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Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en...
«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Lo que debilita el Estado de derecho son interferencias permanentes. Por ejemplo, debilita el Estado de derecho el acoso a sedes de partidos políticos por todo tipo de ultras que desprecian la Constitución. Debilitan el Estado de derecho las resoluciones del Consejo sobre leyes inexistentes, por aquello de 'el que pueda hacer, que haga', aunque se politice y degrade la institución; debilita el Estado de derecho la difusión en los cuarteles de cartas que utilizan la ley de amnistía como excusa para pedir un golpe de Estado para socorrer España; debilita el Estado de derecho que las autoridades judiciales de Almería, Córdoba o de Sevilla, entre otras, convoquen manifestaciones de jueces y fiscales con toga, abandonando su obligación de neutralidad política. Señores del Grupo Popular, Europa se enfrenta a un evidente riesgo de guerra generalizado por primera vez en ochenta años. En vez de preocuparse por este riesgo de guerra y combatirlo, se dedican a deslegitimar las instituciones democráticas. (Aplausos). En España, la principal amenaza al Estado de derecho y a la convivencia constitucional es un Partido Popular, una derecha dispuesta a acabar con la democracia con tal de gobernar. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Por el contrario, a ustedes la Constitución se les ha hecho muy grande y trabajan para limitarla, para empequeñecerla. A la derecha se le llena la boca de Constitución y a la mínima oportunidad la incumplen o bloquean. Tres veces ha sido bloqueada la renovación del Poder Judicial en democracia y las tres veces por el Partido Popular, cuando no ha tenido mayoría parlamentaria para poner el Consejo a su servicio, pero nunca habían llegado a estos extremos, con más tiempo en funciones que un periodo de mandato regular. Más de cinco años secuestrando el Poder Judicial y bloqueando su renovación. Esta actitud es lo que debilita al Estado y la convivencia, la degradación del servicio público de la justicia, con docenas de nombramientos judiciales aplazados, impidiendo el funcionamiento de los tribunales y el Tribunal Supremo con las Salas de lo Contencioso-Administrativo, de lo Militar y, en breve, de lo Social y de lo Penal colapsadas. Evidentemente, el expresidente del Consejo tuvo que dimitir ante el bloqueo de esta renovación y han renunciado media docena de cargos de responsabilidad de los órganos técnicos del Consejo en los últimos meses. ¿Acaso busca el Partido Popular el colapso de la Justicia para que sea más difícil investigar sus corruptelas, como la que afecta a la pareja de la señora Ayuso?»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«No son las políticas del Gobierno, sino los ataques a la democracia por la derecha española las que afectan a la fortaleza del Estado de derecho y a la convivencia constitucional. Nuestra desgracia es que, a diferencia de otros países de Europa donde la derecha ha condenado el horror del fascismo, en España la derecha no ha roto vínculos con su pasado de apoyo y participación en la dictadura. La derecha española nunca luchó por la democracia y, salvo cuando es el PP el que está en el Gobierno, no respeta la democracia. Desde que se constituyó el Gobierno de coalición en el año 2019, la derecha se ha acostumbrado a romper las reglas del juego democrático. Hoy, 9 de abril, es el aniversario de la cuarta legalización del Partido Comunista de España (aplausos), tres veces ilegalizado por las derechas en cien años y, por cierto, destinatarios de una amnistía que dio origen a esta democracia. Hemos peleado por la democracia durante cuarenta años de dictadura. Nos hemos sacrificado y cedido para que la derecha aceptara la Constitución, Constitución que nos parece insuficiente desde que la derecha empezó a aplicar las políticas neoliberales que tanto dolor han traído a los pueblos de Europa. Pero respetamos la Constitución y la cumplimos, mientras que luchamos para ampliar sus contenidos y derechos.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoMoción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto de las políticas del Gobierno sobre la...
«Buenas tardes, presidenta. Señorías, este debate es un déjà vu, el bucle estéril en el que el Grupo Popular ha metido a nuestra democracia desde que Aznar les ordenó desestabilizar. Ya saben, el que pueda hacer, que haga. Otra vez el Grupo Popular trae el debate sobre la ley de amnistía, ahora utilizando el último informe de la Comisión de Venecia, comisión que no es más que una mesa de expertos que aconsejan y opinan sobre cuestiones constitucionales. El Grupo Popular deforma el contenido del informe e intoxica a la opinión pública, mientras convierte al Senado en su herramienta de propaganda de la que no prescindirán hasta que finalice el actual periodo electoral con las elecciones europeas. Todo a costa de desestabilizar y bloquear las instituciones, y de enfrentar y preocupar a los y las españolas. El PP no asume su fracaso ante la Comisión de Venecia, que afirmó que la ley de amnistía es acorde con la legalidad europea y no requiere realizar reforma constitucional alguna. Por eso no existe requerimiento alguno de órgano ejecutivo o tribunal europeo amonestando a España a cuenta de esa ley. Con gran inocencia, eso sí, la Comisión de Venecia presupone que el Partido Popular es un partido respetuoso con la institucionalidad constitucional y por ello afirma que sería recomendable que hubiera reformas en España para dotar a la norma de mayor consenso. Compartimos esa recomendación, pero España comprueba a diario que es un estéril esfuerzo intentar consenso alguno con el Partido Popular cuando no gobierna.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de...
«Esta propuesta del Partido Popular sitúa al PP en el bando de las mutualidades, de los grandes despachos y de los colegios de Abogados, en el bando de las minorías privilegiadas frente a la abogacía y procura de a pie. Su PNL, señora Moro, no propone nada, solo gana tiempo para que continúen el fraude y la pobreza sobrevenida de los profesionales jubilados. Su propuesta es estudiar, analizar, crear una comisión, lo habitual cuando no se quiere solucionar un problema. SUMAR propone la misma solución reivindicada por los afectados por el fraude: el sindicato Venia, el foro Abogacía y Democracia o el movimiento #J2, entre otros. Integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas, integración que no costará nada al Estado, mediante el traspaso al RETA de las aportaciones ordinarias y extraordinarias de mutualistas y la parte proporcional de rendimientos obtenidos por la mutualidad en cualquier concepto, garantizando las prestaciones de Seguridad Social como si se hubiese cotizado al RETA durante el periodo en que se estuvo adscrito a la mutualidad; y se garantizará, al menos, la percepción de la pensión mínima del RETA, salvo en supuestos en los que el mutualista disfrute de otro tipo de ingresos regulares. Necesitamos una solución urgente para los que están pendientes de jubilación y para los que sufren ya jubilaciones de miseria.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Gracias, presidenta. Señorías, la aprobación hoy de la ley de amnistía es posible por un gran acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios, un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento que causan un inmenso malestar y hartazgo a la mayoría de los y las españolas. En el Grupo Parlamentario de SUMAR creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente: mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Koldo o de la familia Ayuso. (Aplausos). Más de 60 000 millones nos han costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Hace veinte años ya que el Partido Popular comenzó a usar la mentira y el enfrentamiento como arma política. Todavía no han pedido perdón por las mentiras del 11M, que tanto daño han causado, aún hoy, a las víctimas y a la sociedad. (Aplausos). Aceptar las reglas y ser tolerantes es imprescindible para poder convivir en paz, y las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y, en Cataluña, hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos, y también el Partido Popular lo sabe, que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el 'a por ellos' que incendió el conflicto, en lugar de arreglarlo, y construyamos un futuro común, más federal y republicano, donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. (Aplausos). Respetar las reglas de la democracia implica aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, solicitado, por cierto, por el Partido Popular en el Senado. El dictamen dice que la amnistía es una medida habitual en Europa y conforme a derecho.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
«Presidenta, señorías, es la tercera vez, efectivamente, que desde el año 2009 se presenta en esta Cámara una proposición de ley para modificar la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante el franquismo, una ley que vergonzosamente está aún en vigor con apenas unas modificaciones en el año 1978. Violencia política -decía el señor Sánchez García- es que en la exposición de motivos de esta ley en vigor todavía se menciona el control político del Consejo Nacional del Movimiento, por no hablar de la firma del dictador, que consta todavía al pie de la ley. Me imagino que es lo que más le gusta a VOX de la ley actual. La clasificación de información por parte de los Estados implica una restricción del acceso a la información, que, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es parte del derecho humano a la libertad de expresión. El derecho a recibir información es imprescindible para la formación de opinión y para la participación en la toma de decisiones. Y la protección de la seguridad del Estado en una democracia no es posible si no se garantiza el acceso al derecho a la verdad, la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de las infracciones de los derechos humanos. La desclasificación de documentos nunca puede amparar la impunidad de delitos, y España necesita un sistema de transparencia que garantice el debido proceso tanto para clasificar como para desclasificar documentos, incluyendo una desclasificación automática por mandato legal tan pronto -ojalá- entre en vigor esta reforma de los documentos que ya están clasificados si hubiera transcurrido, desde el momento de la clasificación, los plazos que ahora se van a establecer en la ley. Pero la exposición de motivos de una ley democrática no puede mencionar a instituciones franquistas. La clasificación de documentos debe proteger ese acceso al derecho a la verdad y, sobre todo, debe prohibirse cualquier interferencia en investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos mediante la prohibición del acceso a documentos clasificándolos como reservados.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Sánchez García. La verdad es que me provoca usted bastante ternura cuando le oigo. Después de este profundo análisis jurídico al que hemos asistido, en primer lugar -y no me voy a extender tanto como usted-, solo unas breves palabras para proclamar mi orgullo de ser militante del Partido Comunista de España, el partido que sin duda ha hecho más por la democracia y contra la dictadura franquista en este país. (Aplausos). Pero, bueno, dicho esto y ante la profundidad de sus argumentos, yo lo primero que le diría es que lo que es justo o no es justo se debate en las aulas de filosofía. Aquí venimos a hablar de leyes, venimos a hacer leyes. Repita conmigo, señor Sánchez García: Las víctimas no tienen ideología. Repita conmigo: Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Repita conmigo: Hay que perseguir todos los delitos internacionales en impunidad, también los del franquismo, se hayan cometido donde se hayan cometido. Le animo a perseguir todas las victimizaciones que usted ha mencionado de la izquierda; a todas las víctimas que usted ha dicho de mi ideología; a todas las víctimas desprotegidas que han padecido esos delitos que están en impunidad donde usted quiera, en América Latina, en Europa o en Asia. Y para eso, le traigo la herramienta que usted necesita para perseguir hasta la saciedad todas las maldades de esa ideología que usted ha denunciado; la herramienta que usted necesitaba y de la que le privó el Partido Popular: esta proposición de ley de jurisdicción universal. Vote a favor, utilícela y persiga todos esos crímenes que han quedado en la impunidad. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para...
«Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, España ha sido un país precursor en la persecución por nuestros tribunales de grandes violaciones de los derechos humanos cometidas fuera de nuestras fronteras cuando estos delitos han quedado en impunidad por no ser perseguidos en los lugares donde se cometen. Desde 1996 la persecución de determinados crímenes internacionales que habían quedado impunes trajo un alto reconocimiento y admiración para nuestra justicia, en especial fuera de nuestras fronteras. Organizaciones, activistas defensores de los derechos humanos, la academia y juristas dedicados al trabajo en la lucha contra la impunidad en tribunales internacionales tuvieron a la justicia española como un modelo de valentía y rigurosidad, como ejemplo de respeto a los tratados internacionales y al derecho internacional, porque hacíamos un mundo que fuera más justo, más humano, más seguro. El liderazgo de España en el uso de la jurisdicción universal para combatir la impunidad ha sido seguido por otros sistemas legales y judiciales en distintos países. Afortunadamente, algunos incluso nos han adelantado, pero la jurisdicción universal se introdujo en nuestra legislación, de larga data, desde la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, de 1870. En 1985 se aprobó la Ley del Poder Judicial de la democracia, que ya incluía el principio de jurisdicción universal para delitos de extraordinaria gravedad contra el derecho de gentes, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y también delitos sobre delincuencia organizada transnacional, como el terrorismo y el narcotráfico. Y esta proposición de ley que les traemos recuerda que las infracciones al derecho de gentes afectan no solamente a bienes jurídicos protegidos por el derecho interno nacional, sino también a un bien jurídico cuya protección ha sido universalizada por el derecho internacional acordado tras la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, la integridad y la dignidad de la humanidad, en su conjunto; un bien jurídico a cuya protección y persecución en caso de vulneración están obligadas todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios o del lugar donde se haya cometido el crimen.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Luego está la exhibición pública de emblemas y símbolos que impliquen un atentado contra la integridad del territorio nacional. Eso es perseguir ideas. ¿Qué emblema atenta contra la integridad de España? ¿La bandera estelada atenta contra la integridad de España, la independentista gallega o la bandera de la Segunda República? Ustedes, con esta norma penal en blanco, lo que quieren es devolver a España al régimen dictatorial en el que ya nos tuvieron cuarenta años. Nos presentan una auténtica enmienda a la totalidad, a la democracia y lo que quieren hacer es acabar con la posibilidad de que se construyan entre los representantes políticos acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la democracia y el Estado de derecho. La democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por VOX, al que se ha sumado el Partido Popular. Respondamos con la unidad de todas las personas demócratas para defender la democracia. Votaremos que no. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«El Supremo acaba de rechazar las querellas de VOX contra Pedro Sánchez por negociar la investidura con partidos nacionalistas catalanes, lo mismo que intentó Feijoo. El Supremo ha reprochado a VOX que pida a los jueces interferir en una investidura para impedir actuaciones consustanciales a una democracia, dice el Supremo. Ahora VOX, con estas enmiendas, pretende prohibir las negociaciones entre partidos y lo justifica porque la influencia de lo que llaman separatistas es absolutamente desproporcionada con relación a su representatividad. Esto ha provocado gravísimas consecuencias desvirtuando el sentido de las instituciones, atribuyendo un injustificable poder decisorio a minorías. Convierten en delito acuerdos alcanzados con partidos que consideran minorías, pero solo si se trata de minorías nacionalistas. Si la minoría que impone sus acuerdos es la ultraderecha, entonces no sería delito. Miren, VOX, con 4 de 35 diputados, ha impuesto que la Asamblea de Cantabria derogue la Ley de Memoria Democrática. En la Asamblea de Madrid, VOX, con 11 de 135 diputados, ha conseguido iniciar la derogación de derechos del colectivo LGTBI y trans. En Orihuela, VOX, con 4 de 25 concejales, ha eliminado el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández. VOX no va a parar hasta acabar con la democracia y con sus reglas. No pararán hasta arrebatarnos todos los derechos que hemos conquistado y proponen que sea delito negociar asuntos tramitados en las Cortes con personas condenadas judicialmente. Ustedes, que han tenido dos diputados en la anterior legislatura, el señor Coello de Portugal y el señor Espinosa de los Monteros, condenados negociando constantemente enmiendas; es decir, asuntos tramitados en las Cortes. ¿Y qué ocurriría si ahora se aprobara esa enmienda? Que sería delito, por ejemplo, que cualquier diputado o diputada se sentara con su actual diputado, Carlos Flores, condenado por violencia de género en el año 2002, porque cometerían un delito si se sentaran a hablar de una enmienda. (Aplausos). Eso es lo que ustedes están proponiendo.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«El PP ha politizado la justicia hasta límites inaceptables en democracia. Querían controlar el Tribunal Supremo por detrás y han presumido de que los jueces apoyaban al Partido Popular. Ahora, con esta enmienda, excusatio non petita, intentan justificar que la justicia no la han politizado. También convierten en delito la propuesta o la realización de consultas ciudadanas contrarias a los requisitos constitucionales del referéndum. Dicen, literalmente, que una consulta directa a los ciudadanos realizada por un ayuntamiento sería para ustedes motivo para imponer hasta cinco años de cárcel. El portal de consultas públicas del Ayuntamiento de Madrid indica que, en cuatro años, ese ayuntamiento ha realizado cincuenta y cuatro consultas públicas; ninguna convocada con los requisitos constitucionales de referéndum. Nosotros nos oponemos a que el señor Martínez Almeida pueda ir a prisión por convocar consultas ciudadanas y, según la enmienda que proponen al artículo 547 del Código Penal, estos nuevos delitos llevarían aparejada la disolución del partido político impulsor de estas consultas. En este caso del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular.»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
«Pues empiezo y ahora se lo digo dos veces. Con estas enmiendas, decía, el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar. Al PP y a VOX les interesa muy poco la ley de amnistía, porque apenas va a alcanzar a quinientas personas, mientras que Aznar, en un solo día, indultaba más de mil cuatrocientas condenas. Según su enmienda, eso sería una permanente interferencia en la actuación de los tribunales. Y, según estas enmiendas, la ley de amnistía es una acusación de prevaricar a los jueces. Pero, entonces, los indultos masivos acordados por el PP debían serlo igualmente. Partido Popular y VOX también quieren ilegalizar a los partidos que se oponen a que la ultraderecha entre en el Gobierno; partidos tanto de izquierdas como de derechas, pero respetuosos con la democracia. Ningún partido político democrático hoy va a facilitar que gobiernen dos partidos, Partido Popular y VOX, que han hecho del incumplimiento de la Constitución -Consejo General del Poder Judicial-, del insulto y de la confrontación su forma cotidiana de actuación. En estas enmiendas, todo es doble rasero. El PP nunca ha condenado el franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este Congreso. (Un señor diputado: Es mentira). Y tienen la desfachatez de proponernos un delito de deslealtad constitucional. Ustedes, que ayer, por cierto, ni siquiera el señor Feijóo aprobaba esa propuesta. Sería delito que los partidos de la coalición de Gobierno acordarán con los partidos nacionalistas catalanes que SUMAR o que el PSOE se reúnan con representantes de Junts. Sería un grave delito. Sin embargo, si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts para la investidura del señor Feijóo, eso, entonces, no sería delito; estaría bien.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«El derecho de reunión, a la participación política o a la libertad de expresión son derechos que hay que proteger, y para conseguir esa adecuada protección del ejercicio de estos derechos fundamentales proponemos un artículo nuevo, un artículo 536 bis que sancione la identificación con propósito de controlar la participación en actividades de índole política, sindical o religiosa, así como la incorporación de un apartado segundo al artículo 538 para que la autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión también vea castigada esa actuación. Estas propuestas no son un antojo del Grupo Parlamentario de SUMAR, son una necesidad para reclamar nuestra democracia. Hoy mismo deben haber recibido todos y todas una carta de Amnistía Internacional pidiendo que se aprobara esta reforma. Por eso, son una necesidad para mejorar nuestra democracia y, por eso, se contienen expresamente en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado en octubre del año 2023. Pedimos a todas las fuerzas políticas que por fin aprobemos esta reforma y que España se sitúe en el escenario de protección y defensa del derecho de libertad de expresión, en el que ya están desde hace décadas todos los países, los más democráticos de nuestro entorno. Muchas gracias. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Democracias admiradas por las fuerzas políticas que se vienen oponiendo a esta reforma, como las de Reino Unido o Estados Unidos, no mantienen en su legislación delitos como estos que existen en nuestro Código Penal y que persiguen la crítica y la libertad de expresión. Por eso, esta proposición de ley incluye una reforma también para ampliar la protección de la libertad de expresión, limitando acciones restrictivas de derechos fundamentales que pueden derivarse de acciones de autoridades. Queremos así evitar lagunas jurídicas que puedan provocar otros daños a derechos fundamentales. Por ejemplo, las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participan en reuniones de carácter político o sindical no pueden hacerse de manera que disuadan la participación de la ciudadanía en la actividad política o social. Tampoco procede establecer un control sobre las personas que participan en movilizaciones sociales, porque son consustanciales a la vida democrática de nuestro país. Las autoridades no pueden restringir la libertad de expresión con actuaciones como, por ejemplo, la cancelación de espectáculos públicos, la retirada de obras de arte o la retirada de símbolos políticos plenamente constitucionales, como una bandera, porque se suponga que incomodan al jefe del Estado. Ninguna actuación gubernativa puede restringir derechos como el derecho a la libertad ideológica o de pensamiento.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Nuevamente, el Tribunal Europeo ha declarado que la libertad de expresión no se aplica solo a información o ideas que se perciben ofensivas, sino también a las que ofenden al Estado o a cualquier sector de la sociedad. Por eso, hay que derogar este artículo para acabar con la vergüenza que suponen las condenas permanentes a España. El delito de injurias a instituciones del Estado, que nunca se ha aplicado, es ineficaz por inaplicable, y lo que hay que hacer es derogarlo para evitar el riesgo de aplicación. Y el delito de enaltecimiento solo sirve para contestar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto de terrorismo. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. Doce cantantes del grupo La Insurgencia fueron condenados a seis meses de prisión por la Audiencia Nacional y el rapero Hasél entró en prisión en febrero de 2021. El Tribunal Supremo admite que el delito de enaltecimiento del terrorismo puede entrar en conflicto con el derecho constitucional de libertad de expresión. Es un delito que nació en el año 2004 en un momento de extrema violencia terrorista, pero en el año 2015, cuando ya ETA había anunciado el final de su actividad criminal, el Partido Popular lo endureció. Se produjeron entonces numerosas detenciones por operaciones policiales en Twitter, un claro contenido prospectivo de operaciones de dudosa legalidad que buscaban posibles delitos sin denuncia previa. El Ministerio de Interior era dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, quien utilizó este delito para tapar los desmanes de su ministerio, por los que, por cierto, ahora hace frente a una acusación de quince años de cárcel y treinta y tres de inhabilitación. Según nuestros tribunales, este delito consiste en incitar indirectamente a la comisión de actos terroristas. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras para reprimir estas conductas y proteger a las víctimas sin afectar a la libertad de expresión, como, por ejemplo, la provocación para cometer un delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en materia de opinión el castigo nunca puede ser pena de prisión, y este contempla hasta tres años de prisión.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En cuanto al delito de ultraje contra la patria, la crítica de los símbolos de un país es imposible de evitar en democracia. Penalizar esa crítica es, simplemente, reprimir la libertad de expresión. El Constitucional confirmó la condena a un sindicalista gallego por supuestamente ofender a la bandera en una sentencia con seis votos a favor y cinco votos particulares disidentes. Uno de esos votos disidentes ya cuestionaba la constitucionalidad de este artículo del Código Penal: era el voto particular del magistrado Andrés Ollero, diecisiete años diputado del Partido Popular en el Congreso. El magistrado disidente decía: 'No hice más que tener en cuenta el artículo 10.2 de nuestra Constitución [...]. Me creí, pues, obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma, [...], y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo [...]. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las que ya coleccionaba sobre cuestiones similares'. El profesor Ollero se refería a las, al menos, tres sentencias del Tribunal Europeo que condenaban entonces a España por no garantizar el derecho a la libertad de expresión. Como dice el profesor Ollero, la protesta ciudadana crítica con el sistema, con su simbología, ha de quedar amparada por la libertad de expresión. Y qué razón tenía el señor Ollero, porque el 8 de junio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y ha condenado a España en este caso en el que presentó voto disidente.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«Respecto de los delitos de injurias contra la Corona, la justicia española condenó a dos jóvenes por quemar fotos del rey Juan Carlos. El recurso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenó a España, en el año 2018, por injerencia en la libertad de expresión, declarando que la pena aplicada en España no fue proporcional al fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática. Y han existido más condenas por este delito, como las de los humoristas de El Jueves, la condena del alcalde de Puerto Real por calificar de deleznable al rey emérito o la condena al coronel Martínez Inglés por calificar de corrupto al anterior jefe del Estado. Parece mucho más grave que militares en retiro amenacen con fusilar a veintiséis millones de españoles o reclamen al ejército que destituya al recién investido presidente del Gobierno y, sin embargo, ambas conductas son impunes a fecha de hoy. No hay mecanismo constitucional alguno para elegir, reprobar o cesar al rey, pero sí hay normas penales que castigan las críticas a la institución en el ejercicio de sus funciones; norma, por cierto, también aplicable para sancionar las críticas a los familiares hasta segundo grado colateral. En la antigüedad clásica, agraviar al rey era delito de lesa majestad, pero que 2500 años después en España siga estando castigado el agravio al rey no tiene justificación alguna en democracia. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cada vez que se ha pronunciado ha calificado de injustificable esta norma penal.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En cuanto a los delitos contra los sentimientos religiosos, desde que entraron en vigor con el artículo 525 en el año 1995 nadie se había sentado en el banquillo hasta mayo del año 2012. El cantautor Javier Krahe tuvo que soportar un calvario judicial de nueve años y acabó absuelto por una sentencia que planteó que el indudable sentido satírico, crítico y provocador de expresiones no es suficiente para dotarlas de relevancia criminal. En veintiocho años de vigencia ha habido una veintena de casos de aplicación de este artículo, y solo en uno de ellos ha habido una condena, el resto fueron absueltos o sobreseídos. La norma, en la práctica, se ha convertido en un arma propagandística del integrismo católico y es utilizada en fraude de ley para captar atención mediática y coaccionar a artistas o a cómicos mediante largos procedimientos y gastos para ellos y para la Administración de Justicia. Nunca los procedimientos se inician por una denuncia de la Iglesia, sino por asociaciones ultracatólicas manejadas por la ultraderecha. (Aplausos). En democracia, proteger el ejercicio de la libertad religiosa no es equivalente a sancionar la crítica o incluso la ofensa a otra religión. Reclamar castigo a la crítica u ofensa a una religión es propio de integristas religiosos y es la justificación de sus crímenes.»
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Congreso · PlenoProposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal...
«En la anterior legislatura el Partido Popular presentó propuestas para mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas de los delitos de opinión: más prisión y más multas. La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no pueden ser delitos comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que son simples críticas. Pueden llegar a ser groseros o pueden llegar a ser hirientes, pero una democracia siempre aplica el principio de mínima intervención del derecho penal. Existen otras vías legales para proteger el buen nombre o la dignidad de personas e instituciones: vías civiles de defensa del derecho al honor o del derecho a la rectificación, por ejemplo. Por eso, hay que expulsar del Código Penal los delitos que impiden la libertad de expresión. No pueden restringirse el debate y la participación política de la ciudadanía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España reiteradamente por mantener delitos como el ultraje a la nación y el Consejo de Europa cuestiona el encaje democrático de las injurias a la Corona. Son normas penales absolutamente obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución ni a los convenios internacionales ni a un Estado de derecho democrático. Y, además, son tipos penales imprecisos, cuya ambigüedad ha provocado una aplicación errática y ha generado alta inseguridad jurídica, impidiendo la precisión de las conductas sancionables que exige el principio de legalidad penal.»
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Congreso · PlenoSolicitud de comparecencia del Ministro del Interior en funciones ante el Pleno de la Cámara, para que con...
«Señora presidenta, señoras y señores diputados, la verdad es que hay un acoso permanente a militantes y locales del Partido Socialista, también de otras fuerzas del Gobierno de coalición -por ejemplo, en Málaga dos locales de Izquierda Unida y del Partido Comunista, la Agrupación Julián Grimau y la Agrupación Dolores Ibárruri, también han sido atacados y asaltados estos días-, pero, desde luego, nada como lo ocurrido en la calle Ferraz, y eso ha sido parte de la estrategia golpista y desestabilizadora del Partido Popular y de VOX. Pretendían dar esa imagen internacional, también en el resto de España, de que Madrid se había levantado contra el Gobierno emulando a Andrés Torrejón contra Napoleón. La presencia de la ultraderecha ha sido permanente en esas vigilias. El señor Abascal no ha faltado; el portavoz de Interior de VOX, el señor Ortega Smith, que hoy no debe haber podido venir; el ocioso vicepresidente de Castilla y León, que allí no trabaja, señor García-Gallardo, pero que estaba megáfono en mano todas las noches; y, cómo no, por el Partido Popular, Esperanza Aguirre. Pero los muy constitucionalistas acabaron gritando ¡Viva Franco!, el otro democrático grito de ¡La Constitución destruye la nación! (muestra una fotografía), que también es realmente muy constitucional. Las imágenes de las muñecas hinchables de los proxenetas sí que abrieron las noticias de los telediarios de medio mundo para vergüenza de todos. No faltaron los escuadrones ultras de Desokupa, los apologetas de la mentira de los panfletos ultras digitales y, cómo no, los integristas cristianos exorcizando al maligno. Hasta un fascista armado con una pistola apareció por allá. Un espectáculo bochornoso que ha dado una imagen penosa de España alrededor del mundo. Desde luego, en materia democrática lo que sí podemos decir es que la mayoría de los españoles han parado ese levantamiento. También es verdad que ha ayudado bastante el puente de la Constitución, que en este caso no destruye la nación, y la apertura de la temporada de esquí, que ha desinflado bastante las concentraciones en la calle Ferraz. Pero, bueno, la realidad es que hasta los sindicatos de policía han acabado, literalmente, exigiendo a Ortega Smith y a VOX -y leo literal- que dejen de coaccionar a las UIP. Por ejemplo, JUPOL calificaba de intolerable la actitud del señor Ortega Smith con la fuerza policial. Preguntaremos más adelante, después de esta sesión, al ministro por el número de sanciones impuestas por desobediencia o faltas de respeto a los agentes, porque eso es algo que nos interesa bastante. Desde luego, ha quedado claro que la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de la derecha y la ultraderecha es una pantomima funcional al momento. No los consideran funcionarios probos, encargados de defender la democracia y la convivencia; más bien los consideran sus esbirros funcionales para defender sus privilegios. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Han demostrado que la convivencia no les importa lo más mínimo. Cuando los ultras alteran el orden público, atacan la democracia y desprecian a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es evidente que ustedes también están atacando a la convivencia. Espero que los funcionarios de policía tomen nota y nunca más se dejen utilizar por esta ultraderecha que los ha usado durante años para impulsar sus agendas políticas desestabilizadoras. La ultraderecha no son los suyos, los suyos son los demócratas. Eso es lo que deben tener claro los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. La Policía Nacional, antes Guardia de Asalto, ha permanecido fiel a todos los gobiernos democráticos, incluso en los golpes de Estado, como el de julio del 1936 o el de febrero del año 1981.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«Señores y señoras de VOX, dejen de atacar la democracia y de organizar golpes de Estado al dictado del Partido Popular. Pongan fin unos y otros a su política de degradación de la vida política española. Dejen de sembrar odio y de incitar al enfrentamiento entre españoles. Votaremos no a su PNL. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«Han puesto en marcha una sucesión de pronunciamientos sediciosos de asociaciones corporativas de jueces, de inspectores de Hacienda, de diplomáticos o de cuerpos de Seguridad del Estado, que abandonan cualquier apariencia de independencia y se han convertido en brazos ejecutores de los partidos políticos que no aceptan las reglas de la democracia cuando no gobiernan. La guinda la pone la ya clásica incitación al golpe de Estado de los militares retirados, que querían fusilar a veintiséis millones de españoles y que no han faltado en esta fiesta. El partido de los jueces convocó por primera vez en democracia manifestaciones contra el Ejecutivo y el Legislativo, ignorando la prohibición de que los jueces hagan política, que establece el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y a pesar de lo grave que es que un juez decano o un presidente de Audiencia convoque manifestaciones, el Consejo del Poder Judicial no ha abierto ningún expediente disciplinario; la impunidad está garantizada. En su PNL mencionan el supuesto daño a España, a la imagen de España a nivel internacional, a la inversión extranjera, al turismo, que habría provocado una reunión entre dos fuerzas políticas. El daño reputacional al Estado lo están causando ustedes con la campaña fascista de acoso a militantes y locales de los partidos del Gobierno de coalición. Son los disturbios en Ferraz, las muñecas hinchables exhibidas, el portavoz de Interior de VOX en esta Cámara agitando a los manifestantes y desobedeciendo a la policía, 'purodefendiendo' España. Eso es lo que ha abierto los informativos y primeras páginas de la prensa mundial para vergüenza de todos y todas.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«La ultraderecha carece absolutamente de credibilidad. Llegaron a esta Cámara prometiendo luchar contra el derroche en la política y cada vez que acceden a un Gobierno multiplican el gasto en asesores y altos cargos, o cobran salarios abultados por desempeñar vicepresidencias autonómicas sin función alguna, lo que les deja mucho tiempo libre para viajar a Madrid y agitar, megáfono en mano, la algarada callejera en la calle Ferraz. Con estos antecedentes, se atreven a insultar y acusar a la vicepresidenta Díaz de supuesto incumplimiento de sus deberes públicos. Les molesta que la señora Díaz haya hecho su trabajo y que tengamos un gobierno de España sin la presencia de los herederos y los apologistas del régimen franquista; es decir, sin el PP y sin VOX. Reunirse con los representantes de un grupo parlamentario elegido por los votos de la gente no es contradecir una resolución del Tribunal Supremo. VOX, al dictado del PP, ha puesto en marcha una peligrosa estrategia de ataque a la democracia y de desestabilización de las instituciones constitucionales. Su estrategia es enfrentar a los españoles y españolas con violencia y desórdenes públicos. Es acabar con la convivencia pacífica, construida por las fuerzas e ideas democráticas con las que arrojamos la Dictadura al basurero de la historia. La ultraderecha desprecia al Estado de derecho y la democracia cuando afirma temerariamente que este Gobierno es ilegítimo e ilegal, cuando incita al linchamiento del presidente del Gobierno elegido democráticamente, cuando califica de golpes de Estado los resultados de las urnas expresados por los ciudadanos, cuando deshumaniza a sus adversarios políticos incitando a exterminarlos. ¡Paren ya! Ustedes y el Partido Popular están jugando con fuego. Dejen de deteriorar la democracia. Sabemos que no la valoran, porque nunca lucharon por ella, pero tomen nota: el Partido Popular les pone a hacer el trabajo sucio. Ellos se presentan como la alternativa de la derecha civilizada, pero el pistoletazo de salida de esta insurrección contra las instituciones democráticas la dio el señor Aznar: El que pueda hacer, que haga. El Consejo del Poder Judicial, secuestrado por el PP desde hace más de cinco años, fue el primero que hizo una declaración propia de negacionistas de la democracia sin competencia alguna para ello, arremetiendo contra una ley inexistente, de la que no se conocía ni el borrador. El Poder Judicial cuestionando la legitimidad del Poder Legislativo para aprobar una investidura o una ley. Lo nunca visto. Eso es poco respeto a la división de poderes.»
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Congreso · PlenoProposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario,...
«Señora presidenta, señores diputados, VOX no puede dar lecciones de Estado de derecho o de constitucionalismo. El artículo 6 de la Constitución sitúa el pluralismo y la participación política como centro de nuestra democracia y VOX, de forma reiterada, pretende acabar con el pluralismo político. Han sido ya dos veces las que ha propuesto ilegalizar a los partidos que no piensan como ellos. Eso es un síntoma de buscar poca participación política. Con esta PNL lo que perpetran es otro ataque a ese pluralismo político, en este caso en la persona de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un partido, VOX, que ha ignorado leyes y sentencias de los tribunales cuando le ha interesado; por ejemplo, manteniendo como vicepresidente y portavoz de Exteriores a un condenado por el Tribunal Supremo o como portavoz parlamentario a un condenado por la Audiencia Provincial de Madrid. Un partido que transfiere millones de euros de subvenciones electorales a fundaciones opacas y que tiene la desfachatez de presentar una PNL reivindicando -literal- que el Estado de derecho debe ser regido por la ley como valor supremo. Consejos vendo que para mí no tengo. (Aplausos).»
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Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Señor Feijóo, no se opongan a una nueva fase de encuentro y diálogo entre la sociedad catalana y la del resto de España. Sus políticas han sido una fábrica de independentismo, han provocado fracturas sociales y políticas cuando gobiernan. No utilicen la crispación y el odio para obtener votos; sean patriotas, trabajen por la concordia, por el diálogo y la cohesión territorial. Por no hacerlo y por su permanente doble rasero, por tanto desprecio a la democracia y a los trabajadores y a las trabajadoras usted no va a tener el apoyo de SUMAR ni de esta Cámara para ser presidente del Gobierno de España. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»
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Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Miren, los constituyentes del 78 abordaron la cuestión de la amnistía y concluyeron, por lo que se refiere a la amnistía, literalmente: Se acuerda no constitucionalizar este tema. Se decidió no limitarla constitucionalmente -algo muy diferente a prohibirla- para dejar que el legislador la abordase cuando fuera preciso. En democracia, lo que no está expresamente prohibido es susceptible de desarrollo legislativo. Y el proceso de distensión y diálogo con los partidos catalanes llevado a cabo por el Gobierno progresista está normalizando la situación en Cataluña. Y en España nos ha traído el descenso del apoyo a la ultraderecha, quizás por eso no quieren ustedes distender la situación en Cataluña. Porque la concesión de medidas excepcionales para cientos de personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre -por ejemplo, los responsables de centros educativos donde se instalaron las urnas- es un sencillo e imprescindible paso para la normalización. Hechos más graves, como la toma militar de este Congreso, el secuestro de todos los diputados y las diputadas y de todo el Gobierno fueron indultados en 1988 con el acuerdo del Partido Popular. Los gobiernos del Partido Popular dieron cuatro amnistías por delitos económicos. Solo Rajoy benefició a más de 30 000 infractores, que evitaron condenas de hasta cinco años de cárcel, entre ellos Rato, Bárcenas, la familia Franco o Diego Torres. (Aplausos).»
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Enrique Santiago · Sumar ·
Congreso · PlenoPropuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Alberto Núñez Feijóo, una vez celebradas las...
«Presidenta, señorías, tras este espectáculo machirulo digno de un bar (rumores.-Aplausos), digno de un bar, pido, en primer lugar, excusas a los españoles y españolas y quiero mandarles un mensaje de tranquilidad: el señor Feijóo no va a ser presidente del Gobierno de España. (Aplausos). Y además todavía no se ha enterado de quién fue la primera mujer ministra de un Gobierno en España, fue la señora Federica Montseny en el Gobierno de la Segunda República. (Aplausos). Señor Feijóo, seamos rigurosos, el Partido Popular no tiene demasiada autoridad para darnos lecciones de democracia o de constitucionalismo. (Protestas). La democracia y la Constitución llegaron a España a pesar de Alianza Popular. (Aplausos). El Partido Popular fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista y uno de ellos incluso firmó la condena a muerte de Julián Grimau. Han votado en contra de todas las iniciativas para condenar el franquismo presentadas en el Pleno del Congreso. No aceptan las reglas de la democracia, no reconocen legitimidad a los gobiernos de izquierda y constantemente llaman al transfuguismo. Ustedes son la anomalía democrática. (Aplausos). El PP no puede erigirse en guardián o intérprete de la Constitución, entre otras cosas porque en 1978, cuando este Congreso votó la Constitución, la mitad de sus diputados no votaron a favor. Para el PP España siempre está rompiéndose: con el tripartito en Cataluña, con el Gobierno de Zapatero, con la aprobación del Estatut, con la moción de censura a Rajoy, por la formación del Gobierno de progresistas... Pero la verdad es que España solo está en riesgo de romperse cuando gobierna el PP, que sube la temperatura y genera conflictos por todas partes. (Aplausos). Hablan de concordia, de igualdad, a la vez que se oponen a cualquier diálogo entre el Estado y Cataluña. El PP sí puede hablar con Junts con normalidad, ¿verdad, señor González Pons?, pero si lo hace SUMAR entonces está rompiendo España. Aznar indultó a quince miembros de Terra Lliure y Rajoy, con buen criterio, ofreció amnistiar para bajar la tensión en Cataluña. (Muestra un recorte de prensa.-Aplausos). Pero cuando otras fuerzas dialogan sobre una hipotética amnistía, el PP trae a miles de personas a Madrid gritando que va a romperse España. El indulto, la renuncia a la acción penal o la amnistía se han utilizado en España y en otros países con absoluta normalidad. De hecho, en Portugal se aprobó una amnistía para jóvenes el pasado julio por la visita del Papa. La amnistía es una institución recogida en tratados internacionales en vigor en España. (El señor Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia del Gobierno, hace gestos negativos). Sí, señor, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una figura vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno. (Aplausos). Y tiene un límite: no puede aplicarse a delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Los objetivos de las amnistías en el derecho internacional son alentar la reconciliación y ayudar a restablecer las relaciones normales en la vida de un país. La amnistía siempre es el final de un proceso de normalización y en este caso lo va a ser tras un gran acuerdo de entendimiento entre Cataluña y el resto del Estado. Y no pueden decir que la amnistía no es constitucional porque no se menciona expresamente en la Constitución. ¿No son constitucionales entonces los desahucios, los despidos, los permisos de maternidad o las becas? Tampoco se mencionan en la Constitución. La Constitución no prohíbe la amnistía, es una facultad del Legislativo que opera sobre una conducta, mientras que el indulto es facultad del Ejecutivo y opera sobre las condenas penales, y ninguno afecta a las facultades del Poder Judicial. Sí prohíbe la Constitución el indulto general, lo que no impidió que en un solo Consejo de Ministros el señor Aznar aprobara 1443 indultos. (Aplausos). ¿El motivo de este indulto general? Hombre, terminaba el milenio en año jubilar. Un motivo arbitrario, sin interés general alguno e impropio de un Estado aconfesional. Si este indulto cuasi general no rompió la separación de poderes, ¿por qué, según el PP, una hipotética amnistía sería un ataque al Poder Judicial? En nuestro sistema constitucional sí está prohibida la impunidad de las conductas que pudieran cometerse posteriormente al indulto o la amnistía. Porque la amnistía no despenaliza ninguna conducta, solo es una institución que se aplica excepcionalmente para normalizar una situación conflictiva.»