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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Víctor Camino Miñana · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para reforzar la protección digital de la salud mental de la juventud.
«Gracias, presidenta. Esta tarde traemos a debate una proposición no de ley para reforzar la protección de jóvenes en redes sociales y evitar así problemas de salud mental. Y hablando de salud mental, permitid que me detenga en una prioridad clave que afecta al bienestar de nuestra generación: la vivienda. Quiero trasladar desde esta tribuna el apoyo y la solidaridad a miles de jóvenes que están saliendo a las calles a pelear el derecho a una vivienda digna, movilizaciones que exigen a las administraciones que actúen y que también pidan al Partido Popular que utilice las herramientas que el Gobierno de España le proporciona para bajar los alquileres, porque, señorías, volviendo a las redes sociales, asegurar el bienestar mental de un joven que busca constantemente piso mientras el algoritmo le muestra zulos de veinte metros a razón de mil euros no es idealista, es surrealista. No hay salud sin salud mental. Igual que acceder a una vivienda con estos precios impacta en la salud mental de los y las jóvenes, el mal uso de las redes sociales o su acceso temprano está generando un efecto similar, y hay datos que lo acreditan: consultamos el móvil más de cien veces al día y pasamos más de siete horas pegados a las pantallas. Es innegable que este tipo de espacios han modificado la forma en la que la juventud se relaciona. Esa convivencia digital se traduce en un arsenal valiosísimo de datos sobre nuestro comportamiento, una cantidad inabarcable que es utilizada como mercancía de venta para hacer publicidad personalizada y también se instaura en nuestras pantallas de móviles a modo de scroll o deslizamiento infinito basado en cuestiones o principios de conducta y recompensa. Señorías, no olvidemos que es un negocio: cuantas más horas estamos conectados a las redes sociales, más ingresos generan las propias plataformas digitales.»
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María Araceli Poblador Pacheco · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto...
«Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Después de escuchar con muchísima atención la intervención del señor Vicente Marí, voy a parafrasear lo que ha dicho, pero con un no rotundo: este Gobierno no es ningún 'gran hermano', este Gobierno no practica el espionaje, como usted sugiere y esto va también por VOX-, porque para eso ya están otros. La norma sobre registro documental en hospedaje y vehículos tiene como principal objetivo mejorar la seguridad de todos los españoles y de los turistas que visitan nuestro país. Dice el Partido Popular que este real decreto es una barbaridad. ¿De verdad creen que es una barbaridad? Una barbaridad es poner en peligro a quienes nos visitan y a todos los españoles. (Aplausos). Ustedes aprovechan todo para enfrentarse al Gobierno. Señorías -y lo digo por todos-, quédense tranquilos. Y al Partido Popular le digo que no mientan, que no tergiversen la norma, porque los datos de los ciudadanos están a salvo y protegen la intimidad. No alarmen, porque esta norma, lejos de provocar un riesgo en la caída de las ventas o el desvío de reservas a otro destino, produce el efecto contrario. En el contexto geopolítico mundial que estamos viviendo ahora mismo, España se convierte en un destino preferido, en un destino referente, y eso es por muchas razones, pero, créanme, la principal es por el nivel alto de seguridad que tenemos en nuestro país. (Aplausos).»
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Jacobo González-Robatto Perote · Vox ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto...
«Gracias, presidenta. Buenas tardes. Para empezar, doy la bienvenida a las asociaciones y plataformas de turismo afectadas por esta ocurrencia. Creemos muy acertada esta iniciativa justo ahora, cuando la confianza por la ciudadanía en las instituciones está por los suelos. Vemos cómo el fiscal general del Estado usa información privada de los ciudadanos para pagar favores a la mafia socialista y así distraer la ingente cantidad de casos de corrupción que rodean al número 1, así como a la Abogacía del Estado, que actúa como matones que van a pedir su parte, a las órdenes del autócrata de la Moncloa. (Aplausos). Estamos hablando de un Ejecutivo que ha mostrado en múltiples ocasiones una falta alarmante de fiabilidad en la protección de información personal. Los ejemplos sobran: filtraciones de datos de servicios públicos, sistemas informáticos desactualizados y una transparencia mínima en cuanto al uso y el almacenamiento de datos personales. Hace un año conocíamos otra fuga por parte del Ministerio de Hacienda de los datos de los contribuyentes, dejando al descubierto los datos bancarios de los usuarios. El Gobierno actual no ha demostrado la capacidad de gestionar de manera eficiente ni segura los datos sensibles de los ciudadanos. ¿Cómo podemos confiar en este nuevo registro masivo de información, que involucra datos delicados sobre la identidad y las actividades de las personas que se ha gestionado de manera segura? La gestión de los datos sensibles no puede ser tomada a la ligera, y menos en un contexto en el que el Gobierno ya ha demostrado ser ineficaz en proteger nuestra privacidad, y más aún cuando no piden ni el lugar de origen o la edad a los más de 130 000 inmigrantes ilegales que se han colado desde el año 2020, muchos de ellos menores y que se han repartido por los hoteles de España. Aquí las izquierdas, que se han rasgado las vestiduras con las condiciones de seguridad, no dicen ni mu; aquí, otro criterio: mano dura para los que cumplen con la ley y mano tendida con quienes no la cumplen. (Aplausos).»
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José Vicente Marí Bosó · PP ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto...
«Señorías, somos el tercer país con mejor índice de desarrollo de viajes y turismo del mundo, según World Economic Forum. Mantener y mejorar dicha posición, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, implica actuar sobre los factores de competitividad de nuestra industria en cuatro ejes: mejorar y modernizar nuestros destinos turísticos; adecuar las políticas activas de empleo y de disponibilidad de mano de obra, que tanto preocupan al sector; remover obstáculos normativos y regulatorios que impiden el crecimiento de nuestras empresas, y situar a España como referente mundial de destinos medioambientales. Todos esos son los retos de verdad de nuestro sector turístico, y a todos esos nos deberíamos aplicar. La seguridad, es verdad, está entre los factores que nos hacen más competitivos en el mundo, pero el reto no es más burocracia y menos privacidad, sino seguir escuchando y colaborando con el sector turístico para ir adoptando las decisiones correctas. Por ello, señorías y termino-, pedimos al Gobierno que gobierne, que lo haga en la dirección correcta para solucionar los problemas, en lugar de crear más problemas, que suspenda la aplicación sine die de este real decreto y se siente a negociar con el sector turístico español. Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).»
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José Vicente Marí Bosó · PP ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto...
«Gracias, señor vicepresidente. Señorías, no basta con que haya Gobierno, hace falta un Gobierno que gobierne, un Gobierno que en lugar de crear problemas trate de solucionar problemas. Señorías, hace falta un Gobierno que escuche y que comparta soluciones con los actores implicados de la sociedad civil, que haga de la colaboración público-privada su guía de actuación para no meter la pata. Y de esto va esta iniciativa que traemos a debate de sus señorías en el Pleno de hoy, de que el Gobierno solucione problemas en lugar de crearle problemas al sector turístico español; de que el Gobierno se siente en la mesa de todos los operadores del sector turístico para ver de qué manera se pueden compatibilizar las necesidades de seguridad de las personas con el éxito y la competitividad de nuestras empresas turísticas; de que el Gobierno se siente, escuche a los operadores turísticos y a sus organizaciones representativas. En este punto permítame dar la bienvenida a esta casa, que es su casa, a todas las entidades representativas del sector turístico español (dirigiéndose a la tribuna de invitados.-Aplausos). Bienvenidos y gracias por su esfuerzo y su trabajo, un esfuerzo y un trabajo de décadas, que han permitido que hoy podamos decir que España es líder mundial en turismo.»
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Elisa Garrido Jiménez · PSOE ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Por tanto, el proyecto de ley que el Gobierno de España ha remitido a la Cámara transita desde un texto vigente, que equipara la discapacidad sobrevenida con la muerte, a una propuesta que reconoce el derecho de la persona trabajadora al empleo y a que se realicen ajustes razonables en su puesto de trabajo que le permita mantenerse en activo, si así lo desea, en caso de incapacidad sobrevenida. Estos dos conceptos, la voluntariedad ha de ser la persona trabajadora quien solicite la reincorporación- y la definición legal de lo que se ha de entender por ajustes razonables, son los dos principales aspectos de esta modificación legal. Tal y como el CERMI claramente señala, las razones que expresamos para solicitar su devolución con esta enmienda a la totalidad carecen de fundamento jurídico ya se ha dicho en esta tribuna, no hace falta abundar más en ello-, además de carecer, fundamentalmente, de alcance y de fundamento social por su pretensión de retrasar y de boicotear el cumplimiento de esta demanda de las personas con discapacidad. Desde luego, el texto propuesto por el Gobierno y acordado con la sociedad civil, aunque consideramos que es un buen texto puede ser mejorado en el trámite de enmiendas y, por supuesto, tendemos las manos a los grupos para poder mejorarlo a través de ese trámite de enmiendas.»
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Noemí Santana Perera · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Creemos que la presente reforma establece la voluntad de la trabajadora de ser ella misma la que solicite a la empresa la adaptación o cambio de puesto de trabajo. En cualquier momento, la trabajadora será quien podrá decidir si abandona y pasa a percibir una prestación de incapacidad permanente en su grado adecuado. Hasta aquí no podemos sino estar de acuerdo con el proyecto de ley y no entendemos bien la posición de VOX, que se opongan a esto, que no solo es bueno para las personas con discapacidad, sino también para los trabajadores y trabajadoras de este país, e incluso es bueno para sus tan queridos y amados empresarios. Vamos a apoyar esta tramitación, pero somos precavidas en algunos asuntos que nos preocupan. Por ejemplo, se establece que la empresa podrá negarse a adaptar el puesto de trabajo por carga excesiva, pero no se define cuál es esa carga excesiva, por lo que prevemos que esto pueda llevar a muchísimas disputas judiciales. Otra de las cosas que nos preocupan es que, una vez adaptado el puesto a la trabajadora y percibidas las ayudas públicas que existieran, como establece la norma, la trabajadora queda a merced de la voluntad del empresario, porque recordemos que en España hoy en día el despido libre, por mucho que sea indemnizado. Por eso, creemos que, para proteger más a los trabajadores ante estas situaciones, hay que reformar los artículos 53 y 55 del Estatuto de las trabajadoras y trabajadores. Vamos a estar muy pendientes, porque nuestro lema es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Queremos reducir la jornada laboral a treinta y siete horas.»
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Noemí Santana Perera · Podemos ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Gracias, señor presidente. El proyecto de ley que venimos a debatir hoy, y cuya tramitación apoyaremos, viene a resolver un problema histórico de los trabajadores y trabajadoras. Hasta este momento, la declaración de incapacidad permanente tenía como consecuencia la extinción inmediata del contrato de trabajo sin indemnización y, en muchos casos, la condena a la precariedad de los trabajadores y trabajadoras que incurrían en esta incapacidad permanente. La incapacidad permanente total, a la que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras que no pudiendo realizar su trabajo habitual sí pueden realizar otros trabajos, genera el derecho a una prestación de en torno al 55 % de la base reguladora. Esto hacía que estos trabajadores acabaran sufriendo una merma de casi un 50 % de la retribución percibida y, por lo tanto, una condena a la disminución de su poder adquisitivo, así que no les quedaba más remedio que buscar un nuevo empleo para mantener esa capacidad adquisitiva y más en un país como España, que ya conocemos las cifras de paro estructural, que son alarmantes.»
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Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«La propuesta de modificación del artículo 49.1 con un nuevo apartado n) del Estatuto de los Trabajadores se rige por un principio de voluntariedad en sentido estricto. Esto es, que la posibilidad de extinguir el contrato hasta ahora en manos de la empresa se condiciona a la voluntad del trabajador, que podrá solicitar, o bien una adaptación de su puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada, o bien el cambio a otro puesto de trabajo vacante disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación. Esta fórmula produce un evidente desajuste con el contenido del artículo 40.2 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que es el empresario quien está obligado a llevar a cabo los ajustes sin que sea preceptiva la previa solicitud de la persona afectada, tal como se propone en el nuevo texto. Aun más, recoge en ese segundo párrafo del referido artículo 40.2 de la mencionada ley determinar cuándo la adaptación del puesto de trabajo es desproporcionadamente onerosa para la empresa, eludiendo sin especificar el contenido sustancial de cada concepto a la dependencia, a la disponibilidad de recursos públicos, a los costes que la adaptación implique y al tamaño y volumen de negocios de la empresa. Como novedad, la regulación que se pretende pone en relación los costes de adaptación del puesto de trabajo con el salario medio de la empresa, además de con el tamaño y volumen de negocios de la empresa, bajo argumento recogido en la exposición de motivos, en teoría para que la aplicación de la norma permee también a las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en España.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Termino citando a Juan de Mairena, que decía, hablando a su alumnado de Retórica: 'Señores, la verdad del hombre empieza donde acaba su propia tontería'. Pero nos decía que su propia tontería es inagotable. Yo estoy segura de que nuestro país quiere seguir ganando derechos, mejorando la vida de las personas con discapacidad y no quiere más tonterías. Por tanto, muchas gracias, y espero que hoy España sea mejor con esta reforma. (Aplausos).»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señorías, dejemos ya, si me permiten, como decía Antonio Tabucchi en su magnífico Sostiene Pereira, de frecuentar el pasado. Dejen de hacerlo. Frecuentemos, como señalaba él, el futuro. Este cambio conceptual del artículo 49 de la Constitución española, que habla ahora de personas con discapacidad, que se conjuga hoy por primera vez en España con la reforma del artículo 49 del viejo Estatuto de los Trabajadores, lo que hace es posicionar a las personas con discapacidad como las únicas poseedoras de su proyecto existencial capaces de velar por su propia autonomía personal y de superar las limitaciones cotidianas asociadas a su capacidad funcional. (Aplausos). Este nuevo cambio de paradigma hunde también sus raíces en esto que ustedes parece que combaten, la ratificación de los compromisos internacionales de España con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el propio concepto de discapacidad se define como algo dinámico y holístico -cito literalmente- en el que deberían confluir la variabilidad personal y una sociedad plural. En esta reforma que hoy discutimos se recoge algo muy importante para el Gobierno de España. Se recoge un verdadero derecho humano para las personas con discapacidad, permitiendo, señorías, que las personas trabajadoras a las que les sobreviene, por ejemplo, una incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez no vean extinguidos con carácter automático sus contratos de trabajo. Este es justamente el reproche que nos hacía el Tribunal de Justicia Europeo.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señorías de VOX, no tienen razón. Esta reforma lo que hace es avanzar, huir de su proyecto político y del pasado de España, del pasado en el que ustedes continúan anclados. Les doy más datos. Según la encuesta EDAD 2020, en España, de esos 4,38 millones de personas que afirmaron tener algún tipo de discapacidad, cerca del 10 % dice que los problemas de movilidad son los más frecuentemente referenciados hoy en día. Ustedes deberían sentirse interpelados, la sociedad española debería sentirse interpelada. Por sexos, 1,81 millones son hombres y 2,57 millones son mujeres. Por edad, el 75,4 % de las personas con discapacidad tiene más de 55 años. Y fíjense en el impacto de género: tres de cada cinco personas con discapacidad son mujeres. Sé bien que a ustedes parece que les molestan las personas con discapacidad. Tanto es así... (Rumores). Hechos son evidencias: ustedes han votado en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución española. (Aplausos). Por tanto, es evidente que ustedes tienen un problema con las personas con discapacidad en nuestro país. Votar en contra del artículo 49 de la Constitución española quiere decir, sencillamente, que ustedes se negaron a suprimir el término disminuido. ¿Creen ustedes, señorías, que las personas que nos acompañan son personas disminuidas? Esta reforma que pretendemos aprobar ha permitido justamente afianzar una perspectiva humanista y de progreso alejada de un modelo paternalista y asistencialista, del que ustedes nunca han salido.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«España dispone de un marco legislativo que protege a las personas con discapacidad, pero nuestro objetivo es seguir avanzando en su protección y en sus derechos. Es una realidad que el número de personas con discapacidad va en aumento. Nuestras sociedades son más complejas y vemos, efectivamente, cómo esto va progresando: en el año 2023 se estimaba la existencia de 4 711 736 personas con discapacidad; pues bien, las previsiones para el año 2050 son de 6 657 174. (Aplausos). Señorías, estamos consiguiendo hoy creo que lo vamos a hacer- mayores cuotas de dignidad y de ciudadanía para todas aquellas personas a las que ciertas limitaciones, bien de origen o bien de carácter sobrevenido, les dificultan ganarse el sustento trabajando o les dificultan el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. La protección de la incapacidad permanente tiene, justamente, esa enorme trascendencia, y creo que en la enmienda que presenta VOX lo olvidan completamente. Creo que lo olvidan, señoría, si me permiten, incluso frívolamente, cuando se habla de la aspiración de un grupo importante de la población de ser declarado incapacitado con la -¡atención!- excusa encubierta de huir del trabajo y -¡atención!- aprovecharse del esfuerzo solidario de los cotizantes al sistema.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Con esta reforma hoy queremos dar un paso más en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y su plena integración laboral. Sin duda, señorías, esta es una muy buena reforma y hace que seamos un país mejor. Es una buena reforma porque pretende profundizar de una manera más eficaz en la garantía del derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad en los términos que mandata la Constitución española, así como también en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Ustedes conocerán, probablemente, que en la última década se han registrado mejores cifras de contratación de personas con discapacidad -he dicho mejores, no buenas, porque, como he dicho, queda mucho por hacer- y creo que el escenario actual es idóneo para favorecer la inclusión social de las personas trabajadoras con discapacidad. La principal responsable de este avance ha sido, sin lugar a duda, la aprobación de normas sociales y también de normas laborales (aplausos), pero nos queda mucho por hacer, nos quedan muchas acciones que poner en marcha, como saben bien el ministro Bustinduy y, desde luego, el Gobierno de España. Hay que desarrollar las recomendaciones trabajadas en el Libro blanco sobre empleo y discapacidad: es nuestro compromiso. Hoy damos un paso, pero queda todavía mucho por hacer. Precisamente, esta reforma que debatimos hoy del también artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social, es consecuencia directa de alguna de las propuestas de reforma de dicho libro blanco. Les voy a dar datos de la encuesta EDAD 2020. Nos habla de que tenemos 1,58 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, esto es, entre 16 y 64 años. De esta cifra, 765 500 personas son hombres y 818 200 son mujeres, pero -fíjense en este dato- solo una de cada cuatro de estas personas estaba trabajando. Por tanto, el reto que tenemos es muy grande.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señorías de VOX, simplemente les conmino a que ustedes repasen la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo que saca los colores a nuestro país y a otros países por lo que está pasando, que es lo que hoy justamente estamos abordando. Lejos de lo que ustedes dicen, el Gobierno de España va a hacer justicia en nuestro país hoy, por fin, con las personas con discapacidad y vamos a cumplir con la doctrina que emana del Tribunal de Justicia Europeo. Es más, hoy es imperativa la necesidad de integración social de las personas con discapacidad, la garantía de formas de vida decentes, según nos dice la OIT, y por supuesto de accesibilidad universal. No debemos olvidar que uno de los efectos más beneficiosos que ha tenido la implantación de los sistemas de Seguridad Social y el reconocimiento del derecho al trabajo de las personas con discapacidad ha sido justamente la alteración de los umbrales del sufrimiento y del daño. Las personas con discapacidad, gracias a las prestaciones que les protegen y a sus derechos laborales, gracias a la Seguridad Social y al trabajo decente que reiteradamente reivindicamos en la OIT y gracias al objetivo 8 de la Agenda 2030, no están sometidas hoy a la resignación de épocas anteriores.»
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María Pilar Alía Aguado · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Hace poco, nuestro partido decía en una proposición no de ley que había que educar a nuestros jóvenes en materia económico-financiera y de tipos de interés, fijo o variable. Ustedes la votaron en contra -ustedes la votaron en contra- y ahora, sin embargo, ustedes no se explican cómo hay gente que no puede pagar hipotecas. Pues para ello les pedimos, señorías de SUMAR, que dejen de apoyar el sinsentido y la deriva de este Gobierno atrapado en la corrupción. No sean sus cómplices y consigamos que queden fuera del Gobierno de España cuanto antes, porque si las cláusulas de las hipotecas en muchas ocasiones son progresivas y abusivas, no quiero contarles el abuso de poder por parte de este Gobierno hacia todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).»
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María Pilar Alía Aguado · PP ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Con esta ley se traspone una directiva comunitaria y, además, la medida estrella es el otorgamiento previo y obligatorio de un acta notarial que tiene por objeto la comprobación por el notario de que se van a cumplir todas las obligaciones impuestas a los prestamistas antes de la firma de la escritura. Ustedes inciden a lo largo de sus estudios en los peligros de la subamortización, incluso por parte del Banco de España. ¿Qué peligros? Todos sabemos que subamortizar ocurre en los periodos de carencia de las hipotecas. El cliente lo puede aceptar o no, pero esto no es una trampa, señorías de SUMAR, son matemáticas, o también lo podemos llamar la cuenta de la vieja: lo que no se paga antes se va a pagar después. (Aplausos). Ustedes detallan un anexo con treinta y seis errores matemáticos, en formulaciones, con complicaciones, etcétera, y proponen que el Ministerio de Economía vaya actualizando todos estos anexos cada seis meses. No le veo sentido a la publicación, y menos a la actualización. Con su sistema de reclamación específico, donde la entidad financiera tiene que ofrecer al consumidor un sistema de pago mixto, en donde el capital puede ser incluso de unos céntimos, si el consumidor reclama y no está de acuerdo, lo hace al Banco de España, que tiene dos meses para responder, y, si en el transcurso de tres meses, no hay acuerdo entre las partes, tiene razón el consumidor. Entonces, si el consumidor siempre va a tener la razón, cada uno puede pagar lo que quiera y cuando quiera. Según el profesor Bou, tener hipoteca REDAL es la solución para salvar la vida a la clase media trabajadora, y dice que la banca debe de ser más social.»
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Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Y es que de nuevo quiero recordar que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha reforzado la protección de los deudores vulnerables en los procesos de ejecución de su vivienda habitual. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha reforzado la protección de los deudores hipotecarios sin recursos, el que ha mejorado el mecanismo de segunda oportunidad previsto en la Ley Concursal y el que está mejorando la formación financiera de los consumidores españoles (aplausos) para que adopten las mejores decisiones en el ámbito financiero. Y con la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, aprobada en esta Cámara en 2019, se han mejorado la seguridad jurídica y la transparencia en la contratación del crédito inmobiliario y se han reducido las reclamaciones asociadas al carácter abusivo de determinadas cláusulas contractuales y a la falta de transparencia. Como bien señala el Banco de España en su Compendio de criterios de buenas prácticas bancarias, las buenas prácticas bancarias exigen que la redacción de las cláusulas contenidas en los contratos sea clara y transparente, legible y comprensible para sus clientes, huyendo de cualquier tipo de confusión o de interpretaciones opuestas. Y, en caso de discrepancias entre las partes respecto al alcance de los acuerdos adoptados, las entidades deberían tratar de llegar a una solución con sus clientes para que resultara favorable para ambas partes.»
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Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Y es que, si echamos la vista atrás, los y las socialistas hemos jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas que generan esta protección extra. Con los socialistas en el Gobierno, se aprobó en 1984 la primera ley de protección de consumidores; con los socialistas en el Gobierno se creó en España el sistema arbitral de consumo, uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Sin embargo, con la derecha en el Gobierno, en momentos muy duros para los consumidores, cuando su nivel de endeudamiento ponía en situaciones verdaderamente dramáticas a las familias españolas que no podían hacer frente a las deudas, presentamos en esta Cámara la primera ley que protegía a las personas consumidoras frente a la quiebra económica por causas sobrevenidas. (Aplausos). ¿Qué hizo la derecha entonces? Desgraciadamente, su Gobierno en aquellos momentos carecía de la suficiente sensibilidad y nuestra propuesta fue rechazada. Señorías, hablamos del año 2003. Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que la pasada legislatura aprobó la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de vulnerabilidad Social y Económica. (Aplausos). Nuevamente, tuvimos que sacarla adelante con el voto en contra del Grupo Popular, que rechazó la convalidación del real decreto ley aprobado por el Gobierno, presentó una enmienda a la totalidad en la tramitación del proyecto y, finalmente, votó en contra del dictamen. Por tres veces negaron la protección a los consumidores vulnerables. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el proyecto de ley para mejorar la atención de las personas consumidoras frente a los servicios de atención de las grandes empresas, una promesa que incumplió, como tantas otras, el Partido Popular cuando tuvo responsabilidades en el Gobierno de España, pero que los socialistas recuperamos, por nuestro compromiso con la sociedad en su conjunto. Específicamente, en materia financiera ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuya principal función va a ser reforzar la protección de los usuarios en servicios financieros, asegurar que las entidades financieras cumplen con sus obligaciones frente a sus clientes, pronunciarse sobre el carácter abusivo de cláusulas contractuales, resolver reclamaciones con carácter vinculante y reforzar los instrumentos para garantizar la inclusión financiera a través de la atención personalizada,, particularmente a las personas mayores con discapacidad y a los colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación.»
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Pablo Sáez Alonso-Muñumer · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Señorías, el Grupo SUMAR es corresponsable de que haya crecido desde el año 2019 la población en riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente aquella con carencia material y social severa. El Grupo SUMAR es corresponsable de haber convertido España en un entorno hostil en cuanto al acceso a la vivienda, hostil por un alza de los precios desproporcionado en relación con la capacidad económica de los españoles; hostil por la excesiva burocracia y carga fiscal; hostil por la insuficiente oferta de vivienda social y protegida; hostil por la escasez artificial de suelo edificable; hostil por la impunidad ante la ocupación ilegal. (Aplausos). El Grupo SUMAR es corresponsable de que en los últimos diez años el precio de la vivienda haya aumentado de media un 57,3 %, mientras la capacidad adquisitiva de los españoles haya caído un 23,7 %. En VOX consideramos que proteger a los españoles es regular y legislar bien, con textos de calidad y con un cierto criterio económico; proteger a los españoles es mejorar la educación financiera, como aparece en nuestro programa electoral; proteger a los españoles es rechazar leyes que puedan suponer una reducción en la oferta de hipotecas o las encarezcan, perjudicando, por tanto, a los más vulnerables; proteger a los españoles es poner en marcha las medidas tributarias necesarias al objeto de estimular un entorno económico próspero que posibilite a los españoles acceder a la vivienda; proteger a los españoles es permitir que se deduzcan en el IRPF parte del coste de sus hipotecas y eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual; proteger a los españoles es impulsar la construcción de viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra (aplausos), para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un hogar; proteger a los españoles es fomentar la colaboración entre la Administración pública y las entidades privadas, a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial; proteger a los españoles, señorías, es lograr que ustedes se vayan. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
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Pablo Sáez Alonso-Muñumer · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; fracaso que se concreta en al menos los casos siguientes: uno, cuando califica el sistema de cuotas constantes como tecnicismo de ámbito financiero y, dos, cuando menciona que los prestatarios no saben ver el principal pendiente de un préstamo después de llevar veinte años pagando. Sexto, una proposición de ley que en su artículo 2 da potestad al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para añadir mecanismos de sesgo en la decisión que hayan observado en los contratos hipotecarios. Un ministerio que es una contradicción en sí mismo, ya que Derechos Sociales y Agenda 2030 son conceptos absolutamente contradictorios. (Aplausos). Y es que la Agenda 2030 es un ataque directo a nuestro sector primario, a la competitividad de nuestra industria, a nuestras pymes, a nuestras costumbres y a la familia. Séptimo, una proposición de ley poco rigurosa. Ejemplo: el artículo 5 menciona, leo textualmente: Ante la falta de respuesta del prestamista a las solicitudes de los prestatarios se entenderá aceptado el petitum del consumidor, siempre que cumpla con los criterios establecidos en el párrafo tercero de este artículo. Pero es que el artículo 5 no tiene párrafo tercero. (Aplausos). Octavo, una proposición de ley que crea un marco de inseguridad jurídica preocupante al prohibir en el artículo 3.2 ir a juicio cuando el contrato pueda ser objeto de esta ley. Es una inseguridad jurídica que podría afectar a la confianza en la estabilidad y previsibilidad de los procedimientos judiciales. Noveno, una proposición de ley que propone plazos de resolución para prestamistas y para el Banco de España poco realistas. Décimo, una proposición de ley sin cláusula temporal que nos diga que se aplicará a las hipotecas desde un momento determinado. Undécimo, una proposición de ley de la que el grupo proponente es SUMAR.»
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Pablo Sáez Alonso-Muñumer · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Gracias, señora presidenta. Señorías, nos presenta SUMAR una proposición de ley que llama la atención por sus omisiones, por sus errores y por su falta de claridad; una proposición de ley continuación de una pregunta que SUMAR hizo al Gobierno hace once meses y cuya respuesta parece que no convenció al grupo proponente. Nada extraño, sabiendo que estamos ante el Gobierno del bulo, ante el Gobierno de la mentira y ante el Gobierno del engaño. Respondía el Gobierno que las estadísticas que anualmente proporciona el Banco de España no reflejan en su memoria de reclamaciones una incidencia de extensión relevante de la posible falta de transparencia de las cláusulas REDAL ni de los perjuicios de las mismas. Es una proposición de ley en la que nos llaman la atención los siguientes puntos. Primero, omiten en su exposición de motivos, no sé si deliberadamente o no, la legislación aprobada en los años 2012 -el Real Decreto Ley 6/2012- y 2022 -Real Decreto Ley 19/2022, sobre códigos de buenas prácticas-. Este último caso es curioso, ya que SUMAR omite mencionar un real decreto de su propio Gobierno; parece, por tanto, que no están muy contentos con lo que aprueban. Segundo, una proposición de ley que, cuando menciona la falta de unicidad de criterios, confunde aplicación con emisión de sentencias judiciales. Tercero, una proposición de ley que no explica en su exposición de motivos las razones por las que no se considera adecuado el sistema de reclamaciones existente y pide a las entidades de crédito implantar un sistema de reclamación específico. Cuarto, tampoco nos explica el Grupo SUMAR si esta iniciativa va a paralizar la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero por parte de este Gobierno, un organismo que, según está previsto, resolverá con carácter vinculante reclamaciones contra incumplimientos de normas de conducta e incumplimientos de buenas prácticas y usos financieros. Quinto, una proposición de ley que reconoce el fracaso del Plan de Educación Financiera 2022-2025, promovido por la Comisión»
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Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Por consiguiente, ante lo que implica todo este escenario, es evidente que es responsabilidad de esta Cámara poner sobre la mesa soluciones. Cuando la situación, además, es de claro desequilibrio, como comentaba antes, de fuerzas, de autoridad, de recursos entre ambas partes, estas soluciones no pueden pasar por que ambas partes se vean forzadas a llegar a acuerdos, porque es obvio que no lo pueden hacer entre iguales, de tú a tú. Por lo tanto, es necesario que intervengan terceros para poder evitar también la judicialización excesiva actual y la incertidumbre por la disparidad de criterios judiciales en función de la sede judicial donde se interponga la reclamación. Si además también se tiene en cuenta la cantidad de informes y advertencias realizados por algunos ministerios del Gobierno, el Banco de España y otros organismos, esa diferencia todavía es más manifiesta, y la necesidad de establecer una regulación de estas cláusulas abusivas y de mecanismos de control adecuados, todo ello deviene todavía más necesario. Por lo tanto, sin entrar en los tecnicismos propios de la propuesta, lo más relevante de esta proposición de ley es la voluntad de proteger a los clientes de las entidades financieras ante las dudas, las incertidumbres, incluso los abusos que pueden llevar a cabo con las cláusulas REDAL. La cláusula REDAL y sus efectos son poco conocidos en nuestra sociedad y alguien podría pensar que no vale la pena dedicarle esfuerzos ni atención en este hemiciclo, pero sí, lo son; de hecho, son pocos conocidos sus efectos, pero evidentemente son absolutamente letales y ahí es donde está el quid de la cuestión, porque el desconocimiento sobre las cláusulas que tienen los ciudadanos es lo que facilita su implantación por parte de algunas entidades bancarias; un desconocimiento que hace que además su impacto sea elevadísimo y la indefensión del ciudadano a menudo desesperante. Por lo tanto, cabe una regulación para evitar una excesiva judicialización y también para evitar que a algunos clientes hipotecados les puedan arrebatar su vivienda por culpa de estas cláusulas.»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«En vez de saturar los juzgados o hacer reclamaciones al Banco de España, que es lo que está pasando actualmente, nuestra propuesta plantea la revisión por parte de la Administración de esas hipotecas, poner en marcha una solución financiera que, como hemos dicho, no supone un perjuicio para la banca, sino una renegociación de la deuda. Esta proposición de ley pretende poner fin a una larga situación injusta de los contratos hipotecarios firmados antes de 2011. En aquel año se dictó una orden ministerial muy moderna, protectora de los consumidores, ajustada al derecho europeo y elaborada con mucho detalle. El problema es que los firmantes de antes del 2011 no gozaron de la protección de la orden ministerial, firmaron sus contratos mediante una normativa insuficiente para la protección del cliente bancario en préstamos variables, cuota creciente, IRPH, cuota francesa, etcétera. La presente proposición de ley no solo arregla el problema de cientos de miles de afectados, sino que ofrece una solución justa, en la que unos no pierden la vivienda, y otros, la banca, no pierden dinero; es más, según en qué situaciones, como he dicho antes, llega a ingresar más intereses por sus préstamos.»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Ese grito de socorro de los afectados hizo que la dirección general se pusiera en acción. Al observar detenidamente esas denuncias, el equipo jurídico de la Consejería de Salud del Govern balear, encabezado por Jesús Cuartero, Sebastià Vanrell y Ana Maturana, a quienes reitero mi agradecimiento, igual que a Patricia Gómez y a todo el personal de Consumo de la Dirección General, detectó la falta de transparencia, publicidad engañosa y posteriormente abusividad. No todo era sancionable, pero algunos de los errores sí, y las entidades a las que se abrió expediente pagaron. Y paralelamente se encargó un estudio al prestigioso matemático Guillem Bou, que había participado en el informe del Síndic de Greuges de Catalunya. Era uno de los expertos que detectaron el abuso de las llamadas hipotecas IRPH: cobraban dos veces las comisiones, y ese error inicial se arrastraba a lo largo de la vida del contrato. A su vez, los bancos hacían caso omiso a una circular de 1994 del Banco de España que avisaba del exceso que se cometía. El resultado era que ese tipo de hipotecas IRPH, por mucho que bajara el euríbor, nunca bajaban y seguían muy por encima del resto de las hipotecas variables. Los informes encargados buscaban la demostración matemática del posible abuso. Se evitó la interpretación jurídica, ya que eso corresponde a los tribunales. Se confirmó la doble imposición de las llamadas hipotecas IRPH y también se detectaron treinta y seis errores en las hipotecas de tipo variable. Se demostraba que las hipotecas firmadas antes de 2011 no cumplen con la normativa europea de información al consumidor. Ello se tradujo en contratos irregulares, incluso con graves fallos financieros, con los que muchas familias se embarcaron en deudas aparentemente asequibles pero que a la larga no iban a poder pagar.»
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Fèlix Alonso Cantorné · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Casi la totalidad de las hipotecas variables firmadas antes de 2011 contienen errores. En 2003 ya fueron alertados por el Banco de España. En sucesivas consultas al regulador se ha confirmado que esos contratos deben ser renegociados de forma consensuada por la familia y la entidad, nunca unilateralmente, que es lo que hace la banca. Antes de la regulación de 2011 vivíamos una etapa en la que corría mucho el dinero. Las entidades firmaban hipotecas alegremente, saltándose hasta sus propias normas de conducta financiera. Época de corta y pega, se firmaban ante notario contratos sin fórmulas para calcular la cuota que pagaría la familia. En otros casos existe la fórmula, pero contienen errores matemáticos que la hacen inverosímil. ¿Cuándo surgía el problema? Al cambiar el tipo de interés. Con la revisión de los seis meses o al año, el consumidor se quedaba sin norma y el banco unilateralmente le imponía la cuota. El informe encargado por la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares detectó treinta y seis tipos de errores. El cliente firmaba a ciegas, sin la suficiente información, con errores graves, con falta de transparencia, publicidad engañosa y abusividad. Pero, como con tantas las cláusulas abusivas, Europa terminará dando la razón a los clientes. Y, si sus señorías no lo arreglan, lo hará el Tribunal de Justicia Europeo, colapsando los juzgados, y en ese tiempo centenares de familias perderán su casa de forma injusta. Es un cóctel que se destapó al encargar el informe del equipo matemático del balear Guillem Bou.»
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José Antonio Rodríguez Salas · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la...
«Señorías, las misiones responden a necesidades específicas y no es posible determinar a priori su duración, respondiendo la mayor parte de ellas a compromisos internacionales que no pueden quedar supeditados a límites temporales establecidos de antemano. Y, del mismo modo, no entendemos justificado el porqué de fijar en cinco años el plazo específico que se manifiesta. Además, su propuesta bien puede entrar en colisión con los compromisos internacionales asumidos por España en el ámbito de las organizaciones internacionales de las que forma parte. Nuevamente, tampoco se justifica el plazo fijado, en este caso anual, para la vigencia de la autorización y existen mecanismos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para sujetar a un estricto control parlamentario las decisiones que adopte el Ejecutivo en este ámbito. No olvidemos que la realidad de las misiones internacionales, su carácter contingente debido a la variabilidad de los escenarios en que se despliegan, dificulta la posibilidad de delimitar con carácter previo el número de efectivos y el material necesario. Pese a ello, todas las misiones tienen un número máximo de efectivos, cuya composición inicial puede ser alterada en función del ajuste de operativos que la evolución de la misión pueda requerir, de lo que se informa al Parlamento.»
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José Antonio Rodríguez Salas · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la...
«Esta proposición de ley es además más compleja de lo que a primera vista parece. Mezclan ustedes en ella elementos de carácter concreto y técnico con otros de carácter más político y general, en definitiva, temas y competencias más propias del Ejecutivo con otros relativos a la actividad que en esta casa realizamos. No obstante, hay una parte de su iniciativa que nos parece correcta y la podríamos apoyar si no fuera por el dislate final. Nos parece loable su deseo de más transparencia, si es eso lo que realmente desean. Y también estamos de acuerdo con la petición de más información en una evaluación de las operaciones, así como en explicar los objetivos alcanzados y determinar aquellos que restan por cumplir, pero no como lo piden ustedes, que parecen querer actuar como si del Ejecutivo se tratara, porque, al querer actuar como si fueran Gobierno, acaban cayendo en las clásicas trampas de la burocracia, de la que ya nos avisó Weber. Sorprende también que añadan trámites burocráticos que solo pueden producir efectos indeseados sobre la seguridad y la estabilidad de las misiones, el personal desplazado y el compromiso y el prestigio de España en el seno de la comunidad internacional, y a esto me refería cuando digo que no veo coherencia entre lo que dicen y lo que hacen o respecto a los textos que luego presentan.»
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Alberto Asarta Cuevas · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la...
«En un plano más general y en relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional, deben tener una mayor participación y protagonismo. La ley somete a su debate las decisiones gubernamentales y regula de manera concreta las condiciones que deben cumplir. En la actualidad, el máximo de efectivos militares y de Guardia Civil autorizados fuera de nuestras fronteras está establecido en tres mil. Cualquier aumento de estos, salvo casos de urgencia, debería tener la autorización previa de estas Cortes Generales. En cuanto a los recursos de la defensa nacional, sabemos que España se defiende también junto a nuestros aliados fuera de nuestras fronteras, pero nuestra aportación y atención a esto- deberá apoyarse en el principio de contribución gradual proporcionada a la situación que sea preciso afrontar y, sobre todo, que esa aportación no merme los recursos necesarios para mantener las capacidades precisas para nuestra propia seguridad y defensa. Lo que pasó en Irak no tiene que volver a pasar por la falta de consenso político, tampoco en el contexto actual, como es el envío de material militar a Ucrania, la situación actual de nuestras tropas allí en el Líbano -como he comentado-, la ampliación prevista de nuestra presencia en el flanco oeste de la OTAN y en previsión de otros escenarios que pudiesen surgir. Como dicen en su exposición de motivos y conviene reiterar aquí, tanto la política exterior como la de defensa son políticas de Estado, por lo que los mecanismos de control parlamentario deben incentivar el ejercicio de un mayor rigor político respecto a estas cuestiones, por lo menos entre los partidos de ámbito nacional que creen en la unidad de España, como es el caso del partido al que represento, y que aprovecho para recordarles que representa a tres millones de españoles a los que la izquierda, la ultraizquierda y los partidos separatistas nos están insultando permanentemente, lo que solo demuestra su falta de argumentos para debatir con nosotros sobre asuntos y temas de consenso progre que ustedes daban por cerrados y que mi grupo ha llegado para debatir sobre los mismos y cambiar las cosas. (Aplausos). Señorías, mi grupo votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa que ya ha sido explicada por el grupo proponente, sin perjuicio de las posibles enmiendas que puedan plantearse durante la tramitación parlamentaria. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»
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Alberto Asarta Cuevas · Vox ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la...
«La proyección internacional de España y de nuestra política de defensa en el conjunto de la acción exterior hace que desde finales del siglo XX nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera de nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz e incluso de ayuda humanitaria. (Aplausos). Esta circunstancia demanda incluir en la ley misiones que no estaban recogidas expresamente en la anterior normativa, así como planteamientos rigurosos en cuanto al respeto a la legalidad internacional de dichas operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control. Sirve como ejemplo la misión de Naciones Unidas en el Líbano, la UNIFIL, que tuve el honor y el privilegio de mandar. (Aplausos). En este momento no se están cumpliendo las dos misiones fundamentales que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de la Resolución 1701 de 2006, encomienda a dicha operación, y que no son otras que mantener el cese de hostilidades y apoyar al Gobierno del Líbano y a sus Fuerzas Armadas para que se hagan cargo progresivamente de la seguridad del sur y, en general, de todo el país. Las continuas provocaciones del grupo terrorista Hezbolá y las respuestas por parte de las fuerzas de defensa de Israel impiden el cumplimiento de las citadas misiones, ocasionando que las tropas de la UNIFIL permanezcan en sus bases y posiciones, así como en los búnkeres para protegerse. Señorías, si la misión para la que fueron desplegadas no se cumple, y las partes parece que no tienen interés en que se cumpla, nuestra participación en esta es absurda, toda vez que se están asumiendo riesgos innecesarios. Por ello, nuestras tropas tienen que volver a España, porque donde mejor están es en su casa. (Aplausos). De hecho, el Gobierno de España ya ha aconsejado y facilitado la repatriación de los civiles españoles en el Líbano, ¿por qué no a nuestros soldados? Eso sí, de forma ordenada y pensando en volver si cambian las circunstancias y se vuelve al cese de las hostilidades. Hasta la fecha hay cinco soldados de los cascos azules heridos. El Gobierno no debe esperar a que haya soldados españoles muertos o heridos por posibles fuegos cruzados, errores o acciones premeditadas contra ellos. En este caso, los únicos responsables serán el presidente Sánchez y su Gobierno. (Aplausos).»