo Parlamentario Popular y el resto de fuerzas parlamentarias de esta Cámara. Desde luego, como no contribuimos a mejorar la justicia es votando a favor de esta enmienda a la totalidad, porque eso sería tanto como rendirnos y tanto como aceptar que la justicia ha de estar anclada en el siglo XIX y no mirar al futuro e intentar que nuestra justicia lo sea del siglo XXI. (Aplausos). Y rechazar la enmienda a la totalidad es trabajar por la justicia, es hacerlo juntos, es hacerlo con el consenso que hemos obtenido, por ejemplo, con la Ley Orgánica del derecho a la defensa. Pero es también mirar al futuro y trabajar de verdad por una justicia que esté a la altura de la España del siglo XXI. Y, por el contrario, aceptar la enmienda a la totalidad es que nadie haga nada, que todo quede igual, que sigamos en el siglo XIX y que, por tanto, nuestro país tenga una justicia que no se merece. Creo que bastante inacción -y por demasiado tiempo- ha habido ya en la justicia. Por todo ello les pido que voten en contra de la enmienda la totalidad y que nos pongamos de inmediato a trabajar en la justicia del siglo XXI que necesita este país. Gracias. (Aplausos).»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Los tres ejes fundamentales de esta norma son: primero, una reforma organizativa de nuestra justicia para llevarla al siglo XXI; para que pasemos de una estructura que es del siglo XIX al siglo XXI. Se crean los tribunales de instancia, de tal manera que, en una única organización, en cada partido judicial, habrá un tribunal que permita mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas, en la carga de trabajo y también en la creación de secciones especializadas en lo mercantil, en familia o en violencia de género, que puedan hacer su trabajo con mayor celeridad. Se crean las oficinas de justicia en los municipios, que sustituirán a los juzgados de paz, para convertirlos en puntos de cercanía de la justicia a los ciudadanos de nuestro país; de tal manera que vivir en un municipio pequeño o en una zona despoblada de nuestro país, no perjudique los derechos de los justiciables cuando tienen que acudir al servicio público de la justicia. Creamos un nuevo modelo de oficina judicial que estará adscrito a cada tribunal de instancia, de tal manera que pretendemos ahorrar costes y facilitar la labor de los funcionarios que tienen que trabajar en estas oficinas judiciales, que podrán hacerlo con mayor flexibilidad.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Por eso, como continuación a ese Real Decreto Ley 6/2023, que suponía la trasposición a nuestro derecho de la Ley de Eficiencia Procesal y de la Ley de Eficiencia Digital, hoy traemos este proyecto de ley de reforma de nuestra justicia, para dotarla con una estructura orgánica que sea eficaz, que se adapte al siglo XXI, que sea rápida, que sea ágil y que pueda permitir mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas. Es un proceso de reforma que ya se inició en la legislatura anterior, que se denominaba Proceso de eficiencia organizativa del servicio público de la justicia. De hecho, se hizo un trabajo muy fructífero y muy intenso por parte de los distintos grupos parlamentarios, que dio lugar a multitud de enmiendas que ya fueron aprobadas en ponencia en la legislatura anterior. Es voluntad Gobierno que todas esas enmiendas que ya se pactaron, se negociaron y se acordaron en la legislatura anterior, se puedan incorporar al proyecto de ley que hoy presentamos para defenderla de la enmienda a la totalidad presentada.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
«Buenos días, señorías. Tomo la palabra ante ustedes para defender el Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores frente a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Quiero decirles que esta norma es fundamental en el proyecto que tiene este Gobierno para la justicia. Queremos impulsar -me lo habrán escuchado más veces- la mayor transformación de la justicia en décadas, y queremos hacerla a través de estas reformas legislativas, que son imprescindibles. Queremos una justicia que sea ágil, que sea digital, que funcione y que sea útil para los principales destinatarios de la justicia, que no son otros que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y, además, queremos hacer una reforma integral de la Administración de Justicia, que nos permita pasar de una estructura del siglo XIX a tener una justicia con una estructura del siglo XXI. Ya hemos dado pasos en esta dirección. Ya se aprobó y se convalidó por esta Cámara el Real Decreto Ley 6/2023, que potencia, por ejemplo, todos los trámites, todas las vistas telemáticas; impulsa la Carpeta Justicia para hacer posible que cualquier profesional o cualquier ciudadano, desde su casa o desde su despacho, pueda acceder a todos los procedimientos en los que sea parte o en los que esté asesorando a un cliente. También se introduce en la ley -ya está en vigor, es el Decreto Ley 6/2023- la posibilidad de procesos de robotización y de utilización de inteligencia artificial para algunos procesos que son repetitivos y que consumen mucho tiempo a los funcionarios y funcionarias, y que, sin embargo, no aportan un valor añadido, y así se pueda hacer a través de las máquinas.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Es una ley útil, es una ley pionera en Europa, es una ley que garantiza un derecho fundamental, el 24 de la Constitución; es una ley positiva para los colegios de abogados, desde luego, que van a tener mayor seguridad jurídica en el ejercicio de sus competencias. Es una ley positiva para los abogados y abogadas de este país, porque van a tener más garantías también para ejercer su profesión. Y es una ley útil, sobre todo -y esto es lo esencial-, para los ciudadanos, que van a tener la tutela del derecho fundamental a la defensa más garantizada gracias a esta ley. Desde el punto de vista de la justicia, es una ley que también supone un avance en la transformación, en la que estamos trabajando, de nuestro servicio público de la justicia y, por si faltaba poco, también es un hito con la Comisión Europea y, por tanto, también traerá fondos europeos para la transformación de nuestro servicio público de la justicia. Por todo ello -señora presidenta, termino ya-, gracias a todos los que hoy harán posible que esta ley sea aprobada por el Congreso, continúe su tramitación parlamentaria y pronto vea la luz en el Boletín Oficial del Estado. Gracias. (Aplausos).»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, señora presidenta. Quiero tomar la palabra para agradecer a todas las personas que van a hacer posible que hoy esta ley se apruebe en el Congreso de los Diputados y vaya camino del Senado y continúe su tramitación parlamentaria. Agradezco, desde luego, a la sociedad civil encabezada aquí por el Consejo General de la Abogacía Española, por los colegios de abogados, que tanto han trabajado para que esta norma sea una realidad, incluso en sus congresos, aportando textos y aportando lo que hoy verá la luz con esta Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. Agradezco también a los grupos parlamentarios, creo que ha sido un trabajo en la Comisión muy fructífero, donde la mayor parte de los grupos parlamentarios han colaborado y han trabajado. Y tengo que decirles que la ley sale mejor de lo que entró; es decir, que el trabajo que hacen los grupos parlamentarios y que hace este Congreso se ha visto cumplido. Y también agradezco a esos funcionarios, a esos servidores públicos anónimos que también han puesto su granito de arena para que hoy esta ley vaya, previsiblemente, a ver la luz.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Quedan cuestiones importantes por desarrollar que han quedado al margen de esta ley. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sacado a consulta jurídica el anteproyecto de ley de Justicia Pública Gratuita, cuya intención es reformar para dotar de una mejora del servicio y, sobre todo, para actualizar los baremos. No obstante, hemos recogido en esta ley el derecho de asistencia jurídica gratuita de personas físicas, de microempresas en el ámbito concursal y en el orden penal para las personas jurídicas. (Rumores). Respecto al tema de la mutualidad de la abogacía y la procura, el Gobierno desde el Ministerio de Inclusión está trabajando para buscar una solución a esta reivindicación justa de parte del colectivo que demanda una pasarela al RETA. Y no quiero finalizar la intervención sin agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones, así como a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista que me han acompañado en la Ponencia. Señorías, trabajemos juntos para que España siga avanzando. Trabajemos juntos para una España donde todos los futuros sean posibles, para aquellos que buscan justicia, para aquellos que buscan igualdad, para las generaciones venideras que merecen un horizonte de oportunidades que será fruto del trabajo y el esfuerzo que hoy sembramos.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Señores del Partido Popular, yo sé que ustedes están muy ocupados, pero quería pedirles el apoyo expreso a esta ley. No cometan ustedes errores del pasado, ustedes han permanecido al margen de los principales avances sociales en este país. Ustedes votaron en contra y recurrieron ante el Tribunal Constitucional leyes que recogían derechos y libertades de nuestra ciudadanía. (Aplausos). No cometan el mismo error, señorías. Sigamos trabajando en lo que nos une. Esta ley tiene que salir con el máximo consenso. Es una ley fruto del compromiso del Gobierno con la modernización de la justicia, pero, sobre todo, es una ley muy demandada por la Abogacía y en cuya redacción intervino la comisión de expertos, presidida por el ilustre abogado don Antonio Garrigues, que hoy nos acompaña desde la tribuna de invitados. Es una ley que ha sido mejorada por la Abogacía, ya que recoge las principales conclusiones del Congreso de Tarragona, así como otras aportaciones de las asociaciones del tercer sector y otros colectivos profesionales, a cuyos representantes quiero agradecer su labor, aprovechando su presencia en la Cámara, a la señora Victoria Ortega, presidenta del Consejo en funciones; al señor Salvador González, presidente electo; al decano de Madrid, don Eugenio Ribón, y al decano de Barcelona, don Jesús Sánchez. (Aplausos).»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Desde la perspectiva de la Abogacía, se recoge la exigencia de la titulación y colegiación, y se introduce la referencia a los profesionales que actúan por cuenta ajena. Se ha reforzado el secreto en las comunicaciones entre profesionales a efectos probatorios, se ha introducido la posibilidad de la dirección letrada de solicitar el habeas corpus, protege la libertad de expresión y la independencia profesional, y regula especialmente los deberes deontológicos y el derecho a la conciliación laboral de los y las profesionales. Respecto a las costas procesales, en caso de condena a costas o jura de cuentas, regula la facultad de los colegios de la Abogacía para publicar criterios orientativos. Igualmente, desde el punto de vista de las instituciones, recoge a los colegios de la Abogacía y a los consejos como entidades supervisoras, sancionadoras y responsables de la capacitación y de la formación de los profesionales. Como ya manifestó el ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Parlamento, las acciones que el Gobierno quiere llevar a cabo tienen un marcado impulso reformista, que necesita de grandes consensos, no solo de esta Cámara, sino de la sociedad y de todos los sectores jurídicos. Y uno de los compromisos en materia de justicia de mi partido siempre ha sido la ampliación de derechos y libertades y la mejora continua de las instituciones. (Aplausos). Y esta ley es una muestra de ello. A lo largo de la tramitación, se han presentado 146 enmiendas, la mayoría han sido aprobadas. Se han aprobado 29 transaccionales, que han sido también aprobadas por la mayoría de los grupos políticos, y se ha introducido una disposición adicional para la rehabilitación de los guardias civiles expulsados por defender el derecho de asociación y sindicación en la Guardia Civil.»
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Joaquín Martínez Salmerón · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Presidenta, señorías, ministro, hoy viene a la Cámara una ley pionera en Europa, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Es necesario que esta ley tenga el apoyo de la Cámara y que salga adelante, porque consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución; da cobertura a la asistencia jurídica gratuita, del artículo 119 de la Constitución, y porque atiende a una justa demanda de la Abogacía. Apropiándome de las palabras de un padre de la Constitución, el señor Roca Junyent, diré que esta ley no está pensada para los profesionales de la justicia, esta ley está pensada para la ciudadanía. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a la asistencia para ejercer su derecho de defensa. (Aplausos). Y este derecho necesita de aquellos profesionales que pueden darle a su causa y a su petición un fundamento jurídico necesario. En esta ley se recogen, entre otros aspectos, el concepto y el ámbito del derecho de defensa, con un enfoque de género y discapacidad y habiendo incorporado en su tramitación las diligencias de investigación ante el Ministerio Fiscal y el asesoramiento jurídico previo al inicio de las actuaciones judiciales. Define el alcance de la asistencia jurídica gratuita y fija el compromiso para una futura regulación de las funciones de los profesionales de oficio. Se establece el derecho a un lenguaje claro y sencillo e, igualmente, la utilización de los medios electrónicos, así como el uso de las lenguas oficiales.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Con la aprobación de esta ley, hoy nuestro país reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familiares (aplausos), que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos. La expulsión de cuatro de ellos del cuerpo fue una sanción injusta, que no debió imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde el año 2007, hace diecisiete años. Hoy, todos ellos son rehabilitados; se les reconocen los derechos negados durante décadas; y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron. Con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario SUMAR y el apoyo imprescindible de otros grupos parlamentarios, tanto para mejorar esta ley como para restablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy, por fin, la democracia salda una deuda. Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Por eso, la lucha por los derechos laborales y sindicales de los y las guardias civiles fue impulsada en los años 80 por guardias y por sus familias. Diez años después de concluida la Dictadura, guardias civiles con profundas convicciones democráticas, la mayoría de ellos hijos del cuerpo, eran perseguidos por reclamar los derechos sindicales que ya tenían los demás cuerpos de seguridad del Estado. La naciente democracia solo tenía obligaciones para los y las guardias civiles, pero no reconocía sus derechos. En mayo de 1986, ya legalizado el Sindicato Unificado de Policía, se celebra en clandestinidad el primer congreso del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (aplausos), nacido de las movilizaciones de guardias y sus familiares en 1976, pidiendo incorporarse a la Seguridad Social, una reivindicación bastante lógica y sensata. El Sindicato Unificado de la Guardia Civil contó con el apoyo de los sindicatos policiales, de Comisiones Obreras, de UGT, y también de partidos como el Centro Democrático y Social, el Partido Comunista de España o Izquierda Unida (aplausos); a través de diputados de este Congreso, como Antonio Romero o Willy Meyer, a los que hay que reconocer. El reconocimiento del derecho de asociación profesional no se produjo hasta la Ley Orgánica 12/2007, veintiún años después de constituirse el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. En estos años, los y las guardias civiles mantuvieron una valiente lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales. Cuatro de estos héroes de la democracia, los guardias José Carlos Piñero González y Manuel Linde Falero -este, desgraciadamente, ya fallecido-, el cabo primero Manuel Rosa Recuerda y el sargento José Morata Gargallo fueron perseguidos, represaliados y expulsados del cuerpo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A propuesta de nuestro grupo parlamentario, de SUMAR, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia; y también se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho a la defensa; o se convierten en normas principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia; extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extrajurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez; se refuerza la cohesión del Estado plurinacional al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible; y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para personas discapacitadas. No hay mejor concreción del derecho a la defensa que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley, la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a unos servidores públicos ejemplares, guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, por los derechos de sus compañeros y compañeras. (Aplausos). En un sistema democrático, la seguridad interior y el orden público es tarea de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores. España arrastra una anomalía democrática, que es la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del ejército alquilada al Ministerio del Interior. Esta anomalía es causa de injustificables limitaciones de distintos derechos fundamentales de los y las guardias civiles. A diferencia de la Policía Nacional y de demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo de naturaleza militar. Eso solo es aceptable en democracia cuando guardias civiles formen parte de misiones internacionales de interposición o de paz integrados en despliegues de las Fuerzas Armadas.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Gracias, presidenta. Señorías, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. Esta ley del derecho a la defensa unifica todos los contenidos del derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y desarrolla contenidos de la declaración universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y la procura que la ejercen, y así dignificar sus condiciones de trabajo. También, debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura; y debe dotar de más y mejores medios a los tribunales para garantizar un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participen a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones sobre el servicio de justicia.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«A pesar de todo, creemos que los avances son suficientes, especialmente en materia lingüística -recuerdo también a la bancada socialista que, tarde o temprano, tendremos que entrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que se incluyan las lenguas oficiales como requisito y no como mérito para el acceso a los puestos en Cataluña, Euskadi, Galicia-; decía que esto pone la primera piedra para la efectividad de los derechos. Permítanme terminar con un tema que nos preocupa enormemente; es una enmienda que no se ha retirado y que no nos podemos mostrar a favor, nos vamos a abstener; y nos preocupa por cómo ha entrado. Es la que tiene que ver con el traspaso respecto a las jubilaciones del sistema mutualista al RETA de abogados y procuradores. En este escaño, ya dijimos que estábamos absolutamente a favor de que se garantice una jubilación y unas prestaciones dignas. Visto el sistema y el contenido de esta ley, entendíamos que no era el lugar para ponerlo. Además, fue la traslación de una PNL, es decir, de una proposición no de ley. Les pido al Gobierno, por la parte que le corresponda al ministerio, y al Ministerio de Asuntos Sociales también, que nos pongamos a trabajar ya, de una vez por todas; porque esta vez no nos vamos a posicionar a favor, pero a partir de ahora lo haremos; y si conviene, entregaremos una propuesta escrita. Pero no podemos esperar más, porque cada mes que pasa es un abogado, una abogada, un procurador, una procuradora, que ve sus derechos laborales, que había tenido, pues absolutamente conculcados. Entonces, cuál es el Estado que deja a estas personas en la más absoluta miseria. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Y nos dicen que cuesta dinero. ¿De verdad la bancada de la derecha nos dice que el problema de esto es que cuesta dinero? Se me ocurren varias formas de no vaciar las arcas públicas, como han hecho ustedes, y que no sea necesario dejarnos sin la capacidad de intervenir en los tribunales en nuestro idioma. Por consiguiente, en un día como hoy, en el que deseo o espero o quiero abrazar a mi secretaria general en persona muy pronto, después de seis años de exilio (aplausos), que aprobemos una ley por el derecho a la defensa es, como poco, irónico, porque tenía que haber llegado mucho antes. Porque nos decían que esto era un Estado democrático de derecho y social, y todos sabemos que esto no es así. Permítanme decir que nosotros estamos aquí para reformar el Estado. Déjenme decir también que, como hemos dicho muchas veces, sí vamos a acompañar la transformación del Estado, porque somos demócratas en todos los lugares, y permítame decir que esto avanza con la intención de democratizar este Estado demófobo.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Els demano al Govern, per la part que li toca al ministeri, per la part que li toca el Ministeri d'Assumptes Socials, també, que ens posem a treballar ja d'una vegada. Perquè aquesta vegada no ens hi posicionarem a favor, però, a partir d'ara, ho farem. I si convé els hi entrarem una proposta escrita, però no podem esperar més, perquè cada mes que passa és un advocat o una advocada o un procurador o una procurador que veu els seus drets laborals, que havia tingut, absolutament conculcats. I quin és l'Estat que deixa aquesta gent en la més absoluta misèria? Moltes gràcies. Buenos días, diputadas y diputados. Buenos días, presidenta. Gracias. Que se tenga que presentar a estas alturas una ley orgánica para garantizar el derecho de defensa explica muchas de las cosas que han pasado en este Estado, por mucho que sea una ley que hace como de cueva de muchas otras leyes y que, a través de la defensa procesal y demás, supongo que se irá desarrollando. Porque, ¿saben ustedes qué sucede? Sucede que la convicción generalizada en Cataluña es que, según qué ciudadanas y ciudadanos, no teníamos derecho a defensa: no te puedes expresar en tu idioma, no puedes recibir las comunicaciones en tu idioma, cuando vas a Madrid -¡hombre, solo faltaría!-, habla la lengua del imperio... Da igual, da igual si todos tus derechos como ciudadano son conculcados o dejan de serlo. Por tanto, cuando llegó este proyecto de ley, evidentemente introdujimos enmiendas a favor de las personas con capacidad, a favor de los menores y de la definición de lo que entendíamos como menores en esta ley, y evidentemente introdujimos también una batería de enmiendas a favor de la profesión de abogados y procuradores. Claro, pero había un elemento fundamental en todo esto. Nos pasamos la vida escuchando que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero al final no es cierto, por mucho que nos quieran considerar españoles. Por ello, agradezco el esfuerzo del compañero Cervera y de la compañera Mercè Perea -y lo ha dicho hace un momento el compañero Cervera- para llegar a dotar a toda la ciudadanía de la posibilidad de acudir a los tribunales de todo el Estado en su propio idioma.»
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Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Per tant, en un dia com avui, en què puc tenir o desitjo o espero o vull abraçar la meva secretària general en persona molt properament, després de sis anys d'exili, que aprovem una ley por el derecho a la defensa és, com a mínim, irònic, perquè havia de ser-hi molt abans. Perquè ens deien que això era un estat democràtic, de dret i social. I tots sabem que no és així. Deixin-me dir que nosaltres no estem aquí per reformar l'Estat. Deixin-me dir, també, que moltes vegades hem dit que sí que acompanyarem la transformació de l'Estat, perquè som demòcrates a tot arreu. I deixin-me dir que això avança amb la intenció de democratitzar aquest estat demòfob. Hi ha dues esmenes que no hi ha hagut manera que ens les compressin. Aquestes sí que valien diners. Vostès saben que va haver-hi un gran debat quan es van imposar les taxes per l'accés als tribunals i que aquestes taxes eren finalistes. Des del Govern de la Generalitat, s'ha demanat per activa i per passiva que les taxes percebudes a Catalunya fossin destinades a la remuneració digna del torn d'ofici, perquè som perfectament conscients que els advocats i advocades que es dediquen al torn d'ofici estan mal remunerats, estan poc reconeguts i tenen poc suport per la seva feina, que és essencial en la garantia de la defensa de tota la ciutadania. No hi ha hagut manera.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Defender el catalán es legislar a favor del catalán, pero ante todo es utilizarlo siempre, siendo el altavoz de prestigio de nuestra lengua. Esta es la actitud ante los que les preocupa más que en el Tribunal Supremo se pueda llegar a hablar catalán o alguna de las lenguas cooficiales del Estado, que la arbitrariedad del juez Llarena o la parcialidad del juez Marchena. Señores del PP, esto sí cuesta dinero y, más a corto plazo que a largo plazo, espero que también algún disgusto. Pero esto es España; mientras el ministro apedaza la justicia para proteger derechos como este derecho de defensa, se pacta el Consejo General del Poder Judicial con aquellos que se han pasado los derechos por el forro y solo los quieren para ellos y cuando les conviene. Como les decía, hoy, como ayer, en el Reino de España, absoluta normalidad. Gracias.»
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Josep Maria Cervera Pinart · Junts ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Mirin, defensar el català és legislar a favor del català. Però, sobretot, és utilitzar-lo sempre, sent un altaveu de prestigi de la nostra llengua. Aquesta és l'actitud davant dels que els preocupa més que, en el Tribunal Suprem, s'hi pugui arribar a parlar català, o alguna de les llengües cooficials de l'Estat, que no l'arbitrarietat del jutge Llarena o la parcialitat del jutge Marchena. Senyors del PP, això sí que costa diners i, més a la curta que a la llarga, espero que també algun disgust. Però això és Espanya. Mentre el ministre apedaça la justícia per protegir drets, com aquest dret de defensa, es pacta el Consell del Poder Judicial amb aquells que s'han passat els drets per l'engonal i només els volen per ells i quan els convé. El que els deia: avui, com ahir, en el reino de España, absoluta normalitat. Gràcies. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, ministro. Hoy llega a este Pleno el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y lo hace después de diversas reuniones de Ponencia y unas cuantas más con el Grupo Socialista, en nuestro caso, que nos han servido para incorporar o transaccionar, en el dictamen emitido por la Comisión que tenemos a debate, la práctica totalidad de nuestras enmiendas. Así, de las quince enmiendas presentadas, todas han quedado recogidas en mayor o menor medida, salvo dos vinculadas a la asistencia jurídica gratuita, que han sido vetadas por el Gobierno porque tenían afectación presupuestaria. Saben ustedes que esta ley, entre otras cosas, tiene por objeto, importante para nosotros, dar a conocer a las personas físicas y jurídicas las garantías que les corresponden como titulares del derecho de defensa, y lo hace estableciendo el libre acceso a los tribunales de justicia, garantizando un proceso sin dilaciones indebidas y asegurando la protección en procedimientos penales. Precisamente porque estos derechos amparan a toda la población, buena parte de nuestras enmiendas tenían por objetivo garantizar la accesibilidad de todas las personas a estos derechos, también de aquellas que conviven con una discapacidad. Así, en el periodo de Ponencia se ha incorporado el uso de sistemas alternativos como, por ejemplo, el braille, la lectura fácil, los pictogramas, el lenguaje de signos, los intérpretes o cualquier otro tipo de sistema de comunicación o de dispositivo necesario para, como decíamos, garantizar la accesibilidad de todas las personas al derecho de defensa, también las de la tercera edad y menores. Esto, sumado a otras mejoras gracias a la incorporación de enmiendas y transaccionales de la práctica totalidad de los grupos de la Cámara, ha hecho que, a pesar de la falta de ambición del proyecto, que ya se ha manifestado y han manifestado algunos portavoces que me han precedido, la iniciativa haya alcanzado un amplio apoyo que, sin duda, habría sido más significativo si no fuera por la alergia de la derecha extrema a la diversidad, en este caso a la diversidad de las lenguas de este Estado. Lenguas como el catalán que, con las transaccionales de dos de nuestras enmiendas, una de Esquerra y otra del BNG, y la labor compartida con las diputadas Mercè Perea y Pilar Vallugera, dan un paso adelante, incorporando a la ley el derecho a utilizar en los procesos ante todos los órganos con jurisdicción en todo el Estado cualquiera de las lenguas oficiales de las nacionalidades donde se resida o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, y también a recibir en cualquiera de estas lenguas las comunicaciones que se hayan producido.»
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María del Mar González Bella · PP ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa.
«Y, desde un punto de vista totalmente contrario, el derecho de defensa no es absoluto, es un derecho relativo y cede si hay un interés político en su vulneración. Y así, con el relato de 'desmontando bulos' se permite el fiscal general del Estado -nada más y nada menos- vulnerar el derecho de defensa de un ciudadano haciendo públicos el contenido de correos electrónicos entre profesionales del derecho -abogado defensor y fiscal- al hilo de una posible conformidad. El artículo 23 del Estatuto General de la Abogacía Española impone la confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales de la abogacía y los artículos 62 y 73 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contemplan como falta grave y muy grave la revelación por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función; sería una causa de cese inmediato del fiscal general del Estado al amparo del artículo 31 de dicho estatuto. (Aplausos). Pero qué temor va a tener si quien ha de apreciar esta causa es quien presumiblemente le dio la orden de relevarlo. ¿En qué lugar, señorías, queda entonces el derecho de defensa de ese ciudadano? ¿El derecho a no declarar contra sí mismo? ¿El derecho a no confesarse culpable? Léanse el artículo 24 de la Constitución. Así no respetan el derecho de defensa ni en un caso ni en el otro. El contenido del derecho de defensa debe ser igual para todos los ciudadanos. Vuelven ustedes a vulnerar, una vez más, el principio de igualdad, artículos 14, 1 y 9 de la Constitución; léanselos también. Muchas gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).»