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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Antonio Maíllo @MailloAntonio· IU ·
La mejor forma de defender los intereses de nuestra clase en las instituciones es a través de un Frente Amplio diverso y democrático. @UnaiSordo y @SG_UGT lo tienen claro. @IzquierdaUnida también. Ese es nuestro compromiso. Un compromiso con la clase trabajadora.Ver en X ↗ Ficha cita otro tweet
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Más Madrid (cuenta oficial) @masmadrid__ ·
Más Madrid propone un acuerdo en el que en la circunscripción de Madrid se presente como cabeza de lista Emilio Delgado seguido de Mónica García, con la integración de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos, en el caso de que este último decida integrarse en el Frente Amplio. Además, apuesta por la integración Eduardo Rubiño y Tesh Sidi Se trata así de una propuesta de integración de todos los actores del Frente Amplio y con el fin el desbloquear la situación actual. Además, Más Madrid celebra la incorporación de Gabriel Rufián como cabeza de lista de ERC y espera que se alcance un acuerdo de Frente en Catalunya. -
Carlos Martín Urriza · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley para la puesta en marcha de un instrumento europeo excepcional de contribución sobre...
«Gracias. Dice que el margen sobre ventas del sector energético está en máximos históricos, el margen de las empresas de refino de petróleo alcanza el 28,4 % y el margen del comercio mayorista de combustibles supera el 30 %. 300 euros de beneficio por cada 1000 euros de facturación es un margen abusivo, que no se observa en ninguna otra actividad económica. No estamos, por tanto, viendo únicamente empresas que trasladan a sus clientes el encarecimiento del petróleo, estamos viendo empresas que suben sus precios más de lo que suben sus costes, lo que amplía sus márgenes de beneficio. Eso, señorías, además de un abuso, genera más inflación, cuando la inflación ya roza el 5 %. Esta inflación añadida no la podemos tolerar. Es una inflación que no nace de salarios o de pensiones disparados, tampoco es una inflación generada por un exceso de consumo por parte de las familias. La originan empresas con poder de mercado que aprovechan la crisis para ampliar los márgenes entre lo que les cuesta comprar y lo que cobran cuando venden. Impulsan así aún más el alza de los precios, provocando una inflación de beneficios con origen en la codicia.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«La reducción de víctimas exige una política integral y transversal. Necesitamos más prevención, más educación vial, más infraestructuras seguras, más protección de peatones y ciclistas, más transporte público y más movilidad activa. Y eso se sigue reforzando a través del transporte público con la integración en el billete único (aplausos), para que sean opciones seguras, accesibles y atractivas. Necesitamos seguir incorporando la justicia restaurativa a nuestras políticas públicas, situando a las víctimas en el centro para una mejor protección. Necesitamos avanzar hacia un modelo sancionador más justo, donde las consecuencias económicas de las infracciones estén vinculadas de forma más equitativa a la capacidad económica de cada persona, porque, si no, pasan sin pena ni gloria. Y es que la seguridad vial no se construye fundamentalmente con sanciones; se construye generando responsabilidad colectiva. Y hacia esto podemos avanzar hoy aquí. Señorías, esta iniciativa no pretende señalar hábitos, sino crear sinergias con amplios sectores sociales, prevenir el alcoholismo y conectar esa prevención con la seguridad vial. Pretende recordar algo muy sencillo: conducir exige atención, prudencia y capacidad de reacción. Reducir a cero la presencia de alcohol al volante significa agudizar nuestros sentidos, prevenir mejor los riesgos y actuar con mayor responsabilidad hacia el resto. Ese es el verdadero sentido de esta reforma. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que...
«Estas son unas llaves (muestra unas llaves), las de una casa, las de un hogar, el lugar al que tenemos derecho y el lugar al que esperamos volver. Por eso hoy hablamos también del derecho a llegar a casa. Señorías, hoy debatimos una medida sencilla de explicar y fundamentada en una evidencia que lleva años acumulándose. Cuando hay alcohol al volante, aumenta el riesgo. Cuando reducimos ese riesgo, salvamos vidas. Por eso apoyamos esta toma en consideración. La rebaja de la tasa máxima permitida en la conducción avanza hacia un modelo de mayor protección para todas las personas usuarias de las vías públicas. ¡Qué casualidad! Somos todas y cada una de las personas que convivimos en España. Permítanme comenzar reconociendo el trabajo realizado por nuestro compañero Félix Alonso, anterior portavoz en materia de seguridad vial (aplausos), que defendió esta misma orientación política durante la anterior tramitación. Sin duda, su contribución ayudó a situar este debate donde debe estar: en la defensa de la vida, la prevención y la seguridad vial como política pública prioritaria. Señorías, sabemos que esta medida puede no generar unanimidad; que en todos nuestros pueblos, barrios y ciudades pueden quedar personas con dudas. También sabemos que forma parte de un debate social mucho más amplio sobre determinados hábitos culturales que están profundamente arraigados. Pero es que no queremos mirar a otro lado. Abramos ese nuevo espacio de conversación con la toma en consideración.»
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Laura Vergara Román · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras...
«Pero estamos hablando de la agricultura, que es una de las columnas vertebrales en La Palma; es empleo, es cohesión territorial, es identidad y es arraigo. La principal cooperativa agraria de la isla, Cupalma, agrupa más de 2450 personas agricultoras, genera 300 empleos directos y supera los 60 millones de euros al año de facturación. Cuando hablamos de reconstrucción, no hablamos únicamente de carreteras, fincas o infraestructuras; hablamos de familias, de proyectos de vida, de mujeres rurales y agricultoras que sostienen buena parte de la actividad económica, y de los cuidados, que defiende la juventud que decide quedarse en la isla y defiende nuestros territorios. La erupción duró ochenta y cinco días. La reconstrucción económica, social y emocional de una isla necesita mucho más tiempo y con este real decreto ley se lo queremos ofrecer, porque necesita que las instituciones sigamos acompañando a quienes todavía están reconstruyendo sus vidas. El segundo gran elemento de este decreto tiene que ver con la inversión pública. La norma permite que determinadas comunidades autónomas puedan utilizar parte del superávit, es decir, recursos que ya tenían. Y aquí conviene hacer una reflexión política de fondo. Que necesitemos una autorización específica para invertir en vivienda pública, en transición ecológica o en resiliencia climática significa que seguimos, en buena medida, bajo la arquitectura económica de la austeridad. Es una arquitectura que durante demasiado tiempo ha limitado la capacidad de las Administraciones para responder a las necesidades de la ciudadanía. Y creo que ha llegado el momento de liberarnos definitivamente de esa lógica. Porque la pregunta no es si podemos invertir, la pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo, y no hacerlo para mejorar la vida de la gente. ¿Podemos permitirnos no ampliar el parque público de vivienda cuando miles de jóvenes no tienen acceso a una vivienda digna? ¿Podemos permitirnos no invertir en adaptación al cambio climático cuando sus efectos ya forman parte de nuestro día a día? ¿Podemos permitirnos no invertir en eficiencia energética cuando sabemos que reduce costes para familias, Administraciones y empresas? No podemos.»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley relativa a la aprobación de la Ley de Familias.
«Así que, conociendo la dificultad para encontrar la voluntad de debatir esta norma, el Gobierno ha avanzado materializando muchas de las medidas que contiene la Ley de Familias: ampliamos el permiso de nacimiento y cuidado de dieciséis a diecinueve semanas, hasta treinta y dos semanas de permiso en familias monomarentales; creamos el permiso parental de ocho semanas, como nos obliga la Unión Europea, consiguiendo que dos de las ocho semanas sean retribuidas por el cuidado de hijos, hijas o menores acogidos hasta los 8 años; aprobamos un nuevo permiso retribuido de cinco días para cuidados por accidente o enfermedad grave; conseguimos la equiparación de las parejas de hecho; ampliamos el permiso por fallecimiento; reformamos el permiso de lactancia y ampliamos este derecho; o, la semana pasada, sin ir más lejos, aprobamos definitivamente las leyes de discapacidad y dependencia que reconocen expresamente el derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita para los niños y niñas de 0 a 6 años. Debemos seguir avanzando y conseguir la aprobación de la Ley de Familias. El Grupo Plurinacional SUMAR está decididamente dispuesto a intentarlo, igual que vamos a intentar pactar con Podemos una reformulación de sus autoenmiendas.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de...
«Señor presidente, la proposición de ley que hoy debatimos se centra en ampliar las excepciones al requisito de acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias antes de demandar y en un par de cuestiones más. Las excepciones al requisito de procedibilidad vienen recogidas en la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La propuesta del Partido Nacionalista Vasco ordena adecuadamente el precepto aplicable y amplía las excepciones al exequatur y a los procesos de separación, divorcio, nulidad matrimonial o cualquier otro de familia en el que intervengan menores. Modifica el artículo 7 para que el inicio del proceso de negociación a través de cualquier medio alternativo tenga la consideración de inicio del procedimiento ante los tribunales, una vez admitida a trámite la demanda, y propone que, en los casos en los que estén involucrados derechos de menores, la vista siempre sea preceptiva, para mayor garantía de sus derechos. Desde luego, compartimos la preocupación por garantizar la máxima protección en los procesos de familia en los que hay menores implicados. El interés superior del menor debe ser la prioridad. Nos genera dudas la propuesta que pretende la eliminación del requisito de procedibilidad en procesos de familia, en especial si afecta a menores. Aunque la implementación de esta ley es cierto que está teniendo problemas, a pesar de ello no compartimos el cuestionamiento general de los medios adecuados de solución de controversias en los procesos de familia con menores.»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Y, en esta legislatura tan compleja, tan difícil, lo han conseguido ya en distintas ocasiones, han conseguido teñir de verde el arco parlamentario. Lo hicieron con el artículo 49, con la ley ELA, con el decreto ley que dotó de 500 millones de euros para el despliegue de esa ley, con el decreto ley que puso 6200 millones de euros para hacer posible esta transformación del modelo de cuidados y también con la reforma de las leyes que hoy culmina. Bueno, de verde entero, no; siempre ha habido una excepción, que es la ultraderecha, que sistemáticamente ha votado en contra de cada una de estas reformas, y yo hoy quiero decirlo aquí para que se sepa, para que conste y esto les persiga para siempre. Cuando esta Cámara en un ejercicio de consenso absolutamente transversal, que es el de la sociedad española, se ha puesto de acuerdo para atender las reclamaciones, las demandas más justas de nuestros compatriotas más vulnerables, para hacerles la vida un poco mejor, ustedes siempre han votado en contra, sistemáticamente. Esa es la verdad y debe conocerse. De hecho, lo que han hecho ahora en el Senado, después de haber votado en contra de la reforma de estas leyes, es decir, de haber intentado oponerse a que existieran, bloquearlas para que no sucedieran, ha sido introducir una enmienda para decir: ya que va a salir, ya que se van a ampliar derechos, ya que va a mejorar la protección social de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, asegurémonos de que no reciban ninguna de esas prestaciones o ayuda quienes nosotros no queremos, quienes tengan otra religión, o los nombres que a ustedes no les gustan, los solicitantes de asilo... ¡Qué vergüenza! Por muy grande que sea el crucifijo que lleven, ¡qué malos cristianos son! Por muy grande que sea la banderita que lleven, ¡qué malos patriotas son! De verdad, ¡que se sepa esto y que les persiga! (Aplausos).»
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Pablo Bustinduy Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Y lo es para el Estado social, que avanza asumiendo que la cuestión de los cuidados no es individual, no es una cuestión familiar, no es una cuestión privada: es una necesidad que penetra en nuestra sociedad transversalmente y, por tanto, a la que hay que dar una respuesta democrática, generando derechos, generando igualdad de oportunidades, de condiciones ante las mismas necesidades. Y es también particularmente importante para reafirmar una excepción, la excepción española, que en un momento en el mundo en el que lo que abunda y lo que avanza son los conflictos, son las guerras, son los rearmes, son los recortes, este país sigue apostando por convertir nuestra sociedad en un lugar más justo, por seguir ampliando la red de protección social, por seguir generando derechos. Y lo es, si me permiten la osadía, también para ustedes, porque un día podrán mirar hacia atrás, la labor parlamentaria que realizaron en esta sede y podrán decir: Yo voté a favor de esa reforma en el Congreso -eso para quienes voten a favor, por supuesto; no para los que no lo puedan decir-. Creo que será una forma de honrar el mandato que asumieron en esta Cámara.»
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Lander Martínez Hierro · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Pero, como decía, esta expulsión de los cuidados no solo redunda en quienes lo necesitan, sino también en quienes lo proveen. Por eso, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia incide, en igual modo, en las formas en las que cuidamos y, sobre todo, en cómo están cambiando estas formas. Yo creo que no descubro ninguna novedad cuando digo que las estructuras sociales están cambiando. Es evidente que las familias se rigen por dinámicas diferentes, que las amistades se han vuelto mucho más importantes que nunca y que los afectos ya no se circunscriben -o, al menos, no lo hacen de forma tan rígida- a las conductas aprendidas y tradicionales, y eso también hace que cuidemos de forma diferente. La reforma de las leyes tiene en cuenta esta realidad para ampliar la figura de atención más allá de la familia directa, permitiendo que personas de confianza y convivencia estable, como vecinos o amigos, sean reconocidas oficialmente para prestar y recibir apoyo y accedan, por tanto, a las consiguientes prestaciones. Estas medidas, que ya se han debatido en esta Cámara, nos hacen avanzar como país y nos sitúan a la vanguardia internacional de la construcción de un modelo de cuidados cercano, comunitario y personalizado. Para unos en esta Cámara, que se dicen muy patriotas -aquellos que le cambiarían el país entero a cualquier magnate con tal de ganarse el favor de los poderosos-, esto no debe ser motivo de orgullo. Tampoco debe serlo que las labores de cuidados que tradicionalmente han ejercido las mujeres sean debidamente valoradas y reconocidas, no vaya a ser que tengan que empezar a hacerlas ellos también. Por no hablar de formas de cuidado que no sean su único modelo de familia tradicional de padre, madre e hijos.»
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Carlos Martín Urriza · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos...
«El decreto, además, incorpora enmiendas de SUMAR que han mejorado sustancialmente el proyecto inicial. La primera es decisiva: el registro queda bajo la supervisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una autoridad independiente, en lugar del organismo designado en el texto inicialmente, que era la Oficina de Conflictos de Intereses que depende del Gobierno. Además, como propuso SUMAR, el registro deberá actualizarse cada quince días y no anualmente. Asimismo, deberán conocerse las fuentes de financiación de los lobbies, los recursos que destinan a influir y los ex altos cargos públicos que tienen en plantilla. También se amplía el contenido público de las reuniones de los lobistas con los servidores públicos y la huella normativa permitirá conocer cuál es el efecto de la influencia sobre las leyes. La ciudadanía podrá así examinar quién intervino en la elaboración de una norma y cuál fue el resultado. La influencia indirecta -esta es una gran novedad- queda incluida en el texto. Así, un centro de estudios que tenga como finalidad influir en el debate público será también considerado un lobby, y para que la ocultación de la actividad de influencia tenga consecuencias, las sanciones se han endurecido sobre el texto inicial, como propuso SUMAR.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del...
«Desde el fracaso de la invasión a Cuba organizada por Estados Unidos en 1961 -Cuba aún no se había declarado un país socialista-, la sucesión de medidas coercitivas ha sido implacable. En 1962 se congelaron todos los activos cubanos en Estados Unidos, prohibiendo las transacciones entre ambos países y cualquier transacción en dólares estadounidenses con Cuba, y se introdujo la prohibición de exportación a la isla de bienes que contengan un 10 % o más de componentes, patentes o tecnología estadounidense. En 1979 se aprobaron más sanciones. En 1992, la Ley Torricelli. En 1996, la Ley HelmsBurton, que amplió extraterritorialmente las coacciones, acordando sanciones a ejecutivos de empresas extranjeras, incluidas las españolas, catalanas, gallegas y vascas, acciones contra Cuba ante tribunales de Estados Unidos o prohibición de los viajes turísticos de estadounidenses. En 1982, 2021 y 2025 Estados Unidos designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, prohibiendo a los bancos internacionales operar en Cuba. Solo el BNP Paribas pagó en sanciones 8900 millones de dólares en 2014 a los Estados Unidos.»
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Txema Guijarro García · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
«Existe, además, una cuestión de fondo que en la izquierda debemos plantear con absoluta claridad, señorías. España ha realizado en los últimos años un enorme esfuerzo presupuestario en defensa, muchos pensamos que demasiado. Podemos discutir, y debemos hacerlo, cuáles son nuestras necesidades estratégicas, nuestros compromisos internacionales y nuestras capacidades militares, pero lo que resulta intelectualmente tramposo es ampliar continuamente el catálogo de amenazas y, después, presentar el incremento del gasto militar como una consecuencia inexorable de este catálogo. Primero definimos más fenómenos como amenazas militares, después necesitamos más medios militares para combatirlas y, finalmente, nos explican que aumentar el gasto en defensa era inevitable. Un mecanismo argumental bastante eficiente, casi casi actuarial, por eso, señorías, es tan tramposo. Decía que hay algo todavía más importante. La democracia española se construyó sobre un principio que conviene cuidar: las Fuerzas Armadas están inequívocamente subordinadas al poder civil y sus funciones deben estar claramente delimitadas no solo porque respetamos su función constitucional, sino porque sabemos que las democracias más sólidas son aquellas que mantienen nítidas las fronteras entre la defensa militar, la seguridad interior y la decisión política. Militarizar progresivamente problemas civiles no solo desdibuja esas fronteras, sino que nos retrotrae a otras épocas, épocas que ustedes seguramente añoran, pero que están felizmente superadas. Hoy es la inmigración, mañana será otro desafío (hace el gesto de comillas con las manos) y pasado mañana quizá alguien considere que cualquier crisis suficientemente grave requiere una respuesta militar. Ese camino no conduce a un Estado fuerte, señorías, conduce a una política civil débil.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral...
«En segundo lugar, el permiso por fallecimiento. Como saben, el artículo 37.3.b bis) del Estatuto de los Trabajadores regula el permiso por fallecimiento. Para los fallecimientos relacionados con los incendios, ese permiso se amplía. Se extiende desde el hecho causante hasta los cinco días hábiles siguientes al sepelio. En tercer lugar, las medidas de protección de las personas autónomas. Se reconoce el derecho a la prestación por cese de actividad a las personas autónomas que cesen su actividad total o parcialmente. No será necesario acreditar la fuerza mayor de forma documental. Este tiempo no computará tampoco a efectos de los periodos máximos legales. Se da por cumplido el requisito de doce meses de cotización y la prestación, exactamente igual, se extenderá hasta cuatro meses. En cuarto lugar, las exenciones en la cotización. Al amparo de los artículos 47.5, 6 y 7 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas con un ERTE autorizado por fuerza mayor tendrán derecho a una exención. Como les he dicho en el caso anterior, será del 100 % de la aportación empresarial por contingencias comunes, profesionales y la recaudación conjunta. Se va a aplicar a las cuotas devengadas entre agosto y noviembre de este año. Señorías, toda esta acreditación podrá realizarse, además -y creo que esto es importante-, con posterioridad y por cualquier medio de prueba. Entiendan ustedes que esto lo hicimos en la emergencia de esos incendios: ni la ciudadanía ni las empresas ni los trabajadores podían realizar estos elementos documentales de los que les estamos hablando.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral...
«En quinto lugar, hemos reformado el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores. Hemos encomendado a la negociación colectiva la incorporación de protocolos de actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Hoy compartíamos también con los agentes sociales franceses y españoles que este cambio es fundamental, porque es en cada una de las empresas, con la negociación colectiva bilateral entre la empresa y el sindicato concreto, donde podemos amortiguar mejor que nadie estas necesidades. Por tanto, creo honestamente que es muy importante este cambio en la negociación colectiva sobre dichos protocolos. Esa negociación colectiva debe servir como instrumento de anticipación, de prevención y, obviamente, de adaptación frente al cambio climático. En muchas ocasiones, ni empresarios ni trabajadores saben qué hacer -créanme, esto es así- y la negociación colectiva -y lo vuelvo a decir- es el mejor espacio para dar esas respuestas. En sexto lugar, hemos ampliado nuevamente el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para reconocer a la representación de las personas trabajadoras el derecho a ser informada por la empresa sobre las medidas de actuación previstas ante la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos. No puede haber una protección eficaz sin información, sin participación y sin diálogo social. Y quiero subrayar una idea fundamental: no estamos hablando de respuestas coyunturales ni de medidas improvisadas para afrontar emergencias aisladas, sino que estamos construyendo un verdadero derecho del trabajo verde, un derecho que no niega al cambio climático, sino que reconoce la profunda alteración que está experimentando nuestro clima y que incorpora la obligación de proteger a las personas trabajadoras frente a sus consecuencias. El cambio climático no es una amenaza lejana, no es el futuro, no es una hipótesis de futuro, está ya afectando a la salud y a la vida de millones de personas. Señorías, según la Organización Internacional del Trabajo, a día de hoy, más de 2400 millones de trabajadoras y trabajadores están potencialmente expuestos a un calor excesivo durante su actividad laboral y cada año pierden la vida 18 970 personas por lesiones profesionales atribuibles a esa exposición. Lo vuelvo a decir: 18 970 personas. No son cifras, señorías, son seres humanos, y detrás de esas personas hay familias y hay tragedias que se podían haber evitado.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral...
«Gracias, presidenta. En primer lugar, el diagnóstico y el desarrollo de un marco estratégico y legal frente al cambio climático. Después, un amplio conjunto de medidas para reparar sus consecuencias; insisto, consecuencias que sufren las empresas, los trabajadores, las trabajadoras y la sociedad en su conjunto. Este diagnóstico fue fruto del diálogo social desarrollado durante muchos meses en una mesa de trabajo del Ministerio de Trabajo -alguno de esos miembros se encuentra hoy aquí-. Los agentes sociales, con carácter tripartito, diseñaron la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incorpora un nuevo principio transversal que atraviesa todas las actuaciones preventivas: gestionar la transformación ecológica y el cambio climático, pero cambiando la mirada de la prevención de las relaciones laborales en España, y, efectivamente, informando la reforma profunda que tenemos sobre la normativa de salud laboral. Hemos avanzado como país en la construcción de un verdadero derecho del trabajo medioambiental. Y no solo hemos impulsado este debate en Europa, incorporando el concepto de negociación colectiva verde. Recuerden ustedes, señorías, que en la Presidencia española esto dio lugar a las conclusiones del Consejo y también a un dictamen específico del Comité Económico y Social Europeo, de manera que avanzamos en ese derecho del trabajo sostenible dando un salto común en el ordenamiento jurídico, por supuesto español, pero también europeo.»
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Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, por el que se establecen medidas urgentes de protección laboral...
«Señorías, buenas tardes. Comparezco hoy ante el Congreso para solicitar la convalidación del Real Decreto Ley 20/2026, de 29 de julio. Como saben, esta norma establece medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales. El día 23 de julio se declaró la emergencia de interés nacional por incendio forestal. Afectaba a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila. Dos días después, ante la gravedad de su evolución, se amplió a la provincia de Toledo. En los primeros días, el fuego arrasó más de 45 000 hectáreas entre Madrid y Ávila; tras la ampliación a Toledo y hasta su estabilización el día 30 de julio, la superficie calcinada superó las 77 000 hectáreas. Señorías, por extensión fue el mayor incendio de la historia reciente de España. Los efectos sobre las personas, sobre el trabajo, sobre las empresas y sobre la economía fueron enormes. No se limitaron a pérdidas económicas ni a la suspensión de la actividad productiva; hubo, como conocen bien, evacuaciones obligatorias, restricciones de acceso a zonas enteras y pérdida de viviendas, enseres, recuerdos y efectos personales.»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia, a petición propia, de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para...
«Gracias, presidenta. La verdad es que es un poco surrealista intervenir después de la intervención de VOX, porque, de hecho, quería empezar con tres datos escalofriantes que hemos sufrido este verano aquí, en el planeta Tierra, no en el planeta globalista, como ustedes dicen. 5200 son las muertes de este verano como consecuencia del calor, casi 300 000 son las hectáreas quemadas también aquí en España y 33 son los grados que marcó una boya en Baleares. Una verdadera salvajada, como dijo el científico que recogió el dato. Son datos de aquí. A este balance rápido de otro verano negro le podemos añadir que, justo la semana pasada, las Naciones Unidas reconocían que no hemos conseguido frenar el calentamiento global y que en los próximos años el aumento de la temperatura global sobrepasará el grado y medio. Estamos fracasando como civilización. Pero aún estamos a tiempo porque nos negamos a asumir las tesis colapsistas que apuntan que la cronificación de la crisis ecológica y las perturbaciones materiales que ocasionará puedan dar paso a estados fallidos. Nosotras nos negamos a aceptar este marco por el poder que tienen las políticas públicas para hacer frente al mayor reto al que nos enfrentamos como humanidad. El objetivo de la política pasa por asegurar la vida humana, una buena vida, ampliando conquistas democráticas y sociales dentro de los límites planetarios. (Aplausos). Esta es la vocación de la izquierda transformadora y hay que hacerlo con urgencia.»
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Alberto Ibáñez Mezquita · Sumar ·
Congreso · Diputación PermanenteSolicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la...
«Que los valencianos tampoco lo queremos. De hecho, les regalo una propuesta. Ya que todavía no cumplimos el Plan General de Residuos Radiactivos y no tenemos una solución definitiva para el combustible nuclear gastado y los residuos de alta actividad y mientras los seguimos albergando en las centrales nucleares que quedan operativas, como, por ejemplo, la de Cofrentes, ¿por qué no crean este gran cementerio nuclear en Pozuelo de Alarcón? (Rumores). Si tan seguro es, tanta prosperidad y tantos lugares de trabajo genera, seguro que esto lo querrán en Madrid, como la entidad Salvamento Marítimo. Alucina tomar esta decisión en el verano más caluroso de nuestras vidas, en plena emergencia por la sequía, mientras en el resto de Europa hemos visto cómo otros países tienen que suspender la actividad nuclear sencillamente porque no disponen de suficiente agua para poder hacer funcionar y enfriar las centrales nucleares. Señorías, la emergencia climática nos obliga a tomar decisiones audaces y valientes, y esta no lo es. En este momento de la historia no nos vale solamente con acusar a los negacionistas climáticos que van contra la ciencia. También hay que señalar a aquellos retardistas climáticos que no permiten avanzar al nivel que la ciencia y, sobre todo, nuestra calidad de vida exige. Lo que hay que hacer es una transición acelerada, pero que también democratice los viejos oligopolios. Y es que en la única cosa que hay seguridad es que esta decisión unilateral del Partido Socialista -errónea- va a ampliar los balances comerciales de Iberdrola, Endesa o Naturgy; aquí sí que estas multinacionales van a ganar seguridad y bienestar.»
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Carlos Martín Urriza · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades...
«En el otro extremo, se suele situar a la Comunidad de Madrid como ejemplo de buenas prácticas y de bajo endeudamiento. Pero aquí nuevamente se hace abstracción de dos cosas. En primer lugar, de las rentas de capitalidad. La Comunidad de Madrid y la capital cuentan con prácticamente toda la Administración del Estado y las sedes de las grandes empresas y multinacionales. Obviamente, esto amplía su base fiscal por encima del resto de comunidades autónomas e impide que en situaciones de crisis tenga que acudir tanto al endeudamiento como el resto. Además, la Comunidad de Madrid practica el dumping fiscal: atrae a gente con dinero de otras comunidades autónomas, vacía el resto del país -de hecho, las dos Castillas-. Afortunadamente, el Gobierno de coalición le ha puesto ya límite a esto en el impuesto sobre el patrimonio estableciendo un impuesto suelo a las grandes fortunas, y mi partido ha presentado una proposición de ley para hacer lo mismo con las grandes herencias y donaciones. Termino ya. Mi grupo va a votar en contra de sus enmiendas a la totalidad, pero sí queremos mejorar el proyecto que hoy se nos presenta, entre otras cosas, introduciendo elementos de corresponsabilidad. No sería de recibo -los ciudadanos no lo entenderían- que estemos condonando deuda a las comunidades autónomas y que esas comunidades rebajen impuestos. Queremos establecer un límite en el tiempo para que las comunidades que voluntariamente se acojan a esta bicoca que plantea el Gobierno de coalición no puedan rebajar impuestos durante un tiempo. (Aplausos).»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se...
«Presidenta, señoras y señores diputados, el 17 de junio aprobamos la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para varios colectivos de mutualistas: abogados y abogadas, procuradoras y arquitectas. Y hoy vuelve del Senado, Cámara en la que el PP ha dejado sin efecto las enmiendas que el propio Partido Popular propuso y aprobó en este Pleno el 11 de junio, provocando un desastre que han tenido que corregir en el Senado. Quiero expresar nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible el reconocimiento de pensiones de jubilación de la Seguridad Social para estos profesionales: el Movimiento #J2, la plataforma Pasarela al RETA, Venia, Foro Abogacía y Democracia y ALTODO. Hoy culminamos un trabajo intenso para acabar con una discriminación que padecían estos profesionales. Las mutualidades han incumplido su obligación de garantizar una jubilación digna. Han priorizado el negocio financiero e inmobiliario en beneficio no de los mutualistas, sino de las mutualidades y de sus directivos. El reconocimiento de pensiones dignas para estos profesionales no habría sido posible sin la amplia movilización social que ha estado encabezada y organizada por un grupo de mujeres valientes, luchadoras y profesionalmente muy competentes. (Aplausos). Los y las mutualistas deben sentirse orgullosas de haber conseguido que sus pensiones de jubilación miserables, de 300 o 400 euros, vayan a convertirse aproximadamente en pensiones de 1200 euros. Desgraciadamente, no ha sido posible alcanzar un acuerdo para hacer realidad nuestra propuesta de que los recursos necesarios para corregir esta injusticia fueran aportados íntegramente por las mutualidades.»
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Manuel Lago Peñas · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del...
«Buenas tardes. Lo que hoy debatimos aquí es la transferencia de una competencia, pero para mi grupo, para SUMAR, la única solución es recuperar para el público la autopista del Atlántico. Y voy a explicar por qué. Porque es absurdo que ir y volver de Ferrol a Tui por la autopista del Atlántico cueste 56 euros, de los que la persona usuaria paga 28 euros y los otros 28 euros los pagamos todos, porque lo subvenciona el Estado. Un peaje abusivo por ejercer el derecho a la movilidad. Pero incluso es más absurdo si se tiene en cuenta que para hacer 600 kilómetros de Madrid a A Coruña y al revés, es prácticamente sin peajes. ¿Qué modelo de articulación territorial es este? Es absurdo que el principal eje de transporte por carretera de Galicia esté en manos de una empresa extranjera, propiedad de fondos de inversión domiciliados casualmente en los Países Bajos y en Luxemburgo. Es absurdo que la empresa que explota la concesión de autopista del Atlántico ingrese 230 millones de euros en peajes y que tenga un EBITDA de 190 millones de euros. Hablamos de una rentabilidad sobre ingresos del 82 %; algo inusitado, inaudito en una economía de mercado. Pero todavía es más inaceptable que la empresa destine el 100 % de los beneficios a pagar dividendos a sus accionistas, a estos fondos de inversión domiciliados en los Países Bajos y en Luxemburgo. Es absurdo que una gran parte de estos beneficios de los fondos de inversión extranjeros sean a costa de los recursos públicos de nuestro país, porque en 2025 el Estado entregó -¡atención!- 85 millones de euros a esta empresa privada para bonificar los peajes. Es absurdo que una concesión que tenía como fecha de finalización el 2012 se extienda hasta el 2048, en buena medida por decisión de Aznar de ampliar en veinticinco años más el periodo concesional. Cuando prácticamente no queden autopistas de peaje en España, en Galicia seguiremos pagando. Es absurdo que el Ministerio de Transportes -atención a esta cifra- tenga el compromiso de dar 3800 millones de euros en bonificaciones a una empresa privada hasta el año 2048. Y es todavía más absurdo porque el valor de mercado de Audasa, la empresa que explota la AP9, está en torno a los 2000 millones de euros. El Estado va a pagar cuatro veces más de lo que costaría en el mercado hoy. Para ser claros, lo que hoy debatimos es la transferencia de la competencia a la Xunta de Galicia. Eso no va a resolver ninguno de estos absurdos. La solución real es que la autopista vuelva a ser pública, porque ya lo era hasta que Aznar la privatizó en 2003. Es decir, tres años después de ampliar el periodo concesional durante veinticinco años. Un pelotazo más de las privatizaciones de Aznar que, si no fuera por todo el tiempo que ha pasado, debería investigarse.»
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Manuel Lago Peñas · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del...
«Para ser claros, o que hoxe estamos debatendo é a transferencia da competencia á Xunta de Galicia e iso non vai resolver ningún destes absurdos. A solución real é que a autoestrada volva a ser pública, porque xa o era, ata que Aznar privatizou no ano 2003. Iso si, tres anos despois de ampliar o período concesional durante 25 anos. Un pelotazo máis das privatizacións de Aznar que, se non fora polo tempo transcorrido, debería ser investigada. A principal demanda da sociedade galega é unha autoestrada pública e libre de peaxe e iso non se resolve coa transferencia da competencia a Galicia, pero é un paso na boa dirección que dá resposta a unha demanda histórica da sociedade galega. Por iso non se pode entender, eu non podo entender, a posición do Partido Popular. O Partido Popular leva máis de vinte anos posicionándose a favor da transferencia desta competencia -como ben recordou o deputado Rego- e hoxe opóñense a unha lei que aproba esta transferencia. Os seus argumentos son falaces. O Goberno central asume todas as consecuencias e todos os custes económicos das decisións tomadas ata o momento da transferencia. Todas as consecuencias e todos os custes económicos das decisións tomadas ata o día que a competencia estea transferida á Xunta de Galicia. Ademais, será a Xunta de Galicia na Comisión Mixta de Transferencias a que acorde os detalles concretos da mesma. Non hai trampa nin cartón. É directamente a transferencia da competencia da AP9. Utilizar a maioría do Senado para intentar impedir a transferencia é unha posición absurda do Partido Popular. Tan absurda como rexeitar a condonación de 4000 millóns de euros da débeda pública de Galicia. Tan absurda como opoñerse á modificación do modelo de financiamento autonómico que lle aportaría ao noso país máis de 500 millóns de euros anuais, ou dicir que non á senda de estabilidade como o fará hoxe mesmo. A única explicación que se me ocorre para todos estes comportamentos é a mesma, o PP utiliza a Xunta de Galicia para a confrontación co goberno central aínda que o prezo que haxa que pagar sexan os intereses de Galicia e os do pobo galego.»
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Manuel Lago Peñas · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del...
«Boa tarde. O que hoxe debatemos aquí é a transferencia dunha competencia, pero para o meu grupo, para SUMAR, a única solución é recuperar para o público a autopista do Atlántico. Eu vou explicar por que. Porque é absurdo que ir e volver de Ferrol a Tui pola autoestrada do Atlántico custe 56 euros, dos que a persoa usuaria paga 28 euros e os outros 28 euros os pagamos todos, porque os subvenciona o Estado. Unha peaxe abusiva por exercer o dereito á mobilidade, pero é aínda máis absurdo se se ten en conta que facer os 600 quilómetros de Madrid, ou de Coruña a Madrid é practicamente sen peaxes. Que modelo de articulación territorial é ese? É absurdo que o principal eixe de transporte por estrada de Galicia estea en mans dunha empresa estranxeira propiedade de fondos de investimento, domiciliados casualmente nos Países Baixos e en Luxemburgo. É absurdo que a empresa que explota a concesión da autoestrada do Atlántico vaia ingresar, ingrese, perdón, 230 millóns de euros en peaxes e que obteña un EBITDA de 190 millóns de euros. Estamos falando dunha rendibilidade sobre ingresos do 82 % algo inusitado, inaudito nunha economía de mercado. Pero aínda é máis inaceptable que a empresa destine o 100 % dos beneficios a pagar dividendos aos seus accionistas, a estes fondos de investimento domiciliados en nos Países Baixos e en Luxemburgo. É absurdo que unha parte, unha gran parte destes beneficios dos fondos de investimento estranxeiros sexan a costa dos recursos públicos do noso país, porque no ano 2025, o Estado entregoulle -atención- 85 millóns de euros a esta empresa privada para bonificar as peaxes. É absurdo que unha concesión que tiña como data de finalización o ano 2012 se estenda ata o ano 2048, en boa medida pola decisión de Aznar de ampliar en 25 anos máis o período concesional. Cando practicamente non queden autoestradas de peaxe en España, en Galicia seguiremos pagando. É absurdo que o Ministerio de Transportes -atención a esta cifra- teña o compromiso de achegar 3800 millóns de euros en bonificacións a unha empresa privada e ata o ano 2048. E é aínda máis absurdo porque o valor de mercado de Audasa, a empresa que explota a AP9, está na contorna dos 1000 millóns de euros. O Estado vai pagar catro veces máis do que custaría mercala hoxe.»
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Alberto Ibáñez Mezquita · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de reforma del Reglamento del Congreso.
«Moltes gràcies, president. Bona vesprada, senyories. En primer lugar, quiero sumarme a las muestras de condolencias, de apoyo y de ánimo a la familia de David Lucas, el secretario de Estado de Vivienda. Sin duda alguna, estos años hemos podido trabajar mejorando el derecho a la vivienda en nuestro país y, como decía la señora Vallugera, creo que nos ubica en cuáles son las cosas importantes y cuáles no y para qué hemos venido a este mundo. Avui, reformem per tercera volta el reglament que organitza aquest congrés i, a diferència del Senat, que en porta quatre, i no crec que estiguen les quatre voltes anunciant que s'acaba la legislatura, o del Reglament del Consell General del Poder Judicial. Ho fem per ampliar drets i per protegir la pluralitat. La primera volta que vam canviar el reglament aquesta legislatura ho vam fer per una cosa tan senzilla i tan bonica com perquè avui puguem parlar la nostra llengua. I sincerament, senyors de VOX i del Partit Popular, tant els molesta que puguem parlar avui ací valencià. Tan xicoteta, tan xicoteta és la seua democràcia, tan acomplexat és el seu nacionalisme en el qual no cap la meua llengua. Facins'ho mirar. La segona reforma del reglament fou per a incloure la perspectiva de gènere i visualitzar a les dones. Altra volta els seus complexos i la seua inferioritat. Vostès tenen al·lèrgia a dir presidenta. En canvi, els encanta dir assistenta. Per tant, intenten millorar aquesta qüestió quan defensen qüestions d'optimització de la llengua i admeten que el que els molesta és que les dones avui presidir aquest Parlament. I la tercera reforma que plantegem és, senzillament garantir la pluralitat i defensar la diversitat ideològica d'aquest Parlament.»
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Enrique Fernando Santiago Romero · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Para el Partido Popular y para VOX cualquier derecho puede ser recortado. Ambos partidos se opusieron a la subida del salario mínimo, a la subida de las pensiones de jubilación, a la reforma laboral para acabar con la precariedad, a la reducción de la jornada laboral y ahora han puesto en marcha una nueva cruzada para privar de derechos a quien enferme. Señor Feijóo, el absentismo no es un cáncer. ¡Ah, que no ha venido a trabajar! (Aplausos). El cáncer o cualquier enfermedad es motivo para no ir a trabajar hasta que se recupere la salud y, mientras tanto, claro que debe existir el derecho a cobrar el mismo salario, algo que no siempre ocurre, por desgracia. Señor Feijóo -vaya, que no está, ¿no? ?-, en lugar de castigar a las personas trabajadoras por enfermedad, dejen de hundir la sanidad pública en las comunidades autónomas donde gobiernan. (Rumores). ¡Acaben con las listas de espera que han provocado! Y por mucho que la portavoz Esther Muñoz lo diga, los trabajadores enfermos no son unos jetas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Cuando Feijóo dice que las vacaciones están sobrevaloradas nos está advirtiendo de lo que hizo el partido hermano del Partido Popular en Grecia: incrementar la jornada laboral hasta doce horas al día y ampliar la jornada laboral a seis días a la semana. Cuando repiten que tal derecho laboral es un fraude es que pretenden acabar con él. Ya nos lo sabemos. El Partido Popular de Casado votó en contra de la reforma laboral. En 2012, el Partido Popular de Rajoy abarató el despido de cuarenta y cinco a treinta y tres días por año trabajado, eliminó los salarios de tramitación y legalizó el despido por bajas médicas. Tuvo que llegar la izquierda al Gobierno de coalición para recuperar derechos. Aumentamos a cinco días el permiso retribuido por enfermedad de un familiar; ampliamos los permisos parentales, primero a dieciséis semanas y, más tarde, de dieciséis a diecinueve semanas para padre y madre; y también implantamos la baja por menstruación incapacitante. Tanto si hablamos de libertad de expresión como de derechos laborales, el Partido Popular y VOX eliminan derechos y la izquierda plurinacional gobierna para recuperarlos. (Aplausos).»
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Júlia Boada Danés · Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas...
«Señorías, hoy debería ser un día histórico, un día donde se demuestre que un Gobierno de coalición progresista amplía derechos y construye un horizonte deseable para todas. Y sí, somos la izquierda alternativa la que redacta reformas que dan más derechos a las personas cuidadas y a las que cuidan. Para eso hemos venido. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Alda Recas Martín · Sumar ·
Congreso · PlenoReal Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y...
«Se amplían por ley las cuantías correspondientes a cada uno de los grados de dependencia. En el grado I, un 18,4 %; en el grado II, un 100 %; y en el grado III, la prestación mínima aumenta un 127 %. Sin duda alguna, se trata de un salto cuantitativo para lograr un salto cualitativo en materia de cuidados. Estos días, que estamos tan futboleros, hay que recordar y destacar que también existen diferentes ligas en esto de los cuidados y la dependencia. Si uno tiene recursos, tu familia y tú estaréis en una liga; pero, si no los tenéis, os tocará vivir en una liga inferior. Y es que, desde los recortes de 2011, el sistema de dependencia ha ido sufriendo y ha ido asfixiando a mucha gente. Ha dejado atrás a muchas personas, aunque en los últimos años hemos ido mejorando. Eso lo hemos podido ver en los barrios. Seguro que el señor Feijóo, en El Viso, no lo ha visto, pero quienes llevamos toda la vida en nuestro barrio, quienes hemos tenido la suerte de crecer y vivir siempre allí, sabemos lo que significa intentar cuidar en comunidad. Hemos visto cómo las familias debían enfrentarse, primero, a la burocracia, a las listas de espera y a unas ayudas que tardaban en llegar, mientras trataban de compaginar los cuidados con la casa y el trabajo. Hemos visto cómo esa hija, esa madre, iba asumiendo las tareas de cuidados hasta el punto de dejar incluso de trabajar, perdiendo una capacidad adquisitiva fundamental. Hemos pasado de saludarlas en el bus, yendo al curro, a saludarlas en la cola de Cáritas para recibir alimentos esenciales. Y si ya eres migrante, la cosa es muchísimo peor. Y en este mismo barrio, que es el mío, basta con cruzar una calle para encontrarnos en la otra liga. Gente que tiene recursos, que tiene dinero y que, con la misma preocupación por su familia, puede cuidar de los suyos de una manera muy muy diferente. No normalicemos esta diferencia sin más, señorías. No normalicemos esta inequidad.»
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Nahuel González López · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre la insostenible situación del Gobierno de España y sus...
«Yo me niego a aceptar que la avaricia sea natural. Me niego a aceptar esa frase de que todos harían lo mismo si pudieran. No, no todos harían lo mismo. No todos venimos a la política a enriquecernos ni entendemos las instituciones como una oportunidad personal. Nosotros, nuestro grupo parlamentario, venimos a mejorar la vida de la gente común, de la gente humilde, de los trabajadores y las trabajadoras, de los autónomos que levantan la persiana cada mañana, de las familias que llegan justas a final de mes y de quienes necesitan una beca, una ayuda de alquiler, una escuela pública, una sanidad en condiciones o una ley que les proteja. Por eso, hay que decir alto y claro durante estos días tan terribles que no todos somos iguales. No se trata de pedir un acto de fe; se trata de mirar trayectorias, decisiones y hechos. Nadie puede señalar a nuestros ministros por haberse enriquecido con lo público. Nadie puede señalarles por haber hecho negocio con una pandemia. Nadie puede señalarles por haber convertido una emergencia sanitaria en una oportunidad personal. Al contrario, hubo ministros y ministras dejándose la piel para levantar los ERTE, proteger salarios, sostener empresas, evitar despidos, ampliar derechos y hacer que la gente trabajadora no pagara sola una crisis que no había provocado. Mientras unos intentaban sostener el país, otros buscaban comisiones, y esa es la diferencia política, ética y moral que hay que decir alto y claro. No somos iguales quienes venimos de la militancia, de los barrios, de los sindicatos, de los movimientos sociales, de la cultura popular y de la lucha por la memoria democrática que quienes entienden la política como una red de contactos, poder y privilegios. No somos iguales quienes venimos a arrancar derechos que quienes vienen a hacer negocio. Somos diferentes. (Aplausos).»