Archivo
Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
7.799 declaraciones · página 160 de 260
-
Etna Estrems Fayos · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
«¿Son conscientes, señorías del Partido Popular, de que en muchos centros de atención primaria de Cataluña no es posible que, dándole a un botón, entre la seguridad privada en la consulta? ¿Saben por qué? Porque son centros de atención primaria que muchas veces funcionan con un médico y una persona administrativa; porque son centros de atención primaria de municipios y regiones pequeñas que funcionan a base de trabajar codo con codo con compañeros, y cuando hay situaciones complicadas son estos compañeros y compañeras los que apoyan a los otros. Tengo la sensación de que ustedes escriben todas sus propuestas desde el desconocimiento absoluto de la realidad de lo que ocurre en la calle. Hace demasiados años que ustedes trabajan desde los despachos de Madrid y no ponen los pies en la calle, todavía menos en las calles de Cataluña. Quiero decir -no quiero olvidarlo- que estos temas deben ser abordados, evidentemente, desde la proximidad más absoluta, para no cometer errores como el que ustedes cometen. Quiero recordar que las competencias de salud están traspasadas a las comunidades y que estas son las que deben gestionarlas. Ustedes, de nuevo, no pierden ocasión para presentar propuestas recentralizadoras que, si se llegaran a aprobar, no solo no cumplirían la ley, sino que no serían útiles y empeorarían el sistema sanitario. Eso sí, todo envuelto en una rojigualda.»
-
Etna Estrems Fayos · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
«I tenim dubtes raonables que el Partit Popular sigui conscient d'aquestes diverses realitats. Són conscients, senyories del Partit Popular, que en molts CAPs de Catalunya no és possible que apretant un botó entri la seguretat privada a la consulta? Saben per què? Perquè són CAPs que funcionen moltes vegades amb un metge i una persona d'administració. Perquè són CAPs de municipis i regions petites que funcionen a base de treballar colze a colze amb els companys i companyes, i que, si hi ha situacions complexes, són aquests companys i companyes qui donen suport als altres. Tinc la sensació que vostès escriuen totes les seves propostes des del desconeixement absolut de la realitat del que passa als carrers. Massa anys fa que vostès treballen des dels despatxos de Madrid i no posen els peus al carrer, i encara menys a cap carrer de Catalunya. I no vull oblidar, evidentment, dir que, precisament perquè aquests temes cal abordar-los des de la proximitat més absoluta, per no cometre errors com el que vostès avui cometen, les competències en salut estan traspassades a les comunitats i són aquestes qui les ha de gestionar. Vostès, de nou, no perden ocasió per presentar propostes recentralitzadores que, si s'arribessin a aprovar, no només no complirien la llei, sinó que no serien útils i empitjorarien el sistema sanitari. Això sí, tot ben embolicadet amb una rojigualda. Ja existeixen eines més que suficients en l'àmbit autonòmic i dels propis centres. No cal que les tutelin vostès a 600 quilòmetres. Quina mania tenen en això. Respectin la seva tan repetida i estimada estructura autonòmica, que al final és la seva, no la nostra. I si li volen fer un favor, ja que se la creuen tant, financin-la bé, en comptes de laminar-la per la porta de darrere cada vegada que tenen ocasió.»
-
Noemí Santana Perera · Podemos ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
«Mientras ustedes siguen con este saqueo de los recursos de la sanidad pública, hay una consecuencia que es inevitable y es que esas personas que están sufriendo su gestión, que esperan treinta horas a ser atendidas en urgencias y que ven que su madre, por ejemplo, está literalmente agonizando en el pasillo de un hospital, pierden los nervios. La desesperación los lleva a perder los nervios. Por lo tanto, las principales culpables de estas agresiones son las políticas neoliberales que ustedes aplican. El pasado viernes tuve la oportunidad de hablar con el personal sanitario del Hospital Universitario de Canarias, el HUC, y lo que nos contaban era aterrador. Como les digo, más de treinta horas de espera en unas urgencias sanitarias en un hospital público; quinientas cuarenta y cuatro agresiones el año pasado, de las cuales solo llegaron a la Fiscalía cuarenta y una. Por cierto, ¿saben lo que nos contaron? Un dato muy curioso: llevan ustedes poco más de un año en el Gobierno de Canarias, donde gobiernan Partido Popular y Coalición Canaria, ¿saben cuánto se han incrementado en este año y medio las agresiones? Un 23 %, que se dice pronto. Por lo tanto, señores del Partido Popular, a las personas que están enfermas no las curan las Cámaras, las curan las profesionales sanitarias. Así que un respeto y apuesten por la sanidad pública. La sanidad no es un negocio, es un derecho.»
-
Elvira Velasco Morillo · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
«Señorías, la realidad de los datos sobre las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud nos indica que se incrementan año tras año y supone un problema de gran relevancia, que no solo afecta a la integridad física y al bienestar de la persona que desempeña su actividad profesional en el ámbito sanitario, sino que también provoca una disminución de la calidad y la cohesión del sistema sanitario en España, y eso que muchas de las agresiones que sufren los profesionales siguen sin ser comunicadas y denunciadas, por lo que los datos que se ofrecen en este informe solo muestran una parte de la realidad. En nuestro país, la violencia de la que es víctima el personal sanitario no pasa desapercibida y centra cada día más la atención de los poderes públicos, de las organizaciones profesionales y de los medios de comunicación, como hemos visto recientemente (muestra un artículo de prensa) en medios de comunicación con titulares como: Agredir hoy a un sanitario es igual que agredir a un policía. Los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas, así como las organizaciones colegiales profesionales, también han elaborado protocolos frente a las agresiones al personal sanitario que abarcan los aspectos preventivos y ayudan a clarificar cómo debe reaccionar el personal ante situaciones de violencia para poder evitarlas. O han creado sus propios observatorios de agresiones, como los anunciados recientemente por los farmacéuticos, fisioterapeutas y veterinarios.»
-
Elvira Velasco Morillo · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
«Aún hay mucho por hacer. Sigue sin existir conciencia por parte de los profesionales sanitarios de que cualquier tipo de agresión física, insulto y amenaza es una lacra de repercusión social que afecta a la propia actividad sanitaria, a la relación de confianza entre el sanitario y el paciente, a la salud del propio personal agredido y a la atención sanitaria que reciben los usuarios, pacientes y sus familiares. Si analizamos los últimos datos publicados, vemos que, en el año 2023, en atención primaria y extrahospitalaria se notificaron 40,80 agresiones por cada mil profesionales, mientras que en atención hospitalaria se notificaron 17,37; un total de 14 657 notificaciones, correspondiendo un 57 % a atención primaria y un 43 % a atención hospitalaria, datos que lamentablemente, con respecto al informe de 2022, se han incrementado. El personal médico y el personal de enfermería son los que reportan un mayor porcentaje de agresiones en comparación con el resto de categorías de profesionales existentes en las instituciones sanitarias, que aparecen recogidas bajo el epígrafe de 'otras'; con lo cual, realmente no sabemos a quiénes afecta dentro de esas 'otras profesiones sanitarias', siendo las mujeres de entre 35 y 55 años el perfil de profesional agredido. Un 37 % de las agresiones ocurren en consulta y, en segundo lugar, en el área de hospitalización, seguido de cerca por los puntos de admisión e información de hospitalización, porque hay otro personal que trabaja en el centro sanitario que también recibe agresiones. La mayoría de las notificaciones son por insultos y amenazas. La causa alegada más frecuente de agresión está relacionada con la atención percibida por el usuario, seguido de las relacionadas con las demandas del usuario. Respecto al perfil de la persona agresora, es un usuario paciente en un 72 % de los casos, mientras que el perfil de la familia acompañante representa el 28 %.»
-
Elvira Velasco Morillo · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
«Podríamos decir que en estos apenas cinco años tras la pandemia, los sanitarios han pasado del aplauso al insulto, de la gratitud a la agresión, profesionales que se han convertido en un objetivo de ataque en hospitales y centros de salud. Tanto la propia Organización Internacional del Trabajo como la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo reconocen que los profesionales sanitarios están especialmente expuestos a sufrir agresiones y situaciones de violencia. El sector sanitario en particular ha sido testigo de un aumento preocupante de estas agresiones en los últimos años, con un patrón común que incluye principalmente agresiones verbales y psicológicas, aunque también se registran casos de violencia física. Los principales agresores suele ser los pacientes, mayoritariamente hombres, y se dirigen principalmente a médicos y a personal de enfermería, mayoritariamente mujeres, pero también a psicólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos, podólogos... en fin, a todos los sanitarios. En los últimos años, se han ido desarrollando diferentes medidas, como la modificación del artículo 550 del Código Penal en el año 2015, con la consideración de autoridad pública a la figura del médico y profesional sanitario que ejerce en el servicio público; y la aparición de la instrucción 3/2017 del Ministerio de Interior, que da origen a la figura del interlocutor policial nacional contra las agresiones, en colaboración con el Ministerio de Sanidad. La ejecución de esta instrucción está siendo llevada a cabo por los interlocutores nacionales Policía Nacional y Guardia Civil, a través de una red de interlocutores provinciales y autonómicos creada entre ambos cuerpos. Esta red ha realizado numerosas actividades formativas para la prevención y autoprotección ante las agresiones a los profesionales en el ámbito sanitario. Así, el total de detenidos durante 2023 por las distintas incidencias ocurridas en el sector sanitario ascendió a 115 personas, nada más y nada menos. Asimismo, cabe destacar que, en el año 2020, el Ministerio del Interior puso en marcha la app Alertcops, orientada a la protección específica de los miembros del colectivo sanitario. En el Ministerio de Sanidad, en el Pleno de la Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en junio de 2017, se acordó la creación de un grupo de trabajo que elaborara las bases de un sistema de información de agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud. En mayo de 2018, se constituyó el grupo de trabajo para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud ante la inexistencia de un sistema de información previa que recopilara de forma homogénea los datos de las agresiones notificadas en los distintos servicios sanitarios.»
-
Elvira Velasco Morillo · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario.
«Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Antes de entrar en la defensa de la toma en consideración de esta iniciativa que presentamos por parte del Grupo Parlamentario Popular, quisiera empezar agradeciendo a los profesionales sanitarios que van a seguir el debate, bien desde la tribuna, bien desde una sala del Congreso, a los representantes de la Organización Médica Colegial, del Consejo General de Enfermería, del sindicato SATSE, a los representantes del Consejo de farmacéuticos, psicólogos, podólogos y fisioterapeutas su presencia; y a aquellos que no han podido venir y que respaldan la iniciativa, su apoyo. (Aplausos). Señorías, los profesionales en el ámbito sanitario somos el principal activo del Sistema Nacional de Salud. A pesar de ello, somos un colectivo que se ve afectado por agresiones de diferente índole en el ejercicio de su actividad profesional, situaciones violentas que nos ponen en riesgo y pueden provocar efectos nocivos tanto en la seguridad y en la salud de las personas afectadas como en el sistema sanitario en su conjunto. Las agresiones a los profesionales sanitarios son un desafío de gran alcance que se evidencia no solo en los países de nuestro entorno, sino también en países iberoamericanos, donde la violencia física es una constante preocupación y cuentan con normativa específica. En el entorno sanitario, a pesar del reconocimiento a los profesionales en la pandemia sufrida por la COVID-19 con los aplausos a las ocho de la tarde durante el estado de alarma, que seguro recordamos todos, la vuelta a la normalidad ha supuesto un incremento considerable de las agresiones físicas y verbales una vez restablecida la consulta, no tratándose de un hecho aislado que acontezca alguna vez en un centro hospitalario, sino que se repite con demasiada frecuencia en urgencias y en los centros de salud.»
-
María Lourdes Ramírez Martín · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«El Partido Popular ha sido y sigue siendo el gran defensor de los derechos de las personas con discapacidad en España. Cumplimos con hechos, tenemos claro que vamos a seguir impulsando políticas que mejoren la vida de las personas con discapacidad. Señorías, apoyemos esta reforma y construyamos una función pública más accesible, más equitativa y más preparada. Hoy no hablamos de números, no hablamos de datos, no hablamos de reformas, hoy hablamos de personas, de hombres, de mujeres que, a pesar de las barreras, siguen adelante con determinación y con coraje; hablamos de quienes sueñan con aportar su talento, con demostrar que su capacidad es mucho más grande que cualquier discapacidad; hablamos de tantas y tantas personas que no piden privilegios, solo igualdad de oportunidades. Por ellos, por ellas, estamos aquí esta tarde. Porque una sociedad justa es aquella que no deja a nadie atrás. Porque un país verdaderamente avanzado es aquel que sabe que la inclusión no es caridad, es justicia. Y porque la verdadera grandeza de un país se mide por la forma en la que trata a quienes más dificultades tienen cuando encuentran piedras en su camino. En el Partido Popular cumplimos con hechos y vamos a seguir políticas que mejoren la vida de las personas con discapacidad. Sigamos el ejemplo de una política útil, de una política que cambia la vida; sigamos el camino de quienes creemos que la inclusión no es un privilegio, sino un derecho. Sigamos el ejemplo de Andalucía. Sigamos el ejemplo del Partido Popular, porque hemos demostrado que cuando se gobierna con seriedad, con compromiso, con sensibilidad y con rigor, las cosas cambian y cambian a mejor, porque la verdadera inclusión no se proclama, se practica; porque la igualdad no se promete, se garantiza. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).»
-
María Lourdes Ramírez Martín · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«El impulso de la ELA. Cumplan, señorías, ¡cumplan ya con la ELA! (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos). Y nos preguntamos también cuánto tiempo va a estar en el cajón la reforma de la ley de dependencia y discapacidad que han anunciado hoy. ¿Resuelve el problema de la financiación que está padeciendo Andalucía, cuya aportación está muy por encima de lo que le corresponde? ¿De dinero se habla, señorías? ¿De dinero se habla? Yo creo que no. Con un presupuesto prorrogado desde 2023, de dinero no se puede hablar. Frente al esfuerzo incansable del Partido Popular de mejorar la vida de las personas con discapacidad, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno han optado por la pasividad, convirtiendo la política en una estrategia de propaganda donde priman los discursos vacíos y la inacción. Han preferido priorizar otros debates y han abandonado a las personas con discapacidad a su suerte. Bueno, sí, realmente algo sí que han hecho: el desastre de MUFACE. Recortes, falta de inversión, abandono de miles de funcionarios, que ven peligrar su acceso a la sanidad. Nos encontramos con la desidia, la inacción y el oportunismo de Sánchez. Caos en la función pública, dejadez en las políticas de discapacidad y desastres generalizados. Solo tienen un proyecto, señorías, un único proyecto, su proyecto es seguir en el poder. (Aplausos).»
-
María Lourdes Ramírez Martín · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«En Andalucía hemos trabajado con rigor, con sensibilidad y con resultados palpables. Hemos demostrado que se puede gobernar desde el compromiso real con las personas con discapacidad, no con eslóganes, no con discursos, sino con hechos concretos. Bajo el Gobierno del Partido Popular hemos convertido nuestra tierra en referente nacional de las políticas de discapacidad. Señorías, el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo el gran defensor de los derechos de las personas con discapacidad en España. Nuestro compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de este colectivo es una realidad avalada por hechos y por reformas legislativas de calado. Bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular ha llevado a cabo las reformas más importantes en materia de discapacidad, asegurando que las personas con discapacidad sean reconocidas con igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la educación y a la vida independiente. Y lo hacemos con hechos, señorías. Llevamos en nuestro programa electoral la reforma del artículo 49. Durante los Gobiernos del Partido Popular se alcanzó un récord histórico de empleo para las personas con discapacidad. Hemos promovido reformas para mejorar la compatibilidad entre pensiones y empleo, fortalecer los Centros Especiales de Empleo, programas de asistencia personal para garantizar la vida dependiente de las personas con discapacidad. En definitiva, somos artífices de las leyes más importantes para las personas con discapacidad en España (aplausos): el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, de 2013 -a día de hoy, todo un referente legislativo en esta materia-; la proposición de ley para equiparar la dependencia con el 33 % de discapacidad, aprobada en el Senado en 2023, sí, señorías en 2023. Y sí, estamos en 2025, y esta ley sigue dentro del congelador de la señora Armengol, que pone palos en las ruedas para que no vean la luz iniciativas tan importantes y necesarias para las personas con discapacidad por el simple hecho de ser iniciativas promovidas por el Grupo Popular. (Aplausos).»
-
María Lourdes Ramírez Martín · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero darles la bienvenida a los parlamentarios andaluces que nos acompañan esta tarde aquí y felicitarles por esta magnífica iniciativa. Mis primeras palabras quisiera dedicarlas hoy como andaluza a recordar que el pasado 9 de febrero se cumplió un año de la tragedia de Barbate, un año del cruel asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González. (Aplausos). Un año después, nadie asumió responsabilidades políticas. Y un año después exigimos justicia y exigimos verdad. Como diputada del Partido Popular y como andaluza hoy tengo el orgullo de representar en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, a mi tierra, Andalucía, una tierra que ha demostrado ser pionera, innovadora, comprometida con las políticas de discapacidad; y el mío es un partido que allí donde gobierna trabaja para que la discapacidad no sea un obstáculo, sino una oportunidad. En el Partido Popular tenemos el compromiso inquebrantable con la igualdad de oportunidades y con la inclusión real de las personas con discapacidad. La proposición de ley de reforma parcial del Estatuto Básico del Empleado Público viene impulsada desde el Parlamento andaluz, desde Andalucía, tierra que, bajo el liderazgo de Juanma Moreno, ha impulsado políticas activas para eliminar barreras y para fomentar la plena inclusión de las personas con discapacidad. La aprobación de esta iniciativa en el Parlamento andaluz es reflejo de esa voluntad política y es muestra de que se pueden transformar las palabras en hechos, que la política útil puede mejorar la vida de las personas con discapacidad y puede garantizar su plena inclusión en el mercado laboral. Señorías, se trata de un asunto que trasciende la política partidista. La inclusión de las personas con discapacidad en la función pública no es una cuestión de ideologías, sino de justicia social y de cohesión democrática. Es una deuda pendiente con miles de ciudadanos que desean aportar su talento y su esfuerzo al servicio público y que hasta ahora han encontrado barreras que dificultan su acceso. Esta propuesta, señorías, busca garantizar un derecho fundamental: la igualdad real y efectiva del acceso a la función pública de las personas con discapacidad en condiciones de equidad; reforzando los principios de mérito, de capacidad; con una visión más inclusiva y adaptada a las necesidades de esta nueva sociedad. Hoy defendemos mucho más que un cambio normativo; defendemos un modelo de éxito, una forma de gobernar que pone a las personas en el centro de la acción política y que ha convertido a Andalucía en un referente en políticas de inclusión y de accesibilidad. (Aplausos).»
-
José Losada Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Concluyo. Hace ahora un año que dimos un buen ejemplo al aprobar la modificación del artículo 49 de la Constitución Española para dar dignidad a las personas con discapacidad. Sigamos ese ejemplo y no otro -por cierto, VOX votó en contra-. Sigamos ese ejemplo, porque, señorías de VOX y de todo su club internacional de patriotas, para nosotros no es ningún ejemplo el señor Trump, bien lo ha explicado mi compañera Pilar Navarro. Señores superpatriotas, ese no es ni será nuestro ejemplo. Gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).»
-
José Losada Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«El Gobierno de España está trabajando. Hoy mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que mejorarán el sistema y reforzarán los derechos de las personas más vulnerables. (Aplausos). El Grupo Parlamentario Socialista apoyamos esta proposición del Parlamento de Andalucía, pero debemos ser conscientes de que el Estatuto Básico del Empleado Público, como su propio nombre indica, es de carácter básico, porque son las comunidades autónomas las que deben legislar, concretando lo que ellas consideren más oportuno dentro de su ámbito competencial. No debemos olvidar que las competencias están -muchas de ellas- en las comunidades autónomas. Tampoco podemos olvidar que todas las reformas pendientes -la nueva ley de función pública, la modificación del EBEP- deben contar con el mayor acuerdo posible, fruto del diálogo social con las entidades del sector y los representantes sindicales; y porque trabajar por la igualdad y las personas con discapacidad intelectual no es solo adaptar el EBEP. En Andalucía -porque en Andalucía tienen las competencias para ello-, el Gobierno de la Junta Andalucía debe asumir su responsabilidad. (Aplausos). Trabajar de verdad por las personas con discapacidad es también mejorar y no desmantelar la sanidad pública -como está haciendo el PP en Andalucía-, es aumentar el presupuesto para la atención temprana, es no cerrar aulas en la educación pública y es proveer de más medios y profesionales a los centros educativos, más maestros de PT, de AL, más PTIS (aplausos) y no tratar de manera despectiva -como se ha hecho- a las familias de alumnos con necesidades educativas especiales. (Aplausos.-Rumores). Andalucía tiene sus competencias, y una es hacer cumplir también la ley de dependencia. Los andaluces son los que más tardan en ver resuelta su solicitud. En Andalucía se tarda 609 días para resolver un expediente, 280 más que la media nacional. Señor Martín, no sé de qué Andalucía viene usted. Creo que no es la misma que yo veo todos los días; creo que es muy distinta. Usted ha pintado aquí una Andalucía ideal que no es la que me encuentro yo en la calle. Andalucía está a la cola -lo ha dicho la compañera de SUMAR- de las comunidades autónomas en tasa de actividad de las personas con discapacidad. Está muy por debajo de la media nacional, y eso es competencia del Gobierno del señor Moreno Bonilla (aplausos), porque, señorías del PP, llevan ya más de seis años gobernando en Andalucía.»
-
José Losada Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Las políticas desarrolladas por este Gobierno progresista han contribuido a que la función pública avance también en igualdad y en inclusión, y la acción de mi grupo parlamentario y del Gobierno en estos años da buena cuenta de ello. La oferta de empleo público de la Administración General del Estado de 2024 ha supuesto un aumento de las plazas reservada a las personas con discapacidad. Se ha aumentado del 7 al 10 % las plazas ofertadas y de ese 10 % -como saben-, un 2 % son las reservadas a personas con discapacidad intelectual. Por otro lado -como saben-, una nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado se está tramitando -debemos evolucionar hacia una Administración más cercana, que ponga énfasis en la consecución de los objetivos sociales-; un proyecto de ley que recoge, entre otros, un principio inspirador de carácter transversal como es la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, el Gobierno está trabajando en el futuro real decreto que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. El contexto social actual demanda políticas públicas más inclusivas, poniendo el foco en la eliminación de barreras de acceso, en la promoción de la igualdad de oportunidades y en el reconocimiento de la diversidad funcional como un valor para la Administración pública. Para ello es imprescindible adaptar el marco regulador a los principios actuales, garantizando su coherencia con las normativas vigentes y las mejores prácticas en materia de empleo inclusivo. Mediante este proyecto de real decreto se pretende, entre otras cuestiones, ofrecer certidumbre con respecto al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, actualizar el cupo de reserva de las plazas para personas con discapacidad y también consolidar una Administración -como digo- inclusiva y representativa, promoviendo una cultura organizativa basada en el respeto a la diversidad y en la igualdad de oportunidades.»
-
José Losada Fernández · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida, en nombre del Grupo Socialista, a los representantes del Parlamento de Andalucía que hoy nos visitan y han defendido esta proposición de ley. También, cómo no, nuestro agradecimiento a las entidades del tercer sector del mundo de la discapacidad y, en especial, a las familias de la discapacidad intelectual. Su dedicación y su esfuerzo diario bien merecen nuestro reconocimiento, y todo apoyo- seguro- será insuficiente. Esta proposición de ley de reforma del EBEP, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, contará con nuestro voto favorable en este inicio de tramitación parlamentaria, porque los datos de empleo de las personas con discapacidad intelectual en España nos indican que, aunque hemos avanzado mucho, nos queda mucho por hacer. Los datos del INE referentes al año 2023 en empleo de personas con discapacidad intelectual nos indican que la tasa de actividad se ha incrementado, la tasa de empleo ha aumentado y la tasa de paro ha descendido. Pero hay otros datos que también son verdad: solo el 23 % de las personas con discapacidad intelectual tienen trabajo; la tasa de empleo en las personas con discapacidad intelectual en España -se ha dicho aquí anteriormente- es en torno a cuarenta y cinco puntos inferior al resto de la población. Con estos datos es evidente que el empleo público supone una gran oportunidad para estas personas. Por ello, debemos trabajar e implementar las acciones que posibiliten su acceso. En esto también hemos avanzado. Como bien dicen desde Plena Inclusión, si hace diez años preguntabas a una persona con discapacidad intelectual por la posibilidad de opositar, nadie o casi nadie consideraba la idea. Hoy en día, rara es la persona del colectivo que no lo haya intentado o que, al menos, no conozca a alguien que lo intente.»
-
Emilio Jesús Del Valle Rodríguez · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Pues bien, esa es la importancia que le da Sánchez a la función pública española. Sánchez ha creado la Administración más elefantiásica y mastodóntica de la democracia, con 22 ministerios -de los cuales hay tres vicepresidencias-, 31 secretarios de Estado, 50 subsecretarios o cargos con rango equivalente, 54 directores de gabinete, 136 directores generales, etcétera. Tienen nada menos que 551 altos cargos y, ojo, más de 1300 asesores; repito, más de 1300 asesores. Y ya que estamos con diputados del Parlamento de Andalucía, solo el delegado del Gobierno en Andalucía tiene 21 asesores a dedo. El número de asesores y el gasto destinado es el más alto de todos los Gobiernos en democracia. Mientras que las familias, los autónomos y las empresas tienen que apretarse el cinturón, pagando más impuestos, pagando más por el precio inasumible del gas y de la luz, por la subida de la cesta de la compra, el Gobierno sigue burlándose de los españoles, sin hacer el más mínimo ajuste en el gasto improductivo. Y todo esto, por no hablar de las irregularidades detectadas en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Faffe -que seguramente los señores parlamentarios de Andalucía conocen bien-, que estuvo funcionando durante los Gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, que contrató -según el juez- de forma injustificada, sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación, al menos a ochenta y cuatro personas, una de las cuales es Carmen Ibanco, esposa del exsecretario general del PSOE de Andalucía y actual portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas. El juez apunta que la contratación habría sido realizada con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal contratado en distintos puestos de trabajo creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales, con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones por parte de aquellos. Pues bien, estos ochenta y cuatro enchufados socialistas entraban en la fundación mediante un correo electrónico en el que se rogaba su contratación, en muchas ocasiones, pese a no tener ninguna cualificación profesional. Su aval: tener parentesco o afinidad con algún socialista, tal y como recoge un informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Termino ya, señora presidenta. Una vez más queda acreditado que los socialistas se preocupan más por el bienestar de los políticos y de sus amiguetes que por el bienestar de todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
-
Emilio Jesús Del Valle Rodríguez · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Como ya se ha apuntado, debatimos una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para que las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación. Se ha dicho que esto supone un avance hacia procesos selectivos más adecuados, con pruebas selectivas que permitan la comprobación de las competencias y capacidades necesarias para el desempeño de las funciones y tareas asignadas a los puestos de trabajo convocados. Se ha apuntado también que se aprobó por unanimidad en el Parlamento andaluz. Efectivamente, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario VOX en Andalucía votó a favor de esta iniciativa y, como no puede ser de otra manera, aquí votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Señorías, todos somos conscientes de que al autócrata Sánchez le da igual la función pública. En sus más de seis años de Presidencia del Gobierno, la materia se la ha encomendado ya a seis ministros. Vamos a ministro por año, y, cuando se empiezan a enterar de qué va la función pública, nos cambian el ministro: Batet, Darias, Iceta, Montero, Escrivá y ahora López. Por cierto, el señor López ni siquiera supo expresar las tres ideas principales de su programa electoral a la candidatura de la Presidencia de Castilla y León. No fue capaz de pasar de la segunda. Citó pensiones y el subsidio de desempleo, y ahí se quedó trabado, no supo ni dar las tres ideas. Tampoco supo responder a las cuestiones que plantearon los distintos grupos parlamentarios en la que hasta ahora ha sido su única comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados. Y no es capaz de resolver, como todos ustedes saben, el tema de Muface.»
-
Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Estas cifras revelan una sociedad que aún excluye a una importante parte de la población. Y esta exclusión es todavía más pronunciada en mujeres y personas con discapacidad intelectual. En conclusión, podemos afirmar que una mujer con discapacidad intelectual enfrenta serias dificultades para acceder a un empleo y construir ese proyecto de vida que merece. Por eso, cuando hoy votemos por unanimidad tramitar esta proposición de ley -soy absolutamente optimista y creo que vamos a aprobar esta proposición de ley por unanimidad-, habremos dado un paso muy importante para la inclusión y el derecho a la autonomía personal de muchísimas personas, y, por tanto, estaremos construyendo una sociedad más justa. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
-
Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Pero, además, los datos de 2023 revelan una brecha de género en el empleo de personas con discapacidad en España. Las mujeres presentan una tasa de actividad ligeramente menor que los hombres con discapacidad, esto es, un 35,1 %, frente a un 35,8 %, y esta circunstancia también se observa en la tasa de empleo, un 28,3 %, frente a un 28,6 %. La distancia entre hombres y mujeres con discapacidad se ha reducido con respecto a 2022, por lo que parece que vamos por el buen camino, aunque, a nuestro entender, todavía no es suficiente. Queda mucho trabajo por delante y muchos pasos que quedar, especialmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual. La tasa de actividad de las personas con discapacidad en 2023 fue del 35,5, como he dicho antes; la de las personas con discapacidad intelectual supuso el 33,8 %, es decir, por debajo. Y respecto a la tasa de empleo, la de las personas con discapacidad, en general, supuso el 28,5 %, mientras que la de las personas con discapacidad intelectual representó una tasa de desempleo del 21,9 %, prácticamente siete puntos menos. Y, además, nos parece muy importante que esta propuesta venga de Andalucía, porque, según este informe, esta comunidad se encuentra entre las regiones con menores tasas de actividad de personas con discapacidad, suponiendo un 29,2 %, frente al 35,5 % del promedio nacional. Por tanto, queda mucha tarea por delante también en Andalucía.»
-
Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«En el propio artículo 59.2 del TRLEBEP se nos dice que cada Administración pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables en tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el propio puesto de trabajo a las necesidades reales de las personas con discapacidad. Por tanto, en consonancia con ese artículo 59, esta propuesta tiene como objetivo principal adecuar las pruebas de acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual, de modo que no supongan otra barrera más, sino una oportunidad laboral, cumpliendo con ese mandato establecido en la ley. Ello significa que para acceder a un empleo público tendrán pruebas adaptadas, en las que se compruebe que son capaces de desarrollar el puesto, sin necesidad de hacer pruebas teóricas, que son obstáculos gigantescos para el acceso de estas personas a la Administración pública. El empleo es un pilar esencial para poder construir un proyecto de vida. No solo proporciona ingresos, sino que también permite a las personas contribuir activamente al progreso y bienestar de la sociedad y, sobre todo, también permite la autonomía personal, que es un derecho sustantivo y material, y de esto va esta propuesta, de cumplir derechos sustantivos y materiales. (Aplausos). Esta iniciativa es muy importante para toda la comunidad, ya que una sociedad inclusiva es aquella donde todas las personas tienen derecho a desarrollar una vida plena y sin barreras. Sin embargo, el informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad publicado en diciembre 2024 nos muestra un panorama muy diferente a esto que tenemos como objetivo y pone de manifiesto una situación muy preocupante en cuanto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En 2023 había casi dos millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, que es el 6,2 % de la población total en edad laboral, y, sin embargo, el informe destaca una baja tasa de actividad de este grupo, en comparación con las personas sin ningún tipo de discapacidad. En concreto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 43 puntos inferior a la de personas sin discapacidad, es decir, un 35,5 %, frente a un 78,5 %, respectivamente; la tasa de paro es casi 8 puntos mayor, un 19,7 %, frente a un 12 %, y la del empleo, 40,5 puntos inferior, un 28,5 %, frente a un 69 %. Estos datos evidencian la mayor dificultad para estas personas con discapacidad a la hora de encontrar un empleo y, por lo tanto, a la hora de iniciar un proyecto de vida lo más autónoma posible y ocupar ese lugar que todas hemos de tener en nuestra sociedad. (Aplausos).»
INECita «19,7 %» · Tasa de paro (EPA), 4T 2024: 10,61 %Fuente ↗
-
Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Muy buenas tardes. Primero de todo, quiero saludar a las parlamentarias y al parlamentario andaluz que nos acompañan y felicitarles por su empuje y entusiasmo en esta tarea de ensanchar derechos con esta propuesta de modificación del TRLEBEP que venimos a considerar hoy en este Pleno. Queremos agradecer al Grupo Parlamentario Por Andalucía haber llevado esta propuesta al Parlamento andaluz y haberla traído hasta este Congreso. Es importante remarcar que esta proposición fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía y sin enmiendas. Esta propuesta nace de la sociedad civil organizada, de las asociaciones, de esas madres y padres que padecen día a día las deficiencias y la falta de actualización de nuestra legislación para afrontar el reto de alcanzar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y en este caso concreto, hoy hablamos de las personas con discapacidad intelectual, pero existen otras discapacidades mentales que también necesitan adaptaciones en los procesos selectivos para que las ofertas de empleo público no resulten un simple brindis al sol, sino que tengan un resultado material y tangible en el bienestar y el futuro de las personas con discapacidad. Pongo tres ejemplos muy concretos, que creo que es de justicia citar, que, aunque no son discapacidades intelectuales, esperamos que se resuelvan en este proyecto, que ha estado en consulta pública, del real decreto de función pública para la adaptación de puestos de trabajo y acceso a las personas con discapacidad. Hablo de las personas afectadas por trastornos de desarrollo, como es el TEA; de las personas con trastornos del aprendizaje, como es la dislexia, y de las personas con trastornos del comportamiento, como es el TDAH. Creo que es de justicia nombrarlas, porque también se encuentran frente a las mismas dificultades para acceder a la función pública. En el propio TRLEBEP existe un mandato claro para todas las administraciones públicas, es decir, las personas con discapacidad tienen que suponer el 2 % de efectivos totales en la Administración pública, si bien es una realidad que hoy no se cumple. (Aplausos).»
-
Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Hoy estamos debatiendo algo tan básico como que se reconozca el esfuerzo de personas con distintas capacidades y hoy estamos reivindicando el papel del Estado y de los poderes públicos para velar por una sociedad de iguales. Y lo hacemos pocos días después de que en esta ciudad, Madrid, unos cuantos extremistas peligrosos venidos de toda Europa pusieran la mira en nuestro país hablando de reconquista. Ha quedado claro lo que quieren si llegan al poder, que es echar al diferente y acabar con el diverso, que tiene que ver mucho con esta iniciativa. Sin embargo, como mujer y como andaluza, os digo que no os tenemos ningún miedo, señorías de la ultraderecha. Os vais a tener que esforzar muchísimo más, y, aun así, no vais a conseguirlo. Nosotros estamos aquí y os estamos esperando. Y ya os lo adelanto: No vais a poder con nosotras ni con todos los pueblos de España. Vuestros sueños son los de llevarnos al pasado más oscuro, y eso va a chocar con un muro de dignidad y de verdadero patriotismo. Y digo patriotismo, sí, no como ustedes, que ya tienen el dólar como bandera y han declarado su lealtad a un puñado de millonarios psicópatas americanos. Son unos vendepatrias y se les ha visto mucho el plumero.»
-
Martina Velarde Gómez · Podemos ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado...
«Gracias, presidenta. Señorías, llega al Congreso desde Andalucía esta iniciativa de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para facilitar el acceso -como ya han podido explicar aquí las parlamentarias y el parlamentario andaluz- a personas con discapacidad intelectual a la función pública mediante una modificación del sistema de oposiciones. Quiero dar las gracias porque ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Por Andalucía, así que muchas gracias. Creo que gracias a ese esfuerzo hemos llegado hoy aquí. Es una propuesta que apoyamos y defendemos porque parte de un principio que es fundamental y que está recogido en nuestra Constitución, que es garantizar la igualdad por parte de los poderes públicos, lo cual no significa poner una raya en el suelo y no significa poner un punto de partida, sino que lo importante es garantizar la igualdad desde los poderes públicos y remover todos -absolutamente todos- los obstáculos e impedimentos que no lo hacen materialmente posible. Aquí hemos oído que algunos y algunas, en muchos momentos y cada vez que aumentamos la protección para determinados colectivos, han dicho en sus discursos que si tienen cuotas, que si tienen más derechos que otros... No, señorías, planteamos justo lo contrario. Se está proponiendo reconocer el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio y las dificultades objetivas para conseguir ese propósito final que determinadas personas sufren y que hasta ahora no estaban plenamente reconocidos. Estamos ampliando derechos, estamos universalizando derechos, estamos dando un pasito más hacia la igualdad material para todas las personas que quieran acceder al funcionariado público y que hasta ahora lo tenían muy difícil, por no decir que prácticamente imposible. Y eso es ampliar y avanzar hacia una mayor accesibilidad en el empleo público y es algo que nos mejora como sociedad y como democracia.»
-
Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos · PP ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Segundo, decir y defender la verdad. ¡Qué papelón el de España y, por extensión, el de Europa! Tanto denunciar los bulos y la desinformación para luego decir que no ganó Maduro, pero, oye, tampoco Edmundo. Entonces, ¿quién ganó, señorías? ¿Napoleón Bonaparte? Tercero, promover la acción de la justicia. Esta Cámara, también a instancias de mi grupo, ha exigido al Gobierno que impulse la causa contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿A qué espera el Gobierno para acatar el mandato del Congreso y, por cierto, el fiscal Khan para actuar? Cuarto, reforzar y ampliar las sanciones. Se lo advertimos: rebajarlas en vísperas de las elecciones era un gravísimo error que solo serviría para envalentonar a los criminales, como sucedió. Quinto, dejar de financiar a la dictadura. Evidente, ¿no? Ojalá lo fuera. Hace unos días, nada menos que en la audiencia para su confirmación como secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio dijo que Chevron lleva años llenando las arcas de un régimen corrupto y criminal y anunció un cambio de política. ¡A ver si es verdad! A ver si el lobby petrolero no acaba dejando las promesas de Trump en papel mojado, y a ver qué hace el Gobierno de España. El señor Albares justificó el lunes su condescendencia con Maduro por la necesidad de proteger a las empresas españolas. Una excusa más, probablemente. Y yo pregunto: señorías de izquierdas, ¿deben los derechos humanos y la vida y la dignidad de millones de personas supeditarse a los intereses de una petrolera? Si es así, díganlo abiertamente, reconózcanlo. Y en cuanto a Repsol, no quiere asumir las consecuencias económicas de su apuesta por la Venezuela chavista, de sus estrategias de inversión. Bien, pero al menos que asuma las consecuencias morales. Sus fotos y acuerdos con Delcy Rodríguez el pasado septiembre, en plena ola represiva, son éticamente inaceptables.»
-
Reyes Romero · Vox ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Si echamos la vista atrás, contemplamos cómo los diferentes Gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, han maltratado a Muface tratándola como un apéndice menor del sistema y ahogándola poco a poco a base de una insuficiente y cicatera financiación. Deben saber ustedes -si tienen un mínimo de empatía con los españoles- que existen en la actualidad muchos miles de beneficiarios de este sistema, personas de carne y hueso -muchas de ellas son muy mayores- que tienen a sus médicos de cabecera -hoy en día, llamados de familia- y a sus especialistas en los que confían, porque los han tratado, a veces, durante décadas. Ahora se verán abocados a buscar a nuevos profesionales que los atiendan sin que los conozcan ni su historial médico, con los trastornos que esto supone para nuestros mayores o para las personas que están siendo tratadas por graves enfermedades. Espero que no traten de convencernos de que todo es un privilegio que hay que liquidar con la excusa de que se va a destinar el dinero a la sanidad pública, porque todos sabemos que no es así, y tenemos un ejemplo con el CNIO. No se trata de ningún privilegio, sino que forma parte del derecho de la salud del que habla el artículo 43 de la Constitución española. Ahora, nos encontramos con un sistema de Seguridad Social -que ya de por sí está hiperendeudada- con listas de esperas que son bochornosas a causa, en parte, de la masificación que produce una sociedad envejecida por el invierno demográfico, pero también debido al despilfarro autonómico, en el que cada comunidad va por libre; también a causa de las concesiones a los que les sostienen en el poder, a sus amiguitos, esos que quieren romper España, y debido a los crecientes contingentes de población a los que se tiene que atender a causa de la inmigración masiva y descontrolada que todos ustedes están promoviendo con su efecto llamada. ¿Saben ustedes cuánto cuesta a las arcas del Estado mantener a la ingente cantidad de personas que jamás han cotizado en nuestro país? No hace falta que se lo diga. ¿Saben ustedes cuántos españoles que llevan toda su vida cotizando se van a quedar desasistidos por sus delirios ideológicos?»
-
Carmen Navarro Lacoba · PP ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Señorías, Muface nació como respuesta a las carencias del sistema de protección social que vivían los funcionarios civiles. Muface es un derecho adquirido y consolidado por los servidores públicos de España que permitió y permite mantener niveles de calidad de asistencia sanitaria a los funcionarios y que ha permitido, desde ese mix, levantar los cimientos del Estado del bienestar en el que vivimos hoy. La vigencia de Muface, hasta la llegada del sanchismo, reflejaba el esfuerzo de cada Gobierno de la democracia española por lograr su permanencia, equilibrar el principio de solidaridad, la sostenibilidad económica y la calidad en las prestaciones sociales. Por supuesto que no es fácil. El sostenimiento de muchas políticas públicas no es sencillo. El sistema Muface tiene puntos delicados que cada Gobierno ha sabido prever, analizar y anticiparse. Pero su Gobierno, como les decía, o no supo anticiparse o no quiso saber, ambas cosas muy sanchistas. Y ante la caducidad del concierto 2022-2024, el Consejo de Ministros aprobó, el 8 de octubre de 2024, la licitación de un concierto que ya llegaba tarde. El 5 de noviembre la licitación quedó desierta; convocaron la segunda licitación y, cuando vieron que iban camino del segundo fracaso, ampliaron el plazo hasta el 27 de enero, ya bien entrado el año 2025, cuando el nuevo concierto tenía que estar en vigor. Ahora que estamos a cinco días de conocer el posible descalabro, también la prensa anuncia que vamos camino de la tercera licitación. El ministro se empeña en decir que la aportación es milmillonaria, para tapar así su nefasta gestión. Lo que no cuenta es que la financiación per cápita a Muface es de 1031 euros, frente a los 1736 euros de media que cuesta el servicio público de salud por persona; y que la infrafinanciación del sistema de su Gobierno -sí, señorías socialistas, son ya siete años de su Gobierno, con lo cual es su gestión- ha mermado la calidad asistencial de los beneficiarios de Muface, ha colapsado a las aseguradoras, que han asumido pérdidas millonarias, y ha hecho fracasar sus licitaciones hasta precipitar al funcionario a la incertidumbre del futuro de su atención sanitaria. Muchos ya tienen sus citas médicas suspendidas, sus intervenciones quirúrgicas aplazadas y hasta cartas en sus casas que les advierten de la finalización de la prestación de sus servicios sanitarios, con la incertidumbre y el miedo que ello genera. Mucho me temo que, como he mencionado antes, todo esto forme parte de ese tacticismo perverso en el que llevan años involucrándonos. Estamos a cinco días de que termine el plazo de licitación y el Gobierno aún no tiene la garantía sanitaria para millón y medio de funcionarios, ni mucho menos para los ocho mil funcionarios que están en el extranjero, que son funcionarios dando servicio en embajadas, en consulados; se trata de nuestra Policía Nacional que vela por la seguridad en el extranjero; son docentes, orgullosos, marca España, que prestan servicio en el exterior y que hacen una labor imprescindible. La cobertura sanitaria para ellos requiere de pericia y de experiencia, y hoy están en el limbo porque ninguna empresa aseguradora va a ser capaz de asumirla y de cubrir este servicio. Estos funcionarios ya adelantan con su sueldo -que, por cierto, no es muy grande, quiero recordarlo- las facturas astronómicas imposibles de afrontar de su atención sanitaria. Esta anomalía es típica del Gobierno sanchista, pero no por frecuente deja de ser muy preocupante.»
-
Francisco Javier Ortega Smith-Molina · Vox ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Y aquí llegamos al punto del fiscal general del Estado, que es para el que se pide la comparecencia, que se encuentra en un evidente conflicto de intereses, que está bajo permanente sospecha, que está siendo investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo nada menos que por presuntos delitos de revelación de secretos y que, por tanto, es incompatible con su condición de fiscal general del Estado. Porque la Fiscalía General del Estado, con este Gobierno y, desgraciadamente, con Gobiernos anteriores, ha sido utilizada como una herramienta política, en beneficio de intereses políticos, partidistas, de los distintos Gobiernos de los distintos partidos. El Gobierno, en su permanente designación de fiscales, introduciendo a asociaciones minoritarias en la carrera fiscal dentro del Consejo Fiscal para intentar amortiguar las decisiones de este, dando permanentes directrices en la intervención de los fiscales en los diferentes procedimientos en los que se encuentran implicadas personas del Gobierno o cercanas al Gobierno. En el nombramiento de fiscales de sala, como lo fueron los intentos reiterados con la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Esto que el Tribunal Supremo en su auto ha declarado como dinámica delictiva, que no es otra cosa que un sistema político que necesita del delito para perpetuarse en el poder. Y para que ese delito no salga a la luz pública necesita, como he dicho al principio, todo un entramado de cortinas permanentes de humo mediante el control mediático, pero también necesita peones judiciales y peones fiscales, empezando por el citado fiscal general del Estado. Esa Fiscalía General del Estado, que debería ser -y no nos cansaremos de decirlo- la garante de la legalidad, se ha convertido en la garante de la impunidad de los delitos del Gobierno. La UCO, en sus últimas investigaciones, está investigando el volcado de los datos que pudiera haber en los teléfonos móviles del fiscal general del Estado, pidiéndole información a las empresas de Google y wasaps de toda la información que haya podido ser borrada. Esto de por sí resulta bochornoso, es de un nivel de delincuencia barriobajera. Y ahora nos encontramos con que todo eso tiene unas gravísimas consecuencias -?voy terminando, señora presidenta-: La pérdida de confianza en las instituciones, en la justicia, especialmente en el fiscal general del Estado; el desprecio al Poder Judicial y a la independencia de ese Poder Judicial; esa sensación que tiene la sociedad, aunque aquí algunos quieran poner tapones y cerrar los ojos, de privilegios políticos, esa doble vara de medir, ese criterio de que existe un embudo ancho para unos y estrecho para otros en la aplicación de la ley.»
-
Ricardo Chamorro Delmo · Vox ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Muchas gracias, señora presidenta. Creemos que la solicitud de comparecencia, como estamos viendo, estaba perfectamente legitimada, por eso nosotros la apoyaremos en cualquier caso, aunque ya hemos visto que la ministra va a comparecer porque este es un tema muy muy grave. Yo creo que es muy relevante toda esta corrupción que estamos viendo y teniendo en cuenta ese concepto que tienen de lo público algunas personas, a las que luego se les llena la boca con la sanidad pública, etcétera. Es absolutamente vergonzoso, mucho más tratándose de una cuestión tan gravosa y dramática para los españoles como es el tema de la enfermedad del cáncer. A nuestro entender, ha existido un uso fraudulento de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas -yo creo que eso es evidente-, del CNIO, perteneciente al sector público estatal, ya que, al parecer, se han dedicado cientos de miles de euros a adquirir obras de arte. Según las informaciones publicadas, en la documentación interna de la entidad consta que el comité de empresa alertó de la existencia de actividades que no son acordes con el fin fundamental del CNIO y que, además, no beneficia su imagen como centro de investigación del cáncer. Así, la entidad reveló, tras un requerimiento de su portal de transparencia, que el centro de investigación del cáncer se ha gastado cerca de 1 millón de euros en la compra de obras de arte y en la contratación de, al menos, dos personas pertenecientes a la Oficina de Imagen Institucional y a la responsable de actividad del CNIO Arte, una sucursal del CNIO que puso en marcha la actual dirección del organismo. Al final, dicho gasto podría elevarse casi a 2 millones de euros si se tiene en cuenta que miembros del equipo de comunicación de la entidad y otra serie de personas realizaron funciones centradas en esta actividad artística, entre comillas. Según reza el artículo 5 de los estatutos sobre los fines de la fundación -por eso, además, esto es tan gravoso-, la misión del CNIO es el fomento de la investigación oncológica y la consiguiente promoción de los avances científicos y sanitarios en el área oncológica. A continuación, la misma disposición habla de los fines particulares de la entidad. En ningún momento se menciona en esos estatutos nada relacionado con el arte o con la promoción artística. Tampoco hay mención ni explícita ni implícita a actividad artística alguna cuando, a renglón seguido, se habla de las posibles actividades que tiene que desarrollar el CNIO con el objeto de lograr su finalidad. En cambio, sí se hace referencia expresa a colaborar con otros centros de investigación oncológica; a que los avances científicos repercutan sobre el sistema sanitario y, por tanto, sobre el bienestar de los pacientes, y a potenciar y colaborar en la investigación de carácter oncológico que se realiza en España, entre otras finalidades.»
-
Carlos Martín Urriza · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Muchas gracias, presidenta. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, es una institución pública de referencia internacional en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que afecta cada año a millones de personas. Su labor no es solo un ejemplo de excelencia científica, sino también de compromiso social, desarrollando tratamientos innovadores al servicio de la ciudadanía sin distinciones ni barreras económicas. Nuestro grupo parlamentario quiere destacar que el CNIO encarna los valores de la sanidad pública, que busca garantizar el acceso universal a la salud. Frente a ello, las políticas de la derecha insisten en privatizar servicios esenciales, dejando en manos de intereses mercantiles lo que debe ser un derecho básico. Instituciones como el CNIO demuestran que un modelo público no solo es posible, sino que también es más eficaz, equitativo y barato. La ciencia y la salud no pueden depender del ánimo de lucro, sino que deben ser herramientas al servicio del bien común. A pesar del prestigio del CNIO, este sigue enfrentando retos importantes. En España, la ciencia necesita más apoyos económicos, sociales y laborales. Sin inversión suficiente ni condiciones dignas para sus profesionales es difícil mantener nuestra competitividad internacional y avanzar en la investigación que salva vidas.»
-
José María Figaredo Álvarez-Sala · Vox ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de...
«Ustedes están sumiendo en la ruina a los españoles. Ustedes están empobreciendo a los españoles no solo con una inflación desbocada, sino también con un endeudamiento completamente inmanejable para las generaciones venideras que deja a la España del futuro absolutamente colgando de un hilo. Y ustedes vienen y venden aquí sus grandes medidas. En un decreto ponen la subida de las pensiones, una subida absolutamente insuficiente. Puede parecer buena, pero si siguen leyendo el decreto en el que esto debe aprobarse, ven que se incluye un regalo de 15 millones de euros al Partido Nacionalista Vasco: un palacete en París en el que a día de hoy está instalado el Instituto Cervantes. Se lo van a regalar al PNV -no a la Comunidad Autónoma Vasca, no, al Partido Nacionalista Vasco- y, además, les van a garantizar un alquiler anual de entorno a un millón de euros. ¿Qué es esto? ¿Alguien que quiera votar a favor de subir las pensiones tiene que votar también a favor de esto? ¿De verdad? En este mismo decreto ustedes están introduciendo medidas que garantizan que durante un año más no se pueda echar a los inquiokupas de los pisos que están ocupando. Hoy, en una manifestación que se ha celebrado aquí, a las puertas del Congreso, a la que nadie del Partido Socialista se ha acercado, nos decía una señora -Carmen-, entre lágrimas, que desde hace más de cinco años unas personas están metidas en su casa sin pagarle el alquiler y teniendo que asumir ella los suministros porque, en teoría, son personas vulnerables, según los organismos del Partido Socialista, que es quien controla la Administración, claro. Son personas vulnerables a las que no se les puede echar de ninguna de las formas, y Carmen no solo no puede cobrar por el alquiler de un piso que se había comprado con su sudor, sino que además tiene que aguantar y pagar los suministros de estas personas que están allí gastando y de las que ella sabe perfectamente que tienen otras vidas, que cobran en B, que facturan por otro lado y que pueden vivir perfectamente, pero que deciden no hacerlo, aprovechándose de las medidas que ustedes hoy, aquí, están prorrogando y que ustedes, hoy, aquí, obligan a votar a favor a aquel que quiera aprobar una revalorización de las pensiones. (Aplausos).»