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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«No son las políticas del Gobierno, sino los ataques a la democracia por la derecha española las que afectan a la fortaleza del Estado de derecho y a la convivencia constitucional. Nuestra desgracia es que, a diferencia de otros países de Europa donde la derecha ha condenado el horror del fascismo, en España la derecha no ha roto vínculos con su pasado de apoyo y participación en la dictadura. La derecha española nunca luchó por la democracia y, salvo cuando es el PP el que está en el Gobierno, no respeta la democracia. Desde que se constituyó el Gobierno de coalición en el año 2019, la derecha se ha acostumbrado a romper las reglas del juego democrático. Hoy, 9 de abril, es el aniversario de la cuarta legalización del Partido Comunista de España (aplausos), tres veces ilegalizado por las derechas en cien años y, por cierto, destinatarios de una amnistía que dio origen a esta democracia. Hemos peleado por la democracia durante cuarenta años de dictadura. Nos hemos sacrificado y cedido para que la derecha aceptara la Constitución, Constitución que nos parece insuficiente desde que la derecha empezó a aplicar las políticas neoliberales que tanto dolor han traído a los pueblos de Europa. Pero respetamos la Constitución y la cumplimos, mientras que luchamos para ampliar sus contenidos y derechos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Gracias, presidenta. Señorías, la aprobación hoy de la ley de amnistía es posible por un gran acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios, un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento que causan un inmenso malestar y hartazgo a la mayoría de los y las españolas. En el Grupo Parlamentario de SUMAR creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente: mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Koldo o de la familia Ayuso. (Aplausos). Más de 60 000 millones nos han costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Hace veinte años ya que el Partido Popular comenzó a usar la mentira y el enfrentamiento como arma política. Todavía no han pedido perdón por las mentiras del 11M, que tanto daño han causado, aún hoy, a las víctimas y a la sociedad. (Aplausos). Aceptar las reglas y ser tolerantes es imprescindible para poder convivir en paz, y las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y, en Cataluña, hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos, y también el Partido Popular lo sabe, que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el 'a por ellos' que incendió el conflicto, en lugar de arreglarlo, y construyamos un futuro común, más federal y republicano, donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. (Aplausos). Respetar las reglas de la democracia implica aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, solicitado, por cierto, por el Partido Popular en el Senado. El dictamen dice que la amnistía es una medida habitual en Europa y conforme a derecho.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Que solo el Consejo de Ministros tenga que ser la autoridad civil democrática que pueda proceder a la clasificación es algo que figura en la propuesta que hoy discutimos, con lo que necesariamente tenemos que estar de acuerdo; solamente podrán declararse documentos secretos o reservados por una autoridad civil y democrática. También estamos de acuerdo con que el plazo de clasificación sea de un máximo de veinticinco años en el caso de documentos secretos o, en el caso de reserva, un máximo de diez años, con una prórroga que entendemos razonable que pueda contemplarse en algunos casos, que no debería ser de más de diez años, que es conforme con lo que ocurre en la legislación de países de nuestro entorno como Portugal, Reino Unido o Italia, con límites máximos de clasificación, países que incluyen prórrogas de hasta treinta años. Por supuesto, defendemos la obligación legal de desclasificar cualquier documento, cuando sea necesario, para perseguir violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Alemania se excluye la posibilidad de clasificación de actos que violen el orden democrático o los acuerdos de control de armamento; en Portugal se puede desclasificar cualquier documento si se trata de materias que violan delitos del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Acabo. Votaremos favorablemente esta toma en consideración porque es una obligación democrática hacerlo. Nuestro ordenamiento no puede seguir regulando cuestiones de seguridad con legislación franquista, y pedimos a todos los grupos parlamentarios democráticos que aprobemos esta proposición de ley definitivamente en esta legislatura. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Miren, documentos que hoy permanecen clasificados son, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el apoyo del franquismo al nazismo; los que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones clandestinas de Radio España Independiente, La Pirenaica, que por cierto, pueden ir cualquiera de ustedes a consultar sin restricciones en el archivo histórico del Partido Comunista de España; o el archivo titulado Palomas mensajeras 19121925, que tras más de cien años sigue siendo secreto; o sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas; o, efectivamente, sobre los últimos años del franquismo y la Transición, sobre el golpe de Estado del 23 de febrero; o sobre el terrorismo del Batallón Vasco Español y del GAL. Y mantenemos clasificados como documentos secretos otros que ya terceros países han desclasificado, países adonde los historiadores o periodistas tienen que ir para conocer su contenido. Incluso, utilizamos la Ley de Secretos Oficiales para no publicar datos del comercio de armas que se efectúa desde España, lo que, según Amnistía Internacional o Greenpeace, oculta la venta a países que no respetan los derechos humanos. Y, francamente, que los gastos de Corinna Larsen sean secreto de Estado nos pone a nivel de una república bananera.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Venimos a hablar de esta ley que restaura la jurisdicción universal para perseguir los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Se exige un tipo de conexión con nuestro país, pero con independencia del lugar donde se haya cometido y la nacionalidad del autor o de la víctima. Esta exigencia no será necesaria cuando se trate de crimen de genocidio. Se modifica el artículo 23, para, en primer lugar, incorporar otra vez la acción popular; y, sobre todo, para algo que usted decía, para que se puedan perseguir todos los delitos que, según los tratados y convenios internacionales firmados por España, tengamos la obligación de perseguir y no hay otras normas expresas en nuestra legislación que lo faculten. Hay algo muy importante en esta PL y es que también hemos ampliado ese campo de persecución a delitos como los de apartheid o esclavitud. En todo caso, este Congreso tiene una nueva oportunidad para abordar esta reforma de la jurisdicción universal, para recuperar la potencialidad de esa legislación, para combatir la impunidad de cualquier crimen cometido por cualquier ideología, que haga que la comunidad internacional se sienta orgullosa del trabajo de la justicia española. Que no solo se oiga hablar, por favor, de nuestra justicia por el secuestro desde hace ya cinco años del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular. Que las políticas en materia de derechos humanos no queden simplemente en anuncios, no queden simplemente en discursos desde la tribuna porque no se puede defender los derechos humanos en unos lugares sí y en otros no. No se pueden defender los derechos humanos de unas personas por tener una ideología y olvidarse de otros cuando tienen otra ideología. Sinceramente, les animo a todos -también a usted, señor Sánchez García- a que voten esta proposición de ley y hagan suya esta herramienta y no dejen ninguno de esos graves crímenes en la impunidad. ¡Ánimo! (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Sánchez García. La verdad es que me provoca usted bastante ternura cuando le oigo. Después de este profundo análisis jurídico al que hemos asistido, en primer lugar -y no me voy a extender tanto como usted-, solo unas breves palabras para proclamar mi orgullo de ser militante del Partido Comunista de España, el partido que sin duda ha hecho más por la democracia y contra la dictadura franquista en este país. (Aplausos). Pero, bueno, dicho esto y ante la profundidad de sus argumentos, yo lo primero que le diría es que lo que es justo o no es justo se debate en las aulas de filosofía. Aquí venimos a hablar de leyes, venimos a hacer leyes. Repita conmigo, señor Sánchez García: Las víctimas no tienen ideología. Repita conmigo: Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Repita conmigo: Hay que perseguir todos los delitos internacionales en impunidad, también los del franquismo, se hayan cometido donde se hayan cometido. Le animo a perseguir todas las victimizaciones que usted ha mencionado de la izquierda; a todas las víctimas que usted ha dicho de mi ideología; a todas las víctimas desprotegidas que han padecido esos delitos que están en impunidad donde usted quiera, en América Latina, en Europa o en Asia. Y para eso, le traigo la herramienta que usted necesita para perseguir hasta la saciedad todas las maldades de esa ideología que usted ha denunciado; la herramienta que usted necesitaba y de la que le privó el Partido Popular: esta proposición de ley de jurisdicción universal. Vote a favor, utilícela y persiga todos esos crímenes que han quedado en la impunidad. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«En el año 2009 se acometió en España la primera reforma de la jurisdicción universal y se introdujo un requisito que hasta entonces no existía, la acreditación de conexión nacional o vínculo de España con el hecho perseguido. Se dio así un paso hacia la transformación de este principio en el de personalidad pasiva, esto es, que únicamente puedan perseguirse crímenes internacionales impunes cometidos fuera de España cuando la víctima fuera española. No venimos aquí a debatir la idoneidad del principio de personalidad pasiva para perseguir la impunidad; simplemente, dejemos claro que es un foro de competencia distinto al ejercicio de la jurisdicción universal. La reforma de 2009 fue anunciada a este país seis meses antes de aprobarse por la entonces ministra de Exteriores de Israel, la señora Livni. Desde 2008 la Audiencia Nacional instruía una causa por crímenes internacionales contra autoridades del Estado de Israel por un ataque desproporcionado en la Franja de Gaza en el año 2002. Israel lanzó intencionadamente una bomba de una tonelada sobre un edificio residencial, que quedó destrozado. Murieron catorce civiles -la mayoría, niños y bebés-, y resultaron heridos más de ciento cincuenta. Tras aprobarse esta primera limitación de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional tuvo que archivar esta investigación, y estos crímenes, que no eran perseguidos por Israel cuando la Audiencia comenzó su actuación, hoy continúan en la impunidad. Quizás si la Audiencia Nacional hubiera podido continuar su investigación, si otros países -como Bélgica- no hubieran restringido sus leyes de jurisdicción universal también en los mismos años, si la comunidad internacional hubiera dispuesto de más herramientas para impedir la impunidad de estos graves crímenes internacionales, quizás el genocidio del pueblo palestino, que hoy contemplan en directo todos los habitantes del planeta, no estaría cometiéndose. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Mientras que los tribunales internacionales penales sigan teniendo su acceso, su mandato y sus medios limitados, mientras que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir resoluciones pero no pueda hacer que se cumplan, es obligación de cualquier país civilizado, democrático y respetuoso con el derecho contribuir desde sus tribunales con el ejercicio de la jurisdicción universal a proteger a los seres humanos cuyos derechos más elementales están siendo vulnerados de forma grave, de forma impune. Para todos nosotros, legisladores y legisladoras, es un inmenso honor y privilegio, a la vez que una obligación, hacer efectivo este imperativo mandato humanitario de protección. No hay terror o violaciones de derechos humanos buenas o malas según quien las cometa. No hay principios políticos, ideológicos o nacionales superiores que justifiquen violar los derechos humanos fundamentales. Quien los viola se dejará arrastrar más fácilmente hacia un comportamiento criminal e inhumano si sabe que la impunidad va a protegerle. (Aplausos). Los detractores de la jurisdicción universal prefieren obviar que rechazarla es una forma de permisividad ante la impunidad. Alegan que los tribunales pueden usarla por motivos políticos o con fines vejatorios o que puede afectar negativamente al orden mundial, causando fricciones entre Estados o abusos de procedimientos legales. Son argumentos engañosos y es un riesgo que también enfrenta cualquier jurisdicción interna si se utiliza políticamente, como cuando hay resoluciones contencioso-administrativas que prohíben legislar a este Parlamento o resoluciones de instrucción que pretenden dejar sin contenido leyes que aún se encuentran en tramitación legislativa. La imprescindible aplicación de la ley interna o internacional por la justicia nunca debe impedirse por posibles usos fraudulentos que hipotéticamente cualquier tribunal siempre podría hacer.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Pero siempre ha habido voces contra la jurisdicción universal. En un mundo globalizado de delitos transnacionales y contra la humanidad oponerse a la jurisdicción universal es facilitar la impunidad a los grandes violadores de los derechos humanos, a las organizaciones criminales transnacionales. Los defensores de la impunidad siempre recurren a una supuesta defensa de la soberanía nacional, pero ninguna soberanía nacional permite dejar en impunidad crímenes de lesa humanidad, torturas, genocidios o desapariciones forzosas. Cualquier Estado tiene la obligación de proteger a la población bajo su autoridad y la soberanía nacional nunca puede ser una excusa para que las víctimas queden sin los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. (Aplausos). Y esta es la razón de ser de la jurisdicción universal. Si las autoridades del país donde ocurrieron los hechos no pueden o no quieren proteger a los pueblos bajo su soberanía o bajo su control, si no son capaces de perseguir a los victimarios, será la comunidad internacional la que, aplicando las reglas del derecho internacional penal, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, haga lo posible para evitar que los crímenes más graves queden en impunidad.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, España ha sido un país precursor en la persecución por nuestros tribunales de grandes violaciones de los derechos humanos cometidas fuera de nuestras fronteras cuando estos delitos han quedado en impunidad por no ser perseguidos en los lugares donde se cometen. Desde 1996 la persecución de determinados crímenes internacionales que habían quedado impunes trajo un alto reconocimiento y admiración para nuestra justicia, en especial fuera de nuestras fronteras. Organizaciones, activistas defensores de los derechos humanos, la academia y juristas dedicados al trabajo en la lucha contra la impunidad en tribunales internacionales tuvieron a la justicia española como un modelo de valentía y rigurosidad, como ejemplo de respeto a los tratados internacionales y al derecho internacional, porque hacíamos un mundo que fuera más justo, más humano, más seguro. El liderazgo de España en el uso de la jurisdicción universal para combatir la impunidad ha sido seguido por otros sistemas legales y judiciales en distintos países. Afortunadamente, algunos incluso nos han adelantado, pero la jurisdicción universal se introdujo en nuestra legislación, de larga data, desde la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, de 1870. En 1985 se aprobó la Ley del Poder Judicial de la democracia, que ya incluía el principio de jurisdicción universal para delitos de extraordinaria gravedad contra el derecho de gentes, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y también delitos sobre delincuencia organizada transnacional, como el terrorismo y el narcotráfico. Y esta proposición de ley que les traemos recuerda que las infracciones al derecho de gentes afectan no solamente a bienes jurídicos protegidos por el derecho interno nacional, sino también a un bien jurídico cuya protección ha sido universalizada por el derecho internacional acordado tras la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, la integridad y la dignidad de la humanidad, en su conjunto; un bien jurídico a cuya protección y persecución en caso de vulneración están obligadas todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios o del lugar donde se haya cometido el crimen.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«El derecho de reunión, a la participación política o a la libertad de expresión son derechos que hay que proteger, y para conseguir esa adecuada protección del ejercicio de estos derechos fundamentales proponemos un artículo nuevo, un artículo 536 bis que sancione la identificación con propósito de controlar la participación en actividades de índole política, sindical o religiosa, así como la incorporación de un apartado segundo al artículo 538 para que la autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión también vea castigada esa actuación. Estas propuestas no son un antojo del Grupo Parlamentario de SUMAR, son una necesidad para reclamar nuestra democracia. Hoy mismo deben haber recibido todos y todas una carta de Amnistía Internacional pidiendo que se aprobara esta reforma. Por eso, son una necesidad para mejorar nuestra democracia y, por eso, se contienen expresamente en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado en octubre del año 2023. Pedimos a todas las fuerzas políticas que por fin aprobemos esta reforma y que España se sitúe en el escenario de protección y defensa del derecho de libertad de expresión, en el que ya están desde hace décadas todos los países, los más democráticos de nuestro entorno. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Democracias admiradas por las fuerzas políticas que se vienen oponiendo a esta reforma, como las de Reino Unido o Estados Unidos, no mantienen en su legislación delitos como estos que existen en nuestro Código Penal y que persiguen la crítica y la libertad de expresión. Por eso, esta proposición de ley incluye una reforma también para ampliar la protección de la libertad de expresión, limitando acciones restrictivas de derechos fundamentales que pueden derivarse de acciones de autoridades. Queremos así evitar lagunas jurídicas que puedan provocar otros daños a derechos fundamentales. Por ejemplo, las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participan en reuniones de carácter político o sindical no pueden hacerse de manera que disuadan la participación de la ciudadanía en la actividad política o social. Tampoco procede establecer un control sobre las personas que participan en movilizaciones sociales, porque son consustanciales a la vida democrática de nuestro país. Las autoridades no pueden restringir la libertad de expresión con actuaciones como, por ejemplo, la cancelación de espectáculos públicos, la retirada de obras de arte o la retirada de símbolos políticos plenamente constitucionales, como una bandera, porque se suponga que incomodan al jefe del Estado. Ninguna actuación gubernativa puede restringir derechos como el derecho a la libertad ideológica o de pensamiento.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En cuanto al delito de ultraje contra la patria, la crítica de los símbolos de un país es imposible de evitar en democracia. Penalizar esa crítica es, simplemente, reprimir la libertad de expresión. El Constitucional confirmó la condena a un sindicalista gallego por supuestamente ofender a la bandera en una sentencia con seis votos a favor y cinco votos particulares disidentes. Uno de esos votos disidentes ya cuestionaba la constitucionalidad de este artículo del Código Penal: era el voto particular del magistrado Andrés Ollero, diecisiete años diputado del Partido Popular en el Congreso. El magistrado disidente decía: 'No hice más que tener en cuenta el artículo 10.2 de nuestra Constitución [...]. Me creí, pues, obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma, [...], y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo [...]. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las que ya coleccionaba sobre cuestiones similares'. El profesor Ollero se refería a las, al menos, tres sentencias del Tribunal Europeo que condenaban entonces a España por no garantizar el derecho a la libertad de expresión. Como dice el profesor Ollero, la protesta ciudadana crítica con el sistema, con su simbología, ha de quedar amparada por la libertad de expresión. Y qué razón tenía el señor Ollero, porque el 8 de junio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y ha condenado a España en este caso en el que presentó voto disidente.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Presidenta, señoras y señores diputados, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Europea y en la Constitución española. En nuestro país ya nos hemos acostumbrado a las represalias y condenas a personas por el ejercicio de esta libertad, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión, una anomalía democrática provocada por la reforma del Código Penal del Partido Popular en el año 2015. Hoy proponemos recuperar derechos y seguridad jurídica. El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión, salvo que considere que esta libertad es incompatible con su modelo de sociedad. Igualmente, pedimos al Partido Socialista que, tras tres legislaturas, en esta ya lo consigamos y se impulse la reforma para volver a la situación existente durante el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pedimos a todas las fuerzas políticas que pierdan el miedo y que aprobemos una reforma para que España se sitúe en un escenario de protección y defensa del derecho a la libertad de expresión.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Sobre los flujos migratorios, España y Europa necesitan esos flujos para mantener el Estado del bienestar y, en especial, el sistema de transferencia generacional que sostiene las pensiones públicas. Hay dos experiencias recientes del tratamiento del fenómeno migratorio que han demostrado que es posible gestionarlos en situaciones difíciles con el debido respeto a los derechos humanos. España ha acogido a más de doscientas cincuenta mil personas desplazadas de Ucrania por un conflicto bélico y, en el último semestre, más de cuarenta mil personas procedentes de África subsahariana han llegado a las costas canarias y han sido debidamente atendidas. Felicitamos a todas las personas que han participado en esos trabajos; por supuesto, a todas las instituciones, también a las ONG y a la sociedad civil. En especial quiero felicitar a la sociedad canaria, que vivió el drama migratorio en carne propia durante siglos y que ha dado un ejemplo de acogida y solidaridad inconmensurable mientras que los ultras vociferaban contra una invasión inexistente. (Aplausos). Desde luego, algunos instrumentos de gestión de las migraciones se han enfrentado a dificultades, por supuesto. El Defensor del Pueblo puso en cuestión cómo se realizaban entrevistas a posibles solicitantes de asilo que llegaban a Valverde por falta de medios, en este caso, de la Policía Nacional. Las entrevistas se realizaban de una forma apresurada y en condiciones de peligro, pero el sistema ha funcionado y los agoreros del colapso por la supuesta inmigración e invasión migratoria se han quedado sin argumentos. El problema no es la capacidad de acogida de nuestro país; el problema es la ausencia de solidaridad y la xenofobia de quienes utilizan la ancestral existencia de migraciones para extender odio. No solo es una obligación moral y jurídica, es una necesidad para las sociedades envejecidas acoger a las personas que huyen, porque, además, es posible hacerlo. Le felicito, señor ministro, por lo que le toca a este Gobierno en ese compromiso. Ojalá pongamos a España a la altura para devolver la solidaridad que los españoles y españolas que emigraron o que tuvieron que buscar refugio en otros países durante décadas encontraron o se merecían encontrar en los lugares de acogida. En materia de política migratoria tenemos dos obligaciones. En primer lugar, aplicar la ley de transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, poniendo fin a acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no cumplen los derechos humanos y, en segundo lugar, tipificar el delito de devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición adicional de la ley de extranjería que legitima esta práctica, para que nunca más vuelva a haber decenas de muertos en la valla de Melilla. (Aplausos). Aprovechamos esta andadura en la nueva legislatura para corregir algunos problemas estructurales del sistema. En primer lugar, la extraordinaria lentitud de la maquinaria burocrática en las citas para obtención, renovación, subsanación de trámites de extranjería, que son un calvario. Preocupan especialmente los casos del procedimiento de asilo, dadas las implicaciones que tienen para el régimen de protección internacional. Los centros de recepción, atención y derivación, como sistemas integrados de gestión, han funcionado bien en la acogida de personas ucranianas. Aprendamos de esa experiencia y generalicémosla también para subsaharianos, no solo para europeos. La Subdirección General de Asilo del ministerio es una dirección general. Eso es un buen paso para ampliar medios y recursos para atender el aumento de personas. Para combatir la saturación, simplifiquemos los procedimientos y eliminemos burocracias. Por ejemplo, mayor periodo de validez de las autorizaciones de residencia para reducir el número de renovaciones. Los mecanismos de acceso al procedimiento de asilo en embajadas seguimos sin regularlos y usted, señor ministro, se comprometió en esta Cámara el 30 de noviembre del año pasado a que iba a llevar adelante esa reforma, ese desarrollo reglamentario. Mañana mismo nuestro grupo parlamentario le va a hacer llegar una propuesta completa de desarrollo reglamentario para que los socios de gobierno cumplamos, con la mayor celeridad, este compromiso que es suyo y es nuestro. Nos preocupa también la situación de saturación en la que se encuentra la sala de solicitantes de asilo de Barajas. Eso requiere una respuesta rápida, porque el trámite administrativo prolongado a lo que lleva es a la privación innecesaria de la libertad de muchas personas durante demasiado tiempo. Otro aspecto que en esta legislatura debe cambiar radicalmente es la instrucción para que la policía incoe expedientes de expulsión a extranjeros sin autorización de residencia cuando acuden a comisarías como víctimas de delitos a regularizar su situación porque reúnen los requisitos para ello o, simplemente, a denunciar que han sido víctimas de delitos. Esto está ocurriendo especialmente en Valencia y es sumamente preocupante. Es evidente que hay una colisión entre la ley de extranjería y una norma superior, como es la obligación de perseguir los delitos que se cometen contra las personas, con independencia de cuál sea su situación administrativa, porque la víctima es víctima aunque esté en situación administrativa irregular.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Presidenta, señorías, tras este espectáculo machirulo digno de un bar (rumores.-Aplausos), digno de un bar, pido, en primer lugar, excusas a los españoles y españolas y quiero mandarles un mensaje de tranquilidad: el señor Feijóo no va a ser presidente del Gobierno de España. (Aplausos). Y además todavía no se ha enterado de quién fue la primera mujer ministra de un Gobierno en España, fue la señora Federica Montseny en el Gobierno de la Segunda República. (Aplausos). Señor Feijóo, seamos rigurosos, el Partido Popular no tiene demasiada autoridad para darnos lecciones de democracia o de constitucionalismo. (Protestas). La democracia y la Constitución llegaron a España a pesar de Alianza Popular. (Aplausos). El Partido Popular fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista y uno de ellos incluso firmó la condena a muerte de Julián Grimau. Han votado en contra de todas las iniciativas para condenar el franquismo presentadas en el Pleno del Congreso. No aceptan las reglas de la democracia, no reconocen legitimidad a los gobiernos de izquierda y constantemente llaman al transfuguismo. Ustedes son la anomalía democrática. (Aplausos). El PP no puede erigirse en guardián o intérprete de la Constitución, entre otras cosas porque en 1978, cuando este Congreso votó la Constitución, la mitad de sus diputados no votaron a favor. Para el PP España siempre está rompiéndose: con el tripartito en Cataluña, con el Gobierno de Zapatero, con la aprobación del Estatut, con la moción de censura a Rajoy, por la formación del Gobierno de progresistas... Pero la verdad es que España solo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP, que sube la temperatura y genera conflictos por todas partes. (Aplausos). Hablan de concordia, de igualdad, a la vez que se oponen a cualquier diálogo entre el Estado y Cataluña. El PP sí puede hablar con Junts con normalidad, ¿verdad, señor González Pons?, pero si lo hace SUMAR entonces está rompiendo España. Aznar indultó a quince miembros de Terra Lliure y Rajoy, con buen criterio, ofreció amnistiar para bajar la tensión en Cataluña. (Muestra un recorte de prensa.-Aplausos). Pero cuando otras fuerzas dialogan sobre una hipotética amnistía, el PP trae a miles de personas a Madrid gritando que va a romperse España. El indulto, la renuncia a la acción penal o la amnistía se han utilizado en España y en otros países con absoluta normalidad. De hecho, en Portugal se aprobó una amnistía para jóvenes el pasado julio por la visita del Papa. La amnistía es una institución recogida en tratados internacionales en vigor en España. (El señor Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno, hace gestos negativos). Sí, señor, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una figura vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno. (Aplausos). Y tiene un límite: no puede aplicarse a delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Los objetivos de las amnistías en el derecho internacional son alentar la reconciliación y ayudar a restablecer las relaciones normales en la vida de un país. La amnistía siempre es el final de un proceso de normalización y en este caso lo va a ser tras un gran acuerdo de entendimiento entre Cataluña y el resto del Estado. Y no pueden decir que la amnistía no es constitucional porque no se menciona expresamente en la Constitución. ¿No son constitucionales entonces los desahucios, los despidos, los permisos de maternidad o las becas? Tampoco se mencionan en la Constitución. La Constitución no prohíbe la amnistía, es una facultad del Legislativo que opera sobre una conducta, mientras que el indulto es facultad del Ejecutivo y opera sobre las condenas penales, y ninguno afecta a las facultades del Poder Judicial. Sí prohíbe la Constitución el indulto general, lo que no impidió que en un solo Consejo de Ministros el señor Aznar aprobara 1443 indultos. (Aplausos). ¿El motivo de este indulto general? Hombre, terminaba el milenio en año jubilar. Un motivo arbitrario, sin interés general alguno e impropio de un Estado aconfesional. Si este indulto cuasi general no rompió la separación de poderes, ¿por qué, según el PP, una hipotética amnistía sería un ataque al Poder Judicial? En nuestro sistema constitucional sí está prohibida la impunidad de las conductas que pudieran cometerse posteriormente al indulto o la amnistía. Porque la amnistía no despenaliza ninguna conducta, solo es una institución que se aplica excepcionalmente para normalizar una situación conflictiva.»