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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
8.216 declaraciones · página 260 de 274
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Finalizo, señorías, señalando algo importante. Con su voto hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas como determinar lo que sigue. Ustedes hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleo percibe 480 euros o 570 euros al mes, casi 100 euros más al mes; ustedes hoy van a votar a favor o en contra de si un eventual agrario tiene o no derecho a ser protegido cuando pierda su empleo; ustedes van a votar hoy a favor o en contra de si una trabajadora debe esperar o no un mes para cobrar el paro; ustedes tienen en sus manos decidir si las personas trabajadoras de nuestro país tienen derecho o no a un permiso de lactancia acumulado de 28 días, por el que las mujeres y los hombres, padres y madres de este país, vienen tanto tiempo luchando. Todo esto depende única y exclusivamente de que hagan una cosa: anteponer los intereses del país y de las personas más humildes a intereses que, aunque son muy legítimos, no tienen nada que ver con ello. Estamos hablando de la vida de la gente.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Este real decreto ley incorpora otras materias dignas de mención. Se modifica el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores al objeto de mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas, asegurando siempre la aplicación -y esto es muy importante- de los acuerdos o convenios que sean más favorables para las personas trabajadoras. Además, se introduce en el Estatuto de los Trabajadores una ostensible mejora de la representación laboral de las personas trabajadoras de la cultura en nuestro país -muestra, una vez más, del compromiso con el estatuto del artista- que permita la creación con derechos. En definitiva, el compromiso ineludible de este Gobierno con quienes contribuyen a nuestro pensamiento, a nuestro entretenimiento o a conformar con nuestra más valiosa identidad. Por cierto, un estatuto del artista que fue aprobado por unanimidad de esta Cámara y que hoy también tiene medidas que desarrollan esta cuestión. Y, finalmente, señorías, la urgencia y la necesidad de esta norma que les acabo de presentar no ofrece dudas. El cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 86 de nuestro texto constitucional se satisface por la obligación de dar cumplimiento a los perentorios compromisos que España ha asumido con la Unión Europea, referidos tanto a la trasposición de la normativa de la Unión como a los cambios imprescindibles para poder acceder a los fondos europeos.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«La coordinación de los subsidios con el acceso al empleo es otro de los ámbitos más destacados de este real decreto ley. Por un lado, se generaliza la compatibilidad -y esto es muy importante- del subsidio con el trabajo por cuenta ajena mediante la percepción de un complemento de apoyo al empleo, con un límite máximo de 180 días en una o varias relaciones laborales, con el objetivo, justamente, de facilitar la reincorporación al trabajo. Por otro lado, se refuerzan las medidas que favorecen el acceso al empleo durante la percepción del subsidio: se intensifica durante dicho tiempo el seguimiento de los servicios de empleo competentes; como he dicho antes, se garantiza el acceso a un itinerario personalizado con un plan formativo personalizado, y se prevé una evaluación específica de cada persona sobre los resultados alcanzados. Todas estas medidas serán objeto de las oportunas evaluaciones, como digo, para determinar su incidencia y para poder adoptar decisiones o, si fuera necesario en su caso, eventuales reformas legales. En definitiva, señorías, la reforma del desempleo a la que se dedica la mayoría de este real decreto ley constituye no solo el cumplimiento de un compromiso europeo, sino, lo más importante, la posibilidad de avanzar en una sociedad de derechos constitucionales, de dar cumplimiento a nuestra norma fundamental para que quienes peor lo pasan puedan sentirse verdaderamente protegidos y acompañados sin depender de la beneficencia o la caridad, sino como personas cuya ciudadanía se garantiza a través del reconocimiento de derechos, que es lo propio de un Estado social que no culpabiliza a nadie de su situación, sino que se consagra en satisfacer sus necesidades.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Pero, señorías, no solo ampliamos los colectivos que tendrán derecho a este subsidio, sino que ampliamos la cuantía del subsidio por desempleo, que se incrementa hasta los 570 euros en nuestro país, pasando de los 480 euros al mes. Por otra parte, se simplifica notablemente la gestión de los subsidios en lo referido a la solicitud, al nacimiento y la dinámica de los mismos. Entre ellos, y muy importante, es que eliminamos aquella penalización que obligaba a las personas desempleadas a estar un mes desprotegidas para poder acceder al subsidio. Una vez más, acabamos con la lógica de la estigmatización de aquellas personas que, queriendo trabajar, no podían hacerlo. No tenía sentido que las penalizáramos teniendo que estar un mes sin ninguna protección social. Se amplía a seis meses el plazo de solicitud, lo que permite optar durante ese periodo por la búsqueda de empleo sin necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios. Suprimimos en la mayoría de los subsidios el doble requisito de carencia de rentas, las propias y las de la unidad familiar, para el reconocimiento de los subsidios, de modo que se consideran las rentas propias del solicitante o bien las rentas de la unidad familiar. Además, tanto el requisito de rentas como el de responsabilidades familiares se acreditará mediante una declaración responsable, estos días tan en boga, verificándose estos datos con posterioridad. El reconocimiento inicial y sus prórrogas no será mensual, como hasta ahora. ¿Recuerdan ustedes lo que suponía para un parado o una parada tener que renovar mensualmente, pasar por la oficina de desempleo como una especie de castigo? Pues esto también desaparece en el real decreto que tenemos hoy (aplausos), por supuesto mejorando los derechos de los desempleados, pero permítanme también decirles que eliminando cargas burocráticas a los servicios públicos, a la Función pública de nuestro país.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Voy a resumir de manera sucinta el contenido de este real decreto. Este real decreto avanza de manera crucial en los derechos de conciliación de las personas trabajadoras al reconocer de forma incondicional, como debe de ser un verdadero derecho subjetivo, la acumulación del permiso de lactancia. Ya saben sus señorías que ya no será necesario depender de la negociación colectiva para que todas las personas trabajadoras, incluidas las que no están cubiertas por los convenios colectivos, puedan disfrutar de la acumulación de este permiso. Este permiso va a permitir que tengamos hoy hasta un máximo de veintiocho días de permiso por lactancia. Es un gran avance para que los cuidados no reposen sobre la incertidumbre y la angustia por la falta de tiempo, avance que también se extiende al empleo público con la modificación del artículo 47 del EBEP, que ahora incluye de manera expresa fórmulas flexibles de empleo que permitirán el ejercicio efectivo del derecho a la conciliación de los y las empleadas públicas que ejerzan los cuidados.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Como pueden observar, señorías, se trata muchas veces de falacias repetidas que, por desgracia, hemos vuelto a escuchar estos días. Nos han dicho durante años que la garantía de los derechos laborales y la eliminación de la contratación temporal iban a hundir el empleo, lo hemos escuchado en estos días. Nos han dicho también que la subida del salario mínimo iba a perjudicar el empleo, lo iba a destruir, y decían muchas señorías que incluso íbamos a maltratar a las mujeres y a los jóvenes de nuestro país. Sin embargo, los datos son contundentes y de forma fehaciente nos dicen que tenemos una cifra récord de ocupación en España: 21 265 900 personas ocupadas en España, la cifra más alta de la democracia en nuestro país. Por otra parte, la mejora de la protección por desempleo no es incompatible con la creación de empleo; muy al contrario: la mejora de la protección social es la que aumenta la empleabilidad de las personas. Cuanto más protegida está una persona desempleada, cuanto más la formamos, más oportunidades tiene de encontrar un empleo. Y esto, señorías, ya está sucediendo, a pesar de haber recuperado las cuantías de las prestaciones a los niveles previos del recorte del Partido Popular. Y vamos a seguir haciéndolo así, porque la mejora de la protección social es una cuestión de justicia, de solidaridad, de derechos, pero también es la mejor política de economía en nuestro país. Permítanme recordarles que nada le cuesta más a nuestra sociedad que la desigualdad, es lo más caro que tenemos y es el gran reto que tenemos como país.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Gracias, presidenta. Les decía que la prestación por desempleo no tiene por finalidad la incentivación del empleo, sino el cumplimiento de un mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante una situación de necesidad. Igual sucede con la prestación por incapacidad temporal -ustedes lo sabrán-, que no tiene por objeto curar a las personas, sino que tiene por objeto protegerlas económicamente durante el periodo necesario para su curación. Por ello, permítanme decirles que no puede contraponerse protección contra el desempleo con políticas de empleo, sin perjuicio de que puedan establecer mecanismos de coordinación y compatibilidad que favorezcan o faciliten la coordinación entre las actuaciones de empleo y de desempleo con prestaciones. Ya se ha avanzado en esta dirección con la aprobación, gracias a la mayoría de esta Cámara, de la Ley de Empleo y la reforma profunda de las políticas activas de empleo en nuestro país. En la norma que hoy se convalida o se deroga también se han introducido mecanismos de coordinación, de compatibilidad de la prestación del trabajo, como comentaré más adelante. Permítanme decirles también que en las sociedades construidas a partir del Estado social constituye un dislate culpabilizar del desempleo a las personas que lo padecen por su falta de voluntad de mejorar su empleabilidad o directamente por su falta de voluntad de trabajar, más aún cuando se refiere, en muchos casos, a muchas personas que ni siquiera reciben prestaciones, ni siquiera subsidios. Ya decíamos, con ocasión de la aprobación de la Ley de Empleo y de acuerdo con el pilar social europeo, que hay que situar el epicentro de las políticas de empleo en lo que se denomina el apoyo activo al empleo. Las políticas de empleo han de girar sobre el derecho de las personas desempleadas a ser -esto es muy importante- evaluadas, a recibir apoyo personalizado, continuo y constante para la búsqueda de empleo, de formación y de recualificación, insisto, tal y como ha aprobado esta Cámara en la Ley de Empleo.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Permítanme hablarles de algunos lugares comunes, de algunos mantras. El primero: dicen las señorías y los think tanks económicos de la ortodoxia neoliberal en nuestro país que las prestaciones y los subsidios por desempleo desincentivan la búsqueda del empleo. ¿Me quieren decir ustedes que en mi comarca la gente está en paro porque les gusta? También dicen esos mantras y lugares comunes que las personas desempleadas tienen serios problemas de empleabilidad. Y también dicen esos lugares comunes y esos mantras que el Estado gasta demasiado -y de esto les gusta hablar a algunas personas en nuestro país- en políticas pasivas -hablan de políticas pasivas cuando se refieren a las prestaciones públicas por desempleo- y que, además, deberíamos dedicar más recursos públicos a las denominadas políticas activas de empleo. En definitiva, estos tópicos, señorías, consisten en una única cosa: culpabilizar del problema del desempleo, que es de la sociedad española, a las propias personas desempleadas o a un sistema de protección social que -dicen algunos- es excesivamente generoso. (Aplausos). Permítame, presidenta, hacer algún tipo de consideración a este respecto. En primer lugar, señorías, les rogaría que técnicamente nos expresásemos bien, porque es una enorme incorrección técnica hablar de políticas pasivas de empleo cuando ustedes se refieren a las prestaciones públicas por desempleo e, insisto, en contraposición permanente al concepto de políticas activas de empleo. Señorías, la protección por desempleo no es una política de empleo. Dickens lo entendió muy bien, señorías, y el informe Beveridge, más. La protección por desempleo no es una política de empleo, es un derecho constitucional reconocido en el artículo 41 y, por cierto, no tiene ni la misma función ni obedece competencial o financieramente a los mismos criterios de la política pública de empleo de un país. (Rumores.-Pausa).»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«En tercer lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos sociales ha supuesto un gran paso en la construcción y la consolidación de los propios sistemas democráticos, pues tales derechos fortalecen el principio de ciudadanía, independientemente de la fortuna de cada una de las personas. Por cierto, señorías, no está de más recordar en este momento que el reconocimiento constitucional de tales derechos y el establecimiento de un Estado social y de derecho que homologara España al resto de los países de nuestro entorno se demoró en nuestro país, lamentablemente, durante cuatro largas décadas como consecuencia de un golpe de Estado y una posterior dictadura. Pues bien, entre dichos derechos sociales ha ocupado y ocupa un papel particular la protección por desempleo. Es el instrumento imprescindible para luchar contra la pobreza y la desigualdad, pero es también una exigencia democrática. Por eso, señorías, no solamente hay que mantenerlo, sino que tenemos la obligación de mejorarlo paulatinamente. Como les he dicho, el artículo 41 señala que los poderes públicos tienen que garantizar la asistencia y las prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de desempleo. El cumplimiento de este mandato se aplicó inmediata y decididamente -lo recordarán ustedes- con la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo, que establece en España por primera vez un verdadero sistema de protección social en nuestro país. La protección por desempleo ha sido desde entonces objeto de numerosas reformas, como ha pasado con las reformas laborales, y me van a permitir que les diga que esas sucesivas reformas generalmente se han dirigido, primero -y escuchemos bien-, al endurecimiento del acceso y la reducción de la protección social en el nivel contributivo y, por otra parte, a la ampliación de manera aluvional y desordenada de los supuestos y los colectivos destinatarios de los subsidios del nivel asistencial con prestaciones mínimas. Por otro lado, no puede ocultarse el hecho de que la protección pública por desempleo ha estado desde su propio nacimiento amenazada y en la permanente diana de las políticas neoliberales en nuestro país, entre las que han destacado particularmente, señorías, las que han desplegado los gobiernos del Partido Popular.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«El reconocimiento constitucional de los derechos sociales supone y supuso, en primer lugar, una reacción y un antídoto contra la pobreza y la desocupación, que estuvieron en la base del gran malestar social de los primeros años del siglo pasado. Estos influyeron tan negativamente en las crisis que desembocaron justamente en las dos terribles guerras mundiales. La incertidumbre e inseguridad derivadas de la pobreza y el paro debían ser eliminadas por instrumentos públicos y universales de protección, en definitiva de Seguridad Social. En segundo lugar, se configura como una cuestión de justicia social. La reconstrucción de Europa tras las dos grandes guerras requería de esfuerzos de la ciudadanía y debería también comportar, como saben ustedes, el reconocimiento de nuevos derechos sociales, entre ellos, la salud, la educación y, por supuesto, la protección social. Como se decía en la Gran Bretaña del 45, y cito literalmente, 'si hemos sido capaces de trabajar juntos y orientar los recursos y la economía del país para ganar la guerra al nazismo, ahora hay que trabajar juntos y orientar los recursos y la economía del país para ganar la guerra a la injusticia, la pobreza y la desigualdad'. (Aplausos).»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la...
«Gracias, presidenta. Decía que la doctrina del Tribunal Constitucional ha reiterado en nuestro país que la Seguridad Social constituye una función del Estado. Dice más, el artículo 41 impone a los poderes públicos la obligación de mantener un sistema de carácter público que proteja frente a situaciones de necesidad con un conjunto de prestaciones -y aquí la clave- que sean suficientes. Es una obligación que supone el correlativo derecho de la ciudadanía a obtener tales prestaciones mínimas. Y, a pesar del importante papel de la ley en la definición de los contenidos concretos de dichos derechos, el Estado -insisto- ha de mantener unos niveles adecuados de protección para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales. Este precepto, por otro lado, no puede ser interpretado aisladamente ni desconectado de sus antecedentes. El artículo 41 de nuestro texto constitucional bebe de las fuentes del mejor constitucionalismo, de aquella, por ejemplo, que incorporó un reconocimiento amplio y expreso de los derechos sociales, y, como saben sus señorías, arranca en la Constitución de Weimar, del año 1919, continúa con la Constitución republicana del año 1931 y hoy se consagra en el conjunto del denominado constitucionalismo social. Es una tradición constitucional que incorporó plenamente los ideales Beveridge, de cuyo informe hoy se cumplen ochentaiún años, cuando -recuerden ustedes- se reivindicaba la necesidad de un sistema de protección social público universal que atendiese las situaciones de necesidad de la ciudadanía; ideas sobre las que a partir del año 1945 se comienzan a edificar en Europa los denominados Estados del bienestar, que, como pueden conocer ustedes, se ilustra bien, por ejemplo, en una gran película, El espíritu del 45.»
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Pedro Luis Huguet Tous · PP ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Yo me he pasado treinta años ejerciendo en los juzgados. ¿Es que alguien que haya redactado esto ha ido a un juzgado a ver cómo funcionan las videoconferencias? Nos hemos pasado la vida luchando por la inmediación, y la justicia real, la justicia material se consigue con la inmediación del juez. La videoconferencia tiene extraordinarios papeles en el juzgado, puede hacer muchísimas cosas, la audiencia previa obligatoria puede hacerse por videoconferencia, pero la inmediación en una vista oral es imprescindible. Lo dice nuestro Tribunal Supremo, lo dice nuestro Tribunal Constitucional y lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La inmediación en los procesos es absolutamente necesaria precisamente para alcanzar esa justicia real. Ustedes nos traen aquí una especie de refrito de los proyectos de ley que presentaron, pero lo que ese refrito pone de manifiesto es que ustedes no tienen un modelo de justicia. ¿Lo tienen? ¿Qué modelo es? Empezamos la casa por el tejado. Pero nuestra justicia no puede aguantar una chapuza más. Hemos de ser conscientes de la situación que después de la pandemia y las diferentes huelgas se ha producido en la Administración de Justicia, y no puede aguantar una chapuza más y esto es una verdadera chapuza. Ustedes lo proponen sin un modelo de justicia, sin conocer el tipo de implantación territorial, sin determinar si tendremos juzgados de primera instancia o tribunales de primera instancia, y las herramientas tecnológicas no son las mismas si tenemos un juzgado de primera instancia o tribunales de primera instancia. Lo que hacen es implementar una serie de herramientas, que dicen que van a entrar en vigor, pero no sé si se acuerdan de que la Ley de 2011, sobre las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, aún no está implementada. No tenemos el expediente judicial ni siquiera en los juzgados, siguen tramitándose los procedimientos en papel. Por lo tanto, señorías, carecen ustedes de modelo de justicia, y lo primero que hay que hacer es tener un modelo de justicia. Y respecto a las videoconferencias, pueden ustedes establecer diferentes criterios para ellas, pero nunca el carácter obligatorio, porque vulnera un derecho fundamental, que es la inmediación para que el juez tenga relación directa con las partes. No puede ser lo habitual la videoconferencia y la excepción la no videoconferencia. Decía el ministro antes que con las excepciones...»
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Pedro Luis Huguet Tous · PP ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Y nos dicen ustedes que es para cumplir el compromiso número 11 de la reforma 2 que ustedes presentaron ante la Unión Europea. Señorías, la paradoja ya es extraordinaria. Ustedes, cuando lo presentaron a la Unión Europea, titularon ese compromiso 11 como reforma para impulsar el Estado de derecho, y lo hacen mediante un real decreto que vulnera la separación de poderes, que precisamente lo que hace es vulnerar el Estado de derecho. Ese es el título que ustedes le dieron, y esa es la paradoja que se produce en esta convalidación. Miren, no cumple los requisitos. Y no hace falta entrar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los requisitos del real decreto ley y la urgente y extraordinaria necesidad, basta con ir a la disposición final novena. Óiganme: ¡Establecen una vacatio legis en un real decreto ley! (Aplausos). ¿Dónde está la urgente y extraordinaria necesidad? Es una vacatio legis con la que aplazan la vigencia. Unas cosas entran en vigor al día siguiente, otras a los veinte días, otras a los tres meses y otras en 2025. ¡Esa es la vacatio legis de un real decreto ley! La facultad legislativa del Gobierno se basa en la extraordinaria necesidad, pero ¿cómo vamos a ver extraordinaria necesidad cuando se establece un aplazamiento de la entrada en vigor de ese propio real decreto ley? (Aplausos). Por tanto, no existe ni extraordinaria ni urgente necesidad en este real decreto ley.»
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Pedro Luis Huguet Tous · PP ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La primera sorpresa en este Pleno es que Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir, como debe ser, en la sede de la soberanía nacional. Parece ser que deben estar negociando en algún despacho oscuro. Y los españoles serán conscientes hoy de quién, de verdad, gobierna en este país. Esta mi primera intervención en este Pleno me ha servido para desempolvar mis apuntes de primero de Derecho, porque de lo que vamos a hablar hoy aquí es de primero de Derecho o, como a la vicepresidenta le gusta decir, de primero de democracia. Estamos ante un real decreto ley que más que un real decreto ley es un código completo que usurpa las facultades legislativas a este Parlamento, eso es lo que es. (Muestra una copia del real decreto ley). Traen ustedes a convalidar un real decreto ley de 170 páginas, 4 libros, 12 títulos y ni más ni menos que 27 capítulos. Eso es lo que nos traen ustedes a convalidar. Y repito: Eso usurpa la facultad legislativa de este Parlamento.»
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José Luis Aceves Galindo · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Respecto al segundo libro, Función pública, tema del que soy portavoz, señorías, yo veo que al Partido Popular siempre le ha molestado lo público; siempre le molesta y siempre intenta atacarlo desde cualquier perspectiva, para ir en contra de los intereses públicos. Y yo les digo hoy: Lo primero desde mi grupo siempre, apoyo y afecto a los 2,7 millones de empleados públicos de nuestro país, a los más de medio millón de empleados públicos de la Administración General del Estado, que es de lo que van estas medidas. Pero, claro, después del acuerdo con los sindicatos del sector, que llevó a la consideración de la llegada de un proyecto de ley en la pasada legislatura de Función pública de la Administración del Estado y de donde provienen estas medidas, yo pregunto, señorías: ¿No comparten que en nuestro país el diálogo social funciona, que el diálogo social sirve para avanzar y que en este caso esto viene de la mano del acuerdo del diálogo social? ¿También niegan incluso eso en nuestro país las señorías de la derecha? La verdad es que resulta increíble. Yo les pregunto: ¿No comparten la transparencia y la agilidad en los procesos selectivos? ¿No comparten la evaluación del desempeño? (Continúan los rumores). ¿Cuántas veces el Partido Popular trajo al Congreso que había que tener en nuestro país un estatuto...»
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José Luis Aceves Galindo · PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Yo les digo claramente: Vamos a hablar de cada uno de estos libros. Y en cuanto al primero, señorías, este Real Decreto ley incluye el mayor avance en transformación digital de la historia de la justicia en nuestro país, lo que se traducirá, fundamentalmente, en un mejor servicio público a la ciudadanía. Además, adapta la realidad judicial española al marco tecnológico y digital. Y yo les pregunto, señorías de la derecha: ¿Niegan el objetivo de adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual? ¿No están de acuerdo con la eficiencia procesal? ¿No están de acuerdo con ser más ágiles y hacer frente al incremento de la litigiosidad? ¿Rechazan el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos? ¿Se oponen a la Carpeta Justicia? ¿Rechazan el expediente judicial electrónico, que incluye todos los documentos importantes y las actuaciones que cada procedimiento judicial tiene en paralelo? ¿No comparten el expediente electrónico entre órganos judiciales y otros órganos de la Administración? Señorías, centrémonos, de eso estamos hablando, de modernizar, de ser más eficaces, de ser más eficientes, de dar un buen servicio a la ciudadanía desde este Parlamento haciendo política útil al apoyar lo que va a ser mejor para la gente. Además, señorías de la derecha, cuando uno niega que el avance supone un buen recorrido para la ciudadanía se convierte en un partido antisistema, en un partido y unos diputados que van contra los intereses de la ciudadanía. Así que, señorías, creo que ahí es donde deberíamos centrar el debate. (Continúan los rumores).»
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Emilio Jesús Del Valle Rodríguez · Vox ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Además, en la redacción del real decreto ley se utiliza el lenguaje no sexista; bueno, ahora se llama lenguaje inclusivo. Utilizan el desdoblamiento innecesario, que estorba, molesta y dificulta la comprensión e incomoda la lectura. Y como siempre que hacen esto, meten la pata. Se utilizan expresiones como juez y jueza, letrado y letrada, procurador y procuradora, ciudadanos y ciudadanas, abogados y abogadas, pero luego, por ejemplo, en el artículo 10, al regular los servicios en las sedes judiciales electrónicas, se indica que tendrán obligatoriamente un ejemplar de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Y los derechos de las ciudadanas ante la justicia, ¿dónde están?, ¿dónde quedan? Claro, a mí me entra la duda de si esto es un error o está hecho a conciencia, porque, dentro de estos mantras neofeministas de izquierda radical que asume este Gobierno, igual es que están pensando que las mujeres no precisan de una carta de derechos porque están por encima de todo esto. Claro, como yo desconozco hasta dónde llega esa ideología tan extrema, puede ser que digan que la carta delimita los derechos de los varones ante la justicia pero las mujeres no tienen que tener delimitado por una carta sus derechos ante la justicia. Por, tanto, puede ser que no sea un error y que esté hecho a conciencia. También llama la atención la nueva redacción que se da al artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su punto 1 habla de procurador y procuradora y en su punto 2 solo de procurador. Nos vuelve a entrar la duda de si es un error o es que el punto 2 no quiere aplicarse cuando se trata de procuradoras. O el 18 de la jurisdicción social, donde, dándole nueva redacción -insisto-, se habla de abogado, procurador, graduado social pero en el mismo párrafo se habla de letrado o letrada de la Administración de Justicia. Y así podríamos seguir mencionando muchísimos artículos más.»
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Emilio Jesús Del Valle Rodríguez · Vox ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«En línea con el punto anterior, se añade una disposición adicional cuya finalidad es invocar los derechos históricos de Cataluña y su posición singular en materia de sistema institucional, y sujeta la aplicación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su conjunto al respeto, en todo caso, de esa posición singular. No nos cabe ninguna duda de que es una cesión a los separatistas catalanes y que la singularidad reclamada y lo que hay detrás de ese cambio tampoco puede ser apoyado ni aceptado por nuestro grupo parlamentario. Igualmente, en estas disposiciones adicionales se modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, reduciendo el número de habitantes exigidos para que una localidad pueda constituirse en un municipio independiente. En concreto, se rebaja a que al menos tenga 4000 habitantes, para así contentar a los nacionalistas vascos que han aplicado ya esta norma para la constitución del municipio vizcaíno de Usansolo. Es decir, el Gobierno ha aprovechado la aprobación del real decreto ley para contentar a los nacionalistas y a los separatistas.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Uno de los problemas fundamentales tiene nombre, y se llama infrafinanciación. Hasta que no alcancemos el 33 % de participación de los tributos del Estado para las entidades locales no podremos hablar de suficiencia financiera de las entidades locales. Emplazamos a los señores del Partido Socialista a ese debate. A nuestro entender, aunque vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley, este puede ser mejorado a través de su tramitación como proyecto de ley, y aquí nos encontrarán para todo lo que signifique avances en derechos y en la mejora de los servicios públicos. Muchas gracias a los que me han atendido. (Aplausos).»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Esto entronca con el siguiente bloque, el que contiene la Ley de Función pública. En la motivación ustedes repiten que hay que culminar un proyecto de Administración del siglo XXI, y es loable y es un objetivo compartido. Pero no será una Administración moderna si las empleadas públicas no tienen el derecho a la negociación colectiva, y hoy este decreto ley demuestra que no lo tienen. En la motivación también hablan de que vamos a tener un sistema de Función pública coherente y completo. A lo de coherente yo no les pongo pega, los sindicatos sí se la están poniendo porque no han negociado las normas de Función pública. Pero lo de completo sí se lo discuto, porque queda mucho que hacer en esta materia, y esperamos que en esta legislatura se puedan dar debates serios sobre qué Función pública queremos en el futuro. Porque no se puede hablar de Administración del siglo XXI mientras haya colectivos de empleadas públicas precarizadas, como las auxiliares de ayuda a domicilio, o colectivos injustamente tratados como los CCAE, y no sigo nombrando más, porque la lista de colectivos pendientes de solución podría ser eterna. Por eso no habrá un sistema de Función pública coherente y completo hasta que la precariedad y las situaciones discriminatorias no sean desterradas de nuestra Administración pública. Respecto a las medidas de las entidades locales, diré que son concretas y algunas inciden en la garantía de prestación de servicios públicos, pero este decreto no va a resolver los problemas estructurales que tiene nuestra Administración local.»
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Engracia Rivera Arias · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Muy buenos días. Hoy venimos a convalidar un decreto ley, el 6/2023, conocido en la prensa como ómnibus por la variedad de temas que recoge. En este decreto ley, con el objetivo declarado de adaptar el derecho a la tutela judicial efectiva de las nuevas realidades, se recogen un buen número de modificaciones y 259 millones de euros de presupuesto para modernizar y agilizar la Administración de Justicia. Este es un buen paso, pero nos resulta insuficiente para poder satisfacer las reclamaciones de las trabajadoras de la Administración de Justicia y nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar sus salarios, especialmente en la escala de servicios generales. También contiene la Ley de Función Pública, que decayó en la anterior legislatura al disolverse las Cortes y convocarse elecciones. Igualmente, modificaciones de la ley de bases y también completa la legislación del Estatuto del Artista. ¿Y cuál es la principal motivación para traer a convalidar tal cantidad de normas y tan variadas en un solo decreto ley? Pues que todas las normas incluidas en este decreto, supuestamente, garantizan el cumplimiento de los objetivos y los hitos comprometidos en el plan de recuperación. Eso permitirá acceder al cuarto pago, que tiene un montante de 10 000 millones de euros. Si dicho decreto no se consolida, nuestro país perdería 10 000 millones de euros para dedicar a la reindustrialización estratégica de este país. Y hay grupos que han anunciado que votarán en contra, como Junts, que diuen que no poden votar el decret llei perquè la modificació d'un article i el que diu la modificació ja és pràctica comú als tribunals. A nosaltres no ens sembla prou motiu per perdre 10 000 milions d'euros que beneficiaran, sobretot, les comunitats autònomes. Des d'aquí els vull demanar que avui votin a favor i a la tramitació com a projecte de llei els donarem suport en allò que vostès considerin que pot ser millorable.»
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Félix Bolaños García Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes· PSOE ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del...
«Les doy cuenta de manera muy sucinta de cuál es el contenido del real decreto ley. Saben ustedes que tiene cuatro libros: el primero sobre justicia; el segundo sobre función pública; el tercero sobre régimen local y el cuarto sobre mecenazgo. Sobre el primero de ellos, transformación de la justicia, se regula en el libro primero, da cumplimiento al componente undécimo del plan de recuperación y básicamente contiene dos normas que estaban en tramitación parlamentaria en la legislatura anterior: la ley de medidas de eficiencia digital y, en parte, también la ley de eficiencia procesal. Estas normas persiguen un objetivo muy claro, que es conseguir una justicia más moderna, más ágil, más digital y mucho más cercana a la ciudadanía. Se introducen reformas dirigidas a adaptar el servicio público de la justicia al marco tecnológico y digital actual. Pretendemos consolidar el derecho de los ciudadanos y de los profesionales a relacionarse por medios electrónicos con la justicia, como ya sucede en la Administración General del Estado y en otras administraciones territoriales. Esto incluye, por ejemplo, la celebración preferente de vistas a través de vías telemáticas, la creación de la carpeta justicia para que ciudadanos y profesionales puedan, de manera muy sencilla y fácil, consultar los expedientes judiciales y realizar trámites a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, y también el impulso al expediente judicial electrónico que reúne todos los documentos y todas las actuaciones que se incluyen en un procedimiento judicial. Fortalecemos, esto es importante también, la interoperabilidad entre operadores jurídicos, es decir, no solo entre administraciones de justicia y no solo entre juzgados, sino también entre otros operadores como registros, notarios, etcétera, que permitirá que ahora gestiones, que podían durar meses, se puedan hacer en horas, porque se van a hacer de manera digital. También hemos incluido, como les decía al principio, medidas de eficiencia procesal dirigidas a simplificar y facilitar procedimientos, por supuesto sin afectar ninguna garantía procesal ni ningún derecho de las partes.»
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María Jesús Montero Cuadrado Vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública· PSOE ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente sobre las medidas que piensa adoptar para cumplir la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de...
«En definitiva, señor Bravo, le he contestado a las preguntas. (Un señor diputado: No). Le he contestado a todas las preguntas que usted me ha formulado. (Aplausos). Y respecto a la última, sobre el chantaje, ¿un titular de prensa son las palabras que ha dicho la ministra? Si un titular de prensa fueran las palabras que dice la ministra, el señor Feijóo o el señor Bravo, no tendríamos tiempo en el día para poder desmentir y seguir respondiendo a titulares que son falsos. Yo nunca he amenazado, ¿Cómo que he amenazado? Hay una realidad: si resulta que el Partido Popular no quiere aprobar -está en su derecho- los objetivos de estabilidad presupuestaria que mejoran el gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos, van a volver a objetivos de estabilidad más estrictos, esa es la verdad. Y lo que yo pregunto es por qué van a perjudicar a comunidades autónomas gobernadas por el PP, a ayuntamientos gobernados por el PP por el simple hecho de practicar una política de tierra quemada, por el simple hecho de creer que si tumban el techo de gasto, que no se vota -como saben ustedes, son los objetivos-, si tumban los objetivos de estabilidad... Ustedes sostienen que el Gobierno de España no puede formular presupuestos, eso es lo que ustedes hasta ahora han dicho. ¿Las comunidades autónomas sí? ¿Los ayuntamientos sí? Es decir, según ustedes, los objetivos de estabilidad por subsectores solo impiden no formular presupuestos al Gobierno de España. Ahora, Andalucía, Madrid y Valencia, ellos sí pueden formular presupuestos porque parece que no les atañe la estabilidad presupuestaria. Ustedes, si en el Senado votan en contra de los objetivos de estabilidad estarían diciendo, según su teoría, no la mía, la suya...»
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Mónica García Ministra de Sanidad· MM ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente a la Ministra de Sanidad sobre la planificación y asistencia sanitaria que va a...
«Señora De Meer, ¿qué parte de mi intervención se ha perdido?, porque yo no le he hecho oposición a nadie. (Rumores). He hecho un diagnóstico de lo que ha pasado durante estos años y le he traído todos los proyectos del Gobierno, todos los que están financiados con fondos europeos. Les he contado que ha habido más de 2300 millones que se han repartido entre las comunidades, entre otras cosas para homogeneizar la atención a los pacientes y para coordinar la atención de los pacientes. Y no, no estoy de acuerdo con la desigualdad, pero, hombre, que venga un partido de derechas a hablarme de la desigualdad, cuando sus políticas son las políticas estructurales de la desigualdad, las que traen como consecuencia la desigualdad, es un poquito de chiste. (Aplausos). Usted me dice que me van a vigilar de cerca. Yo me conformo con que no me quieran colgar de los pies, sinceramente. (Rumores). Dice que van a hacer una oposición firme. Y ha hablado también de hipocresía y de irresponsabilidad, porque la mayor trampa para la sanidad son las comunidades autónomas. Ustedes gobiernan algunas comunidades autónomas, ¿no? ¿O no gobiernan en algunas comunidades autónomas, señorías de VOX? Ustedes gobiernan con el Partido Popular, y me hablan de copago. ¿Saben cuál es el partido de los copagos? Ese con el que gobiernan en las comunidades autónomas. ¿Ustedes creen que la mayor trampa de la sanidad son las comunidades autónomas? Dimitan de sus cargos en las comunidades autónomas, así de fácil lo tienen. (Aplausos).»
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Mónica García Ministra de Sanidad· MM ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente a la Ministra de Sanidad sobre la planificación y asistencia sanitaria que va a...
«El Ministerio de Sanidad, como garante y coordinador del Sistema Nacional de Salud, está haciendo un gran esfuerzo no solo por corregir el rumbo para ofrecer un acceso equitativo a todos los ciudadanos y ciudadanas, sino también para marcarnos un rumbo mucho más ambicioso. En este sentido, este ministerio tiene tres prioridades: la primera, recuperar el orgullo de nuestra sanidad, que nunca se debió perder, y eso tiene que ver con revertir totalmente el daño que hicieron las derechas a la sanidad universal. Debemos cuidar a nuestros profesionales sanitarios con la meta de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres y madres sean atendidos por profesionales con buenas condiciones de trabajo, una buena formación y buenos entornos donde desarrollar su profesión. La segunda misión es adaptar nuestra sanidad al siglo XXI en materia de salud mental y de salud pública, así como -sí, señorías de VOX, negacionistas climáticos- en materia de emergencia climática, con el objetivo de conseguir vidas sanas para sociedades más libres y justas. Y la tercera es el reto de ensanchar nuestra sanidad pública, ampliando la cartera de servicios y reforzando su piedra angular, que es la atención primaria.»
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Mónica García Ministra de Sanidad· MM ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente a la Ministra de Sanidad sobre la planificación y asistencia sanitaria que va a...
«Muchas gracias, presidenta. Señorías, como ministra de Sanidad comparezco hoy para informarles sobre las medidas que está desarrollando el Gobierno de España para garantizar, efectivamente, el derecho a la protección de la salud, que está incluido en nuestra Constitución, en concreto en el artículo 43, y en especial a las personas con enfermedades crónicas gravemente limitantes. Vivimos en un país que se enorgullece de su sistema de bienestar social y del derecho a la protección de la salud, porque es una piedra angular de nuestro sistema, como establece nuestra Constitución y como lo establece también la Ley General de Sanidad de 1986, en la cual ya se incluía -y nos sentimos profundamente orgullosos- la universalidad de la asistencia. Señorías de VOX, veo que no han aprendido nada nada de la pandemia. La pandemia nos enseñó que para estar sanos tiene que estar sano nuestro vecino, para que nosotros estemos bien, tiene que haber sanidad universal. (Aplausos). Los años comprendidos entre 2009 y 2018 fueron los años conocidos como la década perdida por organizaciones como Amnistía Internacional -a la que supongo que ustedes no reconocen- y supusieron un agrietamiento en la inversión sanitaria de nuestro país y, por tanto, un ataque directo al corazón de nuestro sistema de bienestar, una situación que adquirió una dimensión todavía más grave por la emergencia sanitaria de la COVID-19 durante los años posteriores. Nuestro Sistema Nacional de Salud, como modelo de atención integral, abarca desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, hasta la atención curativa, rehabilitadora y de cuidados paliativos, y esta atención se resintió gravemente por culpa de los recortes, la desinversión, los copagos y las políticas de austeridad. No tenemos ninguna duda de que ustedes hubieran utilizado estas mismas políticas para afrontar la crisis de la COVID-19. En particular, los recortes se cebaron especialmente con aquellos millones de pacientes que tenían enfermedades crónicas y enfermedades pluripatológicas. Además, la incertidumbre, la demora y la sensación de desamparo se multiplicaron en aquellos y en aquellas con enfermedades poco frecuentes. En los dos primeros años del Gobierno del Partido Popular se disminuyó la inversión en investigación un 30 %. Desde aquí, como ministra de Sanidad, quiero aprovechar para pedir perdón. Quiero pedir perdón por aquellas políticas que fueron dolorosas, injustas e ineficaces, que no estuvieron a la altura de las necesidades y expectativas de nuestra ciudadanía, especialmente de los más vulnerables, que nunca se debieron producir y que nunca más se volverán a producir con un Gobierno progresista. (Aplausos).»
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Rocío De Meer Méndez · Vox ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente a la Ministra de Sanidad sobre la planificación y asistencia sanitaria que va a...
«Señorías, señora García, usted es la ministra de Sanidad de los españoles, usted es la ministra de Sanidad de España, no de los senegaleses. Usted tiene la obligación de ser la ministra de un país concreto, de una patria concreta, de unos ciudadanos en concreto. Su llamada a la inmigración masiva, su llamada a ser los hospitales del mundo es una grave irresponsabilidad, pero además es un acto de hipocresía. Usted, insisto, es la ministra de los españoles, no de los senegaleses, no sea colonialista. (Una señora diputada: ¡Racista!). Señora ministra, la sanidad pública en España es absolutamente precaria, y estos son solo algunos de los datos. Un total de 819 964 pacientes estaban en lista de espera para operarse en el Sistema Nacional de Salud hasta el primer semestre de 2023, lo que supone un aumento de más del 10 % con respecto al mismo periodo del año anterior, un aumento que se ha producido durante una coalición de izquierdas, coalición a la que usted pertenece. El tiempo de demora para entrar en quirófano se situó, de media, en 112 días. La ausencia de los servicios médicos esenciales en las zonas rurales también es una injusticia, porque los habitantes de estas zonas tienen que recorrer también de media 22 kilómetros para ser atendidos en un centro de salud. Las urgencias están completamente desbordadas en nuestro país, y la falta de suministro de medicamentos también es una cuestión muy grave que ustedes se han negado a abordar los últimos años. Señorías, justicia social se aplica en un país, se aplica dentro de unas fronteras. La redistribución de recursos necesita fronteras para ser aplicada. Si no, es lo que ustedes denominan muchas veces -y lo que es de facto- la ley de la selva. Señorías, los derechos laborales también necesitan fronteras, por eso ustedes comparten agenda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con la patronal, porque son los primeros interesados en esa agenda de fronteras abiertas, quienes quieren que exportemos nuestros enfermeros, nuestros profesionales sanitarios, nuestros médicos a Reino Unido y a Alemania para que importemos médicos y profesionales sanitarios del Magreb y poder precarizar sus derechos laborales. (Aplausos). Esta agenda, señorías, la comparten ustedes con la patronal, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con el Foro de Davos. Ustedes, que dicen tanto que la patria es la sanidad y los servicios públicos, ¿por qué los quieren colapsar? ¿Por qué los quieren colapsar para los ciudadanos de España? Ustedes deberían mirar a Europa, como dicen que hagamos los demás, deberían mirar a su alrededor, mirar al resto de países de nuestro entorno y ver cómo precisamente están dando marcha atrás en la universalidad de los recursos públicos, porque los recursos públicos son los recursos de todos los españoles, señorías. Porque el hecho de universalizar los recursos de todos los españoles a cientos de miles, de millones de personas en el resto del mundo precisamente precariza esos recursos para los propios españoles. Mire lo que ha hecho Holanda, mire cómo está dando marcha atrás Francia. Ayer mismo precisamente se aprobó en la Asamblea Nacional francesa que los recursos deben ser para los franceses; la prioridad nacional, que no es más que sentido común, protección de las fronteras y protección de una comunidad. Insisto, justicia social, y la justicia social se da dentro de unas fronteras. Señoría, también es lo que ha hecho Suecia, también es lo que está haciendo Italia. Señora ministra, el 94 % de las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica no pueden pagarse sobrevivir, no pueden pagarse sobrevivir, muchas ni siquiera se hacen la traqueostomía, y no se la hacen porque no pueden permitirse vivir con ella, porque no pueden permitirse pagar los cuidados tipo UCI que necesitan. Ustedes y su Gobierno les niegan la ayuda a estos enfermos. Además, señoría, ustedes quieren poner sus recursos a disposición del resto del mundo, y esto no es, insisto, ni justicia social ni bien común, esto es solo hipocresía.»
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Rocío De Meer Méndez · Vox ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente a la Ministra de Sanidad sobre la planificación y asistencia sanitaria que va a...
«Tampoco creemos siquiera que usted crea en una sanidad pública universal, porque lo cierto es que ustedes y usted, señora ministra, en lo que cree es en diecisiete sistemas diferentes de sanidad. Usted en lo que cree es en un sistema sanitario de desigualdad y de discriminación, señora ministra. Usted, que es profesional médico, ¿qué le parece que un médico de atención primaria en Asturias tenga un mínimo mensual neto de 2195 euros, cuando el mismo profesional en Murcia, haciendo los mismos servicios, recibe un mínimo mensual neto de 3331 euros? ¿Qué le parece a usted, señora ministra, como profesional sanitario? ¿Le parece que eso es justicia social? ¿Le parece que eso es bien común? ¿Le parece que eso es respetar los derechos laborales de nuestros profesionales sanitarios? ¿No le parece que es crear un sistema con médicos de primera, con médicos de segunda, con enfermeros de primera, con enfermeros de segunda? Y, lo que es peor, su sistema fracturado de diecisiete sanidades diferentes también provoca pacientes de primera y pacientes de segunda. Son españoles que tienen una esperanza de vida u otra, unos derechos u otros, un acceso a centros sanitarios u otros, un acceso a servicios que necesitan u otros en función de cuál sea su código postal. Y este es su modelo, señora ministra. ¿Le parece también necesario que un médico deba tener el C1 de catalán para poder operar a corazón abierto? Es otra de las fracturas que ha generado el sistema autonómico, otra de las fracturas que son parte de su programa electoral, señora ministra. ¿Qué le parece la diferencia entre las listas de espera de Andalucía y de Madrid o de cualquier otra comunidad autónoma? ¿Por qué tiene que haber diferencia para que un paciente sea atendido en una comunidad o en otra? Esto es discriminación, esto es desigualdad y, desde luego, es menos país.»
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente en relación con el despliegue y desarrollo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de...
«Venimos de un silencio, cantaba Raimon. Hay un nexo evidente, señorías, entre la Ley de Memoria Democrática y la batalla que tenemos que librar siempre por los derechos humanos, las libertades y la dignidad de las personas. El pasado 30 de octubre, el presidente Sánchez intervino en el Día de la Memoria, donde tuve el honor de representar a mi grupo, y dijo el presidente Sánchez: 'La memoria democrática es una cuestión de Estado que no concierne a una ideología en particular'. Y estoy de acuerdo; sin duda, usted también, señor ministro. Mientras los regímenes totalitarios hacen manifestaciones sectarias, hay que buscar una mirada abierta, transversal y absolutamente reparadora sobre el pasado, sin olvidar, sin embargo, los valores que son el fundamento de la convivencia, de la paz y de la pluralidad. Algunos no lo entienden, señorías, desgraciadamente. Algunos no lo entienden, y debo decir que, curiosamente, son los mismos que ven golpistas por todas partes. Nos llaman a nosotros golpistas, llaman golpista al presidente Sánchez y no condenan o condenan con la boca pequeña a los verdaderos golpistas de 1936 y del año 1981, que son los mismos. Venimos de un silencio, sí, pero el presidente Sánchez y el Gobierno, señor ministro, no se pueden quedar en la retórica.»
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Francesc-Marc Álvaro Vidal · ERC ·
Congreso · PlenoInterpelación urgente en relación con el despliegue y desarrollo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de...
«En este sentido, le pregunto, señor ministro, por la concreción de algunos aspectos relevantes de la ley que paso a detallar. ¿Cuántas declaraciones de reconocimiento y reparación personal a las víctimas se han expedido desde que entrara en vigor la norma? ¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno finalizar los estudios de una primera versión del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática? ¿En qué punto se halla la elaboración del estudio para establecer las medidas y reparaciones de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la Dictadura? ¿En qué punto se haya la elaboración del estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos entre los años 1978 y 1983? ¿En qué punto se haya la creación del banco estatal de ADN de víctimas de la guerra y la Dictadura? Y, finalmente, señor ministro, ¿en qué punto se haya la elaboración del reglamento que contempla la disposición adicional 19.ª de la ley, en relación con la restitución y compensación de bienes y derechos incautados a entidades y particulares, etcétera, etcétera?»