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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de...
«El fiscal general ha sido declarado culpable sin pruebas y sin que sepamos quién es el entorno. Una sentencia que busca impedir la condena a la pareja de Ayuso, Alberto el de Quirón, por defraudar impuestos devengados en operaciones de saqueo a la sanidad pública. Hay una clara coordinación entre VOX y el PP para amedrentar a los fiscales que tienen que perseguir los casos de corrupción que les afectan. Revuelta, la organización juvenil de VOX, ha sido denunciada por apropiarse de miles de euros donados para los damnificados de la dana de Valencia. Y el denunciado, el presidente de Revuelta, es el cuñado del diputado de VOX en esta Cámara, Manuel Mariscal. La exportavoz de VOX en Baleares, Idoia Ribas, denuncia en la Fiscalía a VOX por transferir dinero de sus grupos parlamentarios a la Fundación Disenso. Según la señora Ribas -literal-, un instrumento del líder del partido, Santiago Abascal, para forrarse. El PP también tiene fiscales a los que amedrentar, una que, a pesar de la UCO, investiga la venta de leyes tributarias y amnistías fiscales por el ministro Montoro y el grupo de altos cargos del Partido Popular, que constituyeron una banda criminal en el Ministerio de Hacienda; a los que investigan otros saqueos de la sanidad pública; los contratos troceados en Andalucía; los cribados del cáncer de mama; las defraudaciones en los hospitales de Ribera o de Quirón; los que investigan el blanqueo de dinero negro y adjudicación irregular de contratos por dirigentes del Partido Popular en la Diputación de Almería, y los que tienen que investigar las omisiones criminales de los Gobiernos del Partido Popular ante la dana o los incendios forestales.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de...
«Presidente, señores diputados y señoras diputadas, el Fiscal General del Estado ha sido condenado tras tenerse por probado que ha sido él o alguien de su entorno quien filtró un correo. Ha sido un enjuiciamiento incompatible con el principio acusatorio y los estándares de independencia judicial. Los magistrados que han enjuiciado y condenado previamente intervinieron en la admisión de las querellas, en la valoración inicial de los indicios y en el control de la instrucción, comprometiendo así la imparcialidad del Estado de derecho. (Rumores). La instrucción ha sido invasiva. Ha buscado promover gran escándalo social. Un registro en la Fiscalía General del Estado o el volcado de ocho meses de datos personales del fiscal cuando se investigaban cuarenta y ocho horas. La información incautada se filtró a la prensa, pero el Tribunal Supremo nunca investiga el entorno de las filtraciones. (Aplausos). La sentencia adolece de falta de neutralidad judicial, pagos de una acusación a magistrados enjuiciadores durante la deliberación, comentarios chistosos del presidente del Tribunal en público sobre la sentencia aún no redactada, vínculos académicos entre magistrados y abogados acusadores, despropósitos que se suman a la decisión del Tribunal Supremo de publicar un 20 de noviembre solo el fallo condenatorio, publicándose la motivación jurídica tres semanas después.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el fracaso en todos los ámbitos de la política de...
«La jefa del Partido Popular se ha cargado al fiscal general para impedir que la Fiscalía persiga a un defraudador fiscal que se ha enriquecido saqueando la sanidad pública durante la pandemia. (El señor Muñoz Abrines pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Nuestro grupo defiende la seguridad humana. Seguridad es un empleo digno y vivir en una vivienda en condiciones. Seguridad es una sanidad pública que cuide también a quienes pueden tener cáncer de mama. Seguridad es más presupuestos públicos para prevenir y combatir incendios forestales e inundaciones. Seguridad es tener responsables en las instituciones que no desaparecen cuando haya una dana y que no se van a comer a Gijón cuando todo arde en León. Seguridad es dar a la policía y a la Guardia Civil el derecho a la negociación colectiva, como cualquier trabajador. (Aplausos). Seguridad es que todo lo que se ingresa pague sus impuestos y no solamente los salarios de los trabajadores. Seguridad es tener unos tribunales que te condenen con una sentencia completa, fundamentada, y no solo con el fallo de un párrafo. Y seguridad es tener derecho a una doble instancia de apelación, lo que no ha tenido ni va a tener el fiscal general del Estado. Por supuesto, votaremos en contra de esta vergonzosa y demagógica moción. Gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la modificación urgente de la regulación de los medios alternativos de solución...
«Varias de las medidas que se plantean en la PNL son razonables, y, de hecho, forman parte del proceso de implantación de estas medidas alternativas de solución de controversias que ha creado la ley, como, por ejemplo, la unificación de criterios y protocolos de aplicación, la elaboración del estatuto de la tercera persona neutral, la formación específica para los operadores jurídicos y las campañas de información ciudadana sobre las ventajas de estos métodos alternativos, pero lo que no podemos aceptar es que haya caos. Y, además, hay contenidos de la PNL que no nos parecen razonables, como, por ejemplo, exceptuar los medios alternativos de solución de conflictos en casos de juicios de desahucio o transferir competencias de los poderes Legislativo y Ejecutivo a instituciones que no tienen capacidad normativa. Además, creemos que hay problemas más importantes surgidos en el tránsito del nuevo modelo que no se reflejan en esta ley, problemas tras la aprobación de la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, como los derivados del traslado de las competencias que antes ejercían los juzgados de violencia sobre la mujer a las ahora secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia, que comenzaron a funcionar en octubre. Las organizaciones feministas han solicitado la urgente puesta en marcha de medidas imprescindibles de acompañamiento y protección para evitar que la supresión de los juzgados de violencia sobre la mujer de partidos judiciales y su concentración en las nuevas secciones de violencia sobre la mujer en una capital de provincia supongan perjuicios para las mujeres víctimas, ya que tendrían que trasladarse a la capital y perderían el recurso de proximidad del órgano judicial que existía hasta ahora. Es un obstáculo añadido a la dificultad que, de por sí, ya encuentran las mujeres víctimas de violencia para iniciar sus denuncias, una desincentivación de la denuncia y una dificultad añadida en el acceso a la justicia. Son imprescindibles grandes acuerdos para solventar estos problemas de aplicación de la nueva ley de eficiencia y, desde luego, cualquiera que los proponga va a contar con el apoyo de nuestro grupo. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para la modificación urgente de la regulación de los medios alternativos de solución...
«Gracias, señor presidente. La ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia introdujo una vía de acceso a la justicia distinta del ejercicio de la jurisdicción, fortaleciendo un servicio público sostenible a través de la negociación entre las partes para la solución de controversias, es decir, mediante negociación, utilizando medios alternativos de solución para esas controversias, y hay un amplio acuerdo en que la justicia española era poco ágil y estaba saturada. El gran avance de la ley de eficiencia es que la justicia ya no va a ser impartida en cuestiones civiles y mercantiles exclusivamente por un Poder Judicial que resuelve confrontaciones entre particulares. Lo que establece la ley es un procedimiento previo al judicial de naturaleza dialógica, esto es, basado en el diálogo para la resolución barata, rápida y amistosa de conflictos directamente o a través de un árbitro. En tiempos de crispación, confrontación, insultos y defensa de soluciones simples, primitivas y poco científicas para problemas cada vez más complejos, es una buena noticia resolver conflictos mediante un diálogo construido sobre la lógica y el conocimiento, es decir, sobre la negociación de buena fe. La negociación a través de la mediación, la conciliación, la oferta vinculante, la opinión de persona experta independiente, el derecho colaborativo o la justicia restaurativa debe cambiar la práctica de la justicia en nuestra sociedad, pero necesita un tiempo de rodaje, recursos económicos y, por supuesto, formación y un cambio en las actitudes sociales frente a los conflictos. Esto implica asumir que ante un litigio es posible y conveniente que ambas partes vean suficientemente satisfechas sus expectativas, acabar con las dinámicas de suma cero, en las que, si alguien gana, alguien debe perder. Es la mejor forma de prevenir que el conflicto vuelva a reproducirse en el futuro. Y este Congreso aprobó la implantación de los medios alternativos de solución de controversias con un gran acuerdo sobre esta materia. El poco tiempo transcurrido desde su aprobación ha coincidido también con un cambio de la estructura de la planta judicial, el del tránsito de juzgados de primera instancia e instrucción a tribunales de instancia, y es normal que existan disfunciones y una disparidad de criterios sobre cómo aplicar la normativa innovadora de implantación de estos métodos, de estos medios alternativos de solución de controversias. También falta formación en los profesionales y operadores jurídicos, un mayor conocimiento social sobre las ventajas de la cultura de la negociación de buena fe y de la utilidad de estos medios alternativos, máxime en tiempos en los que muchos actores políticos y sociales incentivan la confrontación y la crispación permanente, en lugar del diálogo y el acuerdo. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoReal Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio...
«El 7 de octubre de 2023 se cometió un horrible crimen de guerra contra la población civil de Israel. Pedimos la liberación de todos los rehenes -de los israelíes y de los palestinos-, pero no se puede utilizar el 7 de octubre para justificar que en Gaza se haya arrojado el equivalente a seis bombas atómicas. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado parar el genocidio y que en Gaza el ejército de Israel no pueda ni matar palestinos ni causarles serios daños físicos o mentales ni imponer condiciones de vida calculadas para su destrucción física ni imponer medidas para evitar los nacimientos de niñas y niños palestinos. Y la Corte también se ha pronunciado reiteradamente sobre la ilegalidad de las colonias israelíes en los territorios ocupados. El real decreto ley que vamos a convalidar contiene medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. Acuerda el embargo de cualquier operación con material militar y prohíbe el tránsito por nuestros puertos de materiales o combustibles de uso militar, prohíbe la importación de productos de las ilegales colonias en los territorios ocupados, y considera publicidad ilícita la comercialización de estos bienes o de los servicios prestados en estas colonias.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«El 9 de julio pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. La medida 1 era la creación de una agencia independiente de integridad pública como órgano central de previsión, supervisión y persecución. Esta proposición de ley recoge los cuatro elementos necesarios para ello. En primer lugar, la creación de la oficina de prevención, investigación y erradicación de la corrupción en la Administración General del Estado y en su sector público instrumental. Entendida la corrupción como el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos o cualquier conducta que conlleve conflicto de intereses o uso en beneficio privado de informaciones obtenidas en el ejercicio de funciones públicas; tendrá independencia y autonomía y su presidencia será elegida por este Congreso. Las funciones de la oficina serán crear, en primer lugar, un sistema preventivo de alertas tempranas en la Administración General del Estado y su sector público instrumental; en segundo lugar, una estrategia integral de prevención de la corrupción, de impulso de la integridad, de investigación de la corrupción y de mejoras integrales en la Administración estatal. También promoverá la elaboración de planes de prevención en todas las Administraciones sujetas a la aplicación de esta ley. Deberá tener capacidad de investigación y de inspección para el esclarecimiento de los hechos que puedan ser constitutivos de fraude, de corrupción o conflictos de intereses; también una capacidad de investigación sobre todas las Administraciones públicas de la Administración General del Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre empresas o entidades privadas que reciben subvenciones del Estado, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, es decir, lo que nos está exigiendo el GRECO. Las Administraciones y las empresas que contraten con la Administración también deberán tener sistemas internos y estrategias de prevención de la corrupción, y en caso de incumplimiento se prevén multas de hasta un millón de euros.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Esta propuesta que presentamos hoy incorpora estas tres demandas del grupo GRECO. Cumplimos así, en esta PL, con los compromisos internacionales de España en la lucha contra la corrupción. Tanto la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como el Convenio Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea conminan a los Estados a establecer órganos de prevención y lucha contra la corrupción especializados y con la debida independencia, formación de su personal y recursos públicos. En España ya existen varias agencias anticorrupción autonómicas: en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en la Comunidad Foral de Navarra, en Asturias, en Andalucía, en Galicia. Desde 2016, existió la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares hasta el año 2024, cuando el Partido Popular la disolvió por exigencia de VOX. Es obvio que la ultraderecha no quiere ningún control sobre sus múltiples chiringuitos que ordeñan el dinero público. (Aplausos). También hay oficinas locales en el Ayuntamiento de Barcelona o en el Ayuntamiento de Madrid. Y ante este amplio consenso internacional, autonómico, local, es urgente la creación de la oficina estatal para la prevención de la corrupción para que actúe en el ámbito de sus competencias.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Quiero resaltar que nos encontramos entre los países con menos corrupción entre funcionarios, gracias a una carrera funcionarial ordenada y profesionalizada. La corrupción se manifiesta fundamentalmente a través de sobornos y alteraciones de contratos y concursos públicos. Nuestro gran problema son los corruptores, quienes utilizan dinero privado para engrasar a partidos, a políticos y a responsables corruptos de la Administración, saqueando los recursos públicos en provecho propio. Por eso, necesitamos medidas, más allá de la habitual visión represiva o ex post, medidas preventivas ex ante, concienciación y cumplimiento, control sobre las empresas que concurren a concursos públicos. Aprobar esta proposición de ley es una obligación urgente. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en junio del 2019, decidió no seguir aplicando su procedimiento de incumplimiento a España; incumplimiento que, según el anterior informe GRECO, que hacía énfasis en la trama Gürtel, seguía existiendo en 2018 con el Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy. Este mes de agosto se ha publicado el último informe del GRECO, que constata que España ha incrementado mejoras, concretamente dieciséis de diecinueve. El primer informe GRECO sobre deficiencia señaló siete recomendaciones no cumplidas y en el último se han reducido solo a tres respecto a las que nos solicitan reformas: los aforamientos, puertas giratorias, asesores y lobbies, la estrategia anticorrupción en la Policía Nacional y la lucha y prevención contra la corrupción en la Administración Pública. Y el informe GRECO saluda expresamente las medidas contenidas en el Plan de Acción por la Democracia que aprobamos en el año 2024 en el Consejo de Ministros, un plan que recoge demandas hechas por varias de las fuerzas parlamentarias de este Congreso.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Esta proposición de ley mejorará la integridad pública, construyendo una institución como ya existe en la Unión Europea, la oficina de lucha contra el fraude, y protegiendo el uso de los recursos públicos, porque su uso espurio tiene un impacto negativo sobre la democracia, enriquece a los corruptos y da argumentos al populismo. El 'estoy en política para forrarme' que grabaron al señor Sanz, secretario general del Partido Popular en Valencia, o el 'me tengo que hacer rico' del ministro del PP Zaplana, merman la confianza de la gente en la democracia y desestimulan la participación electoral y política. La corrupción tiene también un fuerte impacto en el incremento de la desigualdad. El dinero que va al bolsillo del corrupto se recorta de los servicios públicos que pierden calidad y se degradan. Todos los indicadores de percepción pública, ya sea por investigaciones periodísticas de la sociedad civil o por el número de condenas judiciales, muestran niveles inaceptables de corrupción, más elevadas que en otros países de nuestro entorno. Y, por mucho que lo pensara el líder conservador, no hay justas proporciones aceptables en materia de corrupción.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.
«Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, no hay cortina de humo que tape la corrupción. La solidaridad con el pueblo palestino no es una cortina de humo, están siendo víctimas de un genocidio brutal que hay que detener, vista la pasividad de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una obligación política, ética y también jurídica, señor Tellado, que no está. Este grupo parlamentario no va a cesar de denunciar el genocidio hasta pararlo y continuaremos trabajando contra la corrupción, venga de donde venga, como se demuestra con esta proposición de ley. (Aplausos). Ojalá el Partido Popular deje de utilizar su rechazo y su criminalización de la solidaridad con Palestina como excusa para no denunciar lo que también para Naciones Unidas es el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que tampoco usan cortinas de humo para oponerse a tomar medidas contra la corrupción. Palestina libre, pero, sobre todo, Palestina viva. (Aplausos). Hay un amplio consenso en que la corrupción es un problema político y social muy grave. Se han contabilizado 3740 casos entre 2000 y 2020. El 85 % de ellos en el ámbito municipal; el 92 % de las ciudades de más de 100 000 habitantes han sufrido casos de corrupción. La mayor corrupción está concentrada en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Madrid; comunidades con mucha actividad inmobiliaria, externalización de servicios públicos y obra pública. El Partido Popular es el que más causas de corrupción tuvo en ese periodo, implicado en el 40,5 % de los procedimientos. Le sigue el Partido Socialista. Es evidente que el bipartidismo ha tenido militantes y cargos públicos implicados en el 78,5 % de las causas. En Cataluña, Convergència i Unió desapareció tras los escándalos del tres per cent. El emérito ha tenido que abandonar España por sus muchos casos de corrupción. Ninguna, ninguna fuerza política se ha librado de caer en el pozo inmoral de la corrupción, que seguirá existiendo hasta que llegue el hombre nuevo que reivindicaban desde Jesucristo hasta Lenin. (Aplausos). Hay partidos que padecen la corrupción de forma esporádica, los hay que toman medidas contundentes cuando ocurren y otros, en cambio, la padecen habitualmente y no hacen nada por eliminarla, incluso la ven normal, como decía el líder conservador colombiano Turbay Ayala, que sin complejos defendía reducir la corrupción a sus justas proporciones. El partido racista y fascista, VOX, tiene ya récords difíciles de superar, considerando el poco tiempo que hace que han llegado a las instituciones. Lo explica con detalle su exportavoz parlamentaria, la señora Olona. El juez Serrano, exportavoz de VOX en Andalucía, fraude millonario en subvenciones; el jefe de VOX en Granada, el señor Nogueras, condenado por delito continuado de estafa; el portavoz de VOX en Valencia, Badenas, amañando contratos; varias multas del Tribunal de Cuentas por financiación irregular del partido, desde Hungría hasta Irán, y siete millones de euros transferidos desde las cuentas de VOX a la opaca fundación manejada en exclusiva por el jefe Abascal, etcétera, etcétera, etcétera. No diferenciar el interés de la sociedad de los intereses particulares lleva a caer en las corruptelas ofrecidas por grupos económicos y empresas, que no olvidemos que son los corruptores en el cien por cien de los casos. No queremos la libertad de eliminar controles y transparencia en la contratación pública en beneficio de corruptos y corruptores. No puede ser que las sanciones por robar en un supermercado sean más graves que por saquear los recursos públicos. (Aplausos). Mientras continúen las prácticas ultraneoliberales de desregulación de la economía y de eliminación de control sobre el dinero público, ocurrirá que, en una pandemia, quien tenga contactos venderá las mascarillas a la sanidad pública multiplicando su precio por cien. Los que defraudan para no pagar impuestos también saquean lo recaudado con los impuestos pagados por la clase trabajadora. Mientras ocurra esto, habrá corrupción. Apropiarse de los recursos públicos para beneficio privado debilita y empobrece un país, dificulta la seguridad jurídica y, por tanto, el comercio y la actividad económica.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«El fiscal de Medio Ambiente ha anunciado que va a investigar a ayuntamientos y comunidades autónomas que no hayan cumplido su obligación de prevención de incendios. ¿Cuánto va a tardar el Partido Popular en perseguir a este fiscal? Porque, en lugar de prevenir catástrofes o de combatirlas, el Partido Popular recurre al penalismo mágico, un poder sobrenatural que atribuyen al derecho penal para evitar incendios. Proponen endurecer penas para prevenir incendios forestales, aunque el Código Penal ya prevea penas de hasta veinte años para quienes quemen los bosques. Endurecer las leyes penales no acabará con las catástrofes climáticas; puestos a tocar el Código Penal, ¡hombre!, mejor un nuevo delito que sancione a quienes prostituyen a la Hacienda pública y venden sus cuerpos de Inspección a ricos y defraudadores. Dejen en paz a los fiscales que se dedican a perseguir delincuentes, y entérense de una vez, señores del Partido Popular, que su discurso está provocando el incremento del apoyo electoral a la ultraderecha, no al PP. Gracias. Votaremos en contra. (Aplausos).»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«El juez Hurtado ha dictado un auto de transformación continuando con su estrategia; no hay ninguna novedad, ningún procesamiento que justifique este debate, salvo las ganas del Grupo Popular de seguir haciendo ruido utilizando la persecución que han organizado contra el fiscal general del Estado. Traer a debate al fiscal general del Estado no les va a evitar que los ciudadanos sigan pidiendo la dimisión de Mañueco y de los demás responsables del Partido Popular por la nefasta gestión de los incendios forestales. Y España, desgraciadamente, ha vuelto a comprobar que las Administraciones del Partido Popular y de VOX nos dejan indefensos ante cualquier catástrofe, ya sea una dana o sean incendios forestales. ¿Para qué van a tomar medidas preventivas frente a una crisis climática que niegan que exista? Y sobre el auto dictado por Hurtado -ese juez que se opuso a interrogar a Rajoy en el juicio Gürtel, que no veía motivos para condenar al Partido Popular por corrupción y que ignoraba quién era ese M. Rajoy que recibía dinero B de Bárcenas-, es el Consejo del Poder Judicial el que ha informado el 9 de junio, primero, que el abogado del novio de la señora Ayuso envió al fiscal del caso una propuesta reconociendo que se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública y proponiendo resarcir el daño causado pagando lo adeudado, cuota e intereses, a la Agencia Tributaria; y, segundo, a continuación, el presunto delincuente confeso, definido por Miguel Ángel Rodríguez como 'Alberto, el de Quirón', niega haber enviado el correo reconociendo sus delitos. Pero el correo remitido por el abogado desautorizado es publicado por los medios de comunicación, una filtración judicial más de las innumerables que ocurren a diario en este país.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«En el grupo parlamentario de la izquierda plurinacional sabemos perfectamente hasta dónde llega la operación de desestabilización y también sabemos quiénes están detrás. Sabemos que haber convertido a España en el país europeo que más claramente se ha opuesto al genocidio en Palestina, el país que más contundentemente se ha opuesto al enloquecido rearme exigido por la OTAN y por Trump, tiene consecuencias y activa múltiples aparatos de desestabilización, también fuera de España. Ya recordó ese demócrata, Netanyahu, recientemente, que Israel tenía la información conseguida por los programas Pegasus, empotrados en los teléfonos de medio Consejo de Ministros de España. Y es público y notorio que a Trump no le gusta nuestro Gobierno, el único que no asume ni el 5 % ni el 3,5 % de incremento del PIB. (Aplausos). Y, tanto en el escenario internacional como en el interno, todo el que puede hacer anda trabajando intensamente para acabar con el único Gobierno de coalición de izquierda de toda Europa y que así nuestro país también caiga en manos de la ultraderecha, que está acabando con la democracia, como está ocurriendo hasta en los Estados Unidos a la vista de todo el mundo. No se lo pongamos fácil, señor ministro, y combatamos eficazmente cualquier asomo de corrupción. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer al señor Rafael Pérez el inmenso trabajo que ha realizado, y lo digo yo que no he estado siempre de acuerdo con él, pero creo que siempre se ha comportado como un servidor público riguroso y eficaz y, lo que es más importante, garantizando la seguridad de personas que luchan contra la criminalidad desde todas las instituciones, también desde las más pequeñas, no solo desde los cuerpos de seguridad, hasta en el más pequeño ayuntamiento de España. (Aplausos). También quiero decir que España tiene en estos momentos uno de los mejores secretarios generales de Instituciones Penitenciarias posibles, el señor Ángel Ortiz (Aplausos), uno de los mejores desde el profesor García Valdés. Y ojalá cualquier secretario general fuera accesible a las fuerzas parlamentarias cuando lo requieren; ojalá. En todo caso, señor ministro, su ministerio y la Policía en funciones judiciales deben incrementar las investigaciones para llegar al fondo de cualquier trama corrupta. Especialmente esta, dada a conocer por la UCO para el cobro de comisiones por contratos de obra pública. El ministerio afectado debe adelantarse cesando de inmediato a cualquier sospechoso de colaboración o participación, también por omisión, porque hay una inmensa operación de desestabilización del Gobierno, y permitir casos de corrupción, por acción o por omisión, es dar argumentos, dar gasolina para los incendiarios de la democracia. Las fuerzas más reaccionarias primero han secuestrado el Poder Judicial durante años y ahora se van haciendo con la mayoría de todos los órganos importantes de la justicia en España. Permiten bochornosas instrucciones judiciales con destinatario, puro derecho penal del enemigo. Ahora han organizado una huelga claramente política, de injerencia en el Poder Legislativo. Según los jueces huelguistas, debemos legislar a su dictado y a su gusto. Y la Conferencia Episcopal también puede hacer y hace. Se comportan como un partido más de la derecha, suscribiendo de pe a pa las tesis del Partido Popular y de VOX, interviniendo incluso en actos públicos junto al señor Abascal y exigiendo unas elecciones que, en dos mil años, no hemos visto a la Iglesia convocar para elegir sus órganos de poder. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«En todo caso, no cabe duda de que alguien va dosificando la información de la UCO, que se publica siempre en clave política y de forma coordinada con las ofensivas del Partido Popular y VOX para deslegitimar al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Es muy grave que el Partido Socialista no haya visto la que se les venía encima: dos responsables de organización sucesivamente implicados en el mismo escándalo de corrupción. Y es de una gran irresponsabilidad haber permitido que medrara un individuo como el tal Koldo, salido del lumpen que pulula por los bajos fondos y que desde hace años mantiene evidentes vínculos con servicios de información policiales. Koldo, indultado por el Gobierno de Aznar en 1996, tras ser condenado por un delito de lesiones. Koldo, condecorado en 2018 por el Gobierno del Partido Popular con la cruz con distintivo blanco de la Guardia Civil. Quizá en esos tiempos conoció a Manuel Sánchez Corbí, destinado entonces en el cuartel de Intxaurrondo, exjefe de la UCO y ahora jefe de Seguridad Exterior de Acciona, la única empresa de la trama que la UCO no ha creído conveniente registrar (aplausos), sino que le ha bastado con solicitar que la misma empresa le remita la información que crea conveniente sobre las presuntas comisiones pagadas, que pueden ascender, según la UCO, a más de 600 000 euros. No nos creemos que Koldo tuviera tantos conocimientos técnicos como para haber realizado miles de grabaciones durante tantos años. No nos creemos que fuera un virtuoso del uso de sofisticados mecanismos tecnológicos utilizados en esas grabaciones, artilugios que ni están al alcance del tal Koldo y que nunca habría sabido utilizar él solo.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Este grupo plurinacional de la izquierda, y en especial Izquierda Unida, siempre ha tenido un comportamiento ejemplar en el manejo de los recursos públicos y en los contados casos en que se han detectado limitados sucesos inaceptables de estas características, se han cortado radicalmente por los mecanismos internos, que siempre han funcionado. La corrupción nos repugna, porque no es más que la sublimación del sistema capitalista; el neoliberalismo en grado máximo, que no reconoce ni normas ni regulaciones ni leyes, más allá de la del más fuerte o, en este caso, de la del más corrupto. Iniciamos la judicialización de la organización criminal incrustada en el Partido Popular -la iniciamos nosotros-, dedicada a dar sobresueldos en B a sus dirigentes y a financiar en B al partido, conocida como los papeles de Bárcenas, y a partir de ahí vinieron luego los procedimientos Gürtel, Púnica y un listado interminable, que afectó a más de seiscientos dirigentes del Partido Popular y que ha causado ya tres condenas al Partido Popular. ¡Tres condenas! (Aplausos). Una de ellas por responsabilidad civil y dos por responsables a título lucrativo. Todas, todas ratificadas por el Tribunal Supremo. No están ustedes en condiciones de dar muchas lecciones.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Las causas del apagón están claras. Los análisis sobre el origen de la perturbación en la red son necesarios, pero el problema es la incapacidad de una red en manos de múltiples intereses privados de corregir problemas cuando surgen. La famosa y mágica autorregulación del mercado que, según los profetas neoliberales, siempre funciona, como por arte de magia, que nuevamente priorizó los intereses particulares a los de toda la sociedad. La disputa entre Red Eléctrica y las empresas de generación no son más que un trampantojo para evadir responsabilidades. La concepción privada del sistema de generación y distribución eléctrica no garantiza el suministro ni la seguridad en cuanto a estabilidad de la red, en cuanto al acceso al servicio por parte de toda la sociedad y, en especial, para los sectores más populares de nuestro país. Red Eléctrica ha demostrado capacidad técnica en la recuperación del sistema en un tiempo récord y por eso debemos felicitar a los trabajadores, pero también ha demostrado su ineficiencia como operador del sistema por su falta de vigilancia, por la adopción de criterios generales de operación que ponen en riesgo el suministro de electricidad. Y de las empresas privadas de generación poco puede esperarse. Su compromiso es con la maximización de los beneficios y no con la prestación a la sociedad de un servicio esencial ni con el bienestar de sus trabajadores. Dejar en manos del capital privado un sector estratégico como el eléctrico es una irresponsabilidad. (Aplausos). Y este grupo de la izquierda plurinacional seguirá planteando la necesidad de un sector eléctrico cien por cien público, como desde hace décadas plantea Izquierda Unida.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante el Pleno de la Cámara, para informar del origen...
«Señora presidenta, señores diputados, el Grupo Popular sentando cátedra sobre la forma de abordar una emergencia que afecta gravemente a la población civil tras su catastrófica gestión de la emergencia provocada por la dana en la Comunidad Valenciana (aplausos), cuando el máximo responsable de atender la emergencia, Mazón, ha convertido su eterna comida en un reservado y su ausencia en la toma de decisiones de Protección Civil en todo un secreto de Estado. Cosas veredes. Quiero resaltar el excelente comportamiento de todos los servicios de Protección Civil de todas las Administraciones públicas del Estado durante el apagón del pasado día 28 de abril. La diligencia y profesionalidad de las y los trabajadores públicos ese día; la entrega de las y los miles de voluntarios y voluntarias de todas las edades, que se volcaron en atender a sus vecinos, a sus conciudadanos, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades de vecinos y en las vías públicas, ayudando a personas vulnerables o con movilidad reducida, contribuyendo a ordenar el tráfico y manteniendo un comportamiento cívico que redujo sustancialmente los índices de infracciones ciudadanas y penales normales en jornadas anteriores, y también los incidentes de tráfico, a pesar de no haber funcionado el sistema de regulación. Somos una sociedad ejemplar (aplausos) y hemos mostrado al mundo un comportamiento muy diferente al que probablemente habría habido en otros países, como Estados Unidos, modelo del PP y VOX, repletos de armas y de odio, donde en ocasiones similares ha sido necesario sacar al ejército a las calles para atajar saqueos y disturbios. Y a esta situación de casi normalidad, tranquilidad y cooperación ciudadana contribuyó también la desaparición por unas horas de las redes sociales, convertidas en la principal herramienta para defender bulos, mentiras, odios y violencias al dictado de la extrema derecha y de los gurús de la inteligencia. Es incomprensible que el Partido Popular y VOX no se feliciten por el comportamiento de toda España, de las personas y de las instituciones.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Y la enmienda refleja también la visión de VOX sobre el Estado social. Para VOX, los recursos públicos no deben utilizarse en compensación de desigualdades o atención a vulnerables, sino para el mantenimiento de los negocios de las grandes compañías privadas y aseguradoras, que es en lo que se han convertido las mutualidades. Proponen que la Seguridad Social se haga cargo del coste de las pensiones dignas a que tendrán derecho los mutualistas que opten por la pasarela al RETA y, a la vez, defienden que las mutualidades conserven todos los recursos necesarios para continuar sus negocios privados que limiten la transferencia de recursos de los mutualistas a la Seguridad Social. Es decir, que pague el Estado para garantizar los derechos de los mutualistas, pero quedándose las mutualidades parte del dinero de estos. Este fraude y enriquecimiento injusto es inaceptable, máxime sabiendo que la política fiscal de VOX es que el Estado no recaude impuestos. Si las mutualidades no tienen que pagar estas pensiones dignas y si los más ricos de este país no tienen que pagar impuestos, según ustedes, ¿cómo piensan garantizar las pensiones dignas para los profesionales hasta ahora cautivos del negocio especulativo de las mutualidades? Todas las reivindicaciones del Movimiento #J2 que han incluido en la enmienda a la totalidad son propuestas asumidas desde el día uno del debate por este grupo parlamentario y por los demás. No hace falta ninguna enmienda a la totalidad para incorporarlas en la tramitación iniciada.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Gracias, presidente. La justicia hoy es un problema para el 80 % de la ciudadanía, por el funcionamiento del servicio público, por reivindicaciones de derechos de trabajadores y operadores jurídicos y por haberse convertido en un actor político más. Entre las reivindicaciones sobre derechos de los operadores jurídicos, una de los más graves es la reclamación de una jubilación digna para abogados y abogadas, y procuradores y procuradoras. La lucha del Movimiento #J2 y otras asociaciones, ofreciendo propuestas para garantizar este derecho, ha posibilitado que hoy se tramite en el Congreso una ley para conseguirlo, pero simultáneamente los jueces han irrumpido planteando un conflicto supuestamente laboral, aunque en realidad es un conflicto político, un nuevo enfrentamiento del Poder Judicial contra el Legislativo. No es un conflicto por el reconocimiento de derechos, aunque intenten presentarlo así los jueces huelguistas. Lo que pretenden es forzar a este Congreso a que legisle a su dictado. Se apartan así de sus competencias constitucionales, atacando la división de poderes y al Estado de derecho. El derecho a la huelga se conquistó por los trabajadores gracias a la resistencia antifranquista, muy especialmente al Partido Comunista de España y otras fuerzas de izquierda, y a los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT. Es cuestionable que los jueces, integrantes de un poder del Estado, sean considerados trabajadores, ¿se imaginan una huelga de diputados?, pero existe una jurisprudencia que reconoce el derecho a la huelga de los jueces cuando se trata de sus condiciones de desempeño profesional. Para las asociaciones judiciales convocantes, el motivo de la huelga es que está en peligro el Estado de derecho y la independencia judicial. Es una valoración claramente política, la misma que repiten desde hace dos años el Partido Popular y VOX. Ante la duda de si una huelga es procedente o no, si es laboral o política, los que deciden son los tribunales. Total, que los ciudadanos nos aguantaremos con esta huelga. Pedimos al Ministerio de Justicia que no se le olvide descontar los haberes correspondientes en las nóminas de los huelguistas y que establezca los servicios mínimos, como ordena nuestra Constitución.»
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Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,...
«Es vergonzoso que el primer contacto de un opositor a juez con el mundo judicial sea el pago en dinero B -B de Bárcenas- que cada mes durante años realiza a su preparador (aplausos), habitualmente un juez en ejercicio que, probablemente, no tiene compatibilidad para preparar a opositores ni declara a la Hacienda pública sus ingresos mensuales como preparador. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura tachó de cercenar la independencia judicial al intento de acabar con esta práctica inmoral y argumentaba que tener el Centro de Estudios Jurídicos como centro preparador de oposiciones es inaceptable, porque cualquier interferencia del Gobierno en esta labor formativa coadyuva a dañar la imagen de independencia de los jueces, por no hablar del riesgo de adoctrinamiento. Esto lo dice la conservadora y privada asociación que durante años ha dado becas privadas a los opositores que ella misma ha seleccionado, lo que en este caso no supondría ningún riesgo de adoctrinamiento ni dañaría la independencia. No se aprecia la mínima objetividad e imparcialidad en la derecha judicial al juzgar sus propios actos. ¡Imagínense cuando juzga actos ajenos!»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«En España son muy pocas las mutualidades que siguen pendientes de integración en la Seguridad Social. Las que quedan, las de la abogacía, la procura o arquitectos, han hecho dejación de sus funciones de previsión social. Se han transformado en compañías de seguros y fondos de inversión, priorizando el interés de inversores y asegurados frente al interés y los derechos de los mutualistas y las mutualistas, a los que debían garantizar condiciones dignas y prestaciones dignas de jubilación. Tras años de lucha para acabar con este fraude, hoy podemos iniciar el camino de aprobación de una ley que garantice por fin a los mutualistas y las mutualistas una pensión adecuada, como la que tienen la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Pedimos a esta Cámara que trabajemos todos los grupos parlamentarios para que se apruebe una ley que recoja las reivindicaciones de los colectivos afectados por este fraude, y no cualquier ley, una ley que recoja las propuestas sintetizadas claramente por el colectivo J2. En primer lugar, la integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales y las profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas. En segundo lugar, los años de contribución a las mutualidades deben reconocerse como periodos equivalentes de cotización en la Seguridad Social, sin ambigüedades: un año de contribución equivale a un año cotizado a la Seguridad Social. El resultado debe garantizar pensiones dignas y equivalentes a las del régimen general o a las del régimen especial de trabajadoras autónomas, según lo contribuido o cotizado, y en ningún caso ninguna pensión de jubilación podrá ser inferior a la regulada como mínima por el sistema público de pensiones. Y también debe reconocerse el derecho de las mutualistas y los mutualistas alternativos pasivos, los que ahora cobran pensiones de miseria, a las que cobran los que están integrados en Seguridad Social. Deben tener un reconocimiento de pensiones equivalentes a las de los pensionistas integrados en el sistema público y deben poder dejar de trabajar, y que se acabe ese espectáculo de las salas de togas de los juzgados de toda España con compañeros y compañeras de más de 70 años arrastrando los códigos porque no se les garantiza una pensión digna. (Aplausos). La base de cotización reconocida debe ser, al menos, la mínima del régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos para todo el tiempo de alta en el régimen alternativo y la integración no tiene que costar nada al Estado. El traspaso a la Seguridad Social de las contribuciones de los mutualistas y también de la parte proporcional de rendimientos obtenidos por las mutualidades en cualquier otro concepto son recursos con los que se podría sufragar sin ningún problema la equiparación de las actuales pensiones cobradas por los mutualistas pasivos a las correspondientes establecidas en el sistema público de Seguridad Social.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«La ejemplar lucha reivindicativa de todo el colectivo es la que ha hecho posible este debate (aplausos) y ha dado a conocer la inmensa discriminación que sufren estos profesionales, trabajadores y trabajadoras, también arquitectas y arquitectos técnicos y superiores y otros atrapados en mutualidades que priorizan sus propios intereses, no los de los mutualistas que, tras una larga vida de trabajo, llegan a la jubilación. A pesar de que el artículo de la Constitución ordena a los poderes públicos garantizar pensiones adecuadas, las mutualidades no las garantizan cuando llega ese momento de transitar a la jubilación. En comparación con las pensiones del sistema público, las otras prestaciones sociales o sanitarias que deberían abonar las mutualidades también son indignas o inexistentes. La prestación por desempleo, la maternidad, la incapacidad temporal no existen o se perciben cuantías miserables, como es el caso de la jubilación. Y especialmente discriminatoria es la falta de atención a la conciliación familiar y laboral de las mujeres que forman parte de esos colectivos profesionales de las mutualidades alternativas.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en...
«Señor presidente, el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para delegar competencias estatales en materia migratoria de Cataluña es la nueva excusa del Partido Popular para patalear por la normalización en Cataluña. Gobernando ustedes, señores del Grupo Popular, acordaron delegaciones de competencias estatales a comunidades autónomas cuando consideraron, porque el artículo 150 de la Constitución lo autoriza. Durante su primera legislatura, Aznar se apoyaba en Convergència i Unió para gobernar y transfirieron -que es más que delegar- competencias exclusivas del Estado sobre tráfico a Cataluña. Durante otros gobiernos del Partido Popular, el Congreso admitió proposiciones de ley de transferencia de competencias para convocar referéndums sobre los servicios meteorológicos o sobre aeropuertos y tráfico aéreo; todo, competencias exclusivas del Estado. Prácticamente la totalidad de comunidades autónomas tienen normativa propia en materia de acogida o integración de personas extranjeras. Hoy existen innumerables problemas de gestión para la expedición y renovación de los permisos de residencia a extranjeros. Las delegaciones del Gobierno están saturadas para estos trámites o para dar citas de solicitudes de protección internacional. Delegar a las comunidades autónomas mientras que se gestione aplicando leyes estatales no es ningún problema en un Estado descentralizado. (Aplausos). El acuerdo entre el Partido Socialista y Junts puede contribuir a agilizar tramitaciones y, por tanto, a dar mayor seguridad jurídica y un trato más humano a las personas extranjeras en nuestro país, y también puede ser mejorado impidiendo demagogias, porque no pueden difundirse ni legitimarse discursos racistas y xenófobos construidos con los argumentos discriminatorios y falsarios que utilizan las derechas racistas; los difundidos de forma ofensiva por VOX, pero también por el Partido Popular, señora De Meer, que en su cuenta de X publicó respecto a la dana que si pides las ayudas en árabe -literal- estas llegan antes, habitual argumento de la extrema derecha; o las declaraciones xenófobas de la señora Ayuso atribuyendo a extranjeros procedentes de Canarias reyertas y agresiones sexuales que nunca habían ocurrido. En aquella ocasión le tocó el papelón de justificar esos despreciables comentarios al señor Sémper. El Partido Popular no debería rebajarse, entrando en competencia con VOX, atacando a personas honradas y trabajadoras que vienen a nuestro país para contribuir a su desarrollo, para hacer trabajos que nadie quiere hacer por su dureza o sus malas condiciones laborales, o como los de cuidados a nuestros familiares, incluyendo las familias de quienes votan a VOX. Apoyaremos la delegación de competencias en materia migratoria a cualquier comunidad autónoma siempre que se respeten los derechos humanos y se mejore la situación de las personas extranjeras en nuestro país, definiendo bien el alcance y la validez de los permisos de residencia expedidos por una comunidad autónoma, incorporando procedimientos de homologación para su utilización en otros territorios del Estado y evitando la multiplicación de burocracia. Y respecto a la aplicación del régimen sancionador en materia de extranjería, velando por que siempre se aplique la misma normativa en cuanto a sanciones y garantías en cualquier lugar del Estado.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Y, tras cuarenta y siete años sufriendo exilio, la ocupación o la vida en campos de refugiados, hoy podemos aprobar una ley con tres medidas: primera, la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo soberanía española mediante un procedimiento similar al que se utiliza para otorgar la nacionalidad a los sefardíes, que la perdieron hace quinientos años (aplausos); la segunda, la posibilidad de optar por la nacionalidad española para los descendientes en primer grado de consanguinidad de los que adquieran la nacionalidad por carta de naturaleza, con un plazo de cinco años desde la inscripción de la nacionalidad de sus progenitores, y, en tercer lugar, la equiparación en el Código Civil de los saharauis a los nacidos en países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes para adquirir la nacionalidad por residencia. Y los documentos requeridos para optar a la nacionalidad española que incluimos en la ley son en sí mismos una acreditación de su intensa vinculación con España: el documento nacional de identidad aunque esté caducado o la certificación de inscripción en el registro del censo para el referéndum del Sahara Occidental o certificados de nacimiento expedidos en los campamentos de refugiados o partidas de nacimiento, libros de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público en el Sáhara u otros documentos de una autoridad española que acrediten el nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la...
«Y presentamos esta proposición de ley como lógica consecuencia de nuestra cercana relación con el pueblo que hace pocos años contaba con representación en las Cortes Generales, estudiaba en idioma español, desempeñaba puestos de funcionarios y formaba parte de nuestras Fuerzas Armadas. Es una pequeña reparación del daño causado por la entrega a un tercer país de un pueblo y un territorio pendiente de descolonización. La actuación vergonzante que protagonizó el franquismo moribundo trae consecuencias que hoy aún padecemos y que, en especial, padece el pueblo saharaui, con el que tenemos una deuda histórica. En 1976, una España incapaz de impedir la ocupación por Marruecos de nuestra provincia comunicó a Naciones Unidas el abandono del territorio. Seis meses más tarde, se aprobó una norma que solo en teoría permitía a los saharauis conservar la nacionalidad española, norma de imposible cumplimiento debido a la represión implantada por los ocupantes, Marruecos y Mauritania. El Acuerdo de Madrid de noviembre de 1976 es una capitulación sin valor jurídico, que ni siquiera fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Esta moción y su campaña contra la Fiscalía pretenden que España olvide que ha sido Alberto, el de Quirón, quien ha reconocido que ha cometido varios delitos graves, como dejar de pagar a la Hacienda pública más de 120 000 euros. (Rumores). Ya advertimos que el Tribunal Supremo no impediría la filtración de la información procedente de esa extravagante incautación de dispositivos electrónicos a la Fiscalía. Han sido divulgados datos de personas con grandes responsabilidades institucionales, como la fiscal de sala del Supremo, la señora Delgado, y ahora es víctima de una campaña de acoso. ¿Y quién va a responder por estas filtraciones extendidas por la pléyade de panfletos digitales, televisiones y radios intoxicadoras que forman parte de la maquinaria mediática del Partido Popular y sus aliados de la ultraderecha? El PP tiene el cuajo de denunciar en su moción una supuesta falta de libertad de prensa y políticas para amordazar a los medios que critican al Gobierno. Con total libertad de expresión desde innumerables medios de comunicación chillan que el Gobierno les ha quitado la libertad de expresión, y mientras tanto callan ante los aranceles de Trump, que amenazan al campo y a la industria española (aplausos): están en peligro 3000 millones de euros en exportaciones solo en Andalucía y hay, al menos, 2800 empresas afectadas. Por los aranceles al hierro y al aluminio la industria española va a perder 500 millones de euros. Arrodillados ante Trump, incapaces de defender a España, solo se atreven a pedir calma, la calma de los cementerios, sumisión ante quién nos ataca. Vamos a votar en contra. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de las actuaciones del Gobierno que han...
«Presidenta, diputados y diputadas. Según la moción, España es un estado fallido y el Estado de derecho ha desaparecido. Difunden una imagen de país incompatible con la seguridad jurídica imprescindible para continuar progresando económica y socialmente. El Partido Popular es una maquinaria de sabotaje de las políticas públicas incapaz de reconocer que nuestros avances económicos y sociales nos han convertido en la envidia de Europa, como titulaba el lunes la BBC británica. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Claro que hay mucho que hacer aún, pero ustedes votaron en contra de las subvenciones al transporte para las personas mayores, los trabajadores y los jóvenes; votaron contra las ayudas a las víctimas de la dana, a las que el PP abandonó en un barrizal de incompetencia criminal (aplausos), y por quinto año se han opuesto a las subidas de las pensiones y del salario mínimo. Asimismo, secuestraron cinco años al Consejo del Poder Judicial, y pretenden actuar a su antojo en el Congreso como si tuvieran mayoría y lo exigen como condición para cesar su ataque a las instituciones. Continúan sin reconocer la legitimidad de las leyes aprobadas, y pretenden equiparar al Congreso con la cámara antisistema en la que han convertido el Senado, dedicada a sabotear la actividad legislativa de las Cortes y a organizar bochornosos espectáculos propios de la estrategia de reality show de la jefa de su partido, la señora Ayuso.»
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Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Hoy es imprescindible recuperar la vía de la exigencia de responsabilidad civil a los jueces, como es exigible al resto de profesionales de este país. Así algunos instructores serían más ponderados, más equilibrados, y se lo pensarían antes de adoptar resoluciones politizadas al servicio de la oposición del Partido Popular y de VOX. El que debería comparecer en la Cámara es el señor Feijóo (risas.-El señor Tellado Filgueira: ¡Qué vergüenza!) para explicarnos la utilización de buena parte del Poder Judicial por el Partido Popular. Un ejemplo. El panfleto digital ultraderechista okdiario organiza ahora jornadas jurídicas a las que asisten, junto al empleado del PP en el Senado, el señor Soriano, jueces como Manuel García-Castellón, Eloy Velasco o Enrique López, el exresponsable de Justicia del Partido Popular. (El señor Tellado Filgueira: ¡Viva Venezuela!). Todos ellos jueces destacadamente vinculados al Partido Popular. Los que acabaron con Pablo Casado por denunciar corruptelas que implicaban al hermano de Ayuso (el señor Tellado Filgueira: Bueno, bueno, esto es mortal) ahora quieren acabar con el fiscal general por cumplir su deber de perseguir a otro presunto delincuente del círculo personal de la señora Ayuso, la jefa del Partido Popular, quien miente descaradamente al decir que se trata de una simple multa. No olvidamos que el comisionista Alberto 'el de Quirón' es quien está investigado por un presunto delito tributario, que consiste en defraudar más de 120 000 euros a la Hacienda pública (el señor Tellado Filgueira: Ábalos, un poco más). Es mucho dinero. No cualquiera de los que nos oye podría defraudar 120 000 euros a la Hacienda pública. Delitos que su abogado siempre ha estado dispuesto a reconocer para obtener reducción de condena, no reducción de multa, reducción de condena, que sabe su abogado que se tiene bien merecida. Votaremos en contra. (Aplausos).»