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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Por tanto, es una financiación que tiene tres características principales: es estructural, es suficiente y supone el cumplimiento del compromiso político que asumimos al llegar al Gobierno. Es estructural porque modifica por ley las cuantías mínimas que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por grado y persona usuaria del sistema. No es un parche, no es una inyección extraordinaria, es un cambio que hace que la financiación aumente de forma sistemática conforme crezcan las necesidades de cuidados en el sistema. Es suficiente porque implica un incremento tremendamente significativo de cada grado, que llega a más del cien por cien en el caso del grado III, que pasará a aumentar un 126 % su cuantía. En tercer lugar, cumple con el compromiso político que asumimos al entrar en el Gobierno, recogido en el acuerdo de coalición, y concede a las comunidades autónomas y a todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos que lo llevan reclamando toda la legislatura alcanzar el 50 % de la financiación a final del año 2027.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«El diagnóstico, como decía, muestra dos elementos claros, uno de planteamiento y otro de financiación; y la respuesta, por tanto, debe tener dos claves fundamentales, que son las que hoy se debaten aquí: una inversión sin precedentes para fortalecer el sistema de cuidados y una refundación normativa para transformar todo su andamiaje normativo y blindarlo a futuro. Abordaré las dos, una detrás de otra, empezando por la financiación. Antes de este real decreto ley que se va a debatir hoy aquí, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo inédito, importantísimo, para poder mejorar el sistema por medio de distintos instrumentos. Uno de los más vitales fue el plan de choque en la pasada legislatura, que supuso el primer esfuerzo de tal magnitud en nuestro país, y que hizo posible, entre otras cosas, que España fuera el único país de la Unión Europea que decidiera utilizar una parte significativa de los fondos de recuperación para transformar y modernizar los servicios sociales e invertir en la infraestructura social de nuestro sistema de cuidados. En esta misma legislatura, hemos aprobado también un real decreto ley de financiación extraordinaria para la aplicación de la ley ELA, que supuso una inyección adicional al sistema. Pero ahora, con este real decreto ley, vamos a lograr un cambio estructural y permanente en la financiación del sistema, de tal modo que vamos a duplicar la financiación por parte de la Administración General del Estado al sistema de cuidados, alcanzando ya este año los 5513 millones de euros y el año que viene superando los 7200 millones. (Aplausos). Por poner estas cifras en perspectiva, en la década anterior, en la década ominosa de los recortes, cuando se eliminó el nivel acordado de la dependencia, la financiación por parte de la Administración General del Estado estuvo alrededor de los 1200 millones de euros anuales. En su momento más bajo, en el año 2014, se situaba en 1128. De 1128 se ha pasado a 7239 millones de euros. Creo que estas cifras hablan por sí mismas y suponen un argumento irrebatible para la convalidación de este real decreto ley. Es un aumento total de 6200 millones de euros de aquí al cierre de la legislatura, que consigue, por la vía de los hechos, que la aportación estatal alcance el 50 % respecto al gasto certificado por las comunidades autónomas.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Que la vida se alargue, que las personas mayores y con discapacidad tengan posibilidades de tener cada vez más bienestar y más calidad de vida durante más tiempo, sin barreras y con apoyos jamás será una carga. Jamás. Es, con todas las letras, un logro democrático, y debería ser motivo de orgullo para cualquier agente político que se precie -casi de orgullo patrio, me atrevería a decir- saber que en este país cada vez más personas gozan de una vida mejor y más larga, sin peros y sin apostillas. (Aplausos). Ahora bien, les diré para quién sí es hoy una carga. Si desde los poderes públicos no intervenimos para dar opciones reales de cuidados y apoyo a todas esas personas, serán las mujeres de este país -porque lo son- las que sistemáticamente paguen la cuenta. Porque las necesidades de cuidados, aunque han cambiado, aunque se están transformando, no son nuevas, siempre han estado ahí; y si no se han percibido de forma tan marcada como una responsabilidad pública, si no han emergido siquiera como un objeto de debate político, es porque han sido las mujeres quienes las han asumido, en sectores feminizados, precarizados o no monetizados, atravesados por distintas formas de explotación dentro y fuera de sus propias familias y sin tener reconocimiento ni valorización alguna por ello. Pero este diagnóstico que hago no busca ser alarmante, busca ser realista y, al mismo tiempo, esperanzador, porque tenemos plena capacidad para dar respuesta a tales desafíos. De eso trata la segunda parte de mi intervención y las dos votaciones que ustedes van a afrontar hoy en esta Cámara. Entendiendo de dónde venimos, se trata de ver hacia dónde queremos ir.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Sobre ese diagnóstico deben cruzarse las proyecciones a futuro sobre nuestra sociedad, empezando por un hecho irrebatible: cada vez va a haber más personas que necesiten cuidados y, por tanto, también mayor demanda de personas cuidadoras. De hecho, de acuerdo con la estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030 realizada por el ministerio, pensamos que, alcanzando una cobertura universal, para el año 2030 vamos a necesitar unas 900 000 trabajadoras en el sector profesional de los cuidados, casi el doble de las que hay ahora, que atiendan a cerca de 2 500 000 personas, 800 000 personas más de las que atendemos hoy. El desafío al que se enfrenta nuestro sistema de cuidados, por tanto, es triple: debemos transformar su concepción, sus objetivos y su funcionamiento. Debemos garantizar una financiación suficiente y debemos hacerlo sabiendo que cada vez más personas se van a incorporar al sistema, tanto para dar cuidados y apoyos como para recibirlos. Hay quien prefiere no hablar de un desafío, sino de una carga, y quisiera hacer dos apuntes al respecto.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Quizás se pregunten con qué base puedo hacer tal afirmación, y me gustaría poder fundamentarla. Hacerlo es tan sencillo como responder a dos cuestiones fundamentales: de dónde venimos -en este ámbito- y hacia dónde queremos ir. ¿De dónde venimos? Tenemos que abordar, en este sentido, dos características principales de nuestro sistema de cuidados, una que es general, que se plantea en los modelos de cuidados de larga duración en todo el mundo, y otra que es específica, propia del caso español. Primero la general. Es algo que ha sido sujeto de debate en organizaciones como la OCDE o como la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con la necesidad de cambiar el paradigma que sirve de base a nuestros sistemas de cuidados, con pasar de un modelo asistencialista a uno que esté centrado en una concepción de derechos de ciudadanía. Lo explico. Los sistemas de cuidados en todo el mundo han estado históricamente lastrados por un modelo anclado en una cultura asistencialista e institucional. Esto es, las personas cuidadas bajo este modelo viven aisladas, separadas de la comunidad, en instituciones y, por tanto, segregadas socialmente. No tienen control sobre sus propias vidas, no pueden adoptar decisiones cotidianas porque los requisitos organizativos de esas instituciones prevalecen sobre las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas que viven en ellas. Lo que estamos haciendo hoy es dejar atrás ese planteamiento, porque entendemos que lo esencial, lo central de cualquier servicio público no deben ser las cuestiones logísticas ni organizativas ni la gestión de los costes, sino las necesidades de las personas que los integran. Es por ello por lo que proponemos una transformación profunda del sistema que responda a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes les cuidan, poniendo su autonomía, sus preferencias y sus deseos por delante. Porque es nuestro sistema de cuidados el que debe adaptarse a la realidad social de las personas con discapacidad y dependencia y no al revés, como ha venido siendo hasta ahora. Pero a este cambio de fondo, a este giro en la mirada que deja de tratar a las personas como a números y las dota de derechos, de voluntad y de autonomía, se suma la necesidad de otra transformación que es consecuencia del contexto específico español. Porque el sistema de la dependencia en España ha venido lastrado casi desde su despegue, desde su fundación, por las consecuencias de la política fiscal y la infrafinanciación estructural de la década de la austeridad. Ese es el contexto del que venimos y el que ha producido la realidad actual de nuestro sistema de cuidados, un sistema completamente preso de una lógica de optimización de recursos y de una financiación nítidamente insuficiente.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Hoy, en torno al concepto de autonomía personal, en torno al concepto de los cuidados, estamos afrontando algo parecido a lo que sucedió entonces en la posguerra europea; estamos afrontando la misma responsabilidad que se afrontó entonces para con la sociedad del presente y la sociedad del futuro. Esto es lo que hoy debatimos aquí, señorías. Porque la mirada asistencialista y paternalista sobre las personas con discapacidad o en situación de dependencia ya no nos sirve. (Aplausos). Porque el modelo de las macrorresidencias alejadas de las comunidades locales que privan a las personas que requieren cuidados de participar en ellas ya no nos sirve. Porque condenar a cientos de miles de compatriotas a vivir de forma no elegida, desatendiendo o ignorando sus preferencias y deseos, ya no nos sirve. Por eso este es un momento trascendental, es un momento fundacional para lo que debe ser el estado del bienestar en España en el siglo XXI. Ante ese desafío, no se pueden dar pasos tímidos ni titubeos, porque lo que nos enseña también la historia del avance en materia de derechos sociales en España y en cualquier parte del mundo es que la tibieza o el gradualismo es la antesala de la incompletud o del fracaso. Por eso lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación. Las dos cuestiones que se van a debatir y votar aquí hoy, la convalidación del real decreto ley de financiación y la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, son piedras angulares de la que es la mayor reforma social que nuestro país ha visto en décadas, la refundación de un sistema público de cuidados fuerte, capaz de atender las necesidades crecientes de nuestra población y cercano.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Antes de profundizar en detalles, me van a permitir que desde esta tribuna enuncie una idea general. Hace ochenta y cuatro años, en este continente, en Europa, el curso de la protección de los derechos sociales dio un salto cualitativo, dio un giro excepcional; al calor de las luchas sindicales y obreras se sentaron entonces las bases del constitucionalismo social. Hace ochenta y cuatro años de la publicación del famoso Informe Beveridge y, con él, de la cristalización de un nuevo enfoque de la política social que dejaba atrás una tradición milenaria de beneficencia o de caridad y elevaba su categoría a una obligación de cualquier Estado democrático, a la sustancia misma de la condición de ciudadanía. En torno a la protección del trabajo vieron la luz entonces los sistemas de protección de los derechos de trabajadores y trabajadoras, de los sistemas de pensiones, los gérmenes de lo que serían los sistemas públicos de educación o de salud, en torno a los cuales se configuró el imaginario del bienestar de los Estados sociales, que han dado identidad a nuestro continente.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Creo que es difícil sobrestimar la importancia, la profundidad y el calado de los dos debates que van a tener lugar a continuación en esta sesión. De hecho, tomar la palabra en nombre del Gobierno para defender este real decreto ley para el incremento estructural de la financiación de nuestro sistema de la dependencia y, a continuación, en el debate sobre las nuevas leyes de dependencia y discapacidad es un verdadero privilegio. Lo es para mí y creo que lo será también para todos ustedes, para todos los grupos parlamentarios que intervengan. Es gracias al empuje de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familiares, muchas de ellas presentes en este Pleno, y gracias al buen trabajo, e incesante, de todos los grupos parlamentarios que hoy en esta Cámara va a tener lugar el debate sobre la que es -y creo que no hay exageración en estas palabras- la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo. (Aplausos). Lo digo con total convicción y con total determinación también. La refundación de nuestro sistema público de cuidados, la construcción de un verdadero sistema público universal de ciudadanía llamado a cubrir las necesidades crecientes de nuestra sociedad en este ámbito supone la mayor expansión de nuestro estado del bienestar en décadas. Creo que, hoy, todos los aquí presentes debemos tener esto en mente a la hora de exponer nuestros argumentos y, en su caso, de elegir la dirección de voto, porque se cuentan por millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata en función de lo que salga hoy de esta Cámara.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Miren, yo esta noche, antes de dormir, pensaré en toda la gente que he conocido en este mes que ha pedido la prórroga del alquiler, en toda la que no la ha podido pedir y en todas las formas posibles e imaginables de trabajar desde la política para servirles a ellos. Me da lástima imaginar en qué van a pensar ustedes. (Aplausos del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR y de los miembros del Gobierno presentes: la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, y del señor ministro de Cultura, Urtasun Domènech, puestos en pie.-Aplausos del señor ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Bustinduy Amador).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Desde luego, yo no estoy aquí para resignarme, ninguno y ninguna de nosotros lo estamos. No estamos aquí para mirar hacia otra parte ante el principal y más grave problema que viven las clases trabajadoras en este país. Lo digo con la cabeza muy alta: No nos van a doblegar ni nos van a disuadir de defender lo que es justo, sino que vamos a seguir peleando lo que haga falta hasta que prevalezca el derecho a la vivienda en este país. (Aplausos). Cierro ya. Hoy en esta Cámara es probable que se exprese una desconexión radical entre una parte de la clase política española y la vida real de millones de ciudadanos y ciudadanas. Esa desconexión no es por desconocimiento, no es porque los grupos políticos que voten en contra de este decreto ley no conozcan la magnitud del problema que vive la inmensa mayoría de la gente en este país. Esa desconexión es porque defienden intereses opuestos. La penuria de muchos es el beneficio de unos pocos, y quien hoy tumbe esta medida está votando para proteger los intereses y los beneficios de esos pocos. Ante esto no cabe la resignación. Vamos a seguir dando la batalla las veces que haga falta hasta que el derecho a la vivienda se abra paso. Yo le pido a la gente que se organice, que luche en común, que defienda las prórrogas que se han pedido y que tenga memoria de lo que hace y de lo que vota cada uno.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Quiero, por último, reiterar el agradecimiento a todas las formaciones de la izquierda parlamentaria -lo digo con toda sinceridad- por honrar su mandato en esta semana. Sí, quiero citarlas a todas, a BNG, a Podemos, a Bildu, a Esquerra y, muy especialmente, a las formaciones del Grupo Confederal, Más Madrid, los Comuns, SUMAR, Izquierda Unida, la Chunta, MÉS, Compromís. Defender el derecho a la vivienda de las clases trabajadoras frente al capitalismo rentista, frente a esta lógica de la extracción de riqueza a la que hoy nos somete, es la lucha política más importante de nuestro tiempo. Por supuesto que en estos días -hoy ya lo hemos visto- van a instalar este relato según el cual este decreto ley estaba condenado a no salir, según el cual la culpa es nuestra por intentarlo, según el cual es un problema que haya decenas de miles de inquilinos e inquilinas en este país que hayan pedido la prórroga y se hayan beneficiado de ese derecho, un problema, según el cual lo mejor es no hacer nada porque lo van a tumbar. Yo les pido a los inquilinos y las inquilinas de este país que, cada vez que escuchen en estos días un argumento como estos, piensen si le afecta este problema a la persona que lo está diciendo, que lo está expresando.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Señorías del Partido Socialista, agradezco su defensa de esta medida hoy en esta Cámara. Les trasladaré una reflexión que creo que ha compartido mucha gente progresista en este país en las últimas semanas, gente que ha sentido un profundo orgullo por la posición que ha mantenido este Gobierno en materia de política internacional y que quizá ha hecho una reflexión en los siguientes términos: si aplicáramos la misma ambición, la misma valentía, la misma coherencia, la misma firmeza en principios que son elementales, consustanciales para defender nuestra democracia a la política de vivienda, a la crisis de vivienda que viven las clases trabajadoras que aplicamos hacia el exterior, estaríamos en una situación muy distinta. Yo espero que este debate y la defensa que han hecho ustedes de esta medida esta tarde sirva para que, desde esta misma noche, desde mañana mismo, si esta Cámara tumba el decreto ley, podamos reunir la voluntad política suficiente para volver a traer esta medida, para volver a traer la prórroga y para volver a traer un programa ambicioso de vivienda (aplausos) con el fin de resolver el principal problema de las clases trabajadoras de este país.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Esta medida se ha aprobado hasta en ocho ocasiones en el pasado, cuando la crisis de vivienda tenía una intensidad mucho menor de la que tiene ahora. ¿Habrá litigios judiciales? Si los hay, será porque hay gente que quiere echar a las familias que se han acogido a la prórroga a su casa. La responsabilidad será suya. Y claro que hay precedentes jurídicos en materia de vivienda misma: el Real Decreto Ley 21/2018, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la función social de la vivienda, los artículos 33, 47 y 86 de la Constitución. Yo estoy convencido de que va a prevalecer el derecho a la vivienda. Y si alguien me acusa o nos acusa de actuar para intentar proteger a tres millones de personas y que no queden a la intemperie de no ser indiferentes, de no resignarnos ante esa situación, a mucha honra, ¿qué quieren que les diga? A mucha honra. (Aplausos). Señora Madrenas, usted ha comenzado su intervención citando a Platón no de manera demasiado elogiosa, he de decir. Yo soy un platónico convencido. Estoy seguro de que conoce usted Protágoras, que es una de las grandes referencias de la filosofía política de la democracia, donde dice que, en la política, a diferencia de las artes y las ciencias, todas las personas, todos los seres humanos pueden participar de ella porque todas tienen la capacidad de discernir en asuntos políticos. Y creo que, en esta votación, de verdad se lo digo, todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen la capacidad de discernir qué es lo que está pasando. No es ninguna de las objeciones técnicas -no todas las que usted ha presentado son técnicas- la razón por la que este decreto ley no va a salir adelante. Usted lo sabe. No es ninguna de esas causas. Si lo fuera, mañana mismo podríamos retomar las negociaciones, resolver dudas y garantizar el derecho a que sigan en sus casas cientos de miles de personas, incluyendo 200 000 hogares en Cataluña, 450 000 personas. Señora Madrenas, no es esa la razón; no es esa la razón. Y yo se lo digo desde el profundo respeto y desde el conocimiento de las diferencias abismales que nos separan en modelos políticos, económicos y sociales: no todo son fichas en un tablero de negociación, no todo puede serlo, y la vida de cientos de miles de personas no debería ser una ficha en un tablero (aplausos), no debería ser una ficha en un tablero. Ustedes, tumbando este decreto ley quizá persigan otras causas, pero el interés general de Cataluña y de los catalanes y las catalanas no, ese no lo persiguen ustedes hoy.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Entre España y las amenazas del Pentágono, ustedes se pusieron del lado del Pentágono. Entre España y los aranceles al campo, a la industria, a la agricultura, a la ganadería, ustedes se pusieron del lado de los aranceles. Entre España y Netanyahu, ustedes se han puesto del lado del Estado de Israel, aunque agreda a soldados españoles y los suyos propios destrocen cristos a martillazos; ni media palabra. Entre España y los fondos buitre, usted elige los fondos buitre y los va a votar hoy otra vez aquí. ¡Qué buen vasallo si hubiese buen señor! Ustedes van a votar hoy aquí a favor del saqueo de los barrios populares, a favor del negocio de buitres aristócratas y de una oligarquía internacional, a favor del expolio a los trabajadores. No hay disfraz, señor Quero, no hay bandera y no hay pulsera que pueda tapar eso. (Aplausos). Señorías del PNV y otras formaciones que han esgrimido la preocupación por la seguridad jurídica en este decreto ley -entraré al fondo en un segundo, pero antes permítanme una cuestión, porque este ha sido uno de los mantras que se ha repetido en la esfera pública en estas semanas con un propósito claramente disuasorio, para que la gente no solicitara la prórroga del alquiler, para que no ejerciera un derecho aprobado por el Gobierno de España-, ¿qué seguridad tiene alguien a quien le suben de golpe el 60 % el precio del alquiler de la casa en la que vive igual desde hace décadas? ¿Qué seguridad tiene? ¿Con qué seguridad se vive si tienes, en las condiciones actuales del mercado del alquiler, que ponerte a buscar a toda prisa una vivienda a mitad de curso escolar, si tienes que desarraigar a tus hijos o a tus hijas, si te tienes que ir de tu barrio, de donde tienes tu red de apoyo, de tu ciudad incluso, si tienes que duplicar el tiempo de transporte para irte a trabajar porque alguien con poder suficiente impone que el esfuerzo que ya haces de tus ingresos para pagar el alquiler, que ya es insostenible, se tiene que duplicar de pronto?»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Entonces, le pregunto a usted -que se hizo famoso hablando de los barrios trabajadores, de la España feliz, de la cultura del esfuerzo, de la generación caracol-, en esta situación que he vivido yo hace unos días, que he conocido yo hace unos días, entre esa familia española que pelea por seguir en su casa y un fondo buitre en Luxemburgo, ¿VOX dónde está? VOX, ¿de qué lado está? ¿De quién es la prioridad? ¿Quién tiene prioridad ahí, señor Quero? Bla, bla, bla; bla, bla, bla. (Aplausos). Hay un solo fondo norteamericano: Blackstone, que tiene más de 30 000 viviendas en este país. Entre una familia española y un fondo extranjero que expulsa a esas familias a la calle, VOX, ¿de qué lado está? ¿Quién tiene la prioridad ahí? Usted ha intentado hacer hoy este ejercicio de contorsionismo retórico y nos ha dicho que su hermana es una de las personas que está en esa situación y que podría beneficiarse de la prórroga, también muchos de sus amigos; ha dicho usted que es pan para hoy y hambre para mañana, que puede ser un alivio inmediato. Según esa metáfora, usted tiene a su propia gente al borde del precipicio, como ha dicho usted -están en esa posición al borde del precipicio, por culpa del gobierno chavista, bolivariano y todo esto-, y, ¿lo que van a hacer hoy es empujarles al precipicio? ¿Eso es lo que van a hacer? (Aplausos). No, hombre, no. Yo les sugiero otra cosa: no tumben la prórroga de los alquileres y dígale a su hermana que la solicite y que se quede en su casa, para que no tengan que echarla y sacar un 50 % más a ese piso. (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Miren, no lo van a poder explicar. No lo van a poder explicar, y ojalá los inquilinos e inquilinas de este país que votan al Partido Popular, ojalá, tomen nota y se lo hagan pagar muy caro. Señor Quero, yo -como mucha gente-, la primera vez que oí hablar de usted fue por un discurso suyo que se viralizó, en el que hablaba precisamente del problema de la vivienda: hablaba de cómo se habían levantado los barrios trabajadores de este país con esfuerzo; de cómo las familias habían aprendido allí lo que eran los valores de la dignidad, de la igualdad, de la libertad, de cómo esa era la España feliz que ahora se estaba perdiendo; hablaba usted de cómo los nietos de esa generación estaban condenados a dedicar el 60 % de sus ingresos a pagar un alquiler, a compartir pisos con desconocidos -la generación caracol, les llamó usted, que van con la casa a cuestas de un lugar a otro-. ¿Y hoy, qué? ¿Hoy, qué? En estas semanas he podido reunirme con una familia que tiene varios hijos, que lleva décadas viviendo en uno de esos barrios, en una de esas casas, en el barrio donde, además, viven los abuelos de esos niños, donde van al colegio, donde tienen su entorno, su arraigo -tan de moda en estos días-. Un fondo buitre compró a sus espaldas esa vivienda y también está recurriendo a todo tipo de chantajes y amenazas para echarlos de su casa. Y esta familia, que es española -podría no serlo, pero es española-, está peleando porque no echen a sus hijos del barrio de sus abuelos y de sus padres; porque no les echen de su casa. Cuando se aprobó la prórroga también la solicitaron: descargaron el burofax y fueron a pedirla. ¿Sabe qué problema han tenido? Que no tenían dónde entregarlo, porque el fondo buitre que lo ha comprado ni siquiera tenía una dirección postal. Han tenido que hacer una investigación y ¿sabe lo que han encontrado? Un buzón, detrás del cual hay un entramado societario con empresas fantasma que van hasta Luxemburgo.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Esto no va de modelo de vivienda del Gobierno. Esto no va de Pedro Sánchez ni de la izquierda. Esto no va de okupas ni de pequeños propietarios. Va de que en unos minutos, cuando ustedes pulsen el botón, hay tres millones de personas a las que van a dejar desamparadas a su suerte. ¿Por qué razón? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esta es una medida que ustedes han votado en reiteradas ocasiones en el pasado. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha mejorado la situación de la vivienda para la gente en este país? ¿Para sus propios votantes? Miren, en estas semanas he podido reunirme con familias que viven en viviendas que eran de protección oficial y que administraciones del Partido Popular vendieron, a espaldas de esas familias, a fondos buitre. Y ahora están echando a esas familias de sus casas para revenderlas por cinco o seis veces el dinero que les costó comprarlas, a espaldas de esa gente. Esas inquilinas e inquilinos han pedido la prórroga de sus contratos de alquiler para seguir peleando y que no las echen de sus casas. Explíquenles su voto a esas familias. Explíquenles las razones por las que van a votar que no a este decreto ley. Explíquenselo a las familias de Alicante que estaban en espera de una vivienda de protección pública y que han tenido que ver que ustedes se la reparten entre amigos y familiares (aplausos), y hoy votan en contra de una medida de sentido común, de interés general, que apoyan dos tercios de su electorado. Explíquenselo a los vecinos y a las vecinas de Málaga, de Sevilla, de Madrid o de Valencia, que están viendo cómo sus barrios se están convirtiendo en parques temáticos, plagados de pisos turísticos ilegales que están vaciando de tejido social sus propias ciudades, mientras ustedes miran hacia otro lado y no hacen nada. Explíquenles por qué votan que no a la prórroga de los alquileres hoy en día, para que se siga expulsando a los vecinos de las casas en las que han vivido toda su vida para fomentar que continúen esos negocios.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Yo estaba pensando, según les escuchaba, que es curioso, es atípico que nadie haya solicitado el turno en contra de este decreto ley, como es costumbre en esta Cámara. Y si eso ha sido así es por lo que ha demostrado el debate que se ha tenido a continuación: porque no tienen un argumento real para votar en contra de proteger a tres millones de personas en este país. (Aplausos). No hay un argumento. Lo van a hacer por tacticismo, lo van a hacer por cerrazón ideológica, lo van a hacer porque se creen impunes al respecto. Pero yo tengo una noticia para ustedes: no lo van a ser. No lo van a ser. Señorías del Partido Popular, entre su electorado ustedes tienen el doble de inquilinos que de caseros. No así en el grupo parlamentario. Y eso explica muchas cosas. El doble de inquilinos que de caseros entre sus votantes. (Aplausos). ¿Ustedes creen que van a entender argumentos de este tenor, como los que acabamos de escuchar? ¿Ustedes creen que esto les va a servir para explicar que, pulsando el botón rojo hoy, van ustedes a dejar a tres millones de compatriotas desamparados a su suerte? Esto les va a suponer un coste medio de 2000 euros por hogar al año. En ciudades como esta, 600 o 700 euros más al mes. A sus votantes, a su gente, dos tercios de los cuales apoyan esta medida. ¿Ustedes creen que les va a valer con esto? No tienen un argumento. (Aplausos). No tienen un solo argumento. El argumento ya lo dijo en voz alta, como acostumbra, la señora Ayuso cuando dijo el otro día: Si alguien tiene diez viviendas es que se las ha ganado y tiene derecho a ponerlas al precio que le convenga. El mensaje que la señora Ayuso le estaba enviando a los inquilinos e inquilinas de este país -que es el mismo que les envían hoy ustedes aquí- es exactamente lo mismo que dijo una diputada también de su grupo hace años en esta Cámara, Andrea Fabra: ¡Que se busquen la vida! Que si están en esa situación es porque se lo merecen. Es que nadie les va a tender una mano. Es que nadie les va a ayudar.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«A los grupos que sí han promovido la prórroga de los alquileres, a quienes la han peleado y defendido, quiero darles las gracias y decirles que hoy están defendiendo lo que es justo, y con ello honrando el mandato que debería regir cuando se entra en esta casa: defender los intereses de la gente que les ha votado, pelear por que vivan mejor y tengan más derechos, por que este país sea un poco más justo. Yo puedo decirles que, pase lo que pase hoy, es lo que voy a seguir haciendo, con la determinación intacta y con la cabeza bien alta: defender el derecho a la vivienda de todos y cada uno de mis compatriotas, sin importar los obstáculos, sin importar cómo de poderosos sean quienes estén enfrente. Y a mucha honra. (Aplausos del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de los miembros del Gobierno presentes: la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez; el señor ministro de Cultura, Urtasun Domènech, puestos en pie.-Aplausos del señor ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Bustinduy Amador).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias...
«Termino como empezaba. Es tan grande el impacto de esta medida, es tan importante la forma en que podría cambiar para mejor la vida de millones de compatriotas, que no puedo más que volver a invocar su responsabilidad y el sentido mismo, la finalidad misma de la política. Se lo digo con toda la sinceridad de la que soy capaz. En esta votación no se dirime el interés del Gobierno ni de un grupo político u otro. Lo que se vota es dar protección a tres millones de personas o dejarlas a la suerte del 'sálvese quien pueda'. Se vota si esas familias pueden irse a dormir con la tranquilidad de saber que su casa va a seguir siendo eso, su casa. Se vota si, en un momento crítico a nivel internacional, España protege las condiciones de vida y la capacidad adquisitiva de su gente o no. Se vota si se protege el derecho a la vivienda o se da rienda suelta a quienes hoy lo violentan y amenazan. Ustedes elegirán qué intereses defienden y de qué lado se ubican. Pero yo les quiero decir una cosa: si hoy este Congreso tumba la prórroga de los alquileres, ese 'no' tendrá, ante toda España, cada uno de sus nombres y apellidos. Cada euro de más que se vaya a pagar en un alquiler abusivo para que se lo lleve un fondo buitre; cada casting para visitar un piso impagable; cada familia que tenga que cambiar a sus hijos de colegio; cada trabajador que tarde treinta minutos más en llegar al curro; cada despedida de un vecino o de la tienda de tu barrio; cada caja de cartón, cada maleta llena de ropa mal doblada por las prisas, cada puerta que se cierre, cada plan que se trunque, cada vida más difícil, tendrá sus nombres y apellidos. Quizá a ustedes este problema les quede lejos o no les afecte, pero hoy van a decidir sobre la suerte de millones de personas a las que sí les va la vida en ello. Y no se lo van a poder explicar. Y serán responsables de ello.»
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«Y si les parece que exagero o que simplifico en el análisis, consideren lo que nos dicen los estudios demoscópicos sobre esta medida. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La prórroga de los alquileres tiene el apoyo de un 74 % de la población, y ese consenso es transversal a la ideología y a las opciones políticas. Dos tercios del electorado del Partido Popular, también de VOX, apoyan esta medida. Más de la mitad del electorado afirma que se replantearían su voto en el caso en el que el partido político en el que han confiado votara en contra de esta medida. Y basta con escuchar el clamor social por el precio de los alquileres y la indefensión en la que se encuentran los inquilinos para darse cuenta de que sería un extraordinario error darle la espalda a la ciudadanía en aras del tacticismo, de la cerrazón ideológica o de esa forma de hacer política que consiste en el no a todo, aunque esté en juego la suerte de millones de personas. Por tanto, yo les animo a que dejen de lado las excusas y los discursos prefabricados y consideren exclusivamente el interés general.»
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«Señorías, esta votación no va del Gobierno, ni de la izquierda, ni siquiera de los modelos de vivienda que defienda cada cual. La ciudadanía está harta de que su principal problema, la principal causa de su angustia y preocupación cotidiana, se convierta en un juego de acusaciones y de reproches cruzados que se desentiende de los efectos reales, del impacto que tiene en la vida cotidiana de millones de personas. Lo que se vota hoy es una solución concreta, inmediata, razonable, con la que no pierde nadie y que para muchísima gente supone un alivio esencial en un momento muy difícil en España y en el mundo entero. Hablamos de ponerse del lado de las familias trabajadoras, de los proyectos vitales de cientos de miles de personas que encuentran en esta medida una protección necesaria y la encuentran cuando más la necesitan. Hablamos de que del otro lado están los objetivos de negocio de grandes inmobiliarias, de fondos extranjeros y de agentes especuladores que están obteniendo rentabilidades desmedidas a costa del esfuerzo de esas mismas familias trabajadoras. Eso es lo que se va a votar hoy en esta Cámara.»
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«Por último, he escuchado en estas semanas una presunta oposición entre la prórroga de los alquileres y la necesidad de construir más viviendas para que bajen los precios. La solución no es regular, sino construir más -vendría a ser el mensaje-. La realidad es que se pueden construir cientos de miles de viviendas adicionales, pero si esa oferta queda en manos de los grandes fondos extranjeros con los que evidentemente no pueden competir las familias españolas, ni bajarán los precios, ni se aliviará la carga que supone para la vida cotidiana de millones de personas el coste de la vivienda. Si no se crea un parque significativo de vivienda pública blindada a perpetuidad, si no se refuerzan los derechos de inquilinos e inquilinas y también los de quienes no pueden comprar una vivienda frente a esos gigantes financieros, si no se seca la lógica especulativa que permite utilizar y acumular la vivienda como un activo de inversión, el juego seguirá trucado a favor de quienes solo buscan extraer la mayor rentabilidad, aunque sea a costa del derecho a un bien básico y esencial de todos los demás. Pero aunque nada de esto sea así, aunque no compartan ustedes este análisis, aunque les hiciéramos caso y dijéramos que la solución mágica es construir, mientras se aumenta la oferta de vivienda, ¿qué hacemos? La prórroga ofrece una solución inmediata a casi tres millones de personas. Tumbarla deja a esa gente a la intemperie para blindar el interés y el negocio de quienes hoy les están asfixiando. (Aplausos).»
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«Tiene el mismo cariz el argumento según el cual la prórroga supondría una merma en la oferta del mercado del alquiler. La realidad es precisamente la contraria. La prórroga de los alquileres no solo alivia la situación inmediata de cientos de miles de inquilinos e inquilinas. También sirve para proteger la oferta de vivienda en un momento de gran tensionamiento en las ciudades españolas, impidiendo su fuga a usos especulativos y contrarios al interés general, como la proliferación de pisos turísticos ilegales, el alquiler desregulado de habitaciones o el fraude de ley que suponen los contratos de temporada. La prórroga mantiene la oferta, no la contrae. Pero también sirve para neutralizar una espiral alcista de los precios de los alquileres, que en las grandes ciudades del país alcanzan niveles absolutamente insostenibles para las clases trabajadoras. Y sirve también para enviar un mensaje disuasorio frente a operaciones especulativas que persiguen intereses absolutamente contrarios al de la inmensa mayoría de los españoles. Ese mensaje es tan claro como sencillo: las viviendas deben ser para vivir en ellas, no para especular en un casino financiero que está vaciando nuestras ciudades y cercenando el ejercicio de los derechos de millones de compatriotas.»
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«La adopción de la prórroga y el tope del 2 % de los alquileres supondrá un alivio económico de más de 2000 euros al año para un hogar medio. Pero en ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla o Madrid, hablamos de una diferencia de 600 o 700 euros al mes por hogar. Yo les pido que imaginen la magnitud de este alivio para una economía familiar media. Pónganlo en proporción con cualquiera de las medidas que ha adoptado esta Cámara o que ustedes proponen adoptar, sea en energía, en alimentación, en tributación, en mejoras salariales. Imaginen el impacto en la vida real de cientos de miles de hogares. Y ahora piensen si esas familias van a entender sus argumentos para votar que no. Otro de los pseudoargumentos que he oído repetirse en estas semanas es que es el Estado quien debe asumir el coste de la protección social y no los ciudadanos. Es un argumento que no tiene sentido en el caso de la prórroga, que no supone coste ni merma alguna en la posición de ninguna de las partes. Los arrendadores van a seguir percibiendo sus rentas con total normalidad. Los inquilinos van a seguir pagándolas cada mes. El único coste esgrimible es el de aquellos agentes financieros que planearan someter las rentas a un incremento repentino y abusivo del 50, el 60 o el 70 %, como quien se apodera de las reservas de agua en un momento de escasez. Pero es que ese derecho no existe. Eso se llama especular con la vivienda y lo prohíbe la Constitución española.»
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«Además, esto es un formidable problema económico para España, porque toda esa inversión especulativa en la vivienda no solo cercena un derecho constitucional, no solo exprime a las familias para convertir sus rentas en beneficio privado de fondos extranjeros que ni siquiera tributan en España, sino que es una amenaza para el desarrollo económico mismo del país. Porque no genera valor añadido, ni inversión productiva, ni empleo de ningún tipo. Solo extrae rentas, asfixia la economía y destroza miles de vidas por el camino. (Aplausos). Frente a esta realidad, la prórroga de los contratos de alquiler es una medida razonable, proporcionada, de sentido común, que brinda una protección inmediata a casi tres millones de personas en todo el país frente a las subidas abusivas de precios que les están expulsando de sus hogares. Son cientos de miles de familias que, en un contexto global de incertidumbre, contarán con un horizonte de estabilidad y certeza respecto al que es el principal gasto y la principal preocupación de las familias españolas: la vivienda.»
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«En estas semanas, también ha habido mucha gente que no ha podido solicitar su prórroga porque no la han conocido, porque los han disuadido o porque han sido intimidados por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas como, por ejemplo, porque necesitan echar a todos los vecinos a la calle -aunque lleven décadas viviendo allí- para revender un edificio, sacar cien habitaciones donde había veinte apartamentos y convertir inmuebles enteros en hoteles ilegales o en residencias de paso para turistas y nómadas digitales. Por todo el país se han multiplicado ejemplos sangrantes de grandes inversores que compran a precio de saldo edificios enteros para convertir las casas en las que vive la gente en meros activos financieros a los que extraer la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, aunque eso implique destrozar las vidas de quienes vivían en ellas. Mucha gente ha dudado si pedir la prórroga como consecuencia de las mentiras que se han esparcido en una campaña deshonesta para disuadirlos de ejercer sus derechos, amenazándolos con problemas judiciales y convenciéndolos de que lo mejor que podían hacer era resignarse y hacer las maletas para no entorpecer esos negocios. Una de esas mentiras, por ejemplo, ha consistido en enfrentar los derechos de los inquilinos con los de los pequeños propietarios, cuyos intereses serían dañados por esta medida. Eso es falso y, de hecho, la realidad es justamente la contraria. Sucede que la figura del pequeño propietario -tan importante en el imaginario político de este país- está también amenazada por la lógica especulativa y por la formidable concentración de la propiedad que se está produciendo en el mercado de la vivienda. Hoy, apenas un 5 % de la población percibe rentas en concepto de alquiler; seis de cada diez viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar; apenas trece grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100 000 viviendas en alquiler, y hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de cincuenta pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22 % en los últimos catorce años, mientras los grandes tenedores -los que poseen más de diez- han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces. Estos números no paran de crecer. El mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España. No son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50 % y, si no puedes pagarlo, a la calle; quienes se están lucrando con la vivienda son principalmente un grupo de grandes tenedores, inversores sin escrúpulos y corporaciones financieras a las que le da exactamente igual la vida de los españoles. Lo que hoy se vota aquí es evitar que ese expolio continúe.»
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«Con la prórroga aprobada, también ha habido miles de inquilinos que han podido utilizarla para renegociar nuevos contratos con sus arrendadores, los de sus viviendas, desde una posición de fuerza. Como sucede en las relaciones laborales, esta es la demostración de que, cuando la regulación interviene para nivelar las relaciones sociales, muchas de las dinámicas que generan desigualdad y desprotección pueden revertirse y mitigarse. Durante demasiados años, ser inquilino en este país se ha equiparado a una condición transitoria o se ha identificado con una fase vital -la juventud- que para algunos justificaba la precariedad, la desprotección y la ausencia de derechos laborales, económicos o sociales en aras de una supuesta y falsa meritocracia. Han bastado unas semanas de aplicación de la prórroga para ver revertirse, en parte, esa tendencia. No está escrito en ninguna parte que ser inquilino implique vivir al albur de las decisiones y los intereses de corto plazo de los bancos o de los grandes fondos financieros; que no haber accedido a una vivienda en herencia pese hoy como un destino en nuestra sociedad; que vivir de alquiler se haya convertido en un factor no solo de desigualdad -pues la renta de los inquilinos ya es la mitad que la de los arrendadores en este país-, sino que en muchas ciudades se ha convertido ya en un riesgo de exclusión social o de pobreza. Estamos hablando de un 20 % de la población, prácticamente 10 millones de personas, que vota a todas las formaciones políticas, que vive en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades del país. Hoy, se vota sus intereses y la protección de sus derechos, y les aseguro que tomarán nota.»
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«Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Hoy defiendo, en nombre del Gobierno, el Real Decreto Ley 8/2026, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán, pero lo que van a votar ustedes es esto: van a votar si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera; van a votar si las casas en las que residen casi tres millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas; van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad y si esas familias pueden seguir viviendo en sus casas, en su barrio o en sus ciudades pagando religiosamente sus alquileres con todo el esfuerzo de su trabajo o si se encuentran con subidas unilaterales del 30 %, el 40 % o el 50 % que muchas no podrán asumir para ver cómo en los que fueron sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones; lo que van a decidir es si ustedes actúan de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho a la vivienda -como les mandata el artículo 47 de la Constitución- o no. Eso es lo que van a votar ustedes hoy. (Aplausos). Cuando en unos minutos pulsen el botón de votación, no estarán decidiendo sobre una cuestión abstracta. Hoy, nos acompaña en la tribuna gente como Paula, que ha solicitado la prórroga de su contrato junto con decenas de vecinas de varios inmuebles a las que una de las mayores familias terratenientes de España, que acumula un patrimonio estimado en más de 3000 millones de euros, quiere echar de sus casas -de las casas en las que llevan viviendo décadas- para convertirlas en alojamientos turísticos. Nos acompaña Mercedes, amenazada de expulsión por un fondo buitre que compró a sus espaldas su vivienda de alquiler social a una institución financiera rescatada con dinero público. Nos acompaña Eva, que, gracias a la prórroga, ha podido negociar con su casero una extensión de su contrato de alquiler cuando ya lo daba por perdido. Hoy, están siguiendo este debate -el que se produce en una Cámara semivacía- cientos de miles de personas a las que les vence el contrato de alquiler entre este año y el que viene, con un mercado de la vivienda secuestrado por lógicas rentistas y especulativas que les pone imposible encontrar una alternativa viable, que limita y condiciona sus decisiones de vida y que vulnera gravemente sus derechos constitucionales. Para ellas, la prórroga de los alquileres no es una batallita más de la disputa entre grupos políticos de la legislatura, no es una cuestión de cálculos electorales o partidistas, es exactamente la diferencia entre poder seguir viviendo en sus casas o verse expulsadas de sus barrios o incluso de sus ciudades, sin que nadie les ofrezca una solución alternativa ni una mano para ayudarlas. Lo que se dirime es si sus vidas, las vidas de millones de españoles y españolas -repito-, cuentan algo para sus representantes políticos o si, por el contrario, lo que sale de esta Cámara es la vía libre para que los fondos buitre, los grandes inversores y alguna de las mayores fortunas de este país puedan seguir jugando con sus vidas según les dicten la rentabilidad de sus activos y sus cuentas de resultados. Desde el día 22 de marzo, decenas de miles de personas como ellas han solicitado la prórroga de alquileres y se quedarán dos años más en sus viviendas en las mismas condiciones que establecen sus contratos. Desde su promulgación en el BOE, ha habido una auténtica avalancha de solicitudes de información y asesoramiento para que la ciudadanía pudiera ejercer este derecho. Hoy, quiero empezar agradeciendo la labor ejemplar de los sindicatos de inquilinas, de los sindicatos de clase, de las organizaciones de consumidores, de las asociaciones vecinales, de las plataformas antidesahucios y de muchísimas organizaciones no gubernamentales y de distintos partidos políticos. (Aplausos). Quiero agradecer su labor y poner en valor la gran victoria para el movimiento por el derecho a la vivienda que supone la prórroga de los alquileres para decenas de miles de hogares que, gracias a ellos, gracias a su trabajo, van a ver aliviada su suerte en los próximos años.»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y...
«Miren, yo les digo: el Gobierno ha hecho su trabajo. Ha atendido un clamor social transversal, porque a la gente a la que le han subido y le han multiplicado por cuatro y por cinco el precio de sus billetes era gente de izquierdas y de derechas, ¿eh? El Gobierno ha hecho su trabajo y ha traído una norma aquí que funciona, que resuelve este problema. Ahora la decisión la toman ustedes. Ustedes eligen de qué lado se van a poner. Pero tengan por seguro que la gente ahí fuera tomará nota y tendrá memoria. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, puestos en pie).»