Archivo
Lo que han publicado en X las 7 formaciones y sus portavoces desde el 6 oct 2026 (sin retuits), y lo que han dicho en el Pleno y la Diputación Permanente del Congreso desde el 17 ago 2023.
7.811 declaraciones · página 189 de 261
-
Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señora ministra, aquí se esconde moralmente una gran trampa, se produce sin duda una inversión del principio de solidaridad del que debe ser el garante el Estado y no los ciudadanos o las empresas garantes de los incumplimientos del Estado. Nosotros entendemos que, tal como está escrita la norma en este momento, se ponen en peligro las prestaciones de lo que conocemos como incapacidad permanente total y absoluta y la gran invalidez, que dejarán de estar posiblemente garantizadas, pasando a la incertidumbre. Usted sabe, señora ministra, que la incapacidad transitoria permanente tiene una pensión del 55 %; la contributiva, del 75 %; la absoluta, del 100 % de la base de cotización, y la gran invalidez, del 150 %. ¿Asumirá este 150 % de la gran invalidez la empresa o pagará el 100 %? ¿Está diciendo que aquellas personas con gran invalidez perderán el 50 % por el cuidado de las terceras personas? Porque no está todavía aclarado lo que dice la disposición final segunda. (Aplausos). Por eso, señora ministra, pedimos y acabo, señor presidente- que se reconsideren estas cuestiones que entendemos que son cuestiones técnicas, como habrá visto, cuestiones absolutamente técnicas. Por lo demás, nosotros, con la discapacidad y con los discapacitados, igual que con nuestras familias: con todo y con ellos, por supuesto. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puesto en pie).»
-
Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«En relación con las diferencias entre discapacitación e incapacitación, efectivamente, el proyecto de ley ignora la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2024, que el señor ministro también conoce, sobre el régimen de compatibilidades entre prestaciones de incapacidad permanente y el trabajo por cuenta propia o ajena. En dicha sentencia se indica que el recto entendimiento de la Ley General de la Seguridad Social conduce a determinar que los trabajos compatibles con las prestaciones de incapacidad determinadas, esto es, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, son de carácter marginal y de poca importancia. Resulta difícil imaginar, por un lado, que la norma califique la incapacidad permanente absoluta como situación que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión y oficio, y que, por otro lado, esté permitiendo la compatibilidad con actividades que, según la definición anterior, no podría realizar. En línea con este último argumento está la disposición final segunda, donde el Gobierno, en el plazo de seis meses, en el marco del diálogo social, presentará una propuesta de modificación de la normativa en materia de Seguridad Social. No me dirá, señora ministra, que no hubiese sido mejor empezar por ahí y, una vez hecho este acuerdo, realizar esta ley. Simplemente por eso entendemos que vale la pena la enmienda a la totalidad, porque debería abordarse primero esa modificación de la normativa de la Seguridad Social para después acometer el régimen de la extinción de la relación laboral de forma coherente con dicha regulación. Y, a la vista de la normativa en materia de Seguridad Social de esta sentencia, no cabe que la persona trabajadora en situación de incapacidad permanente total o absoluta o de gran invalidez pueda mantener su relación laboral solicitando la adaptación en el puesto de trabajo, a tenor de esta sentencia recientemente reconocida en el Tribunal Supremo, en la Sala Cuarta, en abril de 2024.»
-
Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«No se encuentra justificación en dicho argumento para la incorporación de la referencia al salario medio de la empresa ni para su vinculación con los costes de adaptación del puesto de trabajo. Por otra parte, la carga excesiva debería valorarse no solo en relación con la adaptación del puesto de trabajo, sino también en relación con el cambio a otro puesto compatible con la nueva situación. Además, en cuanto a la propuesta -nuevamente lo ha advertido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2024, que hemos citado de forma reiterada-, se deduce la imposición a la empresa de la obligación previa al despido de prever o mantener ajustes razonables, o demostrar, en su caso, que tales ajustes no constituirán una carga excesiva, y no el que exista un puesto de trabajo adaptado o susceptible de ser adaptado. Incluso puede suceder que algunos ajustes requieran cierta capacitación o título que no ostenta la persona afectada, cuestión ni siquiera planteada en la norma. En aras de la necesidad jurídica sería preciso también determinar en qué situación se encuentra la relación laboral durante el plazo para manifestar la voluntad de continuar en la empresa por parte de la persona trabajadora y el plazo para la adaptación del puesto de trabajo, el cambio a otro o la extinción del contrato de trabajo, en virtud de la activación, como bien sabe, del artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores, sin que nada aparezca en el texto propuesto. Igualmente, debería contemplarse en la norma que los convenios colectivos puedan regular el procedimiento a seguir para la adaptación o el cambio de puesto de trabajo cuando se produzca la solicitud de la persona trabajadora.»
-
Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«La propuesta de modificación del artículo 49.1 con un nuevo apartado n) del Estatuto de los Trabajadores se rige por un principio de voluntariedad en sentido estricto. Esto es, que la posibilidad de extinguir el contrato hasta ahora en manos de la empresa se condiciona a la voluntad del trabajador, que podrá solicitar, o bien una adaptación de su puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada, o bien el cambio a otro puesto de trabajo vacante disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación. Esta fórmula produce un evidente desajuste con el contenido del artículo 40.2 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que es el empresario quien está obligado a llevar a cabo los ajustes sin que sea preceptiva la previa solicitud de la persona afectada, tal como se propone en el nuevo texto. Aun más, recoge en ese segundo párrafo del referido artículo 40.2 de la mencionada ley determinar cuándo la adaptación del puesto de trabajo es desproporcionadamente onerosa para la empresa, eludiendo sin especificar el contenido sustancial de cada concepto a la dependencia, a la disponibilidad de recursos públicos, a los costes que la adaptación implique y al tamaño y volumen de negocios de la empresa. Como novedad, la regulación que se pretende pone en relación los costes de adaptación del puesto de trabajo con el salario medio de la empresa, además de con el tamaño y volumen de negocios de la empresa, bajo argumento recogido en la exposición de motivos, en teoría para que la aplicación de la norma permee también a las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en España.»
-
Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Atendiendo a estos ingredientes y al marco en el cual nos debemos mover, vaya por delante nuestro compromiso, el del Grupo Parlamentario VOX, para con los derechos de las personas con discapacidad y, en concreto, con la eliminación de las barreras que impidan su integración plena en el mercado laboral y en el desarrollo vital de cada uno de ellos. (Aplausos). Precisamente por ello, cúmplenos señalar las incongruencias y la inseguridad jurídica que puede generar la aprobación de este proyecto de ley, para que sea devuelto y corregir todos los desatinos que hacen de este una mala herramienta que perjudica, precisamente, los derechos y, en definitiva, a las personas con discapacidad, así como a las empresas, que es la conjunción de trabajadores y empresarios. Es evidente que la sentencia de 18 enero de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acelera esta reforma, pero también lo es que en ella no se cuestiona, a diferencia de lo que ha dicho, la posible resolución del contrato por incapacidad permanente, pero sí que dicha resolución pueda ser automática. También dicha sentencia se refiere a la obligación de la empresa de acometer ajustes razonables antes de extinguir un contrato, declarada en el trabajador la situación de incapacidad permanente total, excepción que solo puede proceder si dichos ajustes no son posibles. Pero dicha sentencia no solo afecta a este tipo de incapacidad y no a una incapacidad para todo trabajo, como la incapacidad absoluta y ulteriores grados, como la gran invalidez, excluidas de dicha resolución pero que no se diferencian, incomprensiblemente, en el texto de la norma que se pretende aprobar, y usted lo acaba de corroborar.»
-
Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Así pues, dichas estas dos cuestiones, vengo a hablar del proyecto de ley que nos ocupa, del porqué, del cómo y del qué de este proyecto de ley. Veamos: no tengo la menor duda que vuestras señorías son conscientes de que para resolver un conflicto jurídico no existe una única solución correcta y mucho más en la enloquecida sobreabundancia normativa en la que nos encontramos, pero lo que no es aceptable es la creación legislativa atendiendo a impulsos que repercuten en leyes que en su aplicación son susceptibles de diversas interpretaciones, haciendo entonces de la jurisprudencia no complemento del ordenamiento jurídico, sino, por defecto, fuente del mismo al trasladar precipitadamente la responsabilidad a los jueces y magistrados que, en ejercicio de un arbitrio legítimo, interpretan la norma, que en ocasiones no cumple con su finalidad, que no debería ser otra que la de apuntar y discernir correctamente las conductas de los afectados por la misma. Así pues, este debate de totalidad sobre el Proyecto de ley por la que modifica el artículo 49 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y el 174 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social tiene unas diversas circunstancias con repercusión jurídica que le dan sentido, y estas son por orden cronológico: la Directiva de la Unión Europea 2000/78, de 27 de noviembre de 2000; la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la incompetente como inútil tantas veces Asamblea General de Naciones Unidas; el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social en el artículo 40.2 de dicho texto; la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2024, Asunto Ca Na Negreta; y la reciente sentencia, señora ministra -que ha olvidado decirla-, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 11 de abril de 2024.»
-
Juan José Aizcorbe · Vox ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora ministra. No la esperaba. Es una grata sorpresa. Gracias por venir. Sirva como exordio previo que usted ha manifestado dos cosas. Primero, yo he venido a hablar de este proyecto de ley; usted ha venido a hablar sobre la discapacidad en general. Claro, aquí estamos tratando el proyecto de ley, y yo entiendo todas las manifestaciones que ha hecho sobre la discapacidad y que, posiblemente, comparta en su gran totalidad, porque todos en nuestras familias o entre nuestros amigos también tenemos personas con discapacidad y sabemos lo que significa eso para el tracto vital de cada uno. Después, ha dicho una cosa que no es cierta. Escucho normalmente a todo el mundo con mucha atención, y a usted especialmente, señora ministra. Usted ha dicho que nosotros votamos en contra del cambio de la denominación de disminuido en el artículo 49 de la Constitución española. Nosotros dijimos, por activa y por pasiva, que no votábamos en contra de ese cambio, sino que votábamos en contra porque ese artículo lo que mantenía era la desigualdad entre el varón y la mujer. (Aplausos).»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Termino citando a Juan de Mairena, que decía, hablando a su alumnado de Retórica: 'Señores, la verdad del hombre empieza donde acaba su propia tontería'. Pero nos decía que su propia tontería es inagotable. Yo estoy segura de que nuestro país quiere seguir ganando derechos, mejorando la vida de las personas con discapacidad y no quiere más tonterías. Por tanto, muchas gracias, y espero que hoy España sea mejor con esta reforma. (Aplausos).»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señorías, hoy se trata de decidir si el sistema de relaciones laborales de nuestro país se ha de parecer o no a nuestra sociedad. Si cumplimos con la doctrina europea y garantizamos algo que es clave, que podamos adaptar los puestos de trabajo a las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad puedan decidir cuál es su posición en las empresas y, sobre todo, si las empresas han de ser tan diversas como lo son ya en nuestro país las ciudades, nuestras familias, nuestros grupos de amigos o de personas a las que queremos. O si, por el contrario, debemos seguir el modelo de VOX, es decir, si debemos apartar a las personas con discapacidad, despedirlas de sus puestos de trabajo, excluirlas y mandarlas a casa, sin pararnos a valorar qué posibles adaptaciones o cambios podemos introducir y, sobre todo, qué beneficios nos reportará compartir nuestros tiempos y nuestros espacios de trabajo. Estamos completamente convencidas de que hay tecnología suficiente para poder hacerlo compatible, que la sociedad es mejor cuando en las empresas tenemos a personas diversas, muchas de ellas con discapacidad; y, sobre todo, a pesar de que es verdad que en su enmienda ustedes dudan del coste que las personas con discapacidad, si trabajan, le restan a las arcas de la Seguridad Social, yo sigo velando por algo fundamental, y es que, sin lugar a dudas, estas personas con discapacidad son sujetos de ciudadanía en nuestro país y tienen derechos. Y pido que, desde luego, se acompañe esta reforma en nuestro país.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«El discurso sobre la centralidad del empleo de las personas con discapacidad es, además de lo dicho, una reivindicación del movimiento social de la discapacidad que hoy nos acompaña. Llevamos ya casi un cuarto del siglo XXI, a estas alturas nos resulta obligado garantizar la necesaria imbricación de la igualdad efectiva -mandato constitucional, señorías de VOX- en el reconocimiento y la atención a la situación de la discapacidad y a las distintas diversidades. Les traigo hoy a colación, porque lo considero necesario, la doctrina del profesor Ferrajoli que, como saben, sostiene la igualdad y la dignidad de todas las diferencias. Parece que a las señorías de VOX las diferencias no les gustan; pero el profesor Ferrajoli nos ha enseñado que justamente la igualdad y la dignidad de todas las diferencias son la clave de nuestras sociedades democráticas, pero también la teoría de las capacidades de Nussbaum o de Sen, que han contribuido de manera importante en esta dirección. También debemos reiterar la referencia a la necesidad de reforzar y atender la diversidad en el ámbito de los derechos sociales, sin los cuales apenas cabría el despliegue pleno de los restantes derechos. El discurso de los derechos humanos es un discurso de lucha contra las barreras, por eso es tan importante. Creo, señorías, que tenemos que seguir por esta senda. Es más, diría que es la única senda posible. Creo que tenemos que garantizar el trabajo de las personas con discapacidad. El trabajo es esencial para la seguridad económica, para la salud física y mental, para el bienestar personal y el sentido de identidad de las personas con discapacidad.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Creo que también hoy, en este debate, es importante tener en cuenta la consideración de la observación general número 8 de 2022 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo. En ella se señala que la principal obligación general de los Estados parte es velar por el logro progresivo del ejercicio del derecho al trabajo y que una de las obligaciones de los Estados es garantizar -atención, señorías de VOX- que no se pierde el trabajo cuando nos encontramos ante una discapacidad sobrevenida. Señorías de VOX, no es que incumplamos una directiva, es que hoy estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales y con la fuente de derecho que emana de la Unión Europea y de sus tribunales en nuestro país. Por fin hoy la prelación de fuentes del derecho que nos instruye el Código Civil se hace realidad en nuestro país. (Aplausos). Las personas con discapacidad se merecen esta reforma. Creo que no tienen razón con su enmienda. Creo que si votáramos a favor de la devolución de esta norma les harían ustedes un grave daño. Creo que hoy las personas con discapacidad están esperando más que nunca esta norma. La aprobación de esta reforma implica, como les dije, en la línea del artículo 49 de la Constitución, el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho fundamental, esencial para el pleno ejercicio de otros derechos humanos y constituye una parte que es indisociable e inherente a la dignidad humana de las personas con discapacidad. Señorías de VOX, no son una carga, son seres humanos. (Aplausos).»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Por tanto, garantizar el trabajo de las personas con discapacidad implica dar cumplimiento a sus derechos individuales y colectivos -los hay específicos y los hay inespecíficos- abriéndoles además la posibilidad de algo que es clave: ser titulares de los derechos de la Seguridad Social. Desde el punto de vista del trabajo de las personas con discapacidad, el desempeño de un trabajo no marginal ni esporádico aparece como una imprescindible actividad social creativa que dignifica la condición humana y que dota a las personas con discapacidad de un componente central en la creación de riqueza, permitiendo su obligada participación social. En este sentido, señorías, yo sé que a ustedes los organismos internacionales no les interpelan, pero cuando la OIT y sus consensos hablan del trabajo decente lo que hacen es hacer inseparable la noción del trabajo con derechos, que reconocen los sistemas democráticos en el mundo, como parte fundamental integrante de sus señas de identidad en cuanto que forma de organización política y social -aunque a ustedes les extrañe- también para las personas con discapacidad. Además, permítanme que les diga que el trabajo constituye un aspecto central para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de ciudadanía. El trabajo hermana el principio de igualdad con la diversidad, con la inclusión social, con el acceso a la autonomía personal y con la necesaria vida independiente de las personas con discapacidad.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Por tanto, hoy avanzamos en derechos. No me digan, señorías, que las personas trabajadoras con discapacidad -y cito literalmente su texto- suponen una carga para las empresas. Las personas no somos cargas, somos seres humanos y tenemos derechos. (Aplausos). Es muy al contrario, señorías: si el puesto de trabajo de las personas con discapacidad se somete -como demostramos en esta norma y nos dice el Tribunal de Justicia Europeo- a los ajustes necesarios, su trabajo resulta igualmente productivo y beneficioso tanto para las empresas en las que prestan sus servicios como para la economía del conjunto de nuestro país. Señorías, les digo más, les recuerdo que en esta Cámara, en el año 2018, aprobamos una ley orgánica, la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, que, como saben, daba un paso más y modificaba la Ley del Régimen Electoral General para garantizar el derecho al sufragio de todas las personas con discapacidad. Por último, y en particular en referencia al empleo, les recuerdo también la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 nos dice -y leo literalmente-: 'Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo', como también recoge nuestra Constitución. Les vuelvo a recordar el artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que expresamente nos dice que los entornos laborales deben de ser inclusivos, lo que permitirá y facilitará que las personas con discapacidad participen en el mercado de trabajo y trabajen en condiciones de igualdad. Lógicamente, debemos partir de una construcción holística en la determinación de lo que significa el trabajo; trabajo como relación social sobre la que reposa todo el sistema económico; pero me van a permitir que les diga que no solo el sistema económico, sino que principalmente se estructura el sistema social y se vertebra políticamente un proyecto de futuro del que esas personas con discapacidad forman parte; necesariamente forman parte de este proyecto de país.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señorías, dejemos ya, si me permiten, como decía Antonio Tabucchi en su magnífico Sostiene Pereira, de frecuentar el pasado. Dejen de hacerlo. Frecuentemos, como señalaba él, el futuro. Este cambio conceptual del artículo 49 de la Constitución española, que habla ahora de personas con discapacidad, que se conjuga hoy por primera vez en España con la reforma del artículo 49 del viejo Estatuto de los Trabajadores, lo que hace es posicionar a las personas con discapacidad como las únicas poseedoras de su proyecto existencial capaces de velar por su propia autonomía personal y de superar las limitaciones cotidianas asociadas a su capacidad funcional. (Aplausos). Este nuevo cambio de paradigma hunde también sus raíces en esto que ustedes parece que combaten, la ratificación de los compromisos internacionales de España con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el propio concepto de discapacidad se define como algo dinámico y holístico -cito literalmente- en el que deberían confluir la variabilidad personal y una sociedad plural. En esta reforma que hoy discutimos se recoge algo muy importante para el Gobierno de España. Se recoge un verdadero derecho humano para las personas con discapacidad, permitiendo, señorías, que las personas trabajadoras a las que les sobreviene, por ejemplo, una incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez no vean extinguidos con carácter automático sus contratos de trabajo. Este es justamente el reproche que nos hacía el Tribunal de Justicia Europeo.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señorías de VOX, no tienen razón. Esta reforma lo que hace es avanzar, huir de su proyecto político y del pasado de España, del pasado en el que ustedes continúan anclados. Les doy más datos. Según la encuesta EDAD 2020, en España, de esos 4,38 millones de personas que afirmaron tener algún tipo de discapacidad, cerca del 10 % dice que los problemas de movilidad son los más frecuentemente referenciados hoy en día. Ustedes deberían sentirse interpelados, la sociedad española debería sentirse interpelada. Por sexos, 1,81 millones son hombres y 2,57 millones son mujeres. Por edad, el 75,4 % de las personas con discapacidad tiene más de 55 años. Y fíjense en el impacto de género: tres de cada cinco personas con discapacidad son mujeres. Sé bien que a ustedes parece que les molestan las personas con discapacidad. Tanto es así... (Rumores). Hechos son evidencias: ustedes han votado en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución española. (Aplausos). Por tanto, es evidente que ustedes tienen un problema con las personas con discapacidad en nuestro país. Votar en contra del artículo 49 de la Constitución española quiere decir, sencillamente, que ustedes se negaron a suprimir el término disminuido. ¿Creen ustedes, señorías, que las personas que nos acompañan son personas disminuidas? Esta reforma que pretendemos aprobar ha permitido justamente afianzar una perspectiva humanista y de progreso alejada de un modelo paternalista y asistencialista, del que ustedes nunca han salido.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«España dispone de un marco legislativo que protege a las personas con discapacidad, pero nuestro objetivo es seguir avanzando en su protección y en sus derechos. Es una realidad que el número de personas con discapacidad va en aumento. Nuestras sociedades son más complejas y vemos, efectivamente, cómo esto va progresando: en el año 2023 se estimaba la existencia de 4 711 736 personas con discapacidad; pues bien, las previsiones para el año 2050 son de 6 657 174. (Aplausos). Señorías, estamos consiguiendo hoy creo que lo vamos a hacer- mayores cuotas de dignidad y de ciudadanía para todas aquellas personas a las que ciertas limitaciones, bien de origen o bien de carácter sobrevenido, les dificultan ganarse el sustento trabajando o les dificultan el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. La protección de la incapacidad permanente tiene, justamente, esa enorme trascendencia, y creo que en la enmienda que presenta VOX lo olvidan completamente. Creo que lo olvidan, señoría, si me permiten, incluso frívolamente, cuando se habla de la aspiración de un grupo importante de la población de ser declarado incapacitado con la -¡atención!- excusa encubierta de huir del trabajo y -¡atención!- aprovecharse del esfuerzo solidario de los cotizantes al sistema.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Con esta reforma hoy queremos dar un paso más en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y su plena integración laboral. Sin duda, señorías, esta es una muy buena reforma y hace que seamos un país mejor. Es una buena reforma porque pretende profundizar de una manera más eficaz en la garantía del derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad en los términos que mandata la Constitución española, así como también en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Ustedes conocerán, probablemente, que en la última década se han registrado mejores cifras de contratación de personas con discapacidad -he dicho mejores, no buenas, porque, como he dicho, queda mucho por hacer- y creo que el escenario actual es idóneo para favorecer la inclusión social de las personas trabajadoras con discapacidad. La principal responsable de este avance ha sido, sin lugar a duda, la aprobación de normas sociales y también de normas laborales (aplausos), pero nos queda mucho por hacer, nos quedan muchas acciones que poner en marcha, como saben bien el ministro Bustinduy y, desde luego, el Gobierno de España. Hay que desarrollar las recomendaciones trabajadas en el Libro blanco sobre empleo y discapacidad: es nuestro compromiso. Hoy damos un paso, pero queda todavía mucho por hacer. Precisamente, esta reforma que debatimos hoy del también artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social, es consecuencia directa de alguna de las propuestas de reforma de dicho libro blanco. Les voy a dar datos de la encuesta EDAD 2020. Nos habla de que tenemos 1,58 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, esto es, entre 16 y 64 años. De esta cifra, 765 500 personas son hombres y 818 200 son mujeres, pero -fíjense en este dato- solo una de cada cuatro de estas personas estaba trabajando. Por tanto, el reto que tenemos es muy grande.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señorías de VOX, simplemente les conmino a que ustedes repasen la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo que saca los colores a nuestro país y a otros países por lo que está pasando, que es lo que hoy justamente estamos abordando. Lejos de lo que ustedes dicen, el Gobierno de España va a hacer justicia en nuestro país hoy, por fin, con las personas con discapacidad y vamos a cumplir con la doctrina que emana del Tribunal de Justicia Europeo. Es más, hoy es imperativa la necesidad de integración social de las personas con discapacidad, la garantía de formas de vida decentes, según nos dice la OIT, y por supuesto de accesibilidad universal. No debemos olvidar que uno de los efectos más beneficiosos que ha tenido la implantación de los sistemas de Seguridad Social y el reconocimiento del derecho al trabajo de las personas con discapacidad ha sido justamente la alteración de los umbrales del sufrimiento y del daño. Las personas con discapacidad, gracias a las prestaciones que les protegen y a sus derechos laborales, gracias a la Seguridad Social y al trabajo decente que reiteradamente reivindicamos en la OIT y gracias al objetivo 8 de la Agenda 2030, no están sometidas hoy a la resignación de épocas anteriores.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Señorías de VOX, a ustedes, que han presentado una enmienda de devolución, les diría, en primer lugar, que se sitúan en el pasado. Les diría más: que se sitúan en un pasado lejano, en el Antiguo Régimen, que, como saben ustedes, calificaba como inválidos, incluso como vagos, a las personas con discapacidad, dejándolas fuera de sus derechos como personas y, sobre todo también, como personas trabajadoras. Nuestra sociedad, señorías, es diversa, es plural y, afortunadamente, no es monolítica. Es verdad que persiste en la actualidad un profuso conjunto de impedimentos que priva a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos. Los efectos de estos obstáculos se materializan y proyectan en una parte muy importante de nuestras vidas, en la del derecho al trabajo, dando paso, en muchas ocasiones, a una situación de exclusión social y también de pobreza, que creo que esta Cámara debe erradicar. Señorías de VOX, es obvio que su negativa a esta reforma no responde a la realidad social del momento. Digo más: su equivocada percepción de la discapacidad los retrotrae al pasado, a tiempos en los que estas personas fueron eliminadas como problema social, fundamentalmente por la disciplina del trabajo que se imponía antaño. Ustedes fundamentan su enmienda en una presunta vulneración de una directiva.»
-
Yolanda Díaz Pérez Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social· Sumar ·
Congreso · PlenoProyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,...
«Buenas tardes, señorías. La reforma que debatimos hoy modifica el Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente, así como la Ley General de Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Esta reforma aúna la discapacidad, los derechos humanos y el derecho al trabajo, de conformidad con lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, aprobada por Naciones Unidas, así como en muchos otros instrumentos y tratados internacionales ratificados por nuestro país que realzan el derecho al trabajo y la obligación de los Estados de adoptar medidas orientadas al logro del pleno empleo. Las personas con discapacidad conforman un grupo numeroso de personas con mayor riesgo o en situación de vulnerabilidad social y laboral, debido a que las formas en las que se estructura y funciona la sociedad han mantenido habitualmente a estas personas en condiciones de exclusión y discriminación. Les diría más: el ministro de Derechos Sociales que nos acompaña y las personas que nos acompañan, que se organizan en muchas ONG en defensa de los derechos de las personas con la discapacidad, saben perfectamente que nos queda muchísimo por hacer en nuestro país. Hemos dado un paso de gigante con la modificación del artículo 49 de la Constitución española, pero sabemos bien que son muchas las tareas pendientes.»
-
Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Señorías, la transparencia y la claridad deben ser los principios inspiradores que han de regular la relación entre las entidades y los clientes. El artículo 15 de la Ley 5/2019 establece un nuevo procedimiento para que el notario en cada formación de préstamos inmobiliarios compruebe el cumplimiento del requisito de transparencia. Para ello, se ha previsto un sistema de asesoramiento imparcial obligatorio por parte del notario que deberá aclarar a los potenciales clientes todas las dudas que se planteen en el contrato. Por otro lado, las autoridades de consumo, según reconoce la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de septiembre de 2017, pueden sancionar a las entidades financieras por la inclusión de cláusulas que consideren abusivas. Y comparto plenamente la necesidad expresada, ya en nuestro texto constitucional, de dotar a las personas consumidoras de procedimientos eficaces para su defensa. También comparto el interés de que la redacción de los contratos de préstamo hipotecario sea más transparente de cara a una mejor protección a los clientes. Desde luego, esta preocupación está presente en toda la regulación de préstamos hipotecarios, así como la necesidad expresada en la propia proposición de ley de que los clientes puedan hacer valer en todo momento sus derechos de la forma más ágil y rápida en caso de que estos hayan podido verse perjudicados en el marco de la contratación de la financiación hipotecaria.»
-
Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Y es que, si echamos la vista atrás, los y las socialistas hemos jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas que generan esta protección extra. Con los socialistas en el Gobierno, se aprobó en 1984 la primera ley de protección de consumidores; con los socialistas en el Gobierno se creó en España el sistema arbitral de consumo, uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Sin embargo, con la derecha en el Gobierno, en momentos muy duros para los consumidores, cuando su nivel de endeudamiento ponía en situaciones verdaderamente dramáticas a las familias españolas que no podían hacer frente a las deudas, presentamos en esta Cámara la primera ley que protegía a las personas consumidoras frente a la quiebra económica por causas sobrevenidas. (Aplausos). ¿Qué hizo la derecha entonces? Desgraciadamente, su Gobierno en aquellos momentos carecía de la suficiente sensibilidad y nuestra propuesta fue rechazada. Señorías, hablamos del año 2003. Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que la pasada legislatura aprobó la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de vulnerabilidad Social y Económica. (Aplausos). Nuevamente, tuvimos que sacarla adelante con el voto en contra del Grupo Popular, que rechazó la convalidación del real decreto ley aprobado por el Gobierno, presentó una enmienda a la totalidad en la tramitación del proyecto y, finalmente, votó en contra del dictamen. Por tres veces negaron la protección a los consumidores vulnerables. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el proyecto de ley para mejorar la atención de las personas consumidoras frente a los servicios de atención de las grandes empresas, una promesa que incumplió, como tantas otras, el Partido Popular cuando tuvo responsabilidades en el Gobierno de España, pero que los socialistas recuperamos, por nuestro compromiso con la sociedad en su conjunto. Específicamente, en materia financiera ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuya principal función va a ser reforzar la protección de los usuarios en servicios financieros, asegurar que las entidades financieras cumplen con sus obligaciones frente a sus clientes, pronunciarse sobre el carácter abusivo de cláusulas contractuales, resolver reclamaciones con carácter vinculante y reforzar los instrumentos para garantizar la inclusión financiera a través de la atención personalizada,, particularmente a las personas mayores con discapacidad y a los colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación.»
-
Noelia Cobo Pérez · PSOE ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy debatimos la protección de los y las consumidoras. Si traducimos los hechos en datos, es evidente que en el PSOE la protección de las personas consumidoras siempre ha estado presente entre nuestras prioridades, y así lo hemos demostrado trabajando para dar respuesta a sus y nuestras necesidades y para que sus decisiones sean conscientes e informadas, porque todos y todas somos personas consumidoras, al fin y al cabo. Su protección implica la protección de la sociedad al completo y constituyen un elemento sustancial de transformación hacia una sociedad más justa y solidaria. Por eso promovemos que cada vez tengan más en cuenta aquellas circunstancias esenciales en el día a día que pueden marcar una diferencia en la toma de decisiones. De hecho, tanto en el Grupo Parlamentario Socialista como en el Gobierno de Pedro Sánchez, en su afán por trabajar por una sociedad más justa, se tienen en cuenta ciertos aspectos: el respeto a los propios derechos, las consecuencias medioambientales de los procesos de producción y de sus decisiones de gasto, los derechos de los trabajadores que participan en la elaboración de los productos o servicios que se les ofrecen o el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas deslocalizadas.»
-
Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Por lo tanto, vamos a estar al lado de la defensa de esta proposición. De hecho, no vamos a bajar los presupuestos mínimos para que el banco acabe devolviendo la deuda a quien debe, pero hay que tener cuidado también con la nulidad contractual, porque si lo que queremos es arreglar los contratos incorrectos y en aras de ello los acabamos declarando nulos, nos podemos acabar encontrando en lo que comentaba antes la diputada del PNV, de retorno de cantidades que ya no se tienen. Dos elementos más para concluir. El primero, que el Congreso sea capaz por una vez de hablar de lo que a la gente le importa de verdad -hipotecas, alquiler, vivienda, condiciones cotidianas, por lo tanto, de ciudanía- (aplausos) es una alegría, la verdad. Y el segundo, ya lo he dicho, pero vamos a estar a su lado. Lo que sí vamos a pedir es toda la información que han estado utilizando. Por ejemplo, yo no tenía la información de las Islas Baleares y me parece relevante. También me parece importante que las derechas entiendan que, más allá de que nosotros luchemos en la medida de lo posible contra el sistema capitalista, al menos que el sistema capitalista funcione con buena fe, y en la contratación de estas hipotecas hay de todo menos buena fe, y la competitividad entre bancos y sus trabajadores ha generado gran parte del desastre. Así que, por favor, confórmense con un millón de euros, no hace falta que sean cinco. Segundo, les hemos rescatado, les rescatamos, siempre rescatamos bancos y no personas, y esto tiene que cambiar de una vez por todas. Muchas gracias. (Aplausos).»
-
Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Antes han utilizado el comentario de la ley de usura. Efectivamente, se trata de un ejercicio que hacemos poco: saber el capital prestado y devuelto con intereses. Al final de los créditos hipotecarios en estos periodos convendría analizar la usura implícita en el retorno de este capital, porque a veces acaba siendo del 200 %; lo habitual es del 100 %, pero muchas veces es del 200 %. Y cuando le dicen a uno: Es que usted tiene el sistema francés o el sistema de Hamburgo, la mayoría no sabemos a qué se refieren, la mayoría no hemos hecho suficiente derecho bancario como para conocer la diferencia entre el derecho francés y el de Hamburgo. Te lo explican en un momento y luego vas al notario y el notario no te explica nada, porque el notario ya bastante tiene con dejar nota de las personas que intervienen en la contratación, pero no de las cláusulas a las que uno se está obligando. Por lo tanto, desde esta perspectiva nos parece que es una propuesta necesaria y que, además, acierta cuando habla de un proceso extrajudicial para ponernos de acuerdo. También nos parece correcto que sea el banco quien tenga que comunicar a sus clientes la declaración de cláusulas imposibles de cumplir, entender y aplicar, que es lo que se plantea en esta proposición.»
-
Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Antes decía el parlamentario que hay 183 diputados que tienen una hipoteca, yo soy una de ellas, y además con cláusulas IRPH. Hace años que lo estoy reclamando en los bancos y no hay manera humana de que me reconozcan nada. Algunos dirán: Bueno, señora diputada, pero si esto tiene que ver con la información y con la formación. Pero para poder entender cuando uno se fía de lo que el banco ofrece, es de tal calibre lo que uno lee que solamente los catedráticos de economía, si tienen una especialización en derecho hipotecario registral, podrían entenderlo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que se rompe el principio de confianza en los bancos. Yo no sé ustedes, pero yo hace años que ya no creo en este principio: a) porque el banco gana siempre y b) porque el banco pone sobre la mesa unos documentos que no son para personas ordinarias, sino que incluso los licenciados en derecho no entendemos qué demonios están diciendo. Si encima hay unas tablas de amortización que acaban siendo falsas, pues tenemos la tormenta perfecta. Por lo tanto, después de que las distintas resoluciones de los distintos juzgados, amparados en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, resuelvan contradictoriamente, el Poder Legislativo tiene que afrontar su responsabilidad y la Administración tiene que empezar a ser garante de los derechos de los ciudadanos, del derecho a la vivienda, pero también del derecho a la confianza en el banco, también de este derecho, porque a fin de cuentas no es una opción trabajar con los bancos. Ahora mismo se ingresa la nómina en un banco, se retira efectivo en un banco, ahora mismo la obtención de créditos hipotecarios se hace exclusivamente a través de la entidad bancaria.»
-
Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Per tant, ens trobaran al costat en la seva defensa. Demanarem durant la tramitació que no abaixem els pressupòsits mínims per tal que la banca acabi retornant el que deu a qui ho deu. Però també hem de vigilar i ho han apuntat- amb la nul·litat de contractes, perquè si ens trobem amb que volem arreglar els contractes que són incorrectes, al final els acabem declarant nuls. Ens podem arribar a trobar amb el que comentava abans la diputada del PNB de retorn de quantitats que no es tenen. Dos element més per acabar. El primer, que el Congrés sigui capaç per una vegada de parlar del que realment importa a la gent, que és hipoteques, lloguer, habitatge i condicions de quotidianitat i, per tant, de ciutadania, és una alegria, la veritat. I la segona, ja ho he fet, però ens tindreu al vostre costat. El que sí que demanarem és tota la informació que heu estat d'alguna manera utilitzant. La de les Illes Balears, per exemple, no la tinc, i em sembla rellevant. I el que em sembla també rellevant és que les dretes entenguin que, més enllà de que nosaltres combatem en la mesura en què podem el sistema capitalista, com a mínim que el sistema capitalista funcioni almenys amb bona fe, i el que hi ha hagut en la contractació d'aquestes hipoteques és qualsevol cosa llevat de bona fe. I la competitivitat entre bancs i amb respecte als seus treballadors ha generat gran part del desastre. Per tant, conformin-se, per favor, amb un milió d'euros, no cal que en siguin cinc. I segona, els vam rescatar, i sempre rescatem bancs i no rescatem persones, i això ha de canviar d'una vegada. Moltes gràcies.»
-
Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Abans han utilitzat el comentari de la llei d'usura. Efectivament efectivament-, i és un exercici que fem poc: saber el capital deixat i el capital retornat amb interessos. I tots convindríem que al final dels crèdits hipotecaris, especialment els d'aquests períodes, efectivament, hi ha la usura implícita amb el retorn d'aquest capital, perquè a vegades arriba a ser del 200 %. Lo habitual és del 100 %, però normalment del 200 %. I quan et diuen 'és que vostè té el sistema francès' o 'vostè té el sistema hamburguès', la major part de nosaltres no sabem de què ens estan parlant; la major part de nosaltres no hem fet dret bancari el suficient per saber quina diferència hi ha entre el francès i l'hamburguès. I te l'expliquen, te l'expliquen en un moment. I després vas al notari. I el notari no t'explica res; el notari amb prou feines pren consciència de la presència de les persones que intervenen en la contractació, però no de les clàusules a que t'estàs obligant. Per tant, des d'aquesta perspectiva trobem que és una passa necessària i trobem també que encerta quan dissenya un procés extrajudicial per posar-nos d'acord. I trobem també correcte que sigui el banc qui hagi de comunicar als seus clients l'adaptació de clàusules impossibles de complir, impossibles d'entendre o impossibles d'aplicar, que és el que es planteja en aquesta proposició.»
-
Pilar Vallugera Balañà · ERC ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Abans deia el proponent: 'Hi han 183 diputats que tenen una hipoteca.' Jo soc una d'aquests 183 diputats, i, a més a més, amb clàusules IRPH. I fa tres anys que estic portant el banc als tribunals i que no hi ha manera humana de que reconeguin res. I tothom dirà: 'Pero si esta señora es diputada, aquesta senyora deu tenir formació.' La formació que es necessita per entendre el que estàs signant quan et refies de la persona del banc que t'està oferint és de tal calibre que jo crec que només els catedràtics en economia serien capaços si, a més a més, tenen un curs de dret hipotecari, com aquell qui diu de dret registral. Per tant, què es trenca? El principi de confiança en la banca. Jo no sé vostès, però jo fa molts anys que no tinc cap mena de confiança en la banca, perquè, a) la banca gana siempre ja ho hem dit-, i b) la banca et posa damunt de la taula uns documents que ja no és una persona normal, és fins i tot aquells que estem llicenciats en dret que no entenem què punyetes ens estan plantejant. Si això ho ajunten amb unes taules d'amortització que acaben sent falses, tenen vostès la tormenta perfecta. Per tant, després de les diferents resolucions de diferents jutjats que, emparats en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, resolen contradictòriament, el poder legislatiu ha d'afrontar la seva responsabilitat i començar l'Administració a ser garant del dret dels ciutadans, del dret a l'habitatge, però també del dret a la confiança en la banca, també d'aquest dret. Perquè, al final, no és optatiu treballar amb ells: ara mateix, l'ingrés de la nòmina es fa amb un banc; ara mateix, la retirada d'efectiu es fa amb un banc; ara mateix, la consecució de crèdits hipotecaris es fa exclusivament a través del banc.»
-
Josep Maria Cruset · Junts ·
Congreso · PlenoProposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de...
«Ese concepto de la importancia de la vivienda como espacio seguro, personal o del núcleo familiar tiene muchas derivadas en distintos ámbitos. Podríamos hablar de su correlación con la seguridad ciudadana, podríamos hablar de su relación con el coste de los servicios básicos o el precio de los alimentos, pero de lo que hablamos hoy, las hipotecas con cláusulas REDAL, implica claramente que al caer bajo la afectación de una cláusula de este tipo se tambalea y entra en riesgo todo lo que representa la vivienda habitual para los afectados. Se desmiembra el núcleo, la raíz, el corazón de lo que es el kilómetro cero familiar, allí donde se vive, el espacio de protección, que no solo deja de serlo, sino que se convierte en un problema de dimensiones colosales y acaba convirtiéndose en un núcleo que proyecta temor por la posible pérdida de la propiedad o por la ruptura de la economía familiar, que tiene que hacer frente al pago de la hipoteca periódicamente. Por lo tanto, una vez resquebrajado este núcleo, el riesgo de contagio del resto de pilares fundamentales de una persona o familia es más que evidente. Allí donde tenía que haber tranquilidad, alegría incluso, refugio, se acaba instalando un problema vital.»